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Modo: Corpus Pro

RESOLUCIÓN FAVORABLE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 170, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA MATERIA. NO TIENE ESE CARÁCTER LA SENTENCIA QUE DECLARA LA NULIDAD LISA Y LLANA DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA POR HABER OPERADO LA CADUCIDAD DE LAS FACULTADES DE LA AUTORIDAD DEMANDADA, PERO OMITE ANALIZAR LOS ARGUMENTOS DE NULIDAD DE ACTOS ADMINISTRATIVOS, DECRETOS O ACUERDOS DE CARÁCTER GENERAL IMPUGNADOS EN FORMA DESTACADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 1/2022. · Registro digital (IUS): 30948
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2022-09-30
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER, EL SEGUNDO Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA, TODOS DEL SEXTO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Septiembre de 2022, Tomo V, Pág.4475.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 1/2022. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER, EL SEGUNDO Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA, TODOS DEL SEXTO CIRCUITO. 23 DE AGOSTO DE 2022. UNANIMIDAD DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS FRANCISCO JAVIER CÁRDENAS RAMÍREZ (PRESIDENTE), MANUEL ROJAS FONSECA Y MARÍA LEONOR PACHECO FIGUEROA, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE. PONENTE: FRANCISCO JAVIER CÁRDENAS RAMÍREZ. SECRETARIO: SALVADOR ALEJANDRO LOBATO RODRÍGUEZ.

RESULTANDO:

1. PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de criterios. El Magistrado Diógenes Cruz Figueroa, en su calidad de integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, mediante escrito presentado el trece de mayo del año en curso, ante la Secretaría de Acuerdos de este Pleno en Materia Administrativa del Sexto Circuito (fojas 1 a 4), denunció la posible contradicción de criterios entre los sustentados (a) por el tribunal de su adscripción en los juicios de amparo directo 64/2021 y 43/2021; (b) el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del propio Circuito en el amparo directo 74/2021; y (c) el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de esta misma circunscripción territorial en el juicio de amparo directo 140/2021.

2. La denuncia en cita se formuló en los términos siguientes:

"Diógenes Cruz Figueroa, en mi carácter de Magistrado integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, con fundamento en los artículos 107 fracción XIII, párrafo primero, constitucional, 226 fracción III y 227 fracción III de la Ley de Amparo, en atención a que me encuentro legitimado para denunciar la contradicción de criterios competencia del Pleno de Circuito, de manera atenta y respetuosa, expongo lo siguiente:—1. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al pronunciarse respecto de los juicios de amparo directo D.F.-64/2021 y D.F-43/2021, en sesiones de diecinueve de enero de dos mil veintidós y cuatro de mayo de dos mil veintidós, determinó:—(i) Cuando en un juicio contencioso administrativo se demanda la nulidad de una resolución administrativa y una norma oficial mexicana; y,—(ii) En la sentencia definitiva se sobresee en el juicio D.F.64/2021 o se reconoce la validez –D.F.-43/2021– por cuanto hace a la norma oficial mexicana y se declara la nulidad lisa y llana de la resolución administrativa por estimar que se actualizó la figura jurídica de la caducidad prevista en el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.—Entonces:—(iii) Se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII de la Ley de Amparo y procede sobreseer en el juicio constitucional porque la parte quejosa no puede alcanzar un mayor beneficio, ni siquiera con los argumentos en que se controvierte la norma oficial mexicana.—2. En cambio, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, el (sic) pronunciarse respecto del juicio de amparo directo D.A. 74/2021, en sesión de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, en un asunto con presupuestos similares, estimó procedente el juicio constitucional,(1) expresamente indicó que la sentencia reclamada no es una resolución favorable y concedió el amparo al estimar que los conceptos de impugnación relativos a la norma oficial mexicana sí pueden otorgar un mayor beneficio y son de estudio prioritario.—3. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, al pronunciarse respecto del juicio de amparo directo 140/2021, en sesión de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, en un asunto con presupuestos similares estimó procedente el juicio constitucional(2) expresamente indicó que la sentencia reclamada no es una resolución favorable y concedió el amparo al estimar que los conceptos de impugnación relativos a la norma oficial mexicana sí pueden otorgar un mayor beneficio y son de estudio prioritario.—Por lo anterior, considero procedente denunciar la contradicción entre las resoluciones antes precisadas ante la aparente existencia de criterios divergentes en lo relativo a:—(i) Si se actualiza o no la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; y—(ii) Si el estudio de los conceptos de impugnación en que se controvierte una norma oficial mexicana puede otorgar un mayor beneficio y si aquéllos son de estudio preferente, o no."

