"RESOLUCIÓN FAVORABLE." DICTADA POR TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SU CONCEPTO CONFORME A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 170 DE LA LEY DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 151/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 16 DE NOVIEMBRE DE 2017. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIOS: JOSÉ OMAR HERNÁNDEZ SALGADO Y RON SNIPELISKI NISCHLI.
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sesión correspondiente al dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete emite la siguiente:
RESOLUCIÓN
1. Mediante la cual se analizan los autos relativos a la contradicción de tesis 151/2016, entre los criterios sustentados por la Primera y Segunda Salas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
I. Antecedentes
2. Denuncia. El Ministro presidente Luis María Aguilar Morales denunció la posible contradicción de tesis entre los criterios sustentados por la Primera y la Segunda Salas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la primera el amparo directo en revisión número 3042/2014 y la segunda los amparos directos en revisión números 5334/2014, 1279/2015, 546/2015, 4021/2014 y 5976/2014.(1) Las resoluciones emitidas por la Segunda Sala dieron origen a las jurisprudencias 2a./J. 121/2015 (10a.), de título y subtítulo: "‘RESOLUCIÓN FAVORABLE’. SU CONCEPTO CONFORME AL ARTÍCULO 170, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO.";(2) 2a./J. 122/2015 (10a.), de título y subtítulo: "AMPARO DIRECTO. LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 170 DE LA LEY DE AMPARO RESPETA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA."(3) y 2a./J. 123/2015 (10a.), de título y subtítulo: "JUICIO DE AMPARO DIRECTO. ANÁLISIS QUE DEBEN REALIZAR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 170, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA MATERIA."(4)
II. Trámite
3. El Ministro presidente admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis y la registró con el número 151/2016; consideró que se surtía la competencia del Tribunal Pleno, porque versa sobre criterios contradictorios sustentados por las Salas de este Alto Tribunal, turnó el asunto al Ministro Javier Laynez Potisek para su estudio(5) y, una vez que el expediente fue debidamente integrado, envió los autos al ponente.(6)
III. Competencia y legitimación
4. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 226, fracción I, de la Ley de Amparo y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, toda vez que los criterios contendientes han sido sustentados por la Primera y la Segunda Salas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
5. Por otro lado, la denuncia proviene de parte legitimada, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción I, de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por el Ministro presidente.
IV. Existencia de la contradicción
6. La mecánica para analizar la existencia de una contradicción de tesis tiene que abordarse desde la necesidad de unificar criterios jurídicos en el país, pues su objetivo es otorgar seguridad jurídica a los Jueces y justiciables. Dado que lo que se pretende es preservar la unidad en la interpretación de las normas jurídicas, este Tribunal Pleno ha reconocido que para que exista una contradicción de tesis basta con identificar una discrepancia interpretativa entre dos o más órganos jurisdiccionales terminales, con independencia de que exista identidad en las situaciones fácticas que los precedieron. Sirven de sustento a lo anterior los criterios de este Tribunal Pleno de rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.—De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."(7)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS.—El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan."(8)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AUNQUE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEAN ERRÓNEOS, DEBE RESOLVERSE EL FONDO A FIN DE PROTEGER LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA.—La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver una contradicción de tesis existente entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito aunque sean erróneos o inaplicables, pues el objetivo fundamental de ese procedimiento es terminar con la incertidumbre generada para los gobernados y los órganos jurisdiccionales por la existencia de criterios contradictorios, mediante la definición de una jurisprudencia producto de la sentencia dictada en ese procedimiento, que servirá para resolver uniformemente casos similares a los que motivaron la denuncia de contradicción, evitando que se sigan resolviendo diferente e incorrectamente, lo que permitirá preservar la unidad en la interpretación de las normas del orden jurídico nacional con la fijación de su sentido y alcance en protección de la garantía de seguridad jurídica. Además, esa definición jurídica no sería posible realizarla si se declara improcedente la contradicción suscitada respecto de tesis equivocadas o inaplicables de esos tribunales, ya que aunque se dejaran sin efecto, si no existiera pronunciamiento por declararse su improcedencia, lejos de garantizar a los gobernados y a los órganos jurisdiccionales del país la solución de otros asuntos de similar naturaleza, se generaría incertidumbre, por lo cual debe emitirse una sentencia que fije el verdadero sentido y alcance de la solución que deba darse al supuesto o problema jurídico examinado por los Tribunales Colegiados de Circuito que originó la oposición de criterios."(9)
7. Si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios y el problema radica en los procesos de interpretación –que no en los resultados– adoptados por los órganos jurisdiccionales contendientes, entonces, como lo ha sostenido tanto la Primera Sala(10) como este Tribunal Pleno,(11) es posible afirmar la existencia de una contradicción de tesis cuando se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que los órganos jurisdiccionales contendientes, a fin de resolver alguna cuestión litigiosa, se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial, a través de algún ejercicio interpretativo, con independencia del método utilizado;
b) Que en tales ejercicios interpretativos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
c) Que la situación anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
8. Es decir, existe una contradicción de tesis cuando dos órganos jurisdiccionales: (i) hayan realizado ejercicios interpretativos; (ii) sobre los mismos problemas jurídicos y en virtud de ellos llegaron a soluciones contrarias; y, (iii) tal disputa interpretativa puede ser resuelta mediante la formulación de preguntas específicas.
