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Modo: Corpus Pro

RECURSO DE RECLAMACIÓN. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL ACUERDO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE REQUIERE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 19/2019. · Registro digital (IUS): 30056
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL NOVENO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Agosto de 2021, Tomo I, Pág. 263.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 19/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL NOVENO CIRCUITO. 21 DE OCTUBRE DE 2019. MAYORÍA DE NUEVE VOTOS DE LOS MINISTROS ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA; VOTÓ EN CONTRA: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIOS: MONSERRAT CID CABELLO Y VÍCTOR MANUEL ROCHA MERCADO.

Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, emite la siguiente:

Resolución

Correspondiente a la contradicción de tesis 19/2019, suscitada entre los criterios sustentados por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito. La problemática jurídica que debe resolverse es la siguiente:

¿Procede el recurso de reclamación en contra del acuerdo dictado por el presidente de un Tribunal Colegiado de Circuito en el que requiere a la autoridad responsable el cumplimiento de una sentencia de amparo?

I. Antecedentes

1. El Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resolvió el recurso de reclamación 10/2018, el seis de abril de dos mil dieciocho,(1) en el que determinó, en síntesis, que es improcedente el recurso de reclamación previsto en el artículo 104 de la Ley de Amparo, en contra del acuerdo dictado por el presidente de un Tribunal Colegiado de Circuito en el que determina, entre otras cuestiones, requerir a la autoridad responsable de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo.

2. A su vez, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito resolvió el recurso de reclamación 1/2016, el once de febrero de dos mil dieciséis.(2) En la resolución correspondiente, el órgano colegiado determinó implícitamente que, en términos del artículo 104 de la Ley de Amparo, es procedente el recurso de reclamación interpuesto en contra del acuerdo dictado por el presidente de un Tribunal Colegiado de Circuito, en el que, entre otras cuestiones, de nueva cuenta requiere a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector.

3. El Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación denunció la posible contradicción de tesis entre los criterios arriba mencionados, mediante escrito de quince de enero de dos mil diecinueve, presentado el diecisiete de enero siguiente, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal.(3)

4. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis y ordenó su registro con el número de expediente 19/2019, mediante acuerdo de veintiuno de enero de dos mil diecinueve.(4)

5. En dicho acuerdo se requirió a los tribunales contendientes para que remitieran versión digitalizada de las ejecutorias en las que sostuvieron los criterios cuya contradicción fue denunciada, así como que informaran si su criterio se mantenía vigente o, de ser el caso, indicaran la causa para tenerlo por superado o abandonado; y, finalmente, se turnó el asunto al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.

6. El presidente de este Alto Tribunal tuvo por cumplido el requerimiento, por acuerdo de seis de febrero de dos mil diecinueve, en el cual tuvo a los Tribunales Colegiados informando que el criterio denunciado continuaba vigente. De ahí que declaró integrado el expediente y ordenó su envío al Ministro ponente, para la elaboración del proyecto de resolución.(5)

II. Competencia

7. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Número 5/2013 del Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis en materia común, suscitada entre Tribunales Colegiados de distinto Circuito.

III. Legitimación

8. La denuncia de la presente contradicción de tesis proviene de parte legitimada, porque fue presentada por el presidente de este Alto Tribunal. Por tanto, formalmente, se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Federal, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo.

IV. Existencia de la contradicción

9. Este Tribunal Pleno ha establecido que para que se actualice la contradicción de tesis basta que exista oposición respecto de un mismo punto de derecho, aunque no provenga de cuestiones fácticas exactamente iguales.

10. El criterio de referencia se encuentra previsto en la jurisprudencia P./J. 72/2010, de título y subtítulo: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(6)

11. Conforme a dicha jurisprudencia, la existencia de la contradicción de tesis no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, ya que es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia no debe incidir o ser determinante para el problema jurídico resuelto, esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos judiciales respectivos, sino que tan sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.

12. Asimismo, este Tribunal Pleno sostiene que el establecimiento de la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la contradicción de tesis, debe superar las discrepancias existentes, no sólo entre criterios expresos sino también cuando alguno de ellos sea implícito, siempre que pueda deducirse de manera clara e indubitable de las circunstancias particulares del caso, pues de estimarse que en este último supuesto no puede configurarse la contradicción de criterios, seguirán resolviéndose de forma diferente y sin justificación alguna negocios jurídicos en los que se examinen cuestiones esencialmente iguales.

13. Tal y como se desprende de la jurisprudencia P./J. 93/2006, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PUEDE CONFIGURARSE AUNQUE UNO DE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEA IMPLÍCITO, SIEMPRE QUE SU SENTIDO PUEDA DEDUCIRSE INDUBITABLEMENTE DE LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL CASO."(7)

14. Así, para considerar existente una contradicción de tesis deben surtirse los siguientes requisitos:

a)Los tribunales contendientes deben haber resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos debe existir algún punto de toque, es decir, un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

c) Lo anterior debe dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

15. En el caso, se actualizan todos los requisitos de referencia, tal y como enseguida se demostrará.

16. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas sometidas a su consideración, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo, para llegar a una solución determinada.

17. En efecto, consta en autos que el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resolvió el recurso de reclamación 10/2018, en el sentido de desecharlo.

18. En dicho asunto, la parte tercera interesada impugnó el acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, en el cual el presidente del órgano colegiado determinó que se cumplieron los dos primeros efectos de una sentencia de amparo; sin embargo, el tercero no se cumplió en su integridad, por lo cual consideró que la autoridad responsable incurrió en un defecto, de ahí que le requirió el cumplimiento cabal del fallo protector.

19. Al respecto, el órgano colegiado indicó que si bien el auto recurrido, desde un punto de vista formal, fue emitido por el presidente de un Tribunal Colegiado de Circuito, lo que podría ubicarlo dentro del supuesto de procedencia del recurso de reclamación, previsto en el artículo 104 de la Ley de Amparo, materialmente, no se trataba de un acuerdo de mero trámite porque constituía una resolución emitida en el procedimiento de cumplimiento del fallo protector, en la que se decidió el cumplimiento defectuoso de la sentencia de amparo y, por ende, se requirió a la responsable que subsanara el defecto respectivo.

20. Por otra parte, el Tribunal Colegiado señaló que el acuerdo no causaba agravio definitivo al recurrente, requisito connatural para la procedencia de cualquier medio de impugnación y elemento imprescindible para que tenga alguna eficacia práctica la resolución que llegara a dictarse. Ello, pues no toda resolución de mero trámite ocasiona un perjuicio a las partes, sino sólo las que definan un derecho, lo restrinjan o lo anulen en forma definitiva.

21. En ese sentido, el órgano colegiado sostuvo que en el acuerdo, el Magistrado presidente no definió, ni restringió o anuló algún derecho, sino por el contrario, su emisión atendió a la prosecución del cumplimiento total y cabal de la ejecutoria de amparo, cuya observancia es de orden público.

22. En ese sentido, se hizo referencia a que de la interpretación sistemática de los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, se sigue que las ejecutorias deben ser puntualmente cumplidas, y que el órgano de control constitucional tiene amplias facultades para realizar los requerimientos que sean necesarios a la autoridad responsable, a fin de que ésta cumpla con la ejecutoria respectiva. Por lo que el auto recurrido se emitió con el objeto de que la autoridad responsable subsanara la deficiencia en la que incurrió, en aras de lograr el cumplimiento cabal de la sentencia de amparo.

23. El órgano colegiado señaló, a mayor abundamiento, que la improcedencia del recurso se robustecía porque sería hasta la emisión de la resolución que tuviera por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, la que, de resultar adversa a cualquiera de las partes, podría ser impugnada a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de ese mismo ordenamiento legal.

24. El Tribunal Colegiado sostuvo que estimar lo contrario y permitir la interposición del recurso de reclamación contra el auto de requerimiento de la ejecutoria de amparo, al advertirse defecto o exceso en su cumplimiento, implicaría en primer lugar, regular una hipótesis de procedencia que no está prevista en la Ley de Amparo; y, en segundo, dilatar el procedimiento del cumplimiento del fallo proyector, siendo que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público.

25. Sin que lo anterior implicara que las partes quedaran inauditas a efecto de alegar si, desde su perspectiva, el cumplimiento de la sentencia adolecía de exceso o defecto, pues sería hasta la resolución definitiva en la que se decidiera que la sentencia de amparo está cumplida sin excesos ni defectos, cuando podrían alegarse los vicios mencionados a través del recurso de inconformidad que cuenta con una regulación específica y propia.

26. A su vez, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito resolvió el recurso de reclamación 1/2016, en el sentido de declararlo infundado.

27. En dicho recurso, la autoridad tercera interesada impugnó el acuerdo de diecinueve de enero de dos mil dieciséis, en el que el presidente del órgano colegiado determinó que aún no se había cumplido una sentencia de amparo, por lo que requirió a la autoridad responsable el envío de las constancias que acreditaran el cumplimiento del fallo protector.

