Corpus
Modo: Corpus Pro

MULTA POR INFRACCIONES DE TRÁNSITO EN CARRETERAS FEDERALES. LA AUTORIDAD PUEDE JUSTIFICAR SU COMPETENCIA MATERIAL Y TERRITORIAL EN LOS ACUERDOS EMITIDOS POR LA EXTINTA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, HASTA EN TANTO LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN EXPIDA LOS QUE LOS SUSTITUYAN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 435/2016. · Registro digital (IUS): 27518
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2017-12-08
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, Pág. 666.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 435/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 30 DE AGOSTO DE 2017. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y EDUARDO MEDINA MORA I.; JAVIER LAYNEZ POTISEK MANIFESTÓ QUE HARÍA VOTO CONCURRENTE. DISIDENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: IRMA GÓMEZ RODRÍGUEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, acorde con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción VII, y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, del Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados de distinto Circuito, en un tema que, por ser de naturaleza administrativa, corresponde a la materia de su especialidad.

Lo anterior con apoyo además, en la tesis P. I/2012 (10a.), sustentada por el Pleno de este Alto Tribunal, que se lee bajo el rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."(1)

SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, al haber sido formulada por uno de los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, que emitió uno de los criterios que se estiman opuestos.

TERCERO.-Criterios contendientes. Para determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, es necesario conocer los principales antecedentes de los asuntos de donde emanan los criterios que se denuncian como opositores y las consideraciones que expusieron los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.

1. Los datos que se obtuvieron del amparo directo número **********, del índice del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, son los siguientes:

• El asunto tiene su origen en el escrito a través del cual ********** demandó la nulidad de la boleta de infracción con folio **********, de veintidós de marzo de dos mil dieciséis, expedida por el suboficial Edgar de Jesús Borquez Lerma adscrito a la Estación Aeropuerto Cancún de la Policía Federal, a través de la cual, le determinó una sanción pecuniaria de quinientos quince días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, por infracción a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y al Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal.

• La demanda de que se trata, se tramitó en la vía ordinaria bajo el número de expediente **********, del índice de la Sala Regional del Caribe del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en Cancún, Quintana Roo, que el ocho de agosto de dos mil dieciséis, determinó que la parte actora no acreditó los extremos de su acción, y reconoció la validez de la resolución impugnada.

• La sentencia acabada de relacionar fue reclamada por **********, a través del juicio de amparo directo **********, del índice del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, el cual, en sesión de veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, dictó sentencia en la que negó el amparo, en lo conducente, conforme a las razones siguientes:

De inicio, el primer concepto de violación donde el quejoso argumentó la incompetencia territorial de la autoridad administrativa, lo calificó de ineficaz para desvirtuar las consideraciones expuestas por la Sala responsable, dado que en lugar de confrontarlas a través de razones que las desvirtuaran o evidenciaran su inexactitud, sólo reprodujo las afirmaciones realizadas en la demanda de nulidad; por lo que, al no ubicarse en alguno de los supuestos de suplencia de la queja deficiente que prevé la Ley de Amparo, declaró inoperante el argumento expuesto.

Enseguida, desestimó el segundo motivo de disenso que distinguió como "II. Estudio oficioso de la competencia", donde el solicitante de amparo sostuvo que la Sala responsable dejó de estudiar la competencia material y territorial de la autoridad que emitió el acto impugnado, aun cuando la legislación vigente establece que su estudio será de oficio; lo anterior, porque, contrario a las afirmaciones del quejoso, en la sentencia reclamada, la Sala responsable sí dio respuesta a los conceptos de nulidad propuestos; además, aun cuando quedara algún aspecto de la competencia que no hubiera sido alegado, la falta de pronunciamiento de la responsable implica que consideró que la autoridad sí tiene facultades para emitir la resolución impugnada; y agregó:

"III. Acuerdos 01/2010 y 01/2011.

"58. Por último, también en una porción de su primer motivo de disidencia, el quejoso señaló que la autoridad demandada fundó su competencia material y territorial en los Acuerdos 01/2010 y 01/2011, cuya aplicación es indebida, toda vez que fueron emitidos por funcionarios adscritos a una dependencia que no existía en la fecha en que se impuso la multa.

"59. En efecto, aduce el justiciable que a la fecha de la imposición de la multa (veintidós de marzo de dos mil dieciséis), los referidos acuerdos eran inaplicables y, en consecuencia, insuficientes para justificar la competencia del servidor público, debido a que una parte de los preceptos, con base en los que fueron expedidos, se encontraban derogados.

"60. Sumándose a lo anterior, la circunstancia de que dichos acuerdos dejaron de tener validez y existencia legal con la abrogación de la norma legal y del reglamento en que se fundaron, en virtud de que los decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de enero y dos de abril de dos mil trece, dispusieron la abrogación de los Reglamentos Interiores de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Secretaria de Gobernación, de veintiocho de abril de dos mil diez y treinta de julio de dos mil dos, respectivamente, así como de todas aquellas disposiciones que se fundaran en la normatividad abrogada; por tanto, a partir de esa fecha los Acuerdos 01/2010 y 01/2011 perdieron su vigencia, demostrando con ello, que el servidor público no justificó su competencia material y territorial para imponer la multa contenida en la boleta de infracción con folio **********, de veintidós de marzo de la presente anualidad.

"61. Es infundado el argumento anterior.

"62. Esto, debido a que los Acuerdos 01/2010 y 01/2011, no dejaron de tener vigencia por el hecho de que: a) mediante el decreto publicado el dos de enero de dos mil trece, se hubiera derogado el artículo 30 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y porque, b) en el artículo segundo transitorio del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, publicado el dos de abril del mismo año, entre otras modificaciones, se abrogó el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, y se derogaran todas aquellas disposiciones que se opusieran a dicho reglamento; en razón de que las modificaciones legislativas y reglamentarias en cuestión, solamente transfirieron las facultades que tenía asignadas la Secretaría de Seguridad Pública a la diversa de gobernación, además, de que los acuerdos referidos no contravienen el reglamento de la Secretaría de Estado indicada en último término, por lo que tampoco pueden estimarse derogados tácitamente.

"63. Así es, en principio, debe tenerse en cuenta que los acuerdos referidos, en la parte atinente a los fundamentos que justifican su emisión, son del tenor siguiente:

Ver acuerdos

"64. Ahora bien, como cuestiones relevantes, referidas a las modificaciones legislativas y reglamentarias que inciden en los mencionados Acuerdos 01/2010 y 01/2011, se tiene lo siguiente:

"1. Diario Oficial de la Federación de dos de enero de dos mil trece.

"Se publicó:

"Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

"En dicho acuerdo se estableció:

"‘Artículo único. Se reforman los artículos 1o., segundo párrafo; 7o., 8o., 10; 13, primer párrafo; 16, primer párrafo; 25; 26; 27; 31, fracciones XII, XIX, XXI, XXIV y XXV; 32, fracciones I, II, IV, V, IX, X, XI, XII, XIII, XIV y XV; 41 y 50; se adicionan los artículos 31, con las fracciones XXII, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII y XXXIV; 32, con las fracciones VII y VIII y el 44 y se derogan los artículos 30 Bis; 32, fracciones XIV, XV y XVII; y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue ...’

"2. Diario Oficial de la Federación de cuatro de enero de dos mil trece.

"Se publicó:

"Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación.

"En dicho acuerdo se estableció:

"‘Segundo. Las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Secretaría de Seguridad Pública, transferidos a la Secretaría de Gobernación en términos de lo dispuesto en los artículos cuarto y octavo transitorios del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, continuarán ejerciendo las facultades que les corresponden de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y demás normas aplicables ...’

"3. Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece.

"Se publicó:

"Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación.

"En dicho acuerdo se estableció:

"‘Segundo. Se abroga el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 2010 y el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de julio de 2002, y se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente reglamento ...’

"65. Luego, de una concatenación de las modificaciones legislativas y reglamentarias reseñadas en los puntos (1 y 3), el peticionario del amparo afirma que al derogarse el artículo 30 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y al expedirse el artículo segundo transitorio del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, en el que se estableció que se abrogaba el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y se derogaban todas aquellas disposiciones que se opusieran a dicho reglamento, los Acuerdos 01/2010 y 01/2011, dejaron de tener vigencia, en virtud de que los preceptos con base en los cuales fueron expedidos se encontraban derogados.

"66. Sin embargo, tal aseveración es desatinada, pues si bien mediante decreto publicado el dos de enero de dos mil trece, se derogó el artículo 30 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, lo cierto es que las atribuciones ahí establecidas en favor de la Secretaría de Seguridad Pública (en particular, la indicada en la fracción X), en realidad fueron asignadas a la Secretaría de Gobernación, como se observa en el siguiente cuadro:

Ver cuadro

"67. De igual manera, aunque al expedirse el artículo segundo transitorio del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, se haya establecido que se abrogaba el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, y se derogaban todas aquellas disposiciones que se opusieran a dicho reglamento, lo cierto es que las atribuciones del secretario de Seguridad Pública, pasaron al secretario de Gobernación, como enseguida se demuestra:

Ver cuadro comparativo

"68. De acuerdo con lo anterior, de ninguna manera las modificaciones legislativas y reglamentarias referidas, implicaron que los Acuerdos 01/2010 y 01/2011, dejaran de tener vigencia, pues si bien aconteció una derogación de ciertas disposiciones y una abrogación de un conjunto reglamentario, lo cierto es que en realidad ocurrió una traslación de facultades, atento a que la voluntad del legislador y del titular del Poder Ejecutivo fue la de realizar un reacomodo de funciones, sin que ello conllevara la desaparición de ciertas atribuciones, lo que en último caso sí involucraría la extinción de facultades delegadas a órganos inferiores.

"69. Luego, tal como se ha expuesto, las funciones que en su momento detentó el secretario de Seguridad Pública, fueron transferidas al secretario de Gobernación, de forma que continua vigente el Acuerdo 01/2010, expedido por el titular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, pues la unidad administrativa referida en último término, sólo pasó de una secretaría a otra, sin que siquiera se readscribieran las facultades de dicho titular de la División de Seguridad Regional dentro de la Policía Federal; lo que se corrobora si se toma en cuenta que la Ley de la Policía Federal (publicada en el Diario Oficial de la Federación el uno de junio de dos mil nueve) y su reglamento (publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diez), continúan vigentes, por lo que se entiende que no se han cambiado las atribuciones de cada unidad que conforma la entidad policiaca en cuestión.

"70. En similar sentido, si bien el Acuerdo 01/2011, fue emitido por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y dicha Secretaría de Estado -por voluntad del legislador democrático- desapareció, lo cierto es que las atribuciones de tal entidad fueron transferidas al secretario de Gobernación, por lo que hasta que este secretario abrogue expresa o tácitamente el acuerdo de mérito, el mismo debe entenderse vigente.

"71. Por tanto, no puede estimarse que haya ocurrido una derogación expresa de los acuerdos referidos (01/2010 y 01/2011), habida cuenta de que para que ello acontezca, es indispensable que las nuevas normas manifiestamente indiquen que tales acuerdos han quedado abrogados; lo que en el caso no ha sucedido.

"72. Así las cosas, la derogación de ciertos preceptos o abrogación de conjuntos normativos no puede entenderse como invalidante de las normas que derivan de tales fuentes normativas; ya que si bien la modificación legislativa o reglamentaria en la organización del aparato estatal envuelve un cambio en la distribución de competencias, por sí, tal modificación no conlleva -salvo que expresamente se disponga- la derogación o abrogación de las normas subyacentes que se emitieron con anterioridad.