9. Por otro lado, no es obstáculo para que este Tribunal Pleno se ocupe de la denuncia sobre el presente asunto, el que alguno de los criterios contendientes no constituya jurisprudencia, pues basta que los órganos jurisdiccionales adopten criterios distintos sobre un mismo punto de derecho. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia P./J. 27/2001, de este Tribunal Pleno de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES.",(12) y la tesis aislada P. L/94, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS."(13) de este mismo Tribunal Pleno.
10. En atención a lo anterior, a continuación se procederá a analizar si en el caso se acreditan los requisitos para determinar la existencia de una contradicción de tesis.
IV.1. Primer requisito: realización de un ejercicio interpretativo
11. Este Tribunal Pleno considera que se acredita el primer requisito, toda vez que las Salas de esta Suprema Corte ejercieron su arbitrio judicial al resolver las cuestiones litigiosas que les fueron presentadas. Esto es así, pues como a continuación se evidenciará; ambas Salas realizaron ejercicios interpretativos en las partes considerativas de las sentencias contendientes.
A. Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación al resolver el amparo directo en revisión 3042/2014(14)
12. Ese asunto tuvo su origen en los siguientes antecedentes:
a) Una empresa demandó ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa la nulidad de una resolución que le determinó un crédito fiscal. La Sala declaró la nulidad de tal resolución por considerar que conforme al artículo 29 del Código Fiscal de la Federación vigente en 2008, los contribuyentes no estaban obligados a verificar que el impresor autorizado hubiera o no elaborado los comprobantes fiscales que recibe de un tercero.
b) El fisco federal interpuso recurso de revisión fiscal. El Tribunal Colegiado de Circuito lo declaró fundado al considerar que indebidamente se habían otorgado eficacia probatoria a ciertos comprobantes fiscales. Por ello, revocó la sentencia y ordenó a la Sala emitir una nueva en la que reconociera la validez del crédito fiscal.
c) En cumplimiento, la Sala emitió una segunda sentencia en la que reconoció la validez de la resolución determinante del crédito fiscal. Contra ella, la empresa promovió juicio de amparo (con fundamento en la fracción II del artículo 170 de la Ley de Amparo) para cuestionar la constitucionalidad del artículo 29 del Código Fiscal de la Federación. El Tribunal Colegiado determinó que había precluido el derecho de la quejosa para impugnarlo, pues conforme lo dispone la fracción II y el último párrafo del artículo 170 de la Ley de Amparo, la empresa debió haber promovido un juicio de amparo en contra de la primera sentencia del juicio de nulidad, pues en ella se le aplicó por primera vez el artículo cuya constitucionalidad cuestionaba.
d) La quejosa interpuso recurso de revisión en el que argumentó que el artículo 170, fracción II, de la Ley de Amparo vulnera el derecho de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, pues, por un lado, lo limita a acudir al juicio de amparo sólo en caso de sentencias que le sean favorables, sólo para impugnar la constitucionalidad de normas generales y, por otro, condiciona el estudio y procedencia del juicio a que la autoridad fiscal interponga recurso de revisión administrativa. Asimismo, consideró que dicho precepto lo dejaba en estado de incertidumbre, porque no sabe si debe o no promover el juicio de amparo de manera "preventiva".
