PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN AMPARO DIRECTO. EN CASO DE DUDA, DEBE PRIVILEGIARSE LA INTERPRETACIÓN QUE TENGA POR SATISFECHO ESTE PRINCIPIO O ACTUALIZADA ALGUNA EXCEPCIÓN.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 6877/2023. 3 DE JULIO DE 2024. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS Y LAS MINISTRAS LORETTA ORTIZ AHLF, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. AUSENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIA: SOFÍA DEL CARMEN TREVIÑO FERNÁNDEZ.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: El 28 de enero de 2021, durante el matrimonio entre YWGC y NLAS, nació su hija de iniciales ********** el 2 de febrero de 2021, a los pocos días del nacimiento de la niña, la madre falleció. Desde ese día, la hermana de la madre, JAS, quedó al cuidado de la niña. El 22 de junio de 2021, el padre de la niña promovió juicio oral familiar sobre guarda y custodia en contra de JAS. El 7 de junio de 2022, en la audiencia preparatoria del juicio, las partes celebraron un convenio que se elevó a categoría de cosa juzgada. Asimismo, se archivó el asunto como totalmente concluido.
Posteriormente, JAS promovió juicio de amparo directo en contra del convenio judicial. En su escrito de demanda, la quejosa solicitó, entre otros aspectos, la interpretación directa del artículo 4° constitucional, en relación con los artículos 12, 289, 415, 427, 443, 545, 461, 470, 527, 536 y 567 de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza y los artículos 222, 227, 228 y 230 del Código de Procedimientos Familiares de esa entidad.
El tribunal colegiado del conocimiento determinó sobreseer el juicio, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 170, fracción I, de la Ley de Amparo, por no haber cumplido con el principio de definitividad (dado que la quejosa omitió agotar previamente el recurso ordinario establecido en la ley de la materia). En desacuerdo, la quejosa interpuso el recurso de revisión que hoy se resuelve.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al tres de julio de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
S E N T E N C I A
Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 6877/2023, promovido en contra de la sentencia dictada en sesión de 13 de septiembre de 2023 por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, en el cuaderno auxiliar 769/2023, en auxilio a las labores del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, juicio de amparo directo 339/2022.
El problema que esta Primera Sala debe resolver consiste en determinar si el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, relativos al principio de definitividad que rige en materia de amparo directo, transgreden el derecho de acceso a la justicia y el principio de interés superior de la niñez.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Hechos. El 28 de enero de 2021, durante el matrimonio entre YWGC y NLAS, nació su hija de iniciales **********. El 2 de febrero de 2021, a los pocos días del nacimiento de la niña, la madre falleció. Desde ese día, la hermana de la madre, JAS, quedó al cuidado de la niña. Así lo decidió el padre de la niña, debido a la depresión que padecía por la muerte de su esposa.
2. El 3 de junio de 2021, el señor GC y la señora AS (tía de la niña), celebraron un convenio ante la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia, región Suroeste en Saltillo, Coahuila (PRONNIF), en el que acordaron que la tía de la niña tendría la guarda y custodia de ella.
3. Juicio oral familiar 1072/2021. Posteriormente, el 22 de junio de 2021, el padre de la niña promovió un juicio oral familiar sobre la guarda y custodia de la niña, en contra de JAS. El Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito judicial de Saltillo registró el asunto con el número de expediente 1072/2021. Por su parte, la demandada opuso sus excepciones y defensas.
4. El 7 de junio de 2022, el juzgado familiar declaró abierta la audiencia preparatoria al juicio, en la que hizo constar la presencia del actor y la demandada. En tal audiencia, las partes celebraron un convenio relativo a la guarda y custodia y régimen de convivencias respecto de la niña, el cual fue aprobado por el juzgado familiar y elevado a categoría de cosa juzgada. Asimismo, el juzgado archivó el asunto como totalmente concluido, en los siguientes términos:
“En la ciudad de Saltillo, capital del estado de Coahuila de Zaragoza, siendo las QUINCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA DE HOY MARTES SIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, día y hora señalado en diligencia de trece de mayo de dos mil veintidós, para que tenga verificativo en el local de este juzgado la recepción de la AUDIENCIA PREPARATORIA, dentro de los autos del expediente número 1072/2021, relativo al JUICIO ORAL DE ALIMENTOS, GUARDA Y CUSTODIA, promovido por YWGC en contra de JAS (...).
Asistencia de la parte actora. (...)
Asistencia de la parte demandada. (...)
