RESOLUCIÓN FAVORABLE. SU ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 170, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 459/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO DEL SEXTO CIRCUITO, OCTAVO DEL PRIMER CIRCUITO, SEGUNDO DEL SEGUNDO CIRCUITO Y SEGUNDO DEL CUARTO CIRCUITO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. 25 DE JUNIO DE 2014. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. DISIDENTES: ALBERTO PÉREZ DAYÁN Y JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIO: ALEJANDRO MANUEL GONZÁLEZ GARCÍA.
CONSIDERANDO:
5. PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y segundo del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de este Máximo Tribunal; toda vez que el presente expediente versa sobre la posible contradicción de criterios de Tribunales Colegiados de distintos circuitos derivados de asuntos que corresponden a la materia administrativa, que es de la especialidad de esta Sala.
6. Resulta ilustrativa la tesis P. I/2012 (10a.) del Pleno de este Máximo Tribunal, con el rubro y datos de publicación siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011). De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo circuito, y si bien en el Texto Constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente circuito." [Décima Época, Registro IUS: 2000331, Instancia: Pleno, tesis aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012, materia común, tesis P. I/2012 (10a.), página 9]
7. SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues fue formulada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, a propósito de lo resuelto en el amparo directo 384/2013 de su índice, que contienen uno de los criterios que propiciaron la supuesta contradicción; con lo cual se satisface el extremo que para el caso establece el artículo 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal.(1)
8. TERCERO. Ejecutorias contendientes. A fin de estar en posibilidad de resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, es conveniente hacer referencia a las posiciones adoptadas por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes a través de las ejecutorias respectivas.
A. Posición 1. El criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito surgió de lo resuelto en el amparo directo 384/2013, promovido en contra de lo sustentado por la Segunda Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dentro del juicio contencioso administrativo **********.
En ese asunto, el órgano resolutor, de oficio, declaró la improcedencia del juicio, sobre la base del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 170, fracción II, del propio ordenamiento. La adopción de esa decisión derivó, en parte, de las consideraciones consistentes en que:
"El artículo 170, fracción II del mismo ordenamiento legal, establece que el amparo directo es procedente contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, caso en el que el Tribunal Colegiado de Circuito resolverá primero lo relativo al recurso, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el amparo. Esta última disposición prevé un caso especial de procedencia del juicio, que es cuando se reclamen sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo, cuando sean favorables al quejoso, cuyo trámite y estudio están sujetos a la concurrencia de los supuestos ahí establecidos, consistentes en que la autoridad interponga el recurso de revisión en materia contencioso administrativa, que dicho recurso sea admitido, tramitado, declarado procedente y fundado y, que en la demanda de amparo promovida en contra de la resolución favorable al particular, se plantee un tema de inconstitucionalidad de leyes. En el caso especial de procedencia del amparo directo, previsto en el artículo 170, fracción II, de la Ley de Amparo, promovido en contra de resoluciones definitivas dictadas en el juicio contencioso administrativo, favorables al actor, resulta imprescindible que concurran todos los requisitos de procedibilidad que configuran el supuesto de procedencia de la demanda, dado que se trata de un supuesto excepcional cuando se combate en el juicio constitucional, de naturaleza extraordinaria, una resolución que, en principio, resultó favorable al actor en el juicio de nulidad, cualquiera que haya sido el motivo por el que el juicio concluyó favorablemente a los intereses del demandante, pues el legislador no distinguió entre resoluciones favorables en orden a distintas causas como puede ser el tipo de nulidad decretada, de manera que no sería válido que el juzgador de amparo establezca por vía de interpretación distinciones que conduzcan a crear supuestos de procedencia frente a uno que, en sí mismo considerado, es ya una norma de excepción de aplicación estricta, relativa a la procedencia del amparo en contra de una resolución favorable, donde sólo pueden plantearse temas de inconstitucionalidad de normas generales, siempre y cuando la autoridad demandada interponga el recurso de revisión fiscal, dicho recurso sea admitido a trámite, estimado procedente y declarado fundado, y donde la demanda de amparo debe constreñirse a plantear temas de inconstitucionalidad de normas generales. La satisfacción de todos los requisitos que integran el supuesto excepcional de procedencia del amparo directo en materia contencioso administrativa debe exigirse en todos los casos, puesto que la técnica de estudio de la procedencia en ese caso especial no puede soslayarse bajo un pretendido control de convencionalidad ni en aplicación del principio pro persona porque la procedencia excepcional referida no es irrazonable ni establece cargas excesivas..."