13. En la parte que interesa al presente asunto, la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que:
a) Toda declaración de nulidad de un acto administrativo en un juicio contencioso administrativo implica una sentencia favorable para el actor, sin que ello signifique que se satisfagan integralmente sus pretensiones.
b) El "grado" de provecho que obtenga el actor con una sentencia favorable requiere un acucioso examen comparativo entre las pretensiones deducidas en el juicio contencioso administrativo y el resultado del análisis de los conceptos de anulación. Dicho análisis debe reservarse para el estudio final que el Tribunal Colegiado realice en su ejecutoria de amparo, por no ser propio de los proveídos de trámite. Por ello, solamente cuando se resuelva en definitiva el juicio de amparo podrá determinarse si el beneficio obtenido por el actor pudo o no tener un alcance mayor que el pretendido con la protección constitucional.
c) Conforme a la fracción II del artículo 170 de la Ley de Amparo, la "resolución favorable" es una regla de procedencia del juicio de amparo, para colmar tal supuesto basta con que una sentencia de un tribunal de lo contencioso administrativo nulifique –por la razón que sea– el acto impugnado. Es decir, al momento en que se admite el juicio, el tribunal de amparo no debe verificar el "grado" en que se benefició el actor con la nulidad decretada. Ello supondría juzgar a priori una cuestión que solamente puede valorarse al resolver sobre las violaciones constitucionales alegadas.
d) El artículo 170, fracción II, de la Ley de Amparo prevé ciertas particularidades a la forma en que se tramita el juicio de amparo bajo dicho precepto: i) el quejoso solamente podrá cuestionar la constitucionalidad de normas generales que le fueron aplicadas pero no puede formular conceptos de violación de legalidad; ii) el juicio de amparo se tramitará únicamente si la autoridad fiscal promueve recurso de revisión fiscal; y, iii) el Tribunal Colegiado de Circuito se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en la demanda de amparo únicamente cuando la revisión fiscal sea procedente y fundada.
e) Dado que el artículo 170, fracción II, de la Ley de Amparo "está destinado a normar la situación de quienes, a pesar de haber conseguido la nulidad del acto administrativo impugnado, tienen el propósito de optimizar los logros alcanzados en ella" y dado que no toda anulación en sede contencioso administrativa satisface plenamente las pretensiones del actor, la Primera Sala concluyó que disponer que únicamente podrán formular conceptos de violación sobre la constitucionalidad de normas generales equivale a una denegación de justicia, lo que es contrario al principio de acceso a los tribunales previsto en el artículo 17 constitucional.
f) No se justifica que la promoción del medio de control constitucional quede a merced de la conveniencia de la autoridad demandada de proseguir o no con el litigio. Es decir, no es posible justificar que el resultado del recurso de revisión fiscal sea el factor que determine la suerte procesal del juicio de amparo que promueva el quejoso.
g) Tampoco se justifica el establecimiento de un "inevitable orden secuencial" para el estudio y resolución de los asuntos. Con ello se impide a los Tribunales Colegiados ejercer su arbitrio judicial, puesto que no podrán analizar preferentemente la demanda de amparo en caso de que adviertan que los quejosos podrían obtener un beneficio mayor del ya alcanzado.
h) Por otro lado, el artículo 170, fracción II, de la Ley de Amparo deja al quejoso en estado de incertidumbre, ya que no sabe si debe o no promover amparo directo contra la sentencia que le fue favorable. Puesto que su intención de obtener un mayor beneficio, el particular queda en estado de incertidumbre porque no sabe si resultará o no ocioso promover la demanda de amparo directo, toda vez que la acción resultará infructuosa si la autoridad decide no continuar con el litigio.
i) Asimismo, deja en estado de indefensión a los quejosos puesto que reduce el campo de impugnación de normas generales a las aplicadas en la sentencia del tribunal contencioso administrativo, pero no les permite impugnar el perjuicio que se les cause con motivo de la aplicación de normas generales en la propia sentencia del Tribunal Colegiado al resolver la revisión fiscal. El Tribunal Pleno ya estableció que los particulares pueden impugnar en amparo directo la constitucionalidad de las normas generales aplicadas tanto en la sentencia dictada en sede contencioso administrativo como en la revisión fiscal.