Enseguida, el Juez exhorta a ambas partes a una conciliación con motivo de la presente causa, manifestando que es su deseo celebrar un convenio y lo hacen al tenor literal siguiente: (...)
Convenio que por no ser contrario a la moral ni a derecho, se aprueba en todas y cada una sus partes, elevándose a la categoría de cosa juzgada como si se tratara de una sentencia definitiva debidamente ejecutoriada, y en el supuesto caso de incumplimiento por las partes, se les requiere el cumplimiento, apercibiéndosele que en caso de no hacerlo, se procederá a la ejecución forzosa en su contra.
Se manda archivar el presente asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones en el Libro correspondiente, y se ordena la devolución de la documentación que exhibieron las partes en sus escritos de contestación y demanda, previa copia certificada y recibo de que de las mismas se deje en autos, autorizándose en este acto a ambas partes copia certificada de la minuta y videograbación de la presente diligencia previo acuse de recibo, para lo cual deberán de pagar los gastos correspondientes.
Con lo anterior, siendo las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos del día de hoy se da por concluida la presente diligencia, levantándose acta minuta para debida constancia, firmando en ella quienes intervinieron en unión de la suscrita Jueza y Secretario de Acuerdo y Trámite que autoriza y da fe. DOY FE”.
5. Demanda de amparo directo. Inconforme, JAS presentó demanda de amparo directo. En síntesis, planteó los siguientes conceptos de violación:
a) Señala que le causa agravio en lo personal y a la niña, las diversas violaciones procesales que transcendieron al resultado del juicio para la indebida aprobación del convenio. Esto, al quedar indefensa la niña ante la falta de pronunciamiento sobre los alimentos a su favor, las convivencias con su padre y la familia ampliada (familia materna). Señala que la verdadera pretensión del juicio consiste en conocer quién es el más apto para detentar la guarda y custodia.
b) La quejosa argumenta que no existe la necesidad de agotar el principio de definitividad, pues la resolución que combate es la última dictada dentro del juicio oral familiar. Esto es así, ya que, sin continuar el juicio con todas las formalidades esenciales del procedimiento oral conforme a los artículos 70, 71, 72 y demás relativos del Código de Procedimientos Familiares, se determinó celebrar y aprobar un convenio sin dar lugar a revisar las violaciones sustanciales.
i) Primero. Violaciones procesales.
a) Falta de designación de tutor o tutriz. La quejosa alega diversas violaciones procesales relacionadas con la falta de designación de un tutor o tutriz para la niña. Mediante una interpretación sistemática y funcional de diversos artículos de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza (12, 427, 443, 454, 461 y 470), se debe nombrar a un tutor o tutriz en situaciones de conflicto de intereses entre las partes. Esta necesidad se intensifica, cuando la persona que ejerce la tutela o representación del infante de edad fallece, siendo en este caso la madre de la niña, dejándola sin quien ejerza la patria potestad. Al existir un conflicto de intereses entre el padre y la tía, la juez debió nombrarle un tutor especial a la niña.
b) Falta de intervención del Ministerio Público y de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), región sureste. La quejosa reclama que la jueza debió darle intervención a la Agente del Ministerio Público y a la representante de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familiar (sobre todo, a esta última, pues ante ella se celebró un convenio en el que se le concedió la guarda y custodia de la niña por el propio padre, el 3 de junio de 2021).
c) De una interpretación sistemática y funcional de los artículos 14, 289, 415, 470, 527, 536 y 567 de la Ley para la Familia de Coahuila, en relación con los artículos 222, 227, 228 y 230 del Código de Procedimientos Familiares de Coahuila, se extrae que tanto el Ministerio Público como PRONNIF debieron tener intervención. Al no dar intervención a dichas representaciones sociales, se violaron las leyes del procedimiento de la niña, dejándola en estado de indefensión y vulnerabilidad.
d) Falta de valoración de pruebas y la prueba psicológica y económica. Señala que les causa perjuicio la omisión de la jueza natural al dejar de admitir, desahogar y valorar las pruebas ofrecidas por ambas partes; principalmente, las ofertadas por la demandada en representación de su sobrina. La quejosa señala que ofreció diversos documentos públicos y privados, así como, una prueba psicosocial para conocer el entorno de la niña, medio de prueba que resultaba toral para conocer cuál de las partes era más apto para detentar la guarda y custodia.
