TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 38/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO PRIMERO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y SEGUNDO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 26 DE ENERO DE 2015. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIO: MARIO GERARDO AVANTE JUÁREZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al día veintiséis de enero de dos mil quince.
VISTOS para resolver los autos de la contradicción de tesis 38/2014, entre el criterio sustentado por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 684/2013 y lo sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 725/2013.
RESULTANDO:
PRIMERO. Denuncia. El once de febrero de dos mil catorce,(1) se recibió en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, escrito mediante el cual, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan N. Silva Meza, informó sobre la denuncia de posible contradicción de tesis entre el criterio sustentado por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 684/2013 y el sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 725/2013.
SEGUNDO. Trámite de la denuncia. Recibidos los autos, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante proveído de trece de febrero de dos mil catorce,(2) admitió a trámite la denuncia de posible contradicción, formándose el expediente 38/2014, mismo que se radicó en el Pleno de este Alto Tribunal, solicitó a los presidentes de los tribunales de referencia las resoluciones emitidas al resolver los asuntos citados, o copia certificada de las mismas, así como que informaran si dichos criterios se encontraban vigentes, o en su caso, la causa para tenerlos por superados o abandonados; se ordenó dar vista a los Plenos del Primero y Segundo Circuitos, y se turnó el asunto para su estudio a la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, en el entendido de que si la Ministra ponente consideraba innecesaria la intervención del Tribunal Pleno, con fundamento en el artículo 88 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, previo dictamen, se radicaría el asunto en la Sala de su adscripción.
Mediante oficio número 171,(3) la secretaria de Acuerdos del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, comunicó el acuerdo tomado por el presidente de ese tribunal, mediante el cual ordenó remitir a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, copias certificadas de la ejecutoria del juicio de amparo directo 684/2013 e informó que dicho órgano jurisdiccional no se ha apartado del criterio sostenido en la misma.
Asimismo, mediante oficio número 1398,(4) el presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, ordenó remitir a este Alto Tribunal copia certificada de la ejecutoria emitida en el juicio de amparo directo 725/2013 e informó que dicho órgano colegiado no se ha apartado del criterio sustentado en el mencionado asunto.
Previo dictamen de veintiocho de marzo de dos mil catorce, a través del cual la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos señaló que era innecesaria la intervención del Tribunal Pleno para el conocimiento de la presente contradicción, el treinta y uno de marzo de ese mismo año se acordó enviar el expediente a la Segunda Sala a la que se encuentra adscrita la Ministra ponente para su radicación.
Por auto de cuatro de abril de dos mil catorce,(5) el presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro Luis María Aguilar Morales, determinó el avocamiento del asunto.
TERCERO. Integración del asunto. Mediante proveído de nueve de abril de dos mil catorce,(6) se hizo constar que en sesión celebrada en esa misma fecha por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se dio cuenta con el proyecto presentado por la Ministra ponente, y por unanimidad de votos se resolvió remitir el presente asunto a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En virtud de lo anterior, mediante acuerdo de trece de mayo de dos mil catorce,(7) se returnó el expediente de la presente contradicción de tesis a la ponencia del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro integrante de la Primera Sala de este Alto Tribunal, a fin de elaborar el proyecto de resolución respectivo.
Posteriormente, el veintiséis de mayo de dos mil catorce,(8) el presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, determinó el avocamiento del asunto.
Por oficio número SGA/MFEN/1742/2014,(9) de diez de junio de dos mil catorce, dirigido al licenciado Heriberto Pérez Reyes, secretario de Acuerdos de la Primera Sala, el licenciado Rafael Coello Cetina, secretario general de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informó que el Tribunal Pleno, en sesión privada de esa misma fecha, determinó ejercer su competencia originaria para conocer de diversas contradicciones de tesis, relativas a temas de relevancia sobre el alcance de la nueva Ley de Amparo, con el objeto de que sea el propio Tribunal Pleno de este Alto Tribunal, el que fije los criterios correspondientes. Por lo que, solicitó que la presente contradicción de tesis 38/2014 radicada en la Primera Sala de este Alto Tribunal, entre otras, fuera remitida al Pleno para su radicación y posterior resolución. Dicho oficio fue acordado de conformidad el doce de junio de dos mil catorce,(10) por lo que, previa remisión del asunto, se acordó que el Ministro ponente diera cuenta con el proyecto de resolución respectivo al Tribunal Pleno.(11)
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente; 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, y con base además, en lo acordado en sesión privada de diez de junio de dos mil catorce, donde el Tribunal Pleno determinó ejercer su competencia originaria para conocer el presente asunto por tratarse de un tema de especial relevancia sobre el alcance de la nueva Ley de Amparo.
Asimismo, el conocimiento de este asunto por parte de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, tiene sustento en el criterio emitido por el Pleno de este Alto Tribunal, contenido en la tesis P. I/2012 (10a.), de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."
SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución General y 226, fracción II, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, pues en el caso, fue realizada por el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro Juan N. Silva Meza.
TERCERO. Criterios contendientes. Los antecedentes y consideraciones de las ejecutorias que dieron lugar a la presente contradicción de tesis, son las que a continuación se sintetizan:
I. El veinticinco de noviembre de dos mil trece, el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resolvió el amparo directo 684/2013, del que es necesario conocer los antecedentes siguientes que se desprenden del cuerpo de esa ejecutoria:
a. **********, promovió tercería excluyente de dominio en el juicio ejecutivo mercantil **********, seguido por **********, por conducto de su endosatario en procuración **********, en contra de**********, en donde demandó, entre otras prestaciones, que se levantara el embargo practicado sobre el 50% (cincuenta por ciento) del inmueble embargado en el juicio ejecutivo mercantil de mérito, por ser propietaria de ese porcentaje.
b. De dicho juicio correspondió conocer al Juez Vigésimo Octavo de lo Civil del Distrito Federal, quien mediante resolución de treinta de agosto de dos mil trece dictó sentencia en la que declaró infundada la tercería excluyente de dominio hecha valer y condenó a la tercerista al pago de gastos y costas a favor del ejecutante.
c. En contra de dicha determinación, **********, promovió juicio de amparo directo, del cual conoció el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien resolvió carecer de competencia para conocer de dicho juicio conforme a las siguientes consideraciones:
• Resulta innecesario transcribir el fallo reclamado y los conceptos de violación, debido a que este Tribunal Colegiado de Circuito carece de competencia legal para conocer del presente asunto, porque el acto reclamado no constituye una sentencia definitiva ni una resolución que ponga fin al juicio, únicos casos de procedencia del amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito, de conformidad con lo establecido en el artículo 170, fracción I, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo(12) y con el artículo 37, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.(13)
• Un Tribunal Colegiado deberá declararse legalmente incompetente cuando en la vía directa le es presentada una demanda en la que se reclama una sentencia o resolución final que no pueda ser considerada como definitiva para efectos del juicio de amparo pues conforme al artículo 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la competencia de aquél sólo se actualiza cuando se trate de sentencias definitivas o contra resoluciones que pongan fin al juicio, pronunciadas por tribunales judiciales, respecto de las cuales no proceda ya ningún medio de defensa ordinario o bien no se prevea medio alguno, por virtud del cual, puedan ser modificadas o revocadas.
• Lo anterior es así, debido a que el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución General, vigente hasta antes de su reforma publicada el seis de junio de dos mil once,(14) establecía la procedencia del juicio de amparo en contra de sentencias definitivas o resoluciones que ponían fin al juicio, en contra de las cuales ya no procedía recurso ordinario, elemento característico que también preveía el artículo 46 de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece;(15) con motivo de esa reforma constitucional y de la emisión de la nueva Ley de Amparo vigente, desaparecieron tales precisiones, sin embargo, en dicho precepto constitucional, párrafo tercero,(16) se establece la procedencia del juicio de amparo en contra de tales actos, siempre que se agoten previamente los recursos ordinarios, por virtud de los cuales, aquéllos puedan ser modificados o revocados, salvo en el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos, cuya redacción también se reprodujo en el artículo 170, fracción I, párrafo tercero, de la ley secundaria.
• En los procesos legislativos que dieron origen a los ordenamientos vigentes, no se expusieron las razones por las cuales se excluyó la precisión que originalmente se preveía en dichas normas, lo que pone de manifiesto, que tanto el Constituyente como el legislador ordinario tuvieron la intención de precisar, aunque con diferente redacción, que sólo podrán ser materia de amparo directo las resoluciones terminales, pues establecen que previamente deben agotarse los recursos ordinarios, lo que significa que éstos deben haber sido interpuestos o que la ley no los prevea, para que se pueda promover el juicio de amparo directo; lo que incide en la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, precisamente en atención al principio de definitividad de cuya observancia depende la característica de resolución terminal de aquél, circunstancia que corrobora el artículo 107, fracción V, de la Constitución Federal en su redacción original y en la vigente, que reservan la competencia a los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de tales resoluciones; lo anterior, máxime que el artículo 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el cual no fue sujeto de las actuales reformas, establece la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio, y precisa que son aquellas respecto de las que no procede recurso de apelación, de acuerdo a las leyes que las rigen, o de sentencias o resoluciones dictadas en apelación en juicios del orden común o federal.