j) Se comparten y replican las consideraciones de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 4081/2013, los amparos directos en revisión 4485/2013, 3854/2013 y 872/2014, así como la tesis aislada 2a. LXXV/2014 (10a.), de título y subtítulo: "AMPARO DIRECTO. LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 170 DE LA LEY DE AMPARO VIOLA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AL LIMITAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO A DICHO JUICIO CONTRA SENTENCIAS PRONUNCIADAS EN SEDE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA."(15)
k) Se debe inaplicar el artículo 170, fracción II, de la Ley de Amparo por ser contrario al artículo 17 constitucional, pues limita injustificadamente el acceso del juicio de amparo directo contra sentencias favorables pronunciadas en sede contenciosa administrativa. Además, genera inseguridad jurídica por la incertidumbre que significa no saber si resultará ocioso o no promover la demanda de amparo directo.
l) Revocó la inoperancia declarada por el Tribunal Colegiado y procedió a estudiar el concepto de violación relacionado con el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación.
B. Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
14. Amparo directo en revisión 5334/2014.(16) Ese asunto derivó de los siguientes antecedentes:
a) Una empresa reclamó en un juicio contencioso la nulidad de la reclasificación que el Instituto Mexicano del Seguro Social realizó de la prima de su seguro de riesgos de trabajo. La Sala Fiscal validó la reclasificación pero anuló la resolución para el efecto de que se emitiera una nueva que determine en forma correcta la fecha en que deberá surtir efectos la clasificación.
b) En desacuerdo, la empresa promovió juicio de amparo sin especificar qué fracción del artículo 170 de la Ley de Amparo era la aplicable. El Tribunal Colegiado de Circuito consideró que el juicio se regía por lo dispuesto en la fracción II de dicho artículo, porque la sentencia impugnada era una "resolución favorable a la quejosa". Bajo este supuesto, consideró que la acción era improcedente toda vez que la autoridad fiscal no promovió recurso de revisión fiscal y, consecuentemente, no se cumplían los requisitos de procedencia del juicio de amparo. Apoyó su determinación en la jurisprudencia de la Segunda Sala vigente en ese momento, de título y subtítulo: "‘RESOLUCIÓN FAVORABLE’. SU ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 170, FRACCIÓN II DE LA LEY DE AMPARO."(17)
c) Inconforme, la quejosa interpuso recurso de revisión en el que argumentó, por un lado, una indebida interpretación del Tribunal Colegiado, respecto a qué debe entenderse por "resolución favorable" y, por otro, que el artículo 170, fracción II, de la Ley de Amparo lo dejaba en estado de indefensión y vulneraba el derecho de acceso a la justicia.
15. En su ejecutoria, la Segunda Sala se apartó de la jurisprudencia citada por el Tribunal Colegiado y sostuvo que:
a) Mientras que la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo contempla la procedencia del juicio contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio y afecten al quejoso, la fracción II prevé su procedencia contra las resoluciones de los tribunales contencioso administrativos que le sean favorables, pero sólo para formular planteamientos de inconstitucionalidad de las normas generales aplicadas. Conforme a dicha fracción la tramitación del juicio se sujeta a: i) que la autoridad demandada interponga recurso de revisión en sede contenciosa-administrativa; ii) que aquél sea admitido; y, iii) que el examen de constitucionalidad dependerá de que se haya calificado como procedente y fundado dicho recurso. Es decir, primero debe resolverse el recurso de revisión fiscal y, únicamente en caso de ser procedente y fundado, se procederá al estudio de los planteamientos de constitucionalidad que se esgriman.
b) Para comprender la lógica de la referida fracción debe desentrañarse primeramente qué se entiende por "resolución favorable". Ésta supone el dictado de una sentencia que en el juicio contencioso administrativo resuelva de manera absoluta la pretensión de la parte actora y que, con independencia del tipo de nulidad decretada, le proyecte el máximo beneficio sin posibilidad de una afectación posterior. Es decir, no es el tipo de nulidad que la Sala Fiscal declare –para efectos o lisa y llana– lo que determina que se obtenga una sentencia favorable, sino que a través de esa declaratoria de nulidad el particular obtenga todo lo pretendido (el mayor beneficio posible) y que el acto impugnado quede de tal manera pulverizado que impida a la autoridad el dictado de otro con el mismo sentido u afectación que el declarado nulo.