e) La jueza pasó por alto al aprobar el convenio que el padre de la niña vive solo, no tiene un arraigo en esa ciudad y no tiene estabilidad emocional y económica que ofrecerle a la niña. La jueza debió considerar el hecho tan relevante de que el señor fue capaz de entregar a la niña a la quejosa para que la cuidara ante la muerte de la madre, no obstante que es el padre biológico. Se debió analizar si el padre se encontraba en un adecuado estado psicológico para detentar la guarda y custodia de la niña.
f) Falta de pronunciamiento sobre los alimentos de la niña y su aseguramiento. Hubo omisión grave de la jueza al no pronunciarse en el convenio sobre el pago de alimentos y la garantía para asegurarlos en favor de la niña. Argumenta que la jueza no sólo dejó de pronunciarse sobre los alimentos, sino que también omitió llevar a cabo una prueba pericial socioeconómica para determinar, de acuerdo con el principio de proporcionalidad en materia alimentaria, la pensión que debía otorgarse a favor de la niña. En ese sentido, la quejosa solicita se deje sin efectos el acto reclamado y se ordene la reposición del procedimiento para que se admitan y desahoguen las pruebas.
g) Falta de llamamiento a los abuelos maternos de la niña. De una interpretación sistemática de los artículos 399, 402, 403 y 409 de la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza, en caso de que el padre supérstite esté impedido para detentar la guarda y custodia, dicha obligación les correspondía a los abuelos. Si bien al fallecer uno de los progenitores, al otro le corresponde el cuidado de la hija, como en este juicio se pretende dilucidar quién es más apto para detentar la guarda y custodia y en particular, investigar si el padre es apto para ello, es necesario integrar el litisconsorcio necesario conforme al artículo 98 del Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza. En ese orden de ideas, se debe dar intervención a los abuelos maternos para que sean oídos y vencidos en juicio, pues en el supuesto de que el padre no sea apto, la obligación se traslada a los abuelos.
h) Trascendencia de las violaciones procesales. La quejosa argumenta que las violaciones al procedimiento afectan significativamente el resultado final del juicio oral llevado a cabo por el tercero interesado. Se destaca la falta de una defensa adecuada para la niña, pues no se admitieron ni desahogaron pruebas, no se emitió un pronunciamiento sobre alimentos a su favor y no se determinó cuál de las partes era más apta para tener la guarda y custodia.
ii) Segundo. Falta de fundamentación y motivación para la aprobación del convenio.
a) La quejosa aduce que, independientemente de que estuvo presente en la celebración del convenio y externó su consentimiento, la jueza natural no le explicó los alcances del convenio y menos aún fundó y motivó su aprobación en la videograbación. Tanto de la minuta levantada como de la videograbación se advierte que la jueza no invocó los artículos aplicables para aprobar el convenio, no motivó las razones por las cuales dio totalmente concluido el asunto ni explicó a ambas partes los alcances del convenio, sus efectos jurídicos y por qué se concedió la guarda y custodia al progenitor cuando éste no ha convivido regularmente con la niña.
b) La quejosa considera que la actuación de jueza es violatoria a los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 constitucionales, ante la omisión de fundar y motivar el acto reclamado, es decir, la aprobación del convenio, sin tomar en cuenta el cúmulo probatorio ofrecido por la quejosa y sobre el que no hubo pronunciamiento alguno.
c)También se duele de la falta de claridad en la división de días y las formas de convivencia entre la niña, su padre y la quejosa (tía de la niña). Al haber fallecido la madre de la niña, aunado a que su padre la abandonó y la entregó a la quejosa, el juzgado debió de valorar y determinar cuál era el ambiente más propicio para su desarrollo integral, a través de la admisión de pruebas y estudios psicosociales en el entorno familiar y social.
d) No se soslaya que la quejosa estuvo acompañada por un abogado y que extremó su consentimiento para la aprobación del convenio. Sin embargo, no le explicaron los alcances del convenio y no contó con una defensa adecuada, ya que su abogado no tuvo participación activa en el proceso. La decisión que la quejosa hubiera tomado sin que se explicara los alcances y efectos del convenio por parte de la juez, no puede incidir y perjudicar la esfera jurídica de la niña.
iii) Tercero. Interpretación directa del artículo 4o constitucional.
a) La quejosa solicita la interpretación directa tanto de la Constitución Federal, como de los tratados internacionales aplicables en materia de niñez, respecto a la designación de un tutor.
b) De igual forma, pide la interpretación directa al artículo 4o constitucional, en relación con los artículos 399, 402, 403 y 409 de la Ley para la Familia de Coahuila, a fin de proteger el interés superior de la infancia cuando uno de los padres fallece y existe conflicto de intereses. Ello, con el propósito de dar intervención forzosa a los abuelos del progenitor fallecido, para que, así, siendo oídos y vencidos en juicio, el juzgador familiar esté en aptitud de resolver lo más benéfico para la niña. Esto, a su vez, con el fin de conocer cuál de las partes (incluyendo el padre, la tía y los abuelos) es el más apto para detentar la guarda y custodia.