28. Al respecto, el órgano colegiado declaró infundado el recurso de reclamación, pues la recurrente combatió la notificación por lista de la ejecutoria de amparo. Por ello, fueron calificados como inoperantes los agravios respectivos, pues a través de los mismos no se combatió el auto de diecinueve de enero de dos mil dieciséis, por el que la presidencia del órgano colegiado requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector, en términos de lo dispuesto en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo.

29. Por tanto, el Tribunal Colegiado concluyó que si los argumentos no guardaban vinculación con el contenido del acuerdo de diecinueve de enero de dos mil dieciséis, por el que la presidencia requirió por segunda ocasión a la responsable el cumplimiento del fallo protector, sino que estaban relacionados con extremos que son materia del incidente de nulidad de notificaciones que, en su caso, debió hacerse valer en contra de la notificación ordenada en la propia sentencia de amparo, entonces, resultaba clara la inoperancia aludida.

30. De lo relatado, se puede concluir que los Tribunales Colegiados contendientes ejercieron el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo centrado en la procedencia del recurso de reclamación, previsto en el artículo 104 de la Ley de Amparo,(8) para combatir el acuerdo por el cual se requiere a la autoridad responsable el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en términos de lo dispuesto en los artículos 192 y 193 del mismo ordenamiento legal.(9)

31. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Ahora bien, este Tribunal Pleno considera que, en los ejercicios interpretativos realizados por los Tribunales Colegiados contendientes, existe un punto de toque con respecto a la resolución de un mismo tipo de problema jurídico.

32. En efecto, mientras el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito considera que resulta improcedente el recurso de reclamación en contra del acuerdo por el que se requiere a la autoridad responsable cumplir una ejecutoria de amparo sin defecto alguno; el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito considera que a través del recurso de reclamación sí se puede combatir el acuerdo que requiere a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector.

33. Sin que a lo anterior obste que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito no haya expuesto de manera expresa las razones por las cuales considera procedente el recurso de reclamación en contra del acuerdo que ordena el cumplimiento de una ejecutoria de amparo, pues lo determinante para este asunto es que al declarar inoperantes los agravios sometidos a su consideración, expresamente, señaló que los mismos resultaban inoperantes por no controvertir el acuerdo de trámite impugnado, con lo cual avaló la procedencia de dicho medio de impugnación en contra de un auto con las características señaladas.

34. Lo anterior se robustece aún más, al constatar que en las resoluciones se arribó a resolutivos diversos, pues mientras el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito desechó el recurso de reclamación, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito declaró infundado el medio de defensa, por lo que indefectiblemente este último órgano colegiado avaló la procedencia del recurso de reclamación en contra de los acuerdos que requieren a las autoridades responsables el cumplimiento de una sentencia de amparo.

35. Tercer requisito: surgimiento de la pregunta que detona la procedencia de la contradicción. Derivado de lo anterior, este Tribunal Pleno observa que los criterios de los tribunales contendientes dan lugar a la formulación de una genuina pregunta. Concretamente, el problema por resolver admite ser fraseado de la siguiente manera:

• ¿Procede el recurso de reclamación en contra del acuerdo dictado por el presidente de un Tribunal Colegiado de Circuito en el que requiere a la autoridad responsable el cumplimiento de una sentencia de amparo?

V. Criterio que debe prevalecer

36. A efecto de dar respuesta al punto de contradicción y determinar el criterio que debe prevalecer, este Tribunal Pleno dará cuenta, en primer término, con el procedimiento de ejecución y cumplimiento de las sentencias de amparo directo (al ser el denominador común de los casos que detonaron el diferendo de criterios), así como con el marco normativo y jurisprudencial que rige el recurso de reclamación.

37. De conformidad con el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal, ningún juicio de amparo puede archivarse sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional.

38. En este sentido, el procedimiento de ejecución de una ejecutoria de amparo deriva de la obligación constitucional de las autoridades responsables de cumplir con dichas sentencias, así como la correlativa del tribunal de amparo de velar por el cabal cumplimiento de sus resoluciones en las que conceden la protección de la Justicia Federal.