Bajo esas ideas, consideró que en el caso no se actualizaban los supuestos del artículo 170, fracción II, por ende correspondía sobreseer.
B. Posición 2. El criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito encuentra su origen en el recurso de reclamación 11/2013, a través del cual se impugnó el acuerdo de treinta de abril de dos mil trece, pronunciado por la presidencia de dicho órgano jurisdiccional, en el juicio de amparo directo 241/2013, por medio del cual desechó por improcedente la demanda promovida en contra de la sentencia dictada por la Sala Regional Oriente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el juicio de nulidad **********, donde declaró la nulidad del acto controvertido.
La razón central contenida en la parte considerativa del cuerpo de la sentencia, se sustentó en el hecho de que:
"Pues bien, este Tribunal Colegiado considera que la expresión sentencia favorable establecida en el artículo 170, fracción II, de la Ley de Amparo, debe entenderse bajo dos supuestos: a) Cuando, como lo dice la recurrente, se obtiene una nulidad lisa y llana por un vicio de fondo que impide a la autoridad volver a actuar; y, b) Cuando la parte actora en el juicio contencioso administrativo obtuvo todo lo que pidió, con independencia del tipo de nulidad que se decrete. En efecto, el artículo 170, fracción II, de la Ley de Amparo establece: (lo transcribe). De la interpretación literal al numeral transcrito, se advierte que el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Asimismo, que el amparo directo procederá contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales contencioso administrativo, cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas, condicionándose su trámite y resolución únicamente a que la autoridad interponga y se admita el recurso de revisión en materia contenciosa administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución, debiendo el Tribunal Colegiado resolver primero lo relativo al mencionado recurso de revisión, y sólo en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo. Ahora bien, el precepto legal en comento no señala las características que debe revestir una sentencia para que sea considerada favorable al quejoso; esto es, si total o parcialmente, si por vicios de fondo o de forma. Cabe señalar que en materia de justicia contenciosa administrativa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que los tipos de nulidad que puede decretar la Sala Regional responsable son: ‘lisa y llana’ y ‘para efectos’. ... . Luego, se tiene que en el juicio contencioso administrativo existen dos tipos de nulidades: ‘nulidad lisa y llana o absoluta’ y ‘nulidad para efectos o relativa’, y ambas en principio son favorables al gobernado debido a que dejan sin efectos al acto administrativo impugnado. Sin embargo, sus efectos no tienen el mismo alcance jurídico, ya que en la ‘nulidad para efectos’, al igual que en la ‘nulidad lisa y llana’ por un vicio de forma, la autoridad puede emitir un nuevo acto subsanando el vicio detectado, mientras que en la ‘nulidad lisa y llana’ por un vicio de fondo, la autoridad está impedida para hacerlo. Así, si sólo se interpreta literalmente la expresión sentencia favorable contenida en el artículo 170, fracción II, de la Ley de Amparo, se puede considerar que se está refiriendo tanto a sentencias donde se decreta la ‘nulidad lisa y llana’ como la ‘nulidad para efectos’, pues ambas en principio son favorables al quejoso. Empero, esa interpretación literal no es suficiente para desentrañar el significado de tal expresión, ya que la mera nulidad no siempre constituye una sentencia favorable al quejoso. Ello es así, porque como se precisó con antelación una de las hipótesis de sentencia favorable, por regla general, lo constituye la ‘nulidad lisa y llana’ por vicios de fondo -cuando así se solicitó en el juicio contencioso administrativo-, ya que ese tipo de nulidad satisface en forma total la pretensión del actor, al anular el acto impugnado e impedir a la autoridad emitir un nuevo acto en contra del gobernado debido a que el vicio detectado no es subsanable. Y como un segundo supuesto, también constituyen sentencias favorables aquellas donde el actor en el juicio contencioso administrativo obtiene todo lo que pidió, con independencia de la nulidad que se decrete, porque una circunstancia indubitable para considerar que existe una sentencia favorable es que el accionante logre todo lo que pretendió en contra de la autoridad demandada, aun cuando su pretensión sólo la haya hecho descansar en aspectos de forma. En esta segunda hipótesis, no puede entenderse que hay un fallo favorable cuando la enjuiciada consigue