6. Sentencia del tribunal colegiado. En sesión de 13 de septiembre de 2023, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región en el cuaderno auxiliar 769/2023, en auxilio a las labores del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, juicio de amparo 339/2022, en el que resolvió sobreseer el juicio de amparo directo. En esencia, sostuvo lo siguiente:
a) Estimó innecesario examinar los conceptos de violación y la legalidad de la sentencia, derivado de la actualización de la causal de improcedencia del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 170, fracción I, de la Ley de Amparo,(1) relativa a la omisión de agotar el recurso ordinario.
b) Advierte que la quejosa reclama en vía de amparo el auto por el cual la juez señalada como responsable aprobó un convenio sobre la guarda y custodia de su sobrina, celebrado entre la quejosa y el padre de la niña, durante un juicio oral familiar. Al respecto, señala que el artículo 35 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Coahuila de Zaragoza(2) establece como disposición común relativa a juicios orales la posibilidad para las partes de llegar en cualquier etapa del procedimiento a un acuerdo sobre las pretensiones planteadas, en cuyo caso el juzgador ordenará ratificarlo, y de ajustarse a derecho, lo aprobará y decretará la conclusión del asunto en términos del artículo 36 del referido código.(3)
c) Sostiene que, si bien las normas jurídicas aplicables al caso -directa o complementariamente- no establecen la imposibilidad de recurrir ese auto, tampoco señalan expresamente el recurso idóneo para tal propósito. Sin embargo, el artículo 866 del Código Procesal Civil para la entidad(4) establece que los autos solo podrán ser objeto de apelación cuando así se disponga expresamente, y, en caso contrario, procederá el recurso de reconsideración, conforme al artículo 861 del ordenamiento.(5) Por lo tanto, se determina que el recurso de reconsideración era el medio de impugnación idóneo para lograr la modificación o revocación del auto impugnado, antes de acudir a la sede constitucional.
d) No es obstáculo lo expresado por el asesor jurídico de la niña ni por la quejosa, al desahogar la vista ordenada por el artículo 64 de la Ley de Amparo.(6) Ambas partes alegan que el tribunal colegiado considera indebidamente actualizada la causal de improcedencia, porque para ello tuvo que realizar una interpretación adicional al artículo 861 del código procesal civil local, lo cual actualiza una excepción al principio de definitividad. Es infundado tal argumento. Conforme a las normas aplicables a los asuntos relativos a la guarda y custodia de niños y niñas, el Código de Procedimientos Familiares y el Código Procesal Civil de la entidad son ordenamientos legales que se aplican de forma complementaria y no supletoriamente.
e) El tribunal califica de inexacto que las partes consideren que el acudir a un ordenamiento distinto al código de procedimientos familiares se traduce automáticamente en una interpretación adicional. Aclara que esa clase de interpretación se da cuando la primera que se realiza a una norma determinada no resulta suficientemente sólida o clara para fundar una decisión.
f) De igual forma, estima inexacta la afirmación de que el órgano colegiado concluyó que el auto reclamado no puso fin al proceso de origen, y que, por ello, debe declararse incompetente en lugar de sobreseer el juicio de amparo. Contrario a lo afirmado por la quejosa, en la ejecutoria se declaró la competencia del tribunal colegiado precisamente por considerar que el auto reclamado dio por concluido el juicio de origen sin decidir la cuestión principal, en términos del artículo 170, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo.
g) Asimismo, califica de infundado el argumento de la quejosa en el que alega que el hecho de que en el amparo se reclame la inconstitucionalidad de normas locales la eximía del principio de definitividad, en aras del interés superior de la infancia. El colegiado aclara que la exclusión se reserva solamente para cuando se aleguen violaciones al debido proceso, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 171 de la Ley de Amparo.
h) También resulta infundado el razonamiento de la actora, en el que estima que no estaba obligada a agotar el recurso ordinario, porque éste no prevé medida de suspensión del acto reclamado. El tribunal aclara que existe una suspensión legal automática sobre la determinación judicial contenida en el auto, al estar su ejecución material condicionada al transcurso del plazo otorgado para su impugnación.
