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Modo: Corpus Pro

INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. LO TIENE EL ACTOR AUN CUANDO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO HAYA OBTENIDO LA NULIDAD LISA Y LLANA DE LA MULTA IMPUGNADA, SI LA RESPONSABLE OMITIÓ EL ESTUDIO DE LA SOLICITUD DE SU BAJA EN LOS REGISTROS DE LA DEMANDADA O SI RECHAZÓ O NEGÓ EXPRESAMENTE LA PETICIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 10/2017. · Registro digital (IUS): 27706
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2018-03-23
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo III, Pág. 2764.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 10/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 23 DE OCTUBRE DE 2017. MAYORÍA DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JUAN JOSÉ ROSALES SÁNCHEZ, RENÉ OLVERA GAMBOA, TOMÁS GÓMEZ VERÓNICA, HUGO GÓMEZ ÁVILA, MARCOS GARCÍA JOSÉ Y ÓSCAR NARANJO AHUMADA. DISIDENTE: JUAN MANUEL ROCHÍN GUEVARA. PONENTE: ÓSCAR NARANJO AHUMADA. SECRETARIO: ERNESTO CAMILO NUÑO GUTIÉRREZ.

Ciudad Judicial Federal, Zapopan, Jalisco. Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, sesión ordinaria correspondiente al veintitrés de octubre de dos mil diecisiete.

VISTOS, para resolver, los autos de la contradicción de tesis 10/2017, originada con motivo de la denuncia de contradicción presentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por determinación tomada por mayoría de votos, al resolver el amparo directo 761/2016, al estimar que lo ahí resuelto guarda contradicción con lo considerado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del propio Circuito, al fallar en los amparos directos 631/2016 y 705/2016; y,

RESULTANDO:

I. Antecedentes de la denuncia de contradicción de tesis. Mediante el oficio número 152/2016, de veintinueve de marzo de dos mil diecisiete (fojas 1 y 2), los Magistrados integrantes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, denunciaron al Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, la posible contradicción de tesis entre el criterio emitido por ese órgano de control constitucional, al resolver, por mayoría de votos, el amparo directo 761/2016, de su índice; y el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del propio Circuito, en los amparos directos 631/2016 y 705/2016.

El criterio de la mayoría del tribunal denunciante, según se plasmó en el oficio mediante el cual se hizo la denuncia de contradicción de criterios, se concreta en establecer que dadas las características que tiene la sentencia emitida por la Magistrada instructora de la Sala Fiscal (acto reclamado), no afecta de manera alguna la esfera jurídica del actor (parte quejosa), puesto que la Sala responsable anuló de manera lisa y llana la resolución impugnada en el juicio de origen, consistente en la cédula de infracción emitida por personal de la Policía Federal que, por tanto, es inconcuso que el quejoso carece de interés jurídico para impugnarla mediante la acción constitucional, pues resulta evidente que el agraviado no obtendría un mayor beneficio al ya otorgado en dicha sentencia.

Que no es obstáculo para lo anterior, que el quejoso, en la demanda de amparo, en un concepto de violación, afirme que la Sala Fiscal le negó la petición de que se ordenara a la autoridad demandada (tercera interesada), que diera de baja, en sus registros, la resolución impugnada, con el fin de no verse afectado en el futuro con un procedimiento coactivo de cobro respecto de dicha resolución declarada nula por la Sala responsable; ello en virtud de que lo anterior sería insuficiente para cambiar el sentido de la resolución, dado que la Magistrada instructora en la sentencia reclamada, precisó que la petición elevada para que la demandada diera de baja la cédula de infracción impuesta al actor en el juicio de origen, quedaba plenamente garantizada con la nulidad lisa y llana decretada, que dejaba materialmente sin efectos jurídicos el acto impugnado y las consecuencias que llevaba implícitas, lo cual incluía la anulación de cualquier actuación de la autoridad tendiente a exigir el cobro coactivo de un acto administrativo carente de legalidad.