"73. En efecto, el Pleno del Alto Tribunal de la nación ha establecido que, de conformidad con el artículo 9o. del Código Civil Federal, la ley sólo queda abrogada o derogada por otra posterior que así lo declare expresamente o que contenga disposiciones total o parcialmente incompatibles con la ley anterior, de lo que se deducen dos clases de derogación, expresa y tácita, una, cuando expresamente en una ley se declara la supresión total o parcial de otra anterior que regía sobre la misma materia; y, otra, cuando queda abolida una norma jurídica al emitirse una nueva ley que la sustituya o que contenga preceptos contradictorios, lo que tiene su justificación en el hecho de que si el legislador ha emitido una nueva disposición que varíe un sistema legal, su intención ha sido que ésta quede suprimida o reformada, esto es más lógico aun tratándose de dos disposiciones contradictorias dictadas en distintas épocas; ya que la última no podría observarse sin contrariar la anterior, por lo que ésta debe quedar abolida; pues sería imposible conservar a las dos su fuerza para que fueran observadas conjuntamente.

"74. En ese sentido, en el caso analizado, el Acuerdo 01/2010, expedido por el titular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, y el diverso 01/2011, emitido por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, no contravienen las disposiciones normativas cambiadas a través de las modificaciones legislativas y reglamentarias antes precisadas, fundamentalmente, debido a que las facultades que sustentaron la emisión de las normas controvertidas no fueron suprimidas, sino que en realidad se trasladaron a otro ente estatal. Por tanto, tampoco puede estimarse que haya ocurrido una derogación tácita, en tanto que no existe contradicción entre los acuerdos aludidos y las normas emitidas o modificadas con posterioridad.

"75. Esto es, no puede estimarse que los acuerdos de trato fueron derogados de manera tácita por el hecho de que las facultades que originaron su emisión fueron -según afirma el justiciable- eliminadas, pues lo que en realidad se verificó con las modificaciones legislativas y reglamentarias fue un reacomodo de funciones a cargo de la rama ejecutiva de la Federación; de ahí que no puede desprenderse una incompatibilidad con la nueva configuración decretada, en tanto que, se reitera, sólo se trasladaron las atribuciones de una Secretaría de Estado a otra, quedando intocada la voluntad de que la organización de entes inferiores, como la Policía Federal, se mantenga hasta en tanto no se emita expresamente una norma que modifique sus atribuciones.

"76. Acorde con lo expuesto, es desatinada la afirmación del peticionario del amparo, dado que para estimar que los Acuerdos 01/2010, expedido por titular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, y el diverso 01/2011, emitido por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, han dejado de tener vigencia, debe ocurrir una derogación expresa, o bien, una tácita en la que explícitamente se regulen las materias que norman los aludidos acuerdos.

"77. Por ello, si a la presente fecha ninguno de los supuestos mencionados se ha materializado, debe refrendarse -aunque por motivos diversos- la determinación asumida por la Sala responsable, ya que adversamente a lo argumentado por el promovente, los citados Acuerdos (01/2010 y 01/2011), fueron emitidos por entidades que a la fecha de emisión de los mismos, sí contaban con atribuciones para regular el aspecto organizacional que se normó; sin que sea obstáculo el hecho de que con posterioridad a su expedición y entrada en vigor, se modificara el marco regulatorio de atribuciones del que derivan, únicamente para trasladarlas de una Secretaría de Estado hacia otra."

2. Por otra parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, conoció y resolvió los amparos directos **********, ********** y **********, todos promovidos por **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de su representante legal; en los cuales sostuvo idéntico criterio, entonces, se transcriben, en lo que aquí interesa, las consideraciones de la ejecutoria relativa al primero de los asuntos en mención, resuelto el treinta de abril de dos mil quince, del cual se desprenden los datos siguientes:

• El asunto tiene su origen en la demanda promovida por **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su representante legal, el veintinueve de agosto de dos mil catorce, ante la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la que solicitó la nulidad de la boleta de infracción con folio **********, expedida el doce de agosto de dos mil catorce, por el inspector de la Policía Federal ********** (cuyos apellidos no se alcanzan a distinguir), con número de expediente **********, dependiente de la estación Ciudad Obregón, en el Municipio de Cajeme, Estado de Sonora, a través de la cual determinó una multa de treinta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, que asciende a la cantidad de $********** (********** M.N.), por cometer una infracción identificada con la clave 1151, consistente en "no obedecer las órdenes de los semáforos específicos para el control de circulación en carriles", prevista en el artículo 20, segundo párrafo, del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal.

