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Modo: Corpus Pro

MULTA POR INFRACCIONES DE TRÁNSITO EN CARRETERAS FEDERALES. LA AUTORIDAD INCUMPLE LA OBLIGACIÓN DE FUNDAR ADECUADAMENTE SU COMPETENCIA MATERIAL Y TERRITORIAL PARA IMPONER LA SANCIÓN, SI SE APOYA EN DISPOSICIONES QUE REMITEN DIRECTA E INDIRECTAMENTE A LEGISLACIÓN DEROGADA O ABROGADA. MULTA POR INFRACCIONES DE TRÁNSITO EN CARRETERAS FEDERALES. LA DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 30 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y LA ABROGACIÓN DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, NO IMPLICAN LA ABROGACIÓN DE LOS ACUERDOS 01/2010 Y 01/2011, EMITIDOS POR AUTORIDADES DE DICHA SECRETARÍA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/2017. · Registro digital (IUS): 27597
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2018-02-02
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 51, Febrero de 2018, Tomo II, Pág. 1077.

MULTA POR INFRACCIONES DE TRÁNSITO EN CARRETERAS FEDERALES. LA AUTORIDAD INCUMPLE LA OBLIGACIÓN DE FUNDAR ADECUADAMENTE SU COMPETENCIA MATERIAL Y TERRITORIAL PARA IMPONER LA SANCIÓN, SI SE APOYA EN DISPOSICIONES QUE REMITEN DIRECTA E INDIRECTAMENTE A LEGISLACIÓN DEROGADA O ABROGADA.

MULTA POR INFRACCIONES DE TRÁNSITO EN CARRETERAS FEDERALES. LA DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 30 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y LA ABROGACIÓN DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, NO IMPLICAN LA ABROGACIÓN DE LOS ACUERDOS 01/2010 Y 01/2011, EMITIDOS POR AUTORIDADES DE DICHA SECRETARÍA.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017. UNANIMIDAD DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS GERARDO DÁVILA GAONA, LUIS MANUEL VERA SOSA Y JORGE MERCADO MEJÍA. PONENTE: JORGE MERCADO MEJÍA. SECRETARIO: GUSTAVO VALDOVINOS PÉREZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia legal. Este Pleno del Vigésimo Séptimo Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafo séptimo, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, facción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de mayo de dos mil catorce.

SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, porque la formula Alberto Romo García, Magistrado presidente de la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Cancún, Quintana Roo, de conformidad con el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.

TERCERO.-Criterios de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes. Los antecedentes y las consideraciones contenidas en las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de contradicción de tesis, son los que a continuación se relatan:

I. De la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en el amparo directo 434/2015, se advierte lo siguiente:

1. ********** promovió juicio contencioso administrativo, en donde demandó la nulidad de la boleta de infracción con número de folio ********** de dos de marzo de dos mil quince, emitida por el subinspector de la Policía Federal **********, por la que le impuso una sanción.

2. La Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, registró el asunto como expediente ********** y, seguido el procedimiento, en sentencia de veinticuatro de junio de dos mil quince, declaró la nulidad de la resolución combatida, al estimar que no se configuró la hipótesis de infracción en la que se sustentó.

3. En contra de esa resolución **********, promovió juicio de amparo, del que tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en el expediente 434/2015, que en sesión de diecisiete de noviembre de dos mil quince, resolvió conceder la protección solicitada, con base en los siguientes razonamientos:

3.1. Es fundado que al estudiar la competencia de la autoridad demandada no debió tomarse en consideración el Acuerdo 01/2010, el cual no tiene validez legal.

3.2. En la boleta de infracción combatida la autoridad demandada fundó su actuación, entre otras disposiciones legales, en los siguientes artículos:

a) Primero, fracciones I, II y III, segundo, fracción II, incisos a), b), c), y d), y tercero del Acuerdo 01/2010 del titular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, por el que se expiden lineamientos de operación para la imposición de sanciones por violación a las disposiciones legales en materia de tránsito, autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de octubre de 2010.

b) Primero, segundo y tercero, fracción XXX, apartado A, seguridad preventiva, del Acuerdo 01/2011 del secretario de Seguridad Pública, por el que se determinan las circunscripciones territoriales en las que tendrán competencia las Coordinaciones Estatales de la Policía Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de febrero de 2011.

c) Segundo transitorio, primer párrafo, del Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 2013.