• En ese orden, para los efectos del juicio de amparo directo, por sentencia definitiva se entiende procesalmente, por regla general, la que decide el juicio en lo principal, y por resolución que ponga fin al juicio, la que, sin decirlo en lo principal, lo da por concluido, las cuales deben ser irrecurribles, ya sea porque se agotó el medio ordinario de defensa o porque la ley ordinaria no lo prevea; por tanto, si en esa vía es promovida una demanda en contra de una resolución que no cumpla con esa característica, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá declararse incompetente para conocer del asunto y remitirlo al Juez de Distrito competente para que resuelva lo que en derecho proceda.
• Por ende, es dable considerar que las tesis de jurisprudencia por contradicción P./J. 16/2003, de rubro: "AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA."(17) y P./J. 40/97, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE.",(18) las cuales prevén como requisito para que se actualice tal competencia, que el acto reclamado constituya una resolución irrecurrible, son acordes con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales correlativas vigentes, amén de que, conforme al artículo sexto transitorio de la actual Ley de Amparo, no se contraponen con ese ordenamiento.
• En el caso, el acto reclamado no constituye una sentencia definitiva o una resolución que ponga fin al juicio que pueda ser combatida mediante el juicio de amparo directo, ya que la resolución de la tercería reclamada podía ser combatida mediante el recurso de apelación, conforme lo dispone el artículo 1139 Bis del Código de Comercio (vigente al momento en que se promovió la tercería de doce de febrero de dos mil trece), en virtud de que las prestaciones que se ventilan en dicho juicio son de cuantía indeterminada, debido a que el tercerista busca que se le respete su derecho de propiedad o de dominio respecto de los bienes que pretende excluir, mas no persigue como prestación principal el pago de alguna cantidad en dinero susceptible de determinarse a través de una operación aritmética.
• En las condiciones apuntadas, este órgano de control constitucional considera que carece de competencia legal para conocer del presente asunto, por lo que en términos del artículo 45 de la Ley de Amparo, se ordena remitir la demanda de que se trata, al Juez de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal en turno, para que se avoque al conocimiento del asunto y, de acuerdo con sus atribuciones, resuelva sobre si en el caso se dio cumplimiento al principio de definitividad.
II. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito resolvió el treinta y uno de octubre de dos mil trece el amparo directo 725/2013, del cual es necesario conocer los antecedentes siguientes que se desprenden del cuerpo de esa ejecutoria.
a. La allí tercero interesada promovió tercería excluyente de dominio en el juicio ejecutivo mercantil **********, seguido por **********, en contra de **********, aduciendo que en el citado juicio fue embargado indebidamente un vehículo que dijo era de su propiedad.
b. Seguidas las etapas procesales, mediante sentencia definitiva de veintiuno de junio de dos mil trece, el Juez de conocimiento declaró fundada la tercería excluyente de dominio, al considerar que la tercerista acreditó ser propietaria del vehículo embargado en el juicio ejecutivo mercantil, por lo que ordenó excluir dicho bien mueble del embargo trabado en autos.
c. En contra de dicha determinación, **********, promovió demanda de amparo directo, el cual fue resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, quien resolvió sobreseer en el juicio conforme a las siguientes consideraciones:
• Este Tribunal Colegiado es competente para conocer del presente asunto de conformidad con el artículo 34 de la Ley de Amparo, porque se reclama una sentencia dictada en una tercería excluyente de dominio, esto es, se impugna una resolución que decidió el fondo del asunto que constituye sentencia definitiva, no obstante que no se haya interpuesto el recurso procedente, pues conforme a la legislación de amparo vigente, ello ya no es necesario para conceptualizar las sentencias definitivas ni las resoluciones que pongan fin al juicio, ni para determinar la competencia del tribunal, sino sólo para establecer la procedencia de la acción de amparo.
• A diferencia de lo que ocurría bajo la vigencia de la abrogada Ley de Amparo, los artículos 34 y 170 de la ley vigente, para definir los actos reclamables en amparo directo, únicamente establecen que se entenderá por sentencias definitivas las que deciden sobre la acción principal, y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; sin incluirse para ninguna de ellas el requisito de que no admitan recurso, con lo que la posible recurribilidad del acto dejó de ser un aspecto relacionado a la competencia, para pasar a ser un elemento vinculado con la procedencia de la acción del juicio de amparo.
• Por lo que se refiere al análisis de fondo, en este caso resulta innecesario pronunciarse, en razón de que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por virtud de la cual, para la procedencia del amparo que se intente contra estos actos, es necesario cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio constitucional, esto es, agotar previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio puedan ser modificados o revocados salvo en los casos que la ley permita la renuncia de los recursos.