i) Bajo las consideraciones expuestas, el tribunal determina sobreseer el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo.(7) 7. Recurso de revisión. En contra de la resolución, mediante escrito presentado el 6 de octubre de 2023, JAS interpuso recurso de revisión por su propio derecho y en representación de **********. En esencia, planteó lo siguiente en sus agravios:
I. Primero. Se reclama la inconstitucionalidad de los artículos 61, fracción XVII y XXIII, en relación con el numeral 170, fracción I, de la Ley de Amparo, atinentes al principio de definitividad que rige el amparo directo. Esto, al estimar que atentan contra el principio de acceso a la justicia y el interés superior de la infancia, al involucrar el derecho de la niña a que se resuelva de fondo un asunto en donde se disputa su guarda, custodia y los alimentos.
a) De la interpretación realizada por el tribunal colegiado, los citados preceptos resultan inconstitucionales al vulnerar el artículo 17 constitucional, el interés superior de la niña, el principio de autonomía progresiva de la niñez y de juzgar con perspectiva de infancia, dejando en estado de indefensión a la niña y a la quejosa en el juicio de amparo.
b) El asunto reviste importancia y trascendencia, al ser indispensable determinar si la decisión del órgano colegiado fue correcta, partiendo de la debida o indebida aplicación de las disposiciones legales que son contrarias a la Constitución. Es ilegal el sobreseimiento del juicio de amparo con base a los artículos de la Ley de Amparo invocado por el colegiado, pues en el juicio de amparo directo, el principio de definitividad no opera cuando se impugna lo resuelto en el convenio elevado a categoría de cosa juzgada. Se destaca que el convenio impugnado sí reviste naturaleza de una resolución que puso fin al procedimiento.
c) El juicio de amparo indirecto procede conforme a lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley de Amparo. En todo caso, si el tribunal colegiado consideraba que el juicio de amparo directo era improcedente, lo correcto era reencausar la vía al amparo indirecto, siendo que la improcedencia y la incompetencia son cuestiones distintas.
d) La sentencia impugnada es violatoria a los artículos 4, 14, 16 y 17 constitucionales y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, dado que aplica de manera inexacta el artículo 861 del Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza como norma complementaria. Ello es así, pues el colegiado ilegalmente aplicó el principio de definitividad en perjuicio de una niña por no interponer el recurso de reconsideración en contra del convenio elevado a categoría de cosa juzgada.
e) Los códigos procesales no son claros en establecer si respecto de la determinación impugnada es procedente la aplicación preventiva o reconsideración, pues en el acto reclamado se realizó un convenio con carácter de cosa juzgada y se archivó el asunto como concluido, cuestión que no está expresamente prevista en el código adjetivo para poder ser impugnada. Ante la falta de claridad sobre el recurso procedente, el colegiado debió aplicar lo establecido por esta Primera Sala en el amparo directo en revisión 5207/2015,(8) sobre el derecho de acceso a la justicia a través de un medio de tutela efectivo.
f) Solicita que se aplique la jurisprudencia 1ª/J. 77/2023, de rubro: DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO.(9)
g) Se destaca la contradicción de tesis 139/2013,(10) en la que se estableció como excepción al principio de definitividad en el amparo indirecto los casos en que se vean implicados derechos de menores de edad, cuando el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión. Asimismo, no existe impedimento legal para analizar una violación procesal en el amparo directo en la que se involucre a un niño, apoyándose en la tesis de rubro: “VIOLACIÓN PROCESAL EN EL AMPARO DIRECTO CIVIL. PARA SU IMPUGNACIÓN NO EXISTE OBLIGACIÓN DE OBSERVAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, SI CON MOTIVO DE AQUÉLLA PUDIERAN AFECTARSE A MENORES DE EDAD (INTERPRETACIÓN DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 171 DE LA LEY DE AMPARO EN VIGOR A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE).”.(11)
h) Como segunda excepción al principio de definitividad, la recurrente plantea que el órgano federal no analizó que en los conceptos de violación también solicitó la interpretación directa conforme a los tratados internaciones y de la Constitución Federal de diversas normas del orden local en beneficio de una niña. Por lo que, si en la demanda reclama la inconstitucionalidad de los artículos en que se fundan los actos reclamados, se actualiza una excepción al principio de definitividad.
i) Como tercera excepción, señala que en el acto reclamado se impugnó un convenio que puso fin al juicio, por lo que no era procedente continuar con éste, pues en materia de derechos humanos a favor de una persona menor de edad no opera el principio de definitividad.