3.3. Fue indebido que la autoridad demandada fundara su competencia material y territorial en los Acuerdos 01/2010 y 01/2011, porque ambos acuerdos dejaron de tener validez y existencia legal.

3.4. Por decreto publicado el dos de enero de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación, se derogó el artículo 30 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que regulaba las facultades que tenía la extinta Secretaría de Seguridad Pública,(1) y desapareció la mencionada secretaría, por lo que los órganos desconcentrados de esta dependencia, así como sus tareas, fueron transferidos a la Secretaría de Gobernación.(2)

3.5. El artículo segundo transitorio del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, publicado el dos de abril de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación, dispuso la abrogación del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, así como del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, publicados en el mencionado órgano oficial de difusión el treinta de julio de dos mil dos y el veintiocho de abril de dos mil diez, respectivamente.(3)

3.6. El Acuerdo 01/2010 del titular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, se expidió por el mencionado funcionario, con base, entre otros preceptos, en el artículo 30 bis, fracción X,(4) de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (derogado a la fecha de imposición de la multa).(5)

3.7. Por otra parte, el Acuerdo 01/2011 del secretario de Seguridad Pública, se expidió por el referido secretario, con base, entre otros dispositivos, en el artículo 30 bis, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como en los numerales 3, fracción XXIX, inciso a), 8, fracción XV, y 39, fracción I,(6) del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública (abrogado a la fecha de imposición de la multa).(7)

3.8. Por tanto, a la fecha de imposición de la multa (dos de marzo de dos mil quince), los Acuerdos 01/2010 y 01/2011 eran inaplicables e insuficientes para justificar la competencia del servidor público, debido a que una parte de los preceptos con base en los que fueron expedidos se encontraban derogados.

3.9. En efecto, tanto el titular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, como el secretario de Seguridad Pública, se apoyaron, entre otros preceptos, en el artículo 30 bis, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. El segundo de los aludidos se apoyó, además, en los artículos 3, fracción XXIX, inciso a), 8, fracción XV, y 39, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública.

3.10. Como los preceptos destacados fueron derogados por decretos publicados el dos de enero y el dos de abril, ambos de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación, a partir de esa fecha perdieron vigencia todas las instituciones legales que se fundaban en la normatividad abrogada y, entre ellas, las creadas o establecidas en los Acuerdos 01/2010 y 01/2011, dado que son accesorios respecto de aquellas disposiciones.

3.11. Es así, porque los artículos destacados justificaban legalmente:

a) La facultad de la Secretaría de Seguridad Pública para organizar, dirigir, administrar y supervisar la Policía Federal Preventiva;

b) El objetivo de la Policía Federal como órgano administrativo desconcentrado de la entonces Secretaría de Seguridad Pública; y,

c) La facultad indelegable del titular de dicha secretaría para expedir los acuerdos, manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público, y demás disposiciones normativas internas, en el ámbito de su competencia, necesarias para cumplir con los fines de la dependencia, así como ordenar su publicación.

3.12. De ahí que si dichos preceptos fueron derogados, es indudable que las disposiciones emitidas con base en aquéllos, como las que contienen los Acuerdos 01/2010 y 01/2011, dejaron de tener validez y existencia legal.

3.13. No es obstáculo que en la boleta de infracción combatida se citó el artículo segundo transitorio, primer párrafo, del Decreto publicado el cuatro de enero de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación, que reformó y adicionó el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, conforme al cual los órganos desconcentrados de la Secretaría de Seguridad Pública, transferidos a la Secretaría de Gobernación, continuarían en el ejercicio de las facultades que les corresponden de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y demás normas aplicables.(8)

3.14. Ese precepto no justifica la ultra actividad de los Acuerdos 01/2010 y 01/2011; pues a la fecha de imposición de la multa (dos de marzo de dos mil quince), estaba abrogado el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, que contenía ese dispositivo transitorio, en virtud del segundo transitorio del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación (vigente), publicado el dos de abril de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación.