Que, incluso, quedaban al alcance del demandante (quejoso) los medios de defensa previstos en la legislación vigente para combatir cualquier irregularidad que la autoridad cometiera en caso de desatender lo sentenciado en el juicio, además de que también había determinado que la autoridad demandada debía efectuar todas las medidas necesarias para garantizar que el accionante (quejoso) no se viera afectado en su esfera jurídica, esto es, asegurarse de que la multa anulada: a) no sea requerida de pago al demandante; y, b) tampoco debería considerarla para la emisión de cualquier acto administrativo en perjuicio del actor; que lo anterior implica que, al interior de la dependencia (administrativamente), la autoridad libremente debe implementar cualquier acción para evitar una afectación jurídica posterior al promovente.

Que por todo lo anterior, la Sala Fiscal había estimado que al haberse anulado lisa y llanamente el acto administrativo impugnado en el juicio de origen, resultaba innecesario imprimir efecto alguno a la sentencia, como lo sería que se ordenara a la autoridad demandada "... Dar de baja la resolución impugnada en sus registros, esto, con la finalidad de que esta parte actorano (sic) se vea afectada a futuro con el procedimiento coactivo de cobro en relación con una resolución declarada nula en este tribunal."

Bajo ese contexto, la mayoría del Tribunal Colegiado denunciante(1) resolvió sobreseer en el juicio, por considerar que resultaba evidente que el promovente del juicio contencioso administrativo carecía de interés jurídico para impugnar, mediante la acción constitucional, la sentencia de nulidad lisa y llana dictada por la Magistrada instructora de la Sala Fiscal, al considerar que en el caso no se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 170, fracción II, de la ley de la materia, para la procedencia del juicio de amparo directo promovido contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por Tribunales de lo Contencioso Administrativo, cuando éstas sean favorables al quejoso.

El referido órgano colegiado sustentó su criterio en el diverso contenido en la jurisprudencia 2a./J. 33/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 425, registro: 181800, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO DIRECTO. EL ACTOR EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN ESTA VÍA, LA DECLARATORIA DE NULIDAD LISA Y LLANA DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA, AUN CUANDO EL TRIBUNAL FEDERAL RESPONSABLE OMITA EL ESTUDIO DE ALGUNAS CAUSAS DE ILEGALIDAD PLANTEADAS EN LA DEMANDA RESPECTIVA."

Y el tribunal denunciante señaló que por los motivos expuestos, no compartía los criterios sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver los amparos directos 631/2016 y 705/2016, en los cuales había resuelto casos similares y en los que había estimado que sí es procedente el juicio de amparo directo, aun cuando la parte quejosa haya obtenido una nulidad lisa y llana.

El criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, sustentado en los amparos directos 631/2016 y 705/2016, consiste en que aun cuando en el fallo reclamado se declaró la nulidad lisa y llana del acto controvertido en el juicio de origen,(2) la parte quejosa cuenta con interés jurídico para impugnarlo a través del juicio de amparo, porque se dice que se pretende obtener un mayor beneficio, consistente en que se obligue a la autoridad responsable a emitir un nuevo fallo en el que, además de anular la multa controvertida, decrete expresamente que la autoridad demandada deberá dar de baja de sus registros esa sanción, con el fin de evitar que le sea cobrada posteriormente al promovente, a través del procedimiento económico coactivo.

Que no es óbice a lo anterior, lo dispuesto en el artículo 170, fracción II, de la Ley de Amparo, en el sentido de que tratándose de sentencias y resoluciones favorables al quejoso, el amparo se tramitará únicamente si la autoridad lo interpone, y se admite el recurso de revisión en materia contenciosa administrativa, previsto por el artículo 104 de la Constitución General de la República; toda vez que la resolución favorable a que alude dicho precepto, supone el dictado de una sentencia que resuelva de manera absoluta la pretensión de la parte actora, y que le proyecta el máximo beneficio, sin posibilidad de una afectación posterior, con independencia del tipo de nulidad declarada.

Y el órgano colegiado de que se trata apoyó su criterio en el diverso contenido en la tesis 2a. XXI/2015 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 24 de abril de 2015 a las 9:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 17, Tomo I, abril de 2015, página 837, registro digital: 2008945, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "RESOLUCIÓN FAVORABLE. SU CONCEPTO CONFORME AL ARTÍCULO 170, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 90/2014 (10a.) (*)]."

Cabe destacar que en el amparo directo 631/2016, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en la sentencia que constituye el acto reclamado, la autoridad responsable sí se pronunció acerca de la petición que la parte actora (quejosa) le hizo en el sentido de que ordenara a la autoridad demandada que diera de baja de sus registros la resolución impugnada, con la finalidad de no verse afectada a futuro con el procedimiento coactivo de cobro en relación con una resolución ya declarada nula; petición que la autoridad responsable rechazó por estimar que la declaratoria de nulidad lisa y llana obtenida, surtía efectos plenos al causar estado, originando como consecuencia explícita el dejar materialmente sin efectos jurídicos el acto controvertido, y que las consecuencias implícitas incluían la anulación de cualquier actuación de la autoridad tendiente a exigir el cobro coactivo de un acto administrativo carente de legalidad.

Y en el amparo directo 705/2016, del índice del propio Segundo Tribunal Colegiado en mención, en la sentencia que constituye el acto reclamado, la autoridad responsable omitió pronunciarse acerca de la petición que la parte actora (quejosa) le hizo en el mismo sentido que en el caso mencionado en el párrafo que antecede, es decir, que ordenara a la autoridad demandada que diera de baja de sus registros la resolución impugnada, con la finalidad de no verse afectada a futuro con el procedimiento coactivo de cobro en relación con una resolución ya declarada nula.

II. Trámite de la denuncia. Por acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete (fojas 71 y 72), el Magistrado presidente del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito admitió a trámite la denuncia de posible contradicción de tesis; proveyó, para la debida integración del expediente, que se solicitara a la presidencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, para que informara si aún subsistía el criterio que sostuvo en los amparos directos 631/2016 y 705/2016, o en su caso la causa para tenerlo por superado o abandonado; y se le requirió para que remitiera copias certificadas de las sentencias en las que sustentó dicho criterio, en virtud de que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del propio Circuito, había adjuntado a su denuncia copia certificada de la ejecutoria dictada en el amparo directo 761/2016, del que derivó la denuncia.

En el propio acuerdo de admisión, se ordenó comunicarlo a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la finalidad de que informara si existe alguna contradicción de tesis que se encuentre radicada en el Máximo Tribunal del País, que guarde relación con la temática planteada.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito respondió afirmativamente (foja 80), es decir, que el criterio que sustentó en dichos amparos directos, se encontraba vigente, y remitió las copias certificadas de las constancias que le fueron solicitadas.

La coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante oficio CCST-X-157-04-2017, comunicó que de la consulta realizada en el sistema de seguimiento de contradicciones de tesis pendientes de resolver, así como de los acuerdos de admisión de las denuncias de contradicción de tesis dictados por el Ministro presidente durante los últimos seis meses, no se advirtió la existencia de alguna contradicción de tesis radicada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que el punto a dilucidar guarde relación con la temática planteada en la presente contradicción de tesis, oficio que fue acordado mediante auto de presidencia de tres de mayo de dos mil diecisiete (foja 159).

III. Auto de turno y determinación de returno. Por auto de veintitrés de junio de dos mil diecisiete (foja 160), se turnó el asunto al Magistrado Juan Manuel Rochín Guevara, adscrito al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo; quien formuló el proyecto correspondiente, con el cual se celebró la sesión respectiva el treinta de agosto de dos mil diecisiete, en la que la mayoría de los Magistrados integrantes del Pleno de Circuito,(3) determinaron desechar dicho proyecto y returnar el asunto al Magistrado Óscar Naranjo Ahumada, adscrito al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, para su reelaboración.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. El Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito tiene competencia legal para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 41, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo previsto en el Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, por tratarse de una contradicción suscitada entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

SEGUNDO.-Legitimación. La contradicción de tesis fue denunciada por los Magistrados integrantes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito; por tanto, dichos Magistrados cuentan con legitimación para denunciar la posible contradicción de los criterios contendientes, de conformidad con las reglas establecidas en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 227, fracción III, de la Ley de Amparo.

TERCERO.-Criterios contendientes. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito que dieron origen a la denuncia de contradicción de criterios, por orden de su emisión, son las siguientes:

En la ejecutoria sustentada por la mayoría del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, específicamente en el considerando QUINTO, se señaló textualmente lo siguiente:

"QUINTO.-Resulta innecesario examinar los razonamientos de la sentencia reclamada, a la luz de los conceptos de violación que se expresan, por actualizarse las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XII, y fracción XXIII, esta última en relación con el artículo 170, fracción II, de la Ley de Amparo.