II. Segundo agravio. Destaca la importancia y trascendencia del caso debido a dos aspectos principales. En primer lugar, la recurrente refiere que en la demanda de amparo se planteó la interpretación directa de un precepto constitucional que fue omitida en la sentencia impugnada. En segundo lugar, el resultado de este recurso tiene implicaciones significativas, ya que se aplica el principio de definitividad en perjuicio de una niña. Insiste en que la solicitud de interpretación del artículo 4o constitucional en relación con el tercer concepto de violación es de especial interés jurídico, ya que las normas y tratados relacionados con niños son universales y un criterio favorable en este caso tendría relevancia nacional pues los juzgados familiares resuelven diariamente convenios judiciales.
III. Tercer agravio. Reclama la omisión del colegiado de analizar la solicitud de interpretación directa del artículo 4 constitucional al presente asunto y la falta de congruencia y exhaustividad en la sentencia.
VI. Cuarto agravio. Advierte que la Primera Sala, al resolver la contradicción de tesis 80/99-PS, determinó que de la interpretación de los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal, y 161 de la Ley de Amparo, es posible concluir que la excepción al principio de definitividad que dichas normas establecen que procede exclusivamente cuando en amparo directo en materia civil, se impugnen sentencias definitivas por violaciones a las leyes procesales que afecten las defensas del quejoso, cuando éstas versen sobre controversias relativas al estado civil o que afecten al orden y estabilidad de la familia o a niños o incapaces.
a) Reitera que el tribunal colegiado omitió diversas violaciones procesales en el procedimiento familiar de origen, que trascendieron al resultado del juicio en la indebida aprobación del convenio con categoría de cosa juzgada. Reclama el estado de indefensión de la niña ante la falta de pronunciamiento sobre los alimentos a su favor y las convivencias de la niña con la familia ampliada (familia materna).
b) Agrega que en el juicio familiar de origen se omitió atender todas las formalidades esenciales del procedimiento oral, conforme a los artículos 14 y 16 constitucionales, 70, 71, 72 y demás relativos del Código de Procedimientos Familiares, pues se determinó celebrar un convenio con categoría de cosa juzgada sin revisar las violaciones procesales que son sustanciales y causan un perjuicio irreparable a la niña.
8. Trámite ante esta Suprema Corte. Por acuerdo de 20 de octubre de 2023, la ministra presidenta de esta Suprema Corte ordenó formar y registrar el presente recurso de revisión. Con reserva de los motivos de improcedencia que en la especie pudieran existir, lo admitió y ordenó turnarlo al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Posteriormente, por acuerdo de 12 de enero de 2024, el ministro presidente de la Primera Sala se avocó al conocimiento del asunto y envió los autos a esta ponencia, para efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.
I. COMPETENCIA
9. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II, en relación con el 96 de la Ley de Amparo; 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como, en los puntos Primero y Tercero del Acuerdo General 1/2023, emitido por el Pleno de este Tribunal. Lo anterior, pues trata de un asunto de naturaleza civil que corresponde a la especialidad de esta Primera Sala, sin que se estime necesaria la intervención del Tribunal Pleno.
II. OPORTUNIDAD
10. Como se advierte de la lectura de las constancias, la sentencia del tribunal colegiado le fue notificada a la parte quejosa por lista el 5 de octubre de 2023, por lo que dicha notificación surtió efectos al día hábil siguiente, es decir el 6 de octubre de 2023. Entonces, el plazo establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión transcurrió del 9 de octubre al 9 de noviembre de 2023, descontándose los días 7, 8, 14, 15, 21 y 22 de octubre y 4 y 5 de noviembre de 2023, por ser sábados y domingos; el 12 de octubre de 2023, por ser inhábil conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo; del día 16 al 29 de octubre de 2023, de conformidad con las Circulares 28/2023 y 29/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; así como, los días 1, 2 y 3 de noviembre, de conformidad con la Circular 12/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
11. Por lo tanto, si el escrito de revisión se presentó ante el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito el 5 de octubre de 2023, se concluye que el recurso se interpuso de forma oportuna. Lo anterior, con independencia de que el escrito se hubiere presentado con anterioridad a que surtiera efectos la notificación de la sentencia de amparo, ya
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33223-60f51250/principio-de-definitividad-en-amparo-directo-en-caso · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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