3.15. Por tanto, la autoridad debió citar el precepto que justificara la ultra actividad de los artículos derogados y con base en los cuales se expidieron los aludidos acuerdos o, en última instancia, los artículos que justificaran la ultra actividad de los acuerdos; pues de los artículos citados por la demandada no se advierte alguno que justifique la ultra actividad ni de aquéllos ni de éstos.

3.16. Además, no puede considerarse que quedaron legalmente "vivas" las disposiciones de esos acuerdos en cuanto no se opusieran a las demás normas citadas en la boleta de infracción, pues lo relevante en el caso no está relacionado a si se oponen o no a otros ordenamientos, sino a que las disposiciones que les servían de apoyo dejaron de existir.

3.17. Así, al dejar de tener validez y existencia legal los acuerdos que disponían la competencia material (01/2010) y territorial (01/2011) de las Coordinaciones Estatales de la Policía Federal, el servidor público no justificó su competencia material y territorial para imponer la multa; puesto que la fundó en disposiciones carentes de fuerza legal al momento de sancionar la infracción de tránsito.

3.18. Por tanto, debe concederse el amparo al quejoso, para que la responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y dicte otra en la que declare que el oficial de la Policía Federal que emitió la boleta de infracción, no fundó su competencia territorial; en consecuencia declare su nulidad lisa y llana.

II. De la ejecutoria dictada por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Vigésimo Séptimo Circuito, en el amparo directo 516/2016, se advierte lo siguiente:

1. ********** demandó la nulidad de la boleta de infracción con folio **********, emitida por el suboficial adscrito a la Estación Aeropuerto Cancún de la Policía Federal, a través de la cual se determinó una sanción pecuniaria, por infracción a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y al Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal.

2. La Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, registró el asunto como expediente ********** y, seguido el procedimiento, en sentencia de ocho de agosto de dos mil dieciséis, declaró la validez de la resolución combatida.

3. En contra de esa resolución, ********** promovió juicio de amparo, del que tocó conocer al Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en el expediente 516/2016, que en sesión de veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis resolvió negar la protección solicitada, con base en los siguientes razonamientos:

3.1. Es inoperante que la multa fue impuesta en una vialidad correspondiente al Aeropuerto de Cancún, Quintana Roo, lugar en el que el policía que sancionó al quejoso no tenía competencia, dado que no se trataba una vialidad de jurisdicción federal; porque reitera su concepto de impugnación décimo tercero.

3.2. Es infundado que la responsable no estudio la competencia de la autoridad demandada; porque al dar respuesta a los conceptos de nulidad que formuló respecto de la competencia del ente administrativo, es evidente que ya no debía pronunciarse oficiosamente en relación con ese tema.

3.3. Es infundado que a la fecha de la imposición de la multa (veintidós de marzo de dos mil dieciséis), los Acuerdos 01/2010 y 01/2011, en que la autoridad demandada fundó su competencia material y territorial, eran inaplicables e insuficientes para justificar la competencia del servidor público, debido a que una parte de los preceptos con base en los que fueron expedidos se encontraban derogados.

3.1.1. Es cierto que:

a) El Decreto publicado el dos de enero de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación, derogó el artículo 30 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.(9)

b) El artículo segundo transitorio del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación,(10) publicado el dos de abril de dos mil trece, abrogó el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública,(11) y derogó todas aquellas disposiciones que se opusieran a dicho reglamento.

3.1.2. Empero, esas modificaciones legislativas y reglamentarias, solamente transfirieron las facultades que tenía asignadas la Secretaría de Seguridad Pública a la diversa de Gobernación, además, los acuerdos referidos no contravienen el reglamento de la Secretaría de Estado indicada en último término, por lo que tampoco pueden estimarse derogados tácitamente.