• En el caso concreto, para la procedencia del juicio de amparo directo, tratándose de tercerías excluyentes de dominio derivadas de juicios mercantiles, es necesario atender lo dispuesto por los artículos 1339, 1339 bis y 1340 del Código de Comercio, conforme a los cuales, para determinar si una sentencia es apelable, deberá definirse si el negocio es de cuantía indeterminada o determinada, pues si fuese indeterminada, siempre admitirá el recurso de apelación, en tanto que si fuese de cuantía determinada, debe considerarse el monto de la suerte principal que se encuentre fijada hasta quinientos mil pesos más su correspondiente actualización, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados.
• Bajo la óptica jurídica anterior, se concluye que, al ser el juicio de tercería excluyente de dominio, de cuantía indeterminada, la sentencia que en él se dicte es recurrible mediante el recurso de apelación y, por tanto, si el ahora quejoso no interpuso dicho recurso en contra de la sentencia que ahora reclama, el amparo directo relativo es improcedente, y debe sobreseerse en el juicio de amparo.
CUARTO. Existencia de la contradicción de tesis. A continuación es necesario determinar si en el presente caso existe contradicción de criterios.
Conforme a lo resuelto por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la nueva mecánica para abordar el análisis sobre la existencia de las contradicciones de tesis no necesita pasar por el cumplimiento irrestricto de los requisitos establecidos en la jurisprudencia número P./J. 26/2001, emitida por el Tribunal Pleno, cuyo rubro dice: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.", puesto que dicho criterio fue ya interrumpido.
Una nueva forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados de Circuito, en este tipo de asuntos, debe radicar en la necesidad de unificar criterios y no en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados de Circuito. Por ello, para comprobar la existencia de una contradicción de tesis, es indispensable determinar si existe una necesidad de unificación, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación, más que en el producto del mismo. En esa línea de pensamiento, si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios, y si el problema radica en los procesos de interpretación, -que no en los resultados- adoptados por los tribunales contendientes, entonces es posible afirmar la existencia de una contradicción de tesis cuando se cumplen los siguientes requisitos:
Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo, mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
Que entre los ejercicios interpretativos respectivos exista al menos un tramo de razonamiento, en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.
El discernimiento expuesto, es tomado y resulta complementario del criterio sustentado por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 72/2010, cuyos rubro y texto son los siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."(19)
Partiendo de las anteriores consideraciones, lo conducente es determinar si respecto de los criterios contendientes existe contradicción de tesis.
De acuerdo a lo anterior, el Pleno de este Alto Tribunal considera que en el caso sí existe la contradicción de tesis denunciada, en relación con los criterios sustentados por los Tribunales contendientes, al ocuparse de resolver el juicio de amparo directo 684/2013 del índice del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y el juicio de amparo directo 725/2013 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito.
Lo anterior, sobre la base de que el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito esencialmente sostuvo que, es incompetente para conocer de la demanda de amparo directo promovida en contra de la sentencia definitiva que resolvió una tercería excluyente de dominio, toda vez que en el caso, el quejoso no agotó el recurso de apelación que procedía en contra de dicha resolución.
Lo anterior, al estimar que el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución General vigente hasta antes de la reforma publicada el seis de junio de dos mil once, establecía la procedencia del juicio de amparo en contra de sentencias definitivas o resoluciones que ponían fin al juicio, en contra de las cuales ya no procedía recurso ordinario, elemento característico que también preveía el artículo 46 de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece; pero que siendo cierto, que con motivo de las reformas a esas disposiciones, las indicadas precisiones desaparecieron; también es cierto que el referido precepto constitucional vigente, retomó en su párrafo tercero, en lo conducente, que la procedencia del juicio de amparo en contra de sentencias definitivas siempre requiere que se agoten previamente los recursos ordinarios, por virtud de los cuales, aquéllos puedan ser modificados o revocados, salvo en el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos, cuya redacción también se reprodujo en el artículo 170, fracción I, párrafo tercero, de la ley secundaria.
Por lo que determinó que, tanto el constituyente como el legislador ordinario tuvieron la intención de precisar, aunque con diferente redacción, que sólo podrán ser materia de amparo directo las resoluciones terminales, pues establecen que previamente deben agotarse los recursos ordinarios; y además, sostuvo que las tesis de jurisprudencia P./J. 16/2003, de rubro: "AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA." y P./J. 40/97, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE.", al prever como requisito para que se actualice la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, que el acto reclamado constituya una resolución irrecurrible, son acordes con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales correlativas vigentes.
En ese sentido, concluyó que si en la vía de amparo directo es promovida una demanda contra una sentencia o resolución que decide el juicio en lo principal, cuando no se haya agotado el medio ordinario de defensa, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá declararse incompetente para conocer del asunto y remitirlo al Juez de Distrito competente para que resue
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25650-188e664d/tribunales-colegiados-de-circuito-son-competentes-para-conocer · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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