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Modo: Corpus Pro

PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 170, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA MATERIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 17/2014. · Registro digital (IUS): 25874
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2015-10-02
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, TERCERO, SEXTO, OCTAVO Y DÉCIMO QUINTO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, ASÍ COMO EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCU
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo III , Pág. 2983.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 17/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, TERCERO, SEXTO, OCTAVO Y DÉCIMO QUINTO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, ASÍ COMO EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL, EN APOYO DEL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 18 DE AGOSTO DE 2015. UNANIMIDAD DE DIECINUEVE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOEL CARRANCO ZÚÑIGA, HUMBERTO SUÁREZ CAMACHO, MIGUEL DE JESÚS ALVARADO ESQUIVEL, GUILLERMINA COUTIÑO MATA, ALFREDO ENRIQUE BÁEZ LÓPEZ, FRANCISCO GARCÍA SANDOVAL, MARÍA GUADALUPE SAUCEDO ZAVALA, JORGE ARTURO CAMERO OCAMPO, URBANO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, ARTURO CÉSAR MORALES RAMÍREZ, ROLANDO GONZÁLEZ LICONA, GASPAR PAULÍN CARMONA, DAVID DELGADILLO GUERRERO, MARÍA GUADALUPE MOLINA COVARRUBIAS, GERMÁN EDUARDO BALTAZAR ROBLES, ARMANDO CRUZ ESPINOSA, IRMA LETICIA FLORES DÍAZ, GUADALUPE RAMÍREZ CHÁVEZ Y PABLO DOMÍNGUEZ PEREGRINA. AUSENTE: JOSÉ ALEJANDRO LUNA RAMOS. PONENTE: SALVADOR MONDRAGÓN REYES. ENCARGADA DEL ENGROSE: GUILLERMINA COUTIÑO MATA. SECRETARIO: HOMERO FERNANDO REED MEJÍA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 11/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, toda vez que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados en asuntos resueltos por Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito y por un Tribunal Colegiado de Circuito Auxiliar en apoyo de un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Respecto a la competencia de este órgano jurisdiccional para conocer de la posible contradicción de criterios cuando un Tribunal Colegiado Auxiliar resuelve en apoyo de un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, resulta ilustrativa la tesis aislada PC.I.A. 1 K (10a.), sustentada por este Pleno de Circuito, que establece:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE UN TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y UN TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR QUE RESOLVIÓ EN APOYO DE OTRO DE LA MISMA MATERIA Y CIRCUITO. ES COMPETENTE PARA RESOLVER EL PLENO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Cuando un Tribunal Colegiado Auxiliar resuelve en apoyo de un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con independencia de la región o residencia a la que pertenezca, debe considerarse que se trata de órganos jurisdiccionales de la misma especialidad y circuito, pues aunque en términos del artículo 6 del Acuerdo General 14/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, los Tribunales Colegiados Auxiliares no integrarán Plenos, no debe pasar por alto el hecho de que éstos fueron creados como órganos jurisdiccionales auxiliares encargados de brindar apoyo temporal únicamente en el dictado de las sentencias en los lugares con alta carga de trabajo por lo que se requiere que otro órgano jurisdiccional de la misma competencia y capacidad resuelva. Así la competencia para conocer de las contradicciones de tesis entre dichos tribunales se define en razón de que el órgano auxiliar resolvió en apoyo de un tribunal especializado integrante del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, por lo que tiene la misma naturaleza y, en consecuencia, la competencia del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito para resolverla se da en la medida en que la decisión del Tribunal Colegiado Auxiliar surte efectos jurídicos dentro del ámbito territorial del propio Pleno de Circuito." [Décima Época. Registro: 2007010. Plenos de Circuito. Aislada. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, Tomo I, julio de 2014, materia común, tesis PC.I.A. 1 K (10a.), página 803]

SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues fue formulada por los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, órgano que sustentó uno de los criterios aquí contendientes.

TERCERO.-Criterios contendientes. Resulta conveniente destacar los argumentos que integran a los criterios contendientes para, a partir de ellos, estar en aptitud de determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada.

Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Al conocer del juicio de amparo directo DA. 714/2013, el mencionado órgano colegiado resolvió:

"QUINTO.-Toda vez que en sesión de esta fecha se resolvió desechar el recurso de revisión RF. 505/2013-8985, debe sobreseerse en el juicio, en atención a las consideraciones que se exponen.-Los artículos 61, fracción XXIII y 170, fracción II, de la Ley de Amparo disponen: ‘Artículo 61.’ (se transcribe).-‘Artículo 170.’ (se transcribe).-La primera de las normas transcritas prevé la posibilