DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. LA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO PREVISTA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 171 DE LA LEY DE AMPARO, SÓLO ES APLICABLE AL TRAMITADO EN LA VÍA DIRECTA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 260/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO Y EL PLENO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEXTO CIRCUITO. 17 DE OCTUBRE DE 2018. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y EDUARDO MEDINA MORA I. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: GUADALUPE MARGARITA ORTIZ BLANCO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, suscitada entre un Tribunal Colegiado y un Pleno de Circuito distinto al que pertenece, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por los puntos primero y segundo, fracción VII, del Acuerdo General Número 5/2013, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, pues fue formulada por los Magistrados integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que emitió uno de los criterios en oposición.
TERCERO.—Criterios que participan. Para estar en aptitud de establecer si existe contradicción de tesis, es preciso tener en cuenta las consideraciones esenciales que sustentan las posturas de los dos cuerpos colegiados.
I. Recurso de queja **********, resuelto por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en sesión de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, por unanimidad de votos de los señores Magistrados que lo integran; en el que, en lo conducente, se consideró:
"... II. Decisión. Ahora bien, en sus agravios el recurrente alega, en síntesis, que le causa agravio la resolución emitida por el Juez de Distrito, ya que no aplica correctamente la Ley de Amparo, interpretando en sentido contrario los preceptos invocados en su perjuicio y totalmente contradictorios a la esencia del juicio de amparo, negando el derecho humano que tiene a la administración de justicia.
"Analizados los agravios en suplencia de queja son fundados, como se dijo anteriormente, ya que se advierte fue incorrecto el desechamiento de la demanda de amparo.
"Para considerarlo así, debemos atender a lo que señalan los artículos 1o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los numerales 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El primero de los señalados, en su párrafo segundo, establece:
"‘Artículo 1o. ... Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. ...’
"El segundo numeral involucrado, en su párrafo cuarto, establece:
"‘Artículo 14. ... En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.’
"Por su parte, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone, en su párrafo segundo:
"‘Artículo 17. ... Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. ...’
"A su vez, los artículos 8 y 25 de la convención en cita establecen:
"Convención Americana sobre Derechos Humanos
"‘Artículo 8. Garantías judiciales.
"‘1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
"‘2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:
"‘a) Derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;
"‘b) Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;
"‘c) Concesión al inculpado de tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;
"‘d) Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección o de comunicarse libre y privadamente con su defensor;
"‘e) Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;
"‘f) Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;
"‘g) Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declarar culpable, y
"‘h) Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
"‘3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.
"‘4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.
"‘5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia.’
"‘Artículo 25. Protección judicial
"‘1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
"‘2. Los Estados Partes se comprometen:
"‘a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;
"‘b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y
"‘c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.’
"La interpretación sistemática de los preceptos previamente señalados nos permiten concluir la existencia de un derecho humano consistente en que toda persona debe contar con un recurso sencillo, rápido y efectivo a fin de hacer frente a las violaciones a sus derechos fundamentales donde la efectividad del recurso radica en que la persona pueda acudir a los tribunales competentes a obtener la reparación del derecho humano violado; lo que implica el ejercicio de otro de sus derechos, como lo es el acceso a la justicia. Ahora bien, la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, sin que ello implique omitir aspectos de procedibilidad del medio de impugnación; puesto que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que conlleva a acudir a la norma jurídica que consagra el derecho de la manera más extensiva, y por el contrario, al precepto legal más restrictivo; como en el caso que se trata del principio de definitividad, como condición y restricción para promover el juicio de amparo, considerando este último como un recurso judicial efectivo que permite impugnar la constitucionalidad, o incluso la inconvencionalidad de un acto de autoridad o de una disposición de observancia general, pues permite al órgano jurisdiccional de amparo comprender un análisis para decidir si hubo o no una violación a los derechos humanos del promovente.
"Al respecto, es ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se trasunta junto con sus datos de localización:
"‘DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL.’ (se transcribe)
"Así como la jurisprudencia 2a./J. 12/2016 (10a.), de rubro y texto siguientes:
"‘RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL JUICIO DE AMPARO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE EFICACIA E IDONEIDAD A LA LUZ DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.’ (se transcribe)
"Ahora bien, en el contexto de las Normas Constitucionales antes interpretadas y de la confronta que se realiza a los artículos 61, fracción XVIII y 171, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que con la segunda norma invocada se estableció por voluntad del legislador ordinario una excepción al principio de definitividad previsto en el segundo precepto, de manera casuística cuando el juicio de derechos fundamentales lo promueven los trabajadores y reclamen una violación procesal en amparo directo y tal excepción debe hacerse extensiva en el mismo supuesto específico para el amparo indirecto, al considerarse que la distinción en la vía no justifica dejar de aplicar esa norma a favor de los trabajadores.
"Este órgano colegiado considera que la excepción prevista en el amparo directo puede y debe aplicarse al indirecto en el supuesto como el que ocupa nuestra atención, en el que se reclamó la notificación del laudo; puesto que el quejoso y aquí recurrente es la parte trabajadora, actor en el juicio laboral del índice del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco.
"Ahora, en el auto de desechamiento de la demanda de amparo, dictado por el a quo, se destaca que opera la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que la Ley Federal del Trabajo concede un recurso o medio de defensa, por virtud del cual puede ser modificada, revocada o nulificada la actuación reclamada, dentro del expediente laboral del índice del referido tribunal responsable.
"No obstante, lo anterior llama la atención el criterio que si bien no es de observancia obligatoria, explica cómo pueden aplicarse disposiciones del amparo indirecto al amparo directo, cuando existe analogía en las situaciones derivadas del caso, mismo que es de rubro y texto siguientes:
"‘INTERPRETACIÓN ADICIONAL COMO EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO. ES APLICABLE TANTO EN EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO COMO, POR ANALOGÍA, EN CASO DE QUE SE IMPUGNE UNA VIOLACIÓN PROCESAL EN LA VÍA DIRECTA.’ (se transcribe la tesis de un Tribunal Colegiado)
"Como se puede advertir, en el criterio precedente se hizo una interpretación sistemática de los artículos 61, fracción XVIII y 171 de la Ley de Amparo para llegar a la conclusión de que la excepción al principio de definitividad contenida en el primero (que corresponde al capítulo del amparo indirecto) puede tener aplicación en amparo directo cuando la interposición del recurso contra las violaciones procesales reclamadas, requiera de una interpretación adicional, conforme al segundo de los preceptos aquí señalados.
"En ese contexto, este Tribunal Colegiado comparte tal criterio, no sólo porque se considere válida la interpretación sistemática de las disposiciones de la Ley de Amparo, sino porque esa interpretación sistemática cumple con dos condiciones esenciales que debe colmar cualquier interpretación que se refiere a la consistencia y coherencia. La consistencia se refiere al requisito a través del cual una interpretación elimina cualquier contradicción interna que pueda presentar el entendimiento de la ley en su conjunto.
"La coherencia es una condición que delimita la función racional que tienen las normas, esto es, las normas están destinadas a cumplir con un fin, un propósito, un objetivo y ese objetivo debe ser racional, no absurdo, ocioso o irrelevante.
"La interpretación es consistente porque las prerrogativas concebidas para el juicio de amparo indirecto y las que considera el amparo directo, como las que contienen en cualquiera de los dos casos excepciones al principio de definitividad, deben ser aplicadas por presentar ambos supuestos situaciones análogas que deben ser resueltas por las mismas soluciones dadas por la Ley de Amparo, dado que al margen de que existan vías distintas, el juicio de amparo como instrumento de control de la regularidad constitucional de los actos y las leyes, cumple un mismo fin, que es precisamente el de tutelar los derechos fundamentales a través de procedimientos regulados por principios generales que aplican para todos los casos en los que se presentan situaciones semejantes.
"En este aspecto, se puede considerar que hay semejanza porque el artículo 171 de la Ley de Amparo señala que no es necesario impugnar durante la tramitación del juicio la violación a leyes del procedimiento cuando se trate, de entre otros sujetos, de trabajadores.
"Ahora, en este caso se reclama la notificación del laudo, lo que significa que si para el procedimiento (amparo directo) no se requiere que se agoten recursos ordinarios, tampoco se debe exigir esta condición para los actos que se emiten después de dictada la resolución que puso fin al juicio, pues de sostener esta postura la interpretación de la ley resultaría inconsistente.
"Así es, sería contradictorio que para un caso sí se considere permisible una excepción al principio de definitividad y en otro no, sólo porque las vías son diferentes.
"Las distintas vías no pueden hacer una diferencia significativa que impida aplicar el mismo principio a ambos casos. El ámbito personal de la excepción sigue siendo el mismo, el sujeto de la norma sigue siendo un trabajador. No cambia con motivo de la vía que se haya elegido, por lo que es contradictorio asegurar que en un caso sí procede la excepción y en otro no.
"Por otro lado, no se cumpliría con la coherencia o con el propósito racional que debe tener la ley, dado que no habría una explicación lógica o razonable de por qué sólo para las violaciones procesales se debe privilegiar el acceso a la justicia de los trabajadores, facilitando la impugnación de ellas sin agotar recursos, pero para los actos que se emiten después de dictada la resolución que puso fin al juicio no.
"Es decir, no se encuentra una empresa racional en la diferenciación de un caso con otro y aun cuando se pueda indicar que la ley es clara en ese aspecto y que se debe aplicar lo expresamente señalado para cada caso; tal apreciación descuida que el derecho no es una institución acabada que prevea absolutamente todos los supuestos fácticos que puedan llegar a presentarse, por lo que corresponde al juzgador completar esa tarea mediante la interpretación de la ley a supuestos individualizados y evidentemente sometidos al contexto de las reglas y principios que emanan de un Estado constitucional y democrático de derecho.
"Por último, también es viable entender que la interpretación propuesta en el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, se hizo a partir de la idea de la aplicación de un principio extraído de las normas de la Ley de Amparo que tiene aplicación al amparo indirecto y al amparo directo.
"El concepto de derecho en nuestros días ha dejado de entenderse como un conjunto de reglas que se cumplen o no se cumplen; ello porque el derecho en nuestros tiempos tiene una concepción mucho más amplia cuando se le concibe no sólo como un conjunto de reglas, sino también de principios que complementan a las primeras.
"El artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce la posibilidad de interpretar la ley a partir de principios jurídicos, esta disposición, si bien se refiere a los supuestos en los que se presentan lagunas en los juicios del orden civil, pero en materia constitucional, los principios se han extraído de las normas para identificarlos y aplicarlos según sus cualidades, para ilustrar sobre lo señalado se invocan como ejemplos los criterios 13/2002 y 1a. CXXII/2012 (10a.), de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde el derecho a la vida y a la igualdad se extrajeron de diversos artículos de la Constitución 1o., 4o. y 22; el análisis conjunto de las normas conduce a extraer un principio general que subyace en el núcleo de su enunciado, tesis P./J. 13/2002, de rubro y texto:
"‘DERECHO A LA VIDA. SU PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe)
"Así como la tesis 1a. CXXII/2012 (10a.):
"‘INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU FUNCIÓN NORMATIVA COMO PRINCIPIO JURÍDICO PROTECTOR.’ (se transcribe)
"Es decir, los principios constituyen criterios de optimización de los derechos que atienden a circunstancias generales a partir de las cuales la aplicación del principio cumple con un objetivo sujeto a ser ponderado, no es como una regla en donde se cumple o no se cumple, el principio se puede cumplir en la medida de cada caso aun y cuando entre en conflicto con otro principio.
"Sobre las anteriores bases, queda claro que la lectura de los artículos 61, fracción XVIII y 171 de la Ley de Amparo, permiten extraer la existencia de un principio general de suplencia de la queja tanto cuando se requiere de una interpretación adicional para hacer valer algún recurso, como cuando se reclama un acto en amparo indirecto después de que se ha concluido el juicio y respecto del que existe un medio de defensa susceptible de ser agotado. Máxime que, en el caso, al decidir sobre la legalidad y constitucionalidad del acto que ahora se reclama en ejecución del laudo no se alarga el proceso porque ya existe uno dictado.
"De ahí que se trata de un principio rector, porque en ambos supuestos lo que busca el legislador es facilitar el acceso a la justicia constitucional, cuando los recursos ordinarios pueden representar un obstáculo, en un caso por su interpretación adicional o en otro cuando hay un trabajador quejoso.
"Por todo lo anterior, es que este órgano colegiado estima que se debe analizar la legalidad del acto reclamado por el operario quejoso, ya que no tenía por qué agotar el incidente de nulidad de notificaciones, dado que el artículo 171 de la Ley de Amparo contiene un principio para favorecer el acceso a la justicia cuando el quejoso es trabajador, que también se debe hacer extensivo a la materia del amparo indirecto.
"En razón de lo anterior, este órgano colegiado no comparte la jurisprudencia PC.VI.L. J/7 L (10a.), emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, publicada en la Décima Época, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Tomo III, marzo de 2018, en la página 2560; criterio que dice:
"‘DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. LA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 171 DE LA LEY DE LA MATERIA, SÓLO PROCEDE RESPECTO DE VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO IMPUGNABLES EN LA VÍA DIRECTA, TRATÁNDOSE DE AMPAROS CONTRA ACTOS QUE AFECTEN, ENTRE OTROS, DERECHOS DE TRABAJADORES.’ (se transcribe)
"...
"En consecuencia, lo que procede es declarar fundado el recurso de queja de que se trata y, como consecuencia, revocar el acuerdo recurrido que desechó la demanda de amparo y ordenar al Juez de Distrito que emita un nuevo proveído en el que prescinda de estimar actualizado de modo manifiesto e indudable el motivo de improcedencia sustento de su determinación y admita la demanda de amparo. ..."
II. Resolución del Pleno en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, en la contradicción de tesis **********, fallada en sesión de veintidós de mayo de dos mil diecisiete, por mayoría de votos de sus integrantes.