3.1.3. Los acuerdos referidos, en la parte atinente a los fundamentos que justifican su emisión, son del tenor siguiente:

Ver acuerdos 1

3.1.4. Si bien mediante decreto publicado el dos de enero de dos mil trece, se derogó el artículo 30 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, lo cierto es que las atribuciones ahí establecidas en favor de la Secretaría de Seguridad Pública (en particular la indicada en la fracción X), en realidad fueron asignadas a la Secretaría de Gobernación, como se observa en el siguiente cuadro:

Ver cuadro

3.1.5. Si bien el artículo segundo transitorio del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, estableció que se abrogaba el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, y se derogaban todas aquellas disposiciones que se opusieran a dicho reglamento, lo cierto es que las atribuciones del secretario de Seguridad Pública, pasaron al secretario de Gobernación:

Ver cuadro comparativo 1

3.1.6. Es cierto, entonces, que aconteció una derogación de ciertas disposiciones y una abrogación de un conjunto reglamentario. Empero, en realidad se trasladaron las facultades, sin desaparecer las atribuciones; lo que, en último caso, sí involucraría la extinción de facultades delegadas a órganos inferiores.

3.1.7. Luego, si las funciones del secretario de Seguridad Pública se transfirieron al secretario de Gobernación, continúa vigente el Acuerdo 01/2010 expedido por el titular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal.

3.1.8. Lo anterior se corrobora si se toma en cuenta que la Ley de la Policía Federal (publicada en el Diario Oficial de la Federación el uno de junio de dos mil nueve) y su reglamento (publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diez), continúan vigentes, lo que implica que no han cambiado las atribuciones de cada unidad que conforma la entidad policiaca.

3.1.9. Si bien el Acuerdo 01/2011 fue emitido por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y esa secretaría desapareció, lo cierto es que las atribuciones de tal entidad fueron transferidas al secretario de Gobernación, por lo que hasta que este secretario abrogue expresa o tácitamente el acuerdo aludido, el mismo debe entenderse vigente.

3.1.10. Como no existe norma que manifiestamente disponga que los Acuerdos 01/2010 y 01/2011 han quedado abrogados, entonces no hay derogación expresa.

3.1.11. La derogación de ciertos preceptos o abrogación de conjuntos normativos no puede entenderse como "invalidante" de las normas que derivan de tales fuentes normativas; pues la redistribución de competencias, por sí, no conlleva la derogación o abrogación de las normas "subyacentes" que se emitieron con anterioridad.

3.1.12. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que, de conformidad con el artículo 9o. del Código Civil Federal, la ley sólo queda abrogada o derogada por otra posterior que así lo declare expresamente o que contenga disposiciones total o parcialmente incompatibles con la ley anterior.

3.1.13. De lo anterior se deducen dos clases de derogación, expresa, cuando en una ley se declara la supresión total o parcial de otra anterior que regía sobre la misma materia, y tácita, cuando queda abolida una norma jurídica al emitirse una nueva ley que la sustituya o que contenga preceptos contradictorios.(12)

3.1.14. Los Acuerdos 01/2010 expedido por el titular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, y 01/2011 emitido por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, no contravienen las nuevas disposiciones normativas, pues las facultades que sustentaron la emisión de los propios acuerdos no fueron suprimidas sino que se trasladaron a otro ente estatal. Por tanto, no existe derogación tácita.

3.1.15. Si las modificaciones legislativas y reglamentarias dejaron intocada la organización de entes inferiores, como la Policía Federal, debe mantenerse hasta que se emita expresamente una norma que modifique sus atribuciones (derogación expresa), o alguna en que la que explícitamente se regulen las materias que norman los aludidos acuerdos (derogación tácita).

3.1.16. Por tanto, si ninguno de los supuestos mencionados se ha materializado, debe refrendarse que los Acuerdos 01/2010 y 01/2011 fueron emitidos por entidades que a la fecha de emisión de los mismos, sí contaban con atribuciones para regular el aspecto organizacional que se normó; sin que sea obstáculo el hecho de que con posterioridad a su expedición y entrada en vigor, se modificara el marco regulatorio de atribuciones del que derivan, únicamente para trasladarlas de una secretaría de estado hacia otra.

3.4. En tales condiciones, ante la ineficacia de los conceptos de violación formulados, en un amparo directo en materia administrativa en el que rige el principio de estricto derecho, debe negarse a la parte quejosa el amparo y la protección federal solicitada.

Precisadas las posturas de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, ha lugar ahora a examinar si, en el caso, se satisfacen los requisitos necesarios para afirmar la existencia de una contradicción de criterios, de los que se ha dado noticia en párrafos precedentes.