3. SEGUNDO.—Trámite. En auto de dieciséis de mayo de dos mil veintidós (foja 5), el Magistrado presidente de este Pleno en Materia Administrativa del Sexto Circuito radicó la denuncia formulada con el número de contradicción de criterios 1/2022; la admitió a trámite; solicitó a la Presidencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito copia certificada de las ejecutorias emitidas en los amparos directos 64/2021 y 43/2021; solicitó a los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero en la misma materia y Circuito, por conducto de sus presidentes, que enviaran copia certificada de las sentencias dictadas en los juicios de amparo directo referidos en la denuncia de mérito, es decir, los identificados con los números 74/2021 y 140/2021 de sus respectivos índices y los archivos electrónicos correspondientes, asimismo, indicaran si se encontraban vigentes los criterios o, en su caso, la causa para tenerlos por superados o abandonados.

4. Mediante acuerdos de veintitrés y veintiséis de mayo de dos mil veintidós (fojas 131, 179 y 180, respectivamente), el Magistrado presidente de este Pleno en Materia Administrativa del Sexto Circuito tuvo por recibida la documentación e información solicitada a los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero en Materia Administrativa del Sexto Circuito, asimismo, a los dos órganos mencionados en ulterior orden, señalando que los criterios emitidos continúan vigentes. En el segundo auto mencionado se determinó que se encontraba debidamente integrada la contradicción de criterios y se acordó el turno de los autos al Magistrado Francisco Javier Cárdenas Ramírez, en su calidad de integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, a fin de que se elaborara el proyecto de sentencia en esta contradicción de criterios.

CONSIDERANDO:

5. PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Sexto Circuito es competente para conocer de la posible contradicción de criterios denunciada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y primero transitorio, fracción II, del "Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional; de la Ley Federal de Defensoría Pública; de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles,"(3) en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Sexto Circuito.

6. SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, toda vez que la formuló el Magistrado Diógenes Cruz Figueroa, en su calidad de integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, conforme a lo establecido en el artículo 227, fracción III, en relación con el diverso 226, fracción III, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente:

"Artículo 226. Las contradicciones de criterios serán resueltas por:— ... III. Los Plenos Regionales cuando deban dilucidarse criterios contradictorios entre los Tribunales Colegiados de Circuito de la región correspondiente."

"Artículo 227. La legitimación para denunciar las contradicciones de criterios se ajustará a las siguientes reglas: ... III. Las contradicciones a que se refiere la fracción III del artículo anterior, podrán ser denunciadas ante los Plenos Regionales por la o el fiscal general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, las Magistradas o los Magistrados de Tribunal Colegiado de apelación, las Juezas o los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que las motivaron."

7. TERCERO.—Consideraciones de los Tribunales Colegiados. Las consideraciones que expusieron los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa de este Circuito en las ejecutorias de las que derivaron los criterios que se estiman discrepantes, son las siguientes:

8. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito conoció de los amparos directos 64/2021 (ejecutoria consultable a fojas 88 a 130) y 43/2021 (fojas 11 a 86), promovidos por ********** y **********, en contra de las sentencias emitidas por la Primera y la Segunda Sala Regionales de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en los juicios de nulidad ********** y **********, respectivamente. Ambos asuntos fueron resueltos por mayoría de votos contra el voto particular del Magistrado Diógenes Cruz Figueroa, ahora denunciante, y en los dos se determinó sobreseer en el juicio de amparo.