"Para demostrar lo anterior, es necesario tener en cuenta los siguientes antecedentes del caso:

"1. En el juicio contencioso administrativo de origen, **********, por su propio derecho, demandó la nulidad de la resolución contenida en la boleta de infracción con número de folio **********, de fecha quince de marzo de dos mil dieciséis, levantada por el suboficial de la Policía Federal **********, adscrito a la Estación de Policía de Querétaro de la Policía Federal, mediante la cual, se le impuso una multa en cantidad equivalente a 25 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

"2. Seguido el juicio por sus etapas procesales, el quince de noviembre de dos mil dieciséis, se dictó la sentencia ahora reclamada, que en el considerando tercero, la Magistrada instructora estudió el cuarto y quinto conceptos de impugnación, y lo consideró fundado, pues estimó lo siguiente:

"‘TERCERO.-Con fundamento en el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se procede al análisis del cuarto y quinto conceptos de impugnación, en los cuales, el accionante alega que la boleta de infracción no reúne las formalidades exigidas por los artículos 65, 66 y 69 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en relación al documento con el cual se identifica el funcionario.

"‘A juicio de la suscrita Magistrada, es sustancialmente fundado el motivo de disenso y suficiente para declarar la nulidad de la boleta de infracción que nos ocupa, en atención a las consideraciones jurídicas siguientes:

"‘En principio, cabe precisar que si bien el ámbito de aplicación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, incluye los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Federal Centralizada y la Policía Federal es parte integrante de la misma, por tratarse de un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, no obstante, esta juzgadora, contrario a lo que sostiene el accionante, considera que las reglas generales previstas en los artículos 65, 66 y 69 de la citada ley, para el desarrollo de las visitas de verificación, no son aplicables en el levantamiento de las boletas de infracción, como la que nos ocupa.

"‘En efecto, los artículos 65, 66 y 69 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, se encuentran inmersos dentro del capítulo denominado «De las visitas de verificación», y establece las formalidades que se deben observar en la práctica de este tipo de diligencias realizadas a los bienes, personas y vehículos de transporte, con el objeto de comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales, señalando al efecto:

"‘...

"‘Preceptos legales transcritos de los que se advierte que en el desarrollo de las visitas de verificación, el personal encargado de efectuarlas: a) debe exhibir credencial vigente con fotografía, expedida por la autoridad competente que lo acredite para desempeñar la función de verificador; y, b) levantará acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por la persona con quien se entiende la diligencia y en caso de que ésta no los proponga, a su ruego lo hará quien la practique.

"‘Sin embargo, tales prescripciones generales únicamente son observables en el desarrollo de visitas de verificación, no siendo aplicables a los actos administrativos como el que nos ocupa, ya que para el levantamiento de las boletas de infracción, deben observarse las reglas generales previstas en las leyes específicas, esto es, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de la Policía Federal y su reglamento, así como el Reglamento de Tránsito en Carreteras Federales, ello conforme al principio general de derecho que reza «la regla especial deroga la general».

"‘No obstante, esta juzgadora considera que subsiste la obligación que tiene el «suboficial» emisor de la boleta de infracción con folio **********, de identificarse ante los ciudadanos, pero no bajo las formalidades generales previstas para las visitas de verificación, sino las específicas contenidas en las leyes especiales, las cuales se pueden sustraer de los deberes que tienen los integrantes de la Policía Federal como organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación.

"‘En ese sentido, entre las obligaciones a las que están afectos los integrantes de la Policía Federal, en lo que al caso interesa, destacan los siguientes:

"‘...

"‘De la trasunta porción normativa, se advierte que los integrantes de la Policía Federal están constreñidos a portar su identificación oficial, proporcionar al público su nombre y mostrar su identificación, circunstancias que deben quedar asentadas las boletas que al efecto levanten; de la misma manera, el apartado reglamentario analizado establece que se deben cumplir adicionalmente con los demás deberes establecidos en la ley general, esto es, la del Sistema Nacional de Seguridad Pública, figurando, en lo que al caso interesa, lo siguiente:

"‘...