librarse de una parte de todas las exigencias que le reclama el actor en el juicio, cuando éstas se limiten a aspectos formales. Dicho de otro modo, si no se logra todo lo pretendido no se está ante la presencia de una sentencia favorable. Así, con independencia de la nulidad que se decrete, se estará también ante la presencia de una sentencia favorable cuando el gobernado haya obtenido en el juicio contencioso administrativo todo lo que pidió; de manera tal que en el amparo ya no pueda obtener más de lo que demandó en el juicio natural, pues de lo contrario desbordaría la litis constitucional. De esta manera, la mera declaratoria de nulidad no siempre constituye en automático una sentencia favorable, pues ello dependerá de las particularidades de cada caso en concreto, es decir, de lo que se pidió y obtuvo en el juicio contencioso administrativo. Por ello, debe prescindirse de realizar una interpretación literal del artículo 170, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que no es suficiente para desentrañar el significado de la expresión sentencia favorable. De ahí que este Tribunal Colegiado de Circuito considere para efectos de la interpretación del artículo 170, fracción II, de la Ley de Amparo, que se está ante la presencia de una sentencia favorable, en un primer supuesto, cuando el actor en el juicio contencioso administrativo consiga la nulidad de la resolución administrativa por un vicio de fondo -por quedar satisfecha su pretensión principal y no existir la posibilidad legal de que la autoridad administrativa pueda emitir un nuevo acto o resolución-; y en un segundo supuesto, cuando el actor logre anular la resolución administrativa, sólo si con esa determinación se satisface la totalidad de sus pretensiones, aun cuando éstas las haya hecho descansar en vicios formales. Además debe señalarse que la simple interpretación literal del multicitado artículo 170, fracción II, no es acorde con la Constitución ni con la Convención Americana de Derechos Humanos. ... . Sobre la base de las premisas anteriores, se estima que dentro de la pluralidad de sentidos interpretativos que tiene el artículo 170, fracción II, de la Ley de Amparo, admite una interpretación conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual debió ser considerada al momento de emitirse el auto combatido. En efecto, el artículo 170, fracción II, de la Ley de Amparo, regula uno de los presupuestos procesales del juicio de amparo, a saber, la existencia de un sentencia definitiva que afecte el interés jurídico de la parte quejosa -por ser amparo directo-, sin el cual la acción constitucional es improcedente. Dicho requisito se contempla en los artículos 103, fracción I y 107, fracción I de la Constitución Federal, los cuales establecen lo siguiente: (lo transcribe). Como se observa, las normas constitucionales transcritas establecen que el juicio de amparo es procedente contra normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección en la Constitución y en los tratados internacionales; en el caso de los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Por tanto, es un presupuesto procesal del juicio de amparo directo la existencia de una resolución o acto materialmente jurisdiccional, que afecte el interés jurídico de la parte quejosa, por lo cual de no existir un acto de autoridad con estas características, el juicio de amparo carece de sentido; este requisito de procedencia, se insiste, se establece directamente como uno de los principios rectores de dicho juicio en la Constitución. Así, existe una relación de instrumentalidad entre esa disposición constitucional y el supuesto de procedencia previsto en la fracción II del artículo 170 de la Ley de Amparo, pues en ese caso el juicio de amparo directo sólo será procedente contra sentencias favorables al quejoso si en la demanda se plantean conceptos de violación contra las normas generales aplicadas; si la autoridad interpone el recurso de revisión contencioso administrativa; y si se admite y declara procedente dicho recurso. Sin embargo, no es admisible una interpretación literal de ese enunciado normativo, con base en la cual se otorgue un alcance expansivo a la expresión ‘sentencia favorable’ que, por ejemplo, lleve a desechar la demanda o sobreseer en el juicio siempre que la sentencia reclamada haya decretado la nulidad de la resolución administrativa impugnada y no se cumplan con las demás condiciones señaladas en el mismo; sin importar el vicio detectado o si el quejoso obtuvo todo lo que pidió en el juicio natural. En efecto, como se expuso, el derecho humano a una tutela efectiva exige que los medios de control jurisdiccional -incluidos los