9. En la parte conducente de las ejecutorias pronunciadas en los referidos amparos directos, se sostuvo lo siguiente:

• Amparo directo DF. 64/2021: "21. SÉPTIMO.—Improcedencia. El Tribunal Colegiado omite el estudio de las consideraciones del fallo reclamado y de los conceptos de violación, porque advierte de oficio que el juicio de amparo es improcedente al surtirse la causa prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo.—2. En efecto, del examen comparativo entre las pretensiones deducidas en el juicio contencioso administrativo y el análisis de los conceptos de anulación que la quejosa dice se pasó por alto estudiar, resulta que no podría obtener un mayor beneficio del que ya le fue otorgado en la sentencia reclamada.—23. La peticionaria demandó la nulidad de lo siguiente: (i) la resolución administrativa de ocho de agosto de dos mil diecinueve, dictada en el expediente **********, a través de la cual el director de Procedimientos de la Dirección General de Verificación de Combustibles de la Subprocuraduría de Verificación de la Procuraduría Federal del Consumidor impuso una multa en cantidad total de ($********** M.N.); y, (ii) la Norma Oficial Mexicana NOM-005-SCFI-2017, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de octubre de dos mil dieciocho.—24. De la sentencia reclamada destacan en lo que interesa, los razonamientos expuestos en los considerandos quinto a octavo.—25. En el quinto(4) la Sala declaró fundado el concepto de impugnación sexto, al estimar ilegal la notificación de la resolución impugnada de ocho de agosto de dos mil diecinueve, dictada en el expediente **********, por lo que determinó que la entonces parte actora tuvo conocimiento de ésta el primero de octubre de dos mil diecinueve, fecha en que presentó la demanda.—26. En el considerando sexto de la sentencia reclamada,(5) la Sala responsable declaró fundado el concepto de impugnación décimo quinto de la demanda de nulidad al estimar, en esencia, que operó en favor de la entonces parte actora la caducidad prevista en el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.—27. En consecuencia, estimó actualizada la causal de ilegalidad prevista en el numeral 51, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; y con fundamento en el diverso numeral 52, fracción II, declaró la nulidad lisa y llana de la resolución administrativa de ocho de agosto de dos mil diecinueve, dictada en el expediente **********.—28. En el considerando séptimo(6) señaló que ante la nulidad declarada de la resolución administrativa de ocho de agosto de dos mil diecinueve, resulta jurídicamente inexistente el primer acto de aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-005-SCFI-2017, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de octubre de dos mil dieciocho.—29. En el considerando octavo(7) la Sala determinó que ante la naturaleza de la nulidad declarada se abstenía de analizar los restantes conceptos de impugnación porque no depararían mayor beneficio al demandante.—30. Ahora bien, la quejosa plantea, en esencia, que la Sala debía analizar en primer lugar los conceptos de impugnación dirigidos a controvertir la resolución administrativa de carácter general y que se omitió el estudio de los conceptos de impugnación séptimo, octavo y noveno de la demanda de nulidad, en que hizo valer las siguientes líneas de argumentación:—Séptimo. La autoridad administrativa emitió la orden de verificación extraordinaria de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve sin justificar una causa de urgencia y levantó el acta de verificación de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve en contravención a la naturaleza de la orden que le dio origen, pues lo hizo como una visita ordinaria.