El asunto se radicó bajo el número de expediente **********, previo el trámite correspondiente, el treinta y uno de octubre de dos mil catorce, se dictó sentencia, en la cual se declaró infundada la causal de improcedencia y sobreseimiento planteada por la autoridad demandada; que la actora no probó los extremos de su acción; en consecuencia, se reconoció la validez de la resolución controvertida.

• Tal resolución fue reclamada por el representante legal de **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través del juicio de amparo directo **********, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, que en sesión de treinta de abril de dos mil quince, dictó sentencia en la que concedió el amparo solicitado, conforme a las razones siguientes:

"OCTAVO.-Estudio de los conceptos de violación. Los motivos de inconformidad son ineficaces en una parte y fundados en otra, los cuales serán estudiados en orden distinto al planteado en la demanda de amparo, por razón de la técnica que rige el juicio de amparo.

"A. Competencia material y territorial del subinspector de la Policía Federal para imponer la multa impugnada. En partes del segundo concepto de violación, la impetrante afirma, en esencia, que contrario a lo considerado por la Magistrada responsable, los Acuerdos 01/2010, del titular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, por el que se expiden Lineamientos de operación para la imposición de sanciones por violación a las disposiciones legales en materia de tránsito, autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado, y 01/2011, del secretario de Seguridad Pública, por el que se determinan las circunscripciones territoriales en las que tendrán competencia las coordinaciones estatales de la Policía Federal, no son aplicables en el caso y, por ende, no justifican la competencia material y territorial de la autoridad emisora de la boleta de infracción impugnada.

"Ello, asevera, en virtud de que fueron emitidos, respectivamente, por el titular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal y por el secretario adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública, la que desapareció mediante decreto publicado el dos de enero de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

"De tal suerte que, deduce, cómo dichos acuerdos tenían como finalidad establecer la competencia material y territorial de los integrantes de la Policía Federal, como órgano desconcentrado de la extinta Secretaría de Seguridad Pública, es patente que, al desaparecer dicha dependencia de la estructura actual de la Administración Pública Federal, ya no son aplicables las disposiciones de los mencionados acuerdos, debido al cambio de naturaleza jurídica de la Policía Federal, pues a la fecha de imposición de la multa no dependía de la aludida secretaría.

"La disidencia es fundada y suficiente para conceder la protección constitucional.

"El término abrogar que deriva del latín ‘abrogatio’, significa anular, lo que implica la supresión total de la vigencia y, por tanto, de la obligatoriedad de una norma.

"De conformidad con el artículo 9o. del Código Civil Federal, la abrogación puede ser expresa o tácita: es expresa, cuando un nuevo ordenamiento declara la abrogación de otro anterior que regulaba la misma materia que sistematizará ese nuevo ordenamiento; es tácita, cuando no resulta de una declaración expresa de otro ordenamiento, sino de la incompatibilidad total o parcial que existe entre los preceptos de una ley anterior y otra posterior, por lo que debe aplicarse u observarse, ante la incompatibilidad de preceptos, los del ordenamiento posterior, es decir, los que contengan el segundo ordenamiento emitido, por ser la norma vigente.

"En cambio, la derogación es la privación parcial de los efectos de una ley, esto es, la vigencia de algunos preceptos se concluye, pero no así de todo el ordenamiento jurídico en el que se contienen.

"En el sistema jurídico mexicano, el procedimiento que normalmente se sigue para extinguir la vigencia de un ordenamiento es declarar su abrogación y, además, derogar las disposiciones que se opongan al nuevo ordenamiento.