medios de control constitucional- sean idóneos y eficaces para el análisis de las violaciones a derechos humanos y para proveer de un medio eficiente para su protección. Lo anterior no se lograría si se aceptara la interpretación literal y amplia del artículo 170, fracción II, de la Ley de Amparo, pues la mera declaratoria de nulidad no necesariamente implica que la sentencia reclamada no afecte el interés jurídico del quejoso, sino simplemente que anuló una resolución administrativa por la actualización de determinados vicios, que no necesariamente empatan con la pretensión del quejoso de lograr la reivindicación absoluta de determinados derechos humanos. Así, no puede considerarse sentencia favorable aquellas sentencias donde la Sala responsable únicamente declare la nulidad por vicios de forma, si el actor en el juicio contencioso administrativo también solicitó una nulidad por vicios de fondo; o bien, si la Sala decreta la nulidad pero deja de pronunciarse sobre otras pretensiones del actor que le reportarían un mejor resultado. En segundo lugar, el artículo 107, fracción III, inciso a), segundo párrafo, de la Constitución Federal, en su texto actual, establece lo siguiente: (lo transcribe). Como se observa, la norma constitucional establece que, tratándose del juicio de amparo directo, la parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado en el juicio original, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. Así, en dicha disposición constitucional, se otorga un derecho de acción para cuestionar una sentencia reclamada, para lograr su subsistencia a pesar de la resistencia de su contraparte, lo cual implica que el legislador pretende tutelar el principio de concentración en el juicio de amparo, esto es, lograr la resolución del mayor número de tópicos de la litis de un juicio ordinario en sede de control constitucional en el menor número de sentencias, pues al resolverse el juicio de amparo de quien pretende lograr la invalidez de la determinación, se deben analizar los argumentos de quien pretende su subsistencia; lo anterior, como se puede derivar, implica la preservación de la materia de la litis constitucional, mientras no se agote el estudio del mayor número de tópicos planteados; máxime si alguno de éstos reportarían un mayor beneficio al quejoso. Asimismo, tratándose del primer supuesto mencionado de sentencia favorable (nulidad lisa y llana por vicios de fondo), debe destacarse que el artículo 104, fracción III, de la Constitución, señala lo siguiente: (lo transcribe). Como se advierte, el precepto constitucional transcrito establece que los Tribunales Colegiados de Circuito conocerán de los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de los tribunales de lo contencioso-administrativo, sólo en los casos que señalen las leyes. Así, en el ámbito federal, el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, señala los supuestos en que las autoridades podrán interponer el aludido recurso. De esta manera, el Constituyente permanente estableció el sistema jurídico de impugnación de sentencias desfavorables a la autoridad demandada en el juicio contencioso administrativo, es decir, de sentencias donde se declare la nulidad de la resolución administrativa impugnada. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido en criterio jurisprudencial que el recurso de revisión, dado su carácter excepcional y restrictivo, sólo es procedente contra sentencias que declaren la nulidad por un vicio de fondo, pues al declarar éstas un derecho en favor del accionante y exigir una obligación por parte de la autoridad, colman el requisito de importancia y trascendencia señalado en el numeral 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Dicho criterio jurisprudencial es el siguiente: (lo transcribe). En congruencia con lo anterior, el legislador estableció en el artículo 51, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de diez de diciembre de dos mil diez), lo siguiente: (lo transcribe). Esto es, se estableció la obligación por parte de las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de que cuando la incompetencia de la autoridad resulte fundada y además existan agravios encaminados a controvertir el fondo del asunto, deberán analizarlos, y si alguno de éstos resulta fundado, con base en el principio de mayor beneficio, procederán a resolver el fondo de la cuestión efectivamente planteada por el actor. Todo lo anterior significa que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa al emitir sus fallos debe privilegiar el estudio de los argumentos que, de resultar fundados, generen la consecuencia de eliminar totalmente los efectos del acto impugnado; por