39. Es justo, por dichas características, que este Alto Tribunal ha señalado, de manera reiterada, que el cumplimiento de las sentencias de amparo constituye una cuestión de orden público, lo que exige que las decisiones y acciones adoptadas en esta materia no tiendan a propiciar la dificultad o imposibilidad de llegar a ese objetivo.(10)

40. En ese sentido, la finalidad del procedimiento de cumplimiento y ejecución de sentencias es doble; en primer lugar, busca restituir en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado es de carácter positivo, o bien obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija, cuando el acto reclamado es de carácter negativo. En segundo lugar, busca restablecer el orden constitucional.(11)

41. Por ello, la Ley de Amparo, en el capítulo I, "Cumplimiento e inejecución" del título tercero "Cumplimiento y ejecución", regula el procedimiento tendiente a cumplir las finalidades antes descritas. En particular, de los artículos 192, 193 y 198 de la Ley de Amparo se desprende que las ejecutorias deben ser puntualmente cumplidas.

42. Particularmente, en la vía directa del juicio de amparo, el procedimiento de cumplimiento y ejecución tiene las siguientes etapas:

43. Cuando causa ejecutoria la sentencia en que se concedió la protección constitucional, el Tribunal Colegiado debe notificarla sin demora a las partes y requerir a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que, de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá una multa y se remitirá el expediente a esta Suprema Corte para seguir el trámite de inejecución, que puede terminar con la destitución y consignación por el delito de incumplimiento de sentencia de amparo.

44. Asimismo, en el amparo directo destaca que corresponde al presidente del Tribunal Colegiado hacer los requerimientos tendentes a lograr el cumplimiento del fallo protector correspondiente. En dichos requerimientos, la Ley de Amparo permite ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad, por lo cual se debe fijar un plazo razonable y estrictamente determinado.

45. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo directo, el órgano judicial de amparo debe hacer el pronunciamiento respectivo, imponer las multas que procedan y remitir los autos a esta Suprema Corte con un proyecto de separación del cargo de los titulares de la autoridad responsable y su superior jerárquico. Por el contrario, si la autoridad responsable demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo puede ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados.

46. Ahora bien, cuando el Tribunal Colegiado recibe el informe de la autoridad responsable, de que ya cumplió la ejecutoria de amparo directo, su presidente da vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de diez días manifiesten lo que a su derecho convenga.

47. Transcurrido el plazo en cuestión, con desahogo de la vista o sin ella, el presidente del Tribunal Colegiado debe determinar fundada y motivadamente si la sentencia está cumplida o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla.(12)

48. Al respecto, la Ley de Amparo es enfática en referir que una ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos.

49. Si en esos términos el presidente del Tribunal Colegiado la declara cumplida, debe ordenar el archivo del expediente, y dicha determinación es susceptible de impugnarse por las partes afectadas mediante el recurso de inconformidad, previsto en la fracción I del artículo 201 de la Ley de Amparo, cuyo conocimiento actualmente recae en el Pleno del Tribunal Colegiado de Circuito, de conformidad con el punto octavo, fracción IV, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013 de este Alto Tribunal.

50. Si la sentencia de amparo no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, el Tribunal Colegiado debe remitir el asunto a esta Suprema Corte para proceder en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo.(13)

51. Del procedimiento de cumplimiento y ejecución descrito se advierte que, si bien el tribunal de amparo requiere a la autoridad responsable el cumplimiento desde que le notifica que la sentencia federal ha causado ejecutoria, la propia Ley de Amparo establece distintos supuestos en los cuales el Tribunal Colegiado, por conducto de su presidente, puede requerir a la autoridad responsable, nuevamente, el cumplimiento puntual del fallo protector.

52. Al respecto, este Tribunal Constitucional ha señalado que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional –pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia–, se debe requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la ejecutoria federal especificando qué debe realizar la autoridad responsable y las razones por las cuales el acto con el que pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (tratándose del amparo directo) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se realizan actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la Ley de Amparo.

53. De igual manera, cuando el presidente del Tribunal Colegiado determina que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que, por ello, no puede tenerse como cumplida, tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, eso tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que debe requerir a la autoridad para que subsane dichos vicios (exceso y defecto).

54. Es justo en el marco del procedimiento descrito de cumplimiento y ejecución de una sentencia de amparo directo, en donde cobra relevancia el punto de contradicción que nos ocupa, mismo que entraña definir si contra el acuerdo del presidente de un Tribunal Colegiado que requiere el cumplimiento de una sentencia de amparo directo procede o no el recurso de reclamación.

55. Al respecto, debe tenerse en cuenta que el medio de impugnación aludido está regulado en los artículos 104 a 106 de la Ley de Amparo, y el mismo permite verificar la legalidad de los acuerdos de trámite emitidos, entre otros, por los presidentes de los Tribunales Colegiados de Circuito.