"Esta forma de actuar obedece a la existencia de las diversas disposiciones que se emitieron con fundamento en el ordenamiento abrogado, que pueden resultar congruentes o no con las disposiciones que contiene el ordenamiento que abrogó el anterior.

"En el caso, de la boleta de infracción que obra en la foja 14 del expediente de nulidad, se observa que la autoridad fundó su actuación en los siguientes preceptos:

"‘Con fundamento en los artículos 21, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 75, fracción II, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 1, 2, fracción I, 4, fracción IV, 8, fracciones I, III, incisos a), c), d) y e), V, XXXIII, XXXV, XXXVI, XLVII y segundo transitorio de la Ley de la Policía Federal; 70 Bis, 74 Bis, fracciones I y II y segundo párrafo, 74 Ter, fracciones I, II, III, IV y V, y 79 Bis, fracción I, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; 1, 5, fracciones II, inciso c), VI y penúltimo párrafo, 10, fracciones IV y VII, 13, fracciones XVIII, XIX y XXI, 41, apartado A, fracción II, 42, fracciones XXXIV, XXXV, XXXVI, XLIII y XLIV, apartados B, C, D y E, y 108, fracciones I, apartados A, B, C, II, apartado A, B, C, III, apartados A, B, C, y IV, apartados A, B, C y D del Reglamento de la Ley de la Policía Federal, 4, inciso B, fracciones VII y IX, 194, 195, fracción III, 199, 200, 203, 205 y 207 del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, primero, fracciones I, II y III, segundo, fracción II, incisos a), b), c), y d), y tercero del Acuerdo 01/2010, del titular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, por el que se expiden lineamientos de operación para la imposición de sanciones por violación a las disposiciones legales en materia de tránsito, autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de octubre de 2010, en relación con los artículos primero, segundo y tercero, fracción XXVI, apartado A, seguridad preventiva 3, inciso - del (sic) Acuerdo 01/2011, del secretario de Seguridad Pública, por el que se determinan las circunscripciones territoriales en las que tendrán competencia las Coordinaciones Estatales de la Policía Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de febrero de 2011; y segundo transitorio, primer párrafo, del decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de enero de 2013, el integrante de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal; es competente material y territorialmente para imponer la(s) presente(s) sanción(es):’

"La quejosa afirma que fue indebida la aplicación de los Acuerdos 01/2010 y 01/2011, en tanto que fueron expedidos por funcionarios adscritos a una dependencia que no existía al momento de la imposición de la multa.

"Como se adelantó, asiste razón a la inconforme.

"El artículo segundo transitorio del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, publicado el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, dispuso la abrogación del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, así como del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, publicados en el mencionado órgano oficial de difusión, respectivamente, el treinta de julio de dos mil dos y el veintiocho de abril de dos mil diez:

"‘Segundo. Se abroga el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 2010 y el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de julio de 2002, y se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente reglamento.’

"La decisión de abrogar dichos reglamentos, estuvo estrechamente relacionada con las reformas y adiciones realizadas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por decreto publicado el dos de enero de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, mediante las cuales desapareció la Secretaría de Seguridad Pública y los órganos desconcentrados de esta dependencia fueron transferidos a la Secretaría de Gobernación.

"La desaparición de la mencionada dependencia tuvo como finalidad que sus tareas en materia de seguridad pública y de prevención del delito, fueran transferidas a la Secretaría de Gobernación. Así se desprende de la exposición de motivos de la iniciativa génesis del referido decreto de reformas de dos de enero de dos mil trece:

"‘Con base en lo anterior, esta iniciativa propone los cambios siguientes en la estructura de la Administración Pública Federal:

"‘...

"‘b) Desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública, a fin de que las tareas en esta materia, de Policía Federal, así como las del sistema penitenciario federal y de prevención del delito se transfieran para su coordinación a la Secretaría de Gobernación.’

"Derivado de lo anterior, en el

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27518-93adace6/multa-por-infracciones-de-transito-en-carreteras-federales · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.