Consideraciones torales de la sentencia:
"... QUINTO.—Determinación. Este Pleno de Circuito considera que debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, el criterio que se sustenta en la presente resolución, en atención a los siguientes razonamientos:
"Sobre el particular, es menester precisar que el juicio constitucional es un juicio extraordinario, su procedencia y tramitación está regida por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado.
"Dentro de estas reglas fundamentales que estructuran al juicio de amparo, se encuentra el principio de definitividad, que establece que dicho juicio es únicamente procedente en contra de actos definitivos, es decir, actos respecto de los cuales no exista ningún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados.
"En consecuencia, la definitividad del acto como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que antes de acudir a dicho juicio, se deberán agotar los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate.
"En este sentido, la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo restringen la procedencia del amparo, atribuyéndole al juicio constitucional el carácter de una instancia extraordinaria, es decir, de un medio de reparación de la violación de garantías al que no se puede acudir, sino cuando previamente se han agotado sin éxito las medidas ordinarias de defensa.
"El fundamento constitucional del principio de referencia está contenido en el artículo 107 de la Constitución Federal, cuyas fracciones III, incisos a) y b), IV y V, establecen: (se transcribe)
"De la anterior transcripción se desprende la regla general que establece que este principio consiste en que cuando un acto autoritario viola garantías individuales, antes de acudir al juicio de amparo, deben agotarse el o los recursos ordinarios por virtud de los cuales puede ser modificado, revocado o destruido dicho acto.
"En este sentido, el principio de definitividad implica, como condición general, que el acto que se ataque en el juicio de amparo por considerarlo violatorio de garantías constitucionales, debe ser un acto definitivo, en el sentido de que no pueda ser impugnado por ningún medio o recurso cuya interposición pueda dar lugar a su modificación, revocación o anulación.
"Por su parte, la Ley de Amparo regula, en su artículo 107, fracciones II, IV y VI, la forma en que opera el principio de definitividad, como presupuesto de procedencia del juicio constitucional, tratándose del juicio de amparo indirecto, y en los artículos 170 y 171, cuando se trate de la vía directa.
"(se transcriben)
"En ese tenor, es preciso indicar que el principio de definitividad es un requisito para la procedencia del juicio de garantías en términos de las normas antes referidas, además de que la propia ley reglamentaria del juicio de garantías establece como sanción por el incumplimiento de dicho principio, la improcedencia del juicio, como así se advierte de lo establecido en las fracciones XVIII, XIX y XX del artículo 61 de la Ley de Amparo:
"‘Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:
"‘...
"‘XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.
"‘Se exceptúa de lo anterior:
"‘a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales;
"‘b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal;
"‘c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento.
"‘Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;
"‘XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado;
"‘XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley.
"‘No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia.
"‘Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; ...’
"La anterior transcripción confirma la regla general que se deriva del principio de definitividad, según la cual, para que proceda el juicio de garantías, debe tratarse de ‘actos definitivos’ en la acepción que la propia legislación da de dichos actos, por lo que resulta lógico que la inobservancia del principio traiga como consecuencia también, por regla general, la improcedencia de la acción constitucional intentada.
"En efecto, el numeral 61 de la Ley de Amparo establece como causal de improcedencia las siguientes hipótesis:
"a) La fracción XVIII, que deriva del hecho de que existan recursos que pudieren interponerse contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo reclamadas, que no se agotaron previamente a la promoción del juicio de garantías;
"b) La fracción XIX, que resulta de la circunstancia de que, en el momento de la instauración del juicio, se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal contra el acto reclamado que pudiera revocar o nulificar dicho acto; y,
"c) La fracción XV, a los casos en que, tratándose de actos emitidos por autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, deban ser revisados de oficio o sean impugnables mediante algún recurso o medio por el que pudieran ser revocados o modificados.
"En todos estos supuestos, el acto reclamado carece de definitividad y no es, por consiguiente, reclamable en amparo.
"Cabe indicar que, no obstante que el principio de definitividad es una regla de aplicación general (en su doble connotación, es decir, como presupuesto de procedencia y como causa de improcedencia del juicio de amparo), la propia ley reglamentaria del juicio de garantías establece ciertas excepciones atendiendo, particularmente, a la índole del quejoso y a la naturaleza del acto reclamado, por lo que en esos casos, señalados expresamente en la ley, no será necesario que se agoten los recursos ordinarios o medios de impugnación procedentes antes de acudir al juicio de amparo, tales son los casos de las siguientes excepciones:
"A. En amparo indirecto
"1. Actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales [artículo 61, fracción XVIII, inciso a), de la Ley de Amparo].
"2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28210-8836751a/definitividad-en-el-juicio-de-amparo-la-excepcion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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