CUARTO.-Existencia de la contradicción de tesis. La técnica para dilucidar si se presenta una contradicción de tesis, acorde con las directivas utilizadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consiste en detectar si existe una discrepancia en los procesos de interpretación de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, para lo cual debe revisarse si se reúnen las siguientes condiciones:

a) Que los órganos jurisdiccionales contendientes hayan resuelto alguna cuestión jurídica en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos exista al -menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida esté encaminada a la atención de un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.

c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

Esas directrices se encuentran reflejadas en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia P./J. 72/2010,(13) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

Por otro lado, cabe señalar que aun cuando los criterios contendientes no constituyen jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción de tesis planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia; acorde con la tesis P. L/94,(14) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se cita:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.-Para la procedencia de una denuncia de contradicción de tesis no es presupuesto el que los criterios contendientes tengan la naturaleza de jurisprudencias, puesto que ni el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal ni el artículo 197-A de la Ley de Amparo, lo establecen así."

Así, pues, de los antecedentes que informan los amparos directos, así como de las consideraciones que sustentan las resoluciones respectivas, se advierte que se actualizan los supuestos para estimar que existe una contradicción de tesis, por lo siguiente:

Primer requisito: resolución de alguna cuestión litigiosa en la que hayan ejercido su arbitrio judicial a través de un método interpretativo. A juicio de este Pleno de Circuito, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al resolver la correspondiente cuestión litigiosa presentada ante ellos, se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial a través de un procedimiento interpretativo para llegar a una solución determinada. Ello se advierte en las resoluciones emitidas por dichos tribunales, las cuales se detallaron al explicar las posturas de cada uno de ellos.

Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Este Pleno de Circuito considera que el segundo requisito queda cumplido, ya que ambos Tribunales Colegiados de Circuito analizaron casos en los que, a partir de supuestos similares, llegaron a una conclusión diferente.

Por un lado, emitieron su decisión a partir de consideraciones que encuentran identidad en los casos que enfrentaron, consistentes en determinar si la autoridad administrativa que impuso una multa por infracciones de tránsito en carreteras federales puede fundar su competencia en los Acuerdos 01/2010 expedido por el titular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal (competencia material), y 01/2011 emitido por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (competencia territorial).

Por otro lado, en los ejercicios interpretativos realizados por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes existe disenso en la decisión adoptada, por las razones siguientes:

1. El Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito consideró que los Acuerdos 01/2010 expedido por el titular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal (competencia material), y 01/2011 emitido por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (competencia territorial) no son aptos para fundar la competencia de la autoridad administrativa, puesto que dejaron de tener vigencia al derogarse el artículo 30 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y al abrogarse el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública.

Lo anterior, porque los aludidos acuerdos tenían parte de su apoyo legal en la fracción X del artículo 30 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y los artículos 3, fracción XXIX, inciso a), 8, fracción XV, y 39, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública. De ahí que al derogarse los artículos indicados, aquellos acuerdos carecen de apoyo legal para su vigencia.

A partir de ello, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito estimó que:

a) Es irrelevante si los acuerdos referidos se oponen o no al orden jurídico nacional.

b) La autoridad administrativa puede fundar su competencia en esos acuerdos sólo si justifica la ultractividad de:

b.1) Los artículos expresamente derogados [fracción X del artículo 30 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y los artículos 3, fracción XXIX, inciso a), 8, fracción XV, y 39, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública], o

b.2) Los propios Acuerdos 01/2010 y 01/2011.

2. En cambio, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito consideró que los Acuerdos 01/2010 expedido por el titular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal (competencia material), y 01/2011 emitido por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (competencia territorial) no dejaron de tener vigencia al derogarse el artículo 30 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y abrogarse el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública.

Lo anterior, porque las atribuciones contenidas en la fracción X del artículo 30 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 8, fracción XV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, fueron trasladadas de la Secretaría de Seguridad Pública a la de Gobernación, en los artículos 27, fracción XV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 5, fracciones XV y XXII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, respectivamente. De ahí que como no desaparecieron las atribuciones de la autoridad administrativa previstas en esos artículos, aquellos acuerdos continúan vigentes.

A partir de ello, el Tercer Tribunal Colegiado del Vi

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27597-c8769b02/multa-por-infracciones-de-transito-en-carreteras-federales · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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