—(8) Octavo. No se acreditó la competencia material y el cargo de quien emitió la orden de visita.—(9) Noveno. La autoridad no acreditó que los instrumentos de medición utilizados en la verificación (medidas volumétricas) de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, cumplieran con las condiciones metrológicas vigentes.—(10) 31. Sin embargo, la impetrante no podría obtener un mayor beneficio del que ya le fue otorgado, porque la Sala responsable declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, al considerar actualizada la causa de ilegalidad prevista en el artículo 52, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, atento a que se actualizó la figura de la caducidad prevista en el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.—32. Es importante destacar que la figura jurídica de la caducidad es la sanción que la ley impone a la autoridad por su propia inactividad e implica, por consecuencia lógica jurídica, la pérdida o la extinción de la facultad para determinar, liquidar o fijar en cantidad líquida una obligación, por lo tanto, al actualizarse esta figura jurídica, la autoridad demandada está obligada a restituir a la actora en el goce de sus derechos indebidamente afectados, lo que se traduce en dejar sin efectos el acto impugnado y el procedimiento del que derivó.—33. De ahí que si en los conceptos de nulidad que no se analizaron se cuestiona la legalidad del procedimiento y de la norma oficial mexicana en la que se sustentó la resolución impugnada, es el caso que su análisis no conduciría a un mayor beneficio del logrado en la sentencia reclamada y, por consecuencia, no resiente afectación en su esfera jurídica.—34. Resulta aplicable a la anterior consideración, por similitud de razones, la jurisprudencia número 2a./J. 33/2004, visible en la página 425, Segunda Sala, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice lo siguiente: ‘AMPARO DIRECTO. EL ACTOR EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN ESTA VÍA, LA DECLARATORIA DE NULIDAD LISA Y LLANA DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA, AUN CUANDO EL TRIBUNAL FEDERAL RESPONSABLE OMITA EL ESTUDIO DE ALGUNAS CAUSAS DE ILEGALIDAD PLANTEADAS EN LA DEMANDA RESPECTIVA.’ (Se transcribe).—Se cita, por compartirse la tesis aislada I.3o.A.47 A del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del siguiente tenor:(11) ‘AMPARO DIRECTO. EL ACTOR EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN ESTA VÍA, LA DECLARATORIA DE NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA, POR HABER OPERADO LA CADUCIDAD, YA QUE NO OBTENDRÍA UN BENEFICIO MAYOR DEL QUE YA OBTUVO CON TAL DECLARATORIA.’ (Se transcribe).—En las relatadas circunstancias, el juicio de amparo es improcedente de conformidad con el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo y con fundamento en el diverso 63, fracción V, procede sobreseer en el presente juicio de garantías.—(12)Advertida la actualización de dicha causa de improcedencia por este Tribunal Colegiado en la sesión correspondiente,(13) en cumplimiento a lo ordenado en el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo,(14) aplicable por igualdad de razón,(15)ordenó dar vista a la quejosa, quien no la desahogó en el plazo correspondiente.—Por lo expuesto y fundado, se resuelve:—ÚNICO.—Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por **********, en contra de la sentencia de ocho de febrero de dos mil veintiuno, dictada por la Primera Sala Regional de Oriente en el juicio de nulidad **********" (fojas 123 a 128)