"‘Como se ve, la disposición transcrita estatuye los requisitos mínimos que debe contener el documento que identifica a los integrantes de las instituciones de seguridad pública, siendo estos los siguientes: a) nombre; b) cargo; c) fotografía; d) huella digital; e) clave de inscripción en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública; y, f) las medidas de seguridad que garanticen su autenticidad.

"‘Asimismo, se subraya la obligación que tiene todo servidor público de identificarse ante el ciudadano, con la finalidad de que éste pueda cerciorarse que el funcionario cuenta con el registro correspondiente.

"‘De lo anterior, se vislumbra que el requisito de identificación, se instaura como inherente a todos los servidores que ejerzan facultades de comprobación, verificación, inspección y vigilancia, fuera de una visita domiciliaria, pues el mismo es indispensable a efecto de considerar cumplido el principio constitucional de seguridad jurídica, consagrado por el artículo 16 constitucional.

"‘En ese tenor, si bien el legislador instituyó la identificación de la autoridad, como elemento indispensable para tutelar el principio de seguridad jurídica a favor de los gobernados y no obstante que no se estableció la forma y requisitos en que ese deber debía plasmarse en las actuaciones de la autoridad; esta juzgadora considera que la circunstanciación de las boletas de infracción debe ser concomitante con los deberes que impone la ley a los funcionarios, por lo cual, el emisor del acto administrativo debe describir con claridad en la boleta o acta respectiva, el documento con el cual se identifique, precisando los siguientes datos:

"‘a) El número de la credencial o documento de identificación respectivo;

"‘b) La fecha de expedición y de expiración;

"‘c) La autoridad que la expide;

"‘d) El nombre de la persona a quien identifica ese documento; y,

"‘e) La clave de inscripción en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública.

"‘O bien, que a la misma boleta o acta se anexe copia del documento correspondiente (identificación); pues, en términos del artículo 42 de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, tales exigencias tienen como finalidad que el ciudadano corrobore que el funcionario cuenta con el registro correspondiente y es personal de la Policía Federal, con el cargo de «suboficial», en el momento de la verificación y, por tanto, que se encuentra habilitado para ejercer sus facultades; ya que mediante la identificación, los gobernados conocen las cuestiones relacionadas con esa personalidad, para protegerse en sus derechos fundamentales, pues del ejercicio de esas funciones pueden derivar posibles afectaciones a su interés jurídico.

"‘...

"‘Ahora bien, obra agregada a foja 16 de autos, la boleta de infracción con folio **********, de cuyo análisis se desprende -en la parte inferior derecha de dicho documento-, respecto a la identificación del suboficial (quien la levantó), la siguiente circunstanciación: el nombre del suboficial (**********), número de su credencial **********, la autoridad que la expide (Coordinación de Servicios Generales de la Policía Federal); la fecha de expedición y de expiración (3 de noviembre de 2015 y 2 de mayo de 2016); omitiendo precisar la clave de inscripción en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, así como, elemento que el legislador, en el segundo párrafo del artículo 42 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública determinó como imprescindible cuando el servidor público tiene que identificarse, a fin de que el ciudadano se cerciore de que cuenta con el registro correspondiente; motivo por el cual, esta juzgadora considera que el funcionario demandado, al levantar la boleta de infracción controvertida, no cumplió con el aludido requisito de identificación.

"‘En efecto, al no asentarse en la boleta de infracción de mérito, los datos de identificación aludidos, o bien, que se anexaba copia fotostática de la credencial o documento respectivo; se incumplió con el objetivo de otorgar certeza plena al particular de que la persona que efectuó el acto de molestia de que se trata, tuviera el cargo de suboficial adscrito a la Estación Querétaro de la Policía Federal, con el cual se ostentó en el momento de la inspección.

"‘Luego, al omitir señalar en la boleta de infracción, la clave de inscripción en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, así como la fecha de expedición y de expiración del documento con el cual se identifica, se concluye que **********, al efectuar el acto de molestia, no acreditó encontrarse plenamente habilitado para ese efecto, vulnerando en perjuicio del actor lo dispuesto por los artículos (sic) 42 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en relación con el 185, primer párrafo, fracciones III y IX, del Reglamento de la Ley de la Policía Federal (fojas 69 vuelta a 74).