c) Para determinar si el particular obtuvo una sentencia favorable en sede contenciosa-administrativa es necesario que el Tribunal Colegiado de Circuito, realice un acucioso examen comparativo entre las pretensiones deducidas y el resultado de los conceptos de anulación. Dicho ejercicio de contraste no es propio de los proveídos que se dictan durante el trámite del juicio de amparo directo, porque implica un análisis de "fondo" por parte del Tribunal Colegiado, pues se busca definir si en la sentencia reclamada la quejosa ha obtenido todo lo que pretendió, de tal manera que se impida a la autoridad dictar otro acto con el mismo grado de afectación que el impugnado en el juicio de nulidad.
d) Partiendo de ese entendimiento de "resolución favorable", se explica que el artículo 170, fracción II, de la Ley de Amparo condicione la procedencia del juicio a que la autoridad interponga revisión contenciosa administrativa y a que ésta sea admitida, puesto que el particular ya no podría obtener mayores beneficios en el juicio de amparo, toda vez que estaría cuestionando una sentencia que le otorgó todo lo que pretendió. Dado que en el juicio contencioso se declaró la nulidad plena de la resolución impugnada y se impidió a la autoridad emitir un nuevo acto con idéntico sentido de afectación que el declarado nulo, el actor carecería de interés jurídico para promover juicio de amparo directo, pues no podría obtener un beneficio mayor.
e) Sin embargo, su situación sólo podría afectarse si la autoridad interpone recurso de revisión contencioso administrativo, y éste se declara procedente y fundado. Ante esa posible afectación el legislador abrió la posibilidad de reclamar en amparo una sentencia favorable. Lógicamente, la procedencia de la acción está condicionada a la interposición de la revisión fiscal, a que ésta resulte fundada, y sólo para formular conceptos de violación contra normas generales aplicadas en esa instancia, pues tiene como propósito que el particular se beneficie de la inaplicación de las normas que pudieran aplicarse en su perjuicio, en caso de que la revisión fiscal sea fundada y afecte su situación de beneficio.
f) Así, es claro que la finalidad de este amparo es preventiva: el juicio se promueve ante el riesgo de que sea fundada la revisión fiscal. En este caso, se procede a examinar la constitucionalidad de las normas aplicadas en el juicio de nulidad, evitando no sólo la aplicación de aquéllas en perjuicio del quejoso, sino también la promoción de un amparo ulterior para cuestionar, precisamente, esa problemática. Es decir, ante la posibilidad de afectar la situación de "beneficio total" en que se encuentra el particular, la Ley de Amparo le reconoce el derecho de cuestionar la constitucionalidad de normas que se le pudieran aplicar en perjuicio –de resultar fundada la revisión–, evitando, precisamente, su aplicación en caso de ser contrarias a la Constitución, e impidiendo, además, la promoción excesiva de juicios de amparo.
g) La limitación de la fracción II del artículo 170 de la Ley de Amparo para hacer valer sólo conceptos de violación sobre constitucionalidad de las normas aplicadas, se explica porque se cuestiona una sentencia favorable –entendida como aquella en la que el particular obtuvo todo lo que pretendía desde el punto de vista de legalidad–. Por ello, no existiría interés jurídico para obtener "beneficios adicionales" desde la visión de la constitucionalidad de la norma aplicada. Al tratarse de amparo directo, sólo se actualizaría la posibilidad de obtener una resolución con idéntico sentido de afectación a la declarada nula y sin posibilidad alguna de afectación posterior, pues dado el alcance de las cuestiones de constitucionalidad en amparo directo, la declaratoria relativa sólo sería aplicable a la sentencia reclamada, a diferencia de lo que sucedería en un amparo indirecto en el que la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma protege al gobernado hacia el
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28437-4c46a226/resolucion-favorable-dictada-por-tribunales-de-lo-contencioso · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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