• Amparo directo DF. 43/2021: "48. SÉPTIMO.—Improcedencia del juicio de amparo.—49. Establecido lo anterior, procede analizar las causas de improcedencia, ya sea que lo aleguen las partes o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo.—50. I. Causal de improcedencia relacionada con el interés jurídico de la quejosa.—51. Es innecesario analizar la sentencia combatida y los conceptos de violación en su contra, pues el juicio de amparo es improcedente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, porque la persona moral quejosa no cuenta con interés jurídico para combatir esa resolución, en virtud de que del examen comparativo entre las pretensiones deducidas en el juicio contencioso administrativo y el análisis de los conceptos de anulación que la quejosa dice la Sala de origen no estudió correctamente, resulta que no podría obtener un mayor beneficio del que ya le fue otorgado en la sentencia reclamada.—52. A fin de evidenciar la anterior afirmación, se trae a contexto lo dispuesto en el precepto citado, el cual es del tenor siguiente: ‘Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.’—53. El dispositivo transcrito prevé el principio de interés jurídico, el cual representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, en atención a que si los actos reclamados no lesionan de manera directa, la esfera jurídica del gobernado no existe legitimación para promover el juicio constitucional.—54. Ahora bien, de las constancias que integran el juicio de origen, es posible advertir los siguientes antecedentes del caso:—55. 1. Por demanda presentada ante la Oficialía de Partes de las Salas Regionales de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, **********, por conducto de su representante legal, **********, demandó la nulidad de lo siguiente: ‘... La Norma Oficial Mexicana NOM.-005-SCFI-2017 «Instrumentos de medición-sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos con un gasto máximo de 250 L/min-especificaciones, métodos de prueba y de verificación», publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de octubre de 2018, en unión a su primer acto de aplicación, consistente en la resolución impugnada de 08 de octubre de 2019, que se precisa a continuación: Resolución Administrativa de fecha 08 de octubre de 2019, por la que se me impone una multa a pagar por la cantidad de $********** (********** M.N.) dictada dentro del expediente ********** por la directora de Procedimientos de la Dirección General de Verificación de Combustibles de la Subprocuraduría de Verificación de la Procuraduría Federal del Consumidor...’ (foja 1 del juicio de origen).—56. La anterior transcripción permite advertir que en el juicio natural, la ahora quejosa impugnó: 57. a) La Norma Oficial Mexicana NOM-005-SCFI-2017, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de octubre de dos mil dieciocho.—58. b) La resolución administrativa de ocho de octubre de dos mil diecinueve, dictada en el expediente PFC.C.B.1.07/003437-2019, a través de la cual la directora de Procedimientos de la Dirección General de Verificación de Combustibles de la Subprocuraduría de Verificación de la Procuraduría Federal del Consumidor impuso a la quejosa una multa en cantidad total de $********** (**********, moneda nacional), por considerar que esa determinación constituye el primer acto de aplicación de la norma oficial que combatió.—59. 2. De la demanda natural correspondió conocer a la Segunda Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la que la radicó bajo el número de expediente ********** y en auto de once de diciembre de dos mil diecinueve, la admitió a trámite (foja 101 del juicio de nulidad).—60. 3. Por oficios 110-03-3272/2020 de once de febrero de dos mil veinte y veinte de febrero de igual año, las autoridades demandadas contestaron la demanda instaurada en su contra (fojas 114 a 259 y 265 a 306 del juicio de origen).—61. 4. En autos de veintiséis de febrero y seis de marzo de dos mil veinte, se tuvieron por formuladas las correspondientes contestaciones de demanda (fojas 260 y 308 ídem).—62. 5. Por escrito presentado ante la autoridad responsable el catorce de agosto de dos mil veinte, la parte actora del juicio de origen, aquí quejosa, amplió la demanda de nulidad por cuanto hace a los conceptos de impugnación formulados (fojas 314 a 326 ibídem); ampliación con la cual se ordenó dar vista a la parte contraria para que manifestara lo que a su derecho correspondiera (foja 327 del juicio de nulidad).—63. 6. En autos de veintiocho de septiembre y seis de octubre de dos mil veinte, se tuvo a las autoridades demandadas contestando la ampliación de la demanda instaurada en su contra (fojas 344 y 363 ídem).—64. 7. Seguida la secuela procesal, se dictó sentencia definitiva, en la que se reconoció la validez de la Norma Oficial Mexicana NOM-005-SCFI-2017, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de octubre de dos mil dieciocho y se declaró la nulidad lisa y llana de la resolución administrativa de ocho de octubre de dos mil diecinueve, dictada en el expediente **********.—65. Para llegar a esa conclusión, como se advierte de la transcripción de la sentencia reclamada, la Sala de origen consideró lo siguiente: 66. A. En el considerando primero, se declaró legalmente competente para conocer del asunto.—67. B. En el considerando segundo, estimó que la resolución impugnada y la norma controvertida son ciertas.—68. C. En el tercer considerando, desestimó las causas de improcedencia hechas valer por las autoridades demandadas.—69. D. En los considerandos cuarto, quinto y sexto, la Sala de origen analizó los conceptos de impugnación que se hicieron valer en contra del procedimiento de creación de la norma oficial mexicana NOM-005-SCFI-2017, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de octubre de dos mil dieciocho, para lo cual, en lo medular, indicó que no existe obligación de que exista firma autógrafa del presidente y el secretario Técnico del Comité Consultivo Nacional de Normalización como pretende la actora, además de que el cumplimiento de ese requisito se constata con la publicación ordenada por el director general de Normas y presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas de Comercio, al ordenar su publicación conforme a lo estipulado en la fracción III del artículo 31 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.