"‘Los anteriores razonamientos, llevaron a la Magistrada instructora a decretar una nulidad lisa y llana de la resolución recurrida, con fundamento en los artículos 51 y 52, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, lo cual explicó de la siguiente manera:

"‘«Por lo expuesto, esta juzgadora considera procedente declarar la nulidad de la boleta de infracción controvertida, de conformidad con lo dispuesto por las fracciones (sic) II de los artículos 51 y 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no obstante que se actualizó una violación de carácter procedimental, pues dada la naturaleza del acto controvertido y de la violación cometida por la demandada, resulta imposible ordenar su reposición, ya que no es factible reconstruir las circunstancias de tiempo, modo y lugar que acontecieron al momento del levantamiento de la boleta de infracción materia del presente juicio.

"‘«Al ser fundados el cuarto y quinto conceptos de impugnación, no resulta necesario abordar el estudio de los restantes agravios esgrimidos por el actor; ...

"‘«Es de indicarse que considerando la naturaleza y origen de la boleta de infracción, tenemos que la declaratoria de nulidad lisa llana surte efectos plenos cuando cause estado, originando como consecuencia explícita el dejar materialmente sin efectos jurídicos el acto controvertido, y las consecuencias implícitas incluyen la anulación de cualquier actuación de la autoridad tendiente a exigir el cobro coactivo de un acto administrativo carente de legalidad. Quedando al alcance del promovente los medios de defensa previstos en la legislación vigente para combatir cualquier irregularidad que la autoridad cometa en caso de desatender lo aquí sentenciado.

"‘«Por último, a juicio de esta instructora, resulta infundada la petición formulada por el demandante en el sentido de que se ordene a la autoridad demandada <... dar de baja la resolución impugnada en sus registros, esto, con la finalidad de que esta parte actorano (sic) se vea afectada a futuro con el procedimiento coactivo de cobro en relación con una resolución declarada nula en este tribunal ...>

"‘«Esta instructora considera infundado lo peticionado por el demandante, pues el motivo por el cual solicita se ordene a la demandada dar de baja la resolución impugnada en sus registros, queda plenamente garantizada con la nulidad lisa y llana que esta instructora decretó de la resolución impugnada; siendo que, como ha sido sentenciado: Es de indicarse que considerando la naturaleza y origen de la boleta de infracción, tenemos que la declaratoria de nulidad lisa llana surte efectos plenos cuando cause estado, originando como consecuencia explicita el dejar materialmente sin efectos jurídicos el acto controvertido y las consecuencias implícitas incluyen la anulación de cualquier actuación de la autoridad tendiente a exigir el cobro coactivo de un acto administrativo carente de legalidad. Quedando al alcance del promovente los medios de defensa previstos en la legislación vigente para combatir cualquier irregularidad que la autoridad cometa en caso de desatender lo aquí sentenciado.

"‘«Por consiguiente, si la medida solicitada por el demandante, es un derecho que le asiste en atención a lo sentenciado en el presente fallo una vez que quede firme, correspondiéndole a la demandada efectuar todas las medidas necesarias para garantizar que el accionante no se vea afectado en su esfera jurídica con base en una resolución que ha dejado de surtir efectos jurídicos en su contra, al haberse anulado lisa y llanamente; es innecesario, imprimir efecto alguno a la sentencia, como lo sería el consistente en que se ordene a la autoridad demandada <... dar de baja la resolución impugnada en sus registros, esto, con la finalidad de que esta parte actorano (sic) se vea afectada a futuro con el procedimiento coactivo de cobro en relación con una resolución declarada nula en este tribunal ...>

"‘«De conformidad a lo previsto por los artículos 51 y 52, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al declararse la nulidad lisa y llana de la boleta de infracción **********, corresponde a la demandada, tomar todas las medidas necesarias para asegurarse de que la multa anulada: a) no sea requerida de pago a los demandantes; y, b) tampoco deberá considerarla para la emisión de cualquier acto administrativo en perjuicio del actor; lo anterior implica, que al interior de la dependencia (administrativamente), la autoridad libremente debe implementar cualquier acción para evitar una afectación jurídica al promovente.

"‘«En ese orden de ideas, con fundamento en los a

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27706-503d1316/interes-juridico-para-promover-el-juicio-de-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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