56. A pesar de la redacción tan genérica del primer párrafo del artículo 104 de la Ley de Amparo,(14) esta Suprema Corte ha señalado que la procedencia del recurso de reclamación no es absoluta, ni mucho menos comprende a la totalidad de acuerdos de trámite emitidos por las presidencias de los Tribunales Colegiados de Circuito.

57. Ejemplos de dichas salvedades los podemos encontrar en la jurisprudencia P./J. 33/2016 (10a.),(15) así como en la tesis P. XCIX/2000,(16) en las cuales, respectivamente, este Pleno ha considerado improcedente el recurso de reclamación en contra de los acuerdos en los que el presidente de un Tribunal Colegiado da vista al quejoso con la posible actualización de una causa de improcedencia de conformidad con el artículo 64 de la Ley de Amparo, y cuando en el acuerdo de trámite se decreta la remisión de un asunto a un órgano judicial diverso para su resolución definitiva.

58. En el presente asunto, esta Suprema Corte considera que también existen razones suficientes para justificar que no procede el recurso de reclamación en contra del acuerdo del presidente de un Tribunal Colegiado que requiere el cumplimiento de una sentencia de amparo directo.

59. La primera razón tiene que ver con el ámbito específico en el cual se dicta el acuerdo en cuestión, esto es, nos encontramos frente a un auto que si bien formalmente es de trámite, se emite para cumplir con el mandato previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal, en torno al puntual cumplimiento de las sentencias de amparo, y más concretamente en el desarrollo de un procedimiento de ejecución de un fallo de amparo directo que, por la mecánica procesal ya referida, está encomendado, preeminentemente, al presidente del órgano colegiado requerir a la autoridad responsable el cumplimiento total, sin exceso ni defecto, de dicho fallo protector.

60. En este orden, surge una segunda razón toral para decantarse por la improcedencia del recurso de reclamación en casos como los que motivan la contradicción de tesis, misma que es de orden temporal, pues admitir la procedencia de ese medio de impugnación contra los acuerdos dictados por los presidentes de los Tribunales Colegiados que requieren a la autoridad responsable el cumplimiento de ejecutorias de amparo directo, podría generar una dilación innecesaria en el procedimiento de cumplimiento y ejecución, en franco detrimento de la voluntad del legislador federal que, como se observa de la exposición de motivos de la Ley de Amparo(17) de tres de abril de dos mil trece, tuvo como finalidad lograr una materialización rápida de las sentencias protectoras.

61. En otras palabras, asumir un criterio contrario, habilitaría la posibilidad de impugnar los múltiples acuerdos que, como ya fue evidenciado, están obligados a emitir los presidentes de los Tribunales Colegiados dentro del procedimiento de ejecución, a fin de requerir el cabal cumplimiento de las sentencias pronunciadas en la vía directa del juicio constitucional, en detrimento de la expedites con que las mismas deben ser cumplimentadas.

62. Asimismo, debe enfatizarse que el eventual perjuicio que pudieran resentir las partes con la emisión de un acuerdo de trámite con las características aludidas no las deja indefensas, pues en la regulación del juicio constitucional existen medios defensivos que les permiten ser oídas frente a las determinaciones del órgano judicial de amparo en el procedimiento de cumplimiento y ejecución.

63. En efecto, por cuanto hace a las partes quejosa y tercera interesada, tienen a su alcance el recurso de inconformidad que procede en contra de la determinación del presidente del Tribunal Colegiado que declara cumplida una ejecutoria de amparo directo, previsto en la fracción I del artículo 201 de la Ley de Amparo, cuyo conocimiento corresponde al Pleno del Tribunal Colegiado de que se trate y que permite a este último examinar la legalidad del pronunciamiento emitido por su presidente, en torno al cabal cumplimiento del fallo protector.

64. De igual forma, la autoridad responsable que, en su caso, hubiera sido sancionada con la imposición de una multa en el acuerdo presidencial respectivo, puede interponer el recurso de inconformidad una vez que la sentencia haya sido declarada cumplida, a fin de que el Pleno del Tribunal Colegiado verifique la razón para sancionarla y, por tanto, analice la legalidad de la multa impuesta durante el procedimiento de ejecución.(18)

65. Más aún, este Alto Tribunal ha sido enfático en señalar que las decisiones adoptadas por los presidentes de los Tribunales Colegiados en la fase de ejecución de sentencia no causan estado, por lo cual la legalidad de las multas impuestas se puede analizar, en todo caso, al resolver el incidente de inejecución de sentenci

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30056-14eef229/recurso-de-reclamacion-es-improcedente-contra-el-acuerdo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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