—70. De igual forma, por lo que hace a la norma oficial mexicana citada, la Sala de origen manifestó lo siguiente: 71. La publicación en el Diario Oficial de la Federación del proyecto PROY-NOM-005-SCFI-2015 y de la norma oficial mexicana citada junto con la correspondiente precisión de que en el mismo constaba la rúbrica del director general de Normas y presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad al Usuario Información Comercial y Prácticas de Comercio, genera certeza de que ese acuerdo contaba con firma autógrafa de la autoridad emisora.—72. De las constancias que obran en el expediente administrativo exhibido por la autoridad, se advierte la lista de asistencia de trece de febrero de dos mil quince, respecto a la primera sesión extraordinaria celebrada por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas de Comercio, de la que se aprecia que el personal que acudió a nombre de las dependencias, entidades y organismos de la administración pública federal, de las organizaciones industriales comerciales, de los centros de enseñanza superior y de investigación y representantes de consumidores se ostentaron con el cargo de director o con nivel jerárquico equivalente.—73. El quórum se integró debidamente por servidores públicos con nivel de directores o equivalentes, cuya designación como representantes propietarios o suplente se notificó a la dependencia que presidió el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas de Comercio, por lo que la norma oficial mexicana cumple con el requisito de validez de las resoluciones de los comités.—74. Resulta infundado el agravio del actor respecto a que no se cumplió con el quórum requerido para la primera sesión ordinaria y la primera sesión extraordinaria.—75. Ante la negativa de la actora, la autoridad acreditó que existió quórum en las sesiones correspondientes y la votación necesaria para la aprobación del proyecto, asimismo, que los nombramientos respectivos le fueron dados a conocer al Comité Consultivo.—76. La autoridad demandada demostró que en las sesiones del procedimiento de creación de la norma oficial mexicana citada existió quórum suficiente para sesionar, asimismo, exhibió copia de las listas de asistencia con las firmas correspondientes y los nombramientos de los miembros del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas de Comercio, sin que al ampliar la demanda, la enjuiciante ofreciera prueba alguna para desvirtuar la legalidad de esas documentales.—77. La autoridad sí respetó las directrices que, para fijar las siglas dentro del código de la norma impugnada, se establecen en la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización y su Reglamento, siendo que para la identificación de la dependencia que la expidió, como expresamente lo establece el artículo 28 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, la autoridad demandada debía sujetarse a los lineamientos dictados por la Comisión Nacional de Normalización.—78. El treinta y uno de marzo de dos mil quince, la Secretaría de Economía, por conducto de la Dirección General de Normas, expidió para su consulta pública el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROYNOM-005-SCFI-2015, instrumentos de medición-sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos-especificaciones, el seis de mayo de dos mil quince, por lo que a partir de esa fecha los interesados tenían el plazo de sesenta días naturaleza (sic) para presentar sus comentarios al Comité Consultivo Nacional de Normalización.—79. La autoridad no llevó a cabo el procedimiento previsto en el artículo 47 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización en los plazos ahí establecidos, pero tal situación debe ser considerada como una violación no invalidante, puesto que la accionante se encontraba constreñida a acreditar cómo fue que la violación que refiere afectó sus derechos y trascendió al sentido de la resolución impugnada, situación que en el caso no aconteció.—80. Si los diversos sectores de la sociedad intervinieron en la elaboración de la norma impugnada en la medida pretendida por el legislador, ya que dispusieron del plazo establecido en la ley para formular observaciones al proyecto respectivo, las cuales fueron examinadas por la instancia competente, es inconcuso que las violaciones a dicho procedimiento alegadas por la actora resultan irrelevantes, porque no trascendieron de manera fundamental a la norma misma, de manera tal que provoque su invalidez, lo que conduce a declarar insuficiente el concepto de impugnación que se examina.—81. No obstante que el artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, contemple la obligación de seguir en su totalidad el procedimiento para la elaboración de normas, en aquellos casos en que se realice una modificación a las mismas, ello se encuentra condicionado a que los cambios impliquen incorporar especificaciones más estrictas, es decir, no se alude a cualquier alteración de la norma, sino sólo a aquellas que conlleven establecer disposiciones más severas que deban cumplir los obligados por la norma.—82. Así, al desestimarse los conceptos de impugnación formulados en contra de la norma oficial citada, se declaró la validez de esa norma.—83. E. En el séptimo considerando, la Sala de origen consideró ilegal la notificación de la resolución administrativa de ocho de octubre de dos mil diecinueve, dictada en el expediente **********, motivo por el cual tuvo a la parte actora como sabedora de ésta en la fecha en que manifestó conocerla, a saber, el diez de diciembre de dos mil diecinueve.—84. F. En el octavo considerando, la Sala de origen declaró fundado el concepto de impugnación décimo quinto de la demanda de nulidad al estimar, en esencia, que operó en favor de la entonces parte actora la caducidad prevista en el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.—85. En consecuencia, estimó actualizada la causal de ilegalidad prevista en e

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30948-9f53d66d/resolucion-favorable-para-efectos-de-la-procedencia-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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