tanto, atento al principio de mayor beneficio que rige en el juicio contencioso administrativo, las Salas referidas deben examinar la totalidad de los conceptos de anulación tendentes a controvertir el fondo del asunto, aun cuando se determine que el acto impugnado carezca de fundamentación (vicio formal). Cobra aplicación el siguiente criterio jurisprudencia: (la transcribe). Así, en simetría con el sistema constitucional y legal con que cuentan las autoridades demandadas en el juicio contencioso administrativo para combatir las sentencias de nulidad, el propio legislador ha establecido la obligación por parte de las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de estudiar preferentemente los argumentos relacionados con los vicios de fondo, porque son los que conllevan a eliminar totalmente los efectos del acto administrativo impugnado. Y tal mandato se dejaría de cumplir si se veda la oportunidad al quejoso de combatir vía amparo una sentencia que declara la nulidad por un vicio formal y por no cumplirse además con las condiciones previstas en el artículo 170, fracción II, de la Ley de Amparo (que se planteen conceptos de violación contra las normas generales aplicadas; que la autoridad interponga y se admita el recurso de revisión contencioso administrativo; y que se declare procedente y fundado dicho recurso), pues bastaría que no se cumpliera con una de esas condiciones para dejar de analizar lo relativo a los vicios de fondo que el impetrante aduzca en su demanda de amparo, siendo estos vicios precisamente los que el Constituyente permanente y el legislador ordinario han considerado importante que estudie preferentemente el Tribunal Federal de lo contencioso administrativo. Luego, tratándose del primer supuesto de sentencia favorable (nulidad lisa y llana por vicios de fondo), sería incongruente considerar que, para la procedencia del juicio de amparo directo, el legislador haya querido ahora contemplar en la fracción II, del artículo 170, de la Ley de Amparo, como sentencias favorables a aquellas donde se declare la nulidad por vicios formales (omitiendo analizar vicios de fondo alegados) y condicionar su procedencia al cumplimiento de ciertos requisitos, entre ellos, que sea procedente el recurso de revisión contencioso administrativo, pues siendo improcedente el aludido recurso contra sentencias que declaren una nulidad formal, se estaría limitando al quejoso su oportunidad de combatir una sentencia en la que se haya omitido estudiar o se haya estudiado indebidamente los conceptos de impugnación relacionados con el fondo del asunto. Por tanto, si no existe una justificación constitucional en evitar que se analice en sede constitucional una sentencia reclamada que haya decretado la nulidad por un vicio formal -siempre que sea técnicamente posible- debe concluirse que el requisito de procedencia contenido en el artículo 170, fracción II, de la Ley de Amparo, interpretado con esta amplitud, es contrario a la Constitución y a la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo cual debe excluirse del ámbito de interpretaciones posibles. En consecuencia, como lo alega la recurrente, el artículo 170, fracción II, de la Ley de Amparo debe interpretarse de conformidad con el ámbito protector de los derechos humanos de acceso a la justicia y tutela efectiva. En efecto, el referido precepto debe interpretarse conforme en sentido estricto con la Constitución Federal y la Convención Americana de Derechos Humanos, esto es, se debe interpretar de manera restrictiva el vocablo ‘sentencia favorable al quejoso’, para tornarlo compatible con el derecho humano de acceder a un medio de tutela efectiva, por lo que debe entenderse que tal frase, en un primer plano, se refiere a aquellas sentencias donde el tribunal de lo contencioso administrativo ha declarado la nulidad lisa y llana por vicios de fondo, ya que ésta satisface la pretensión principal de la parte actora, en tanto que anula en forma absoluta el acto impugnado e impide a la autoridad demandada emitir un nuevo acto en perjuicio del particular; y en un segundo plano, también deben considerarse como sentencias favorables aquellas donde el actor en el juicio contencioso administrativo obtiene todo lo que pidió, es decir, consigue la totalidad de sus pretensiones, con independencia de la nulidad que se decrete. Todo lo anterior implica excluir, la interpretación literal sostenida en el auto combatido al artículo 170, fracción
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25228-90047047/resolucion-favorable-su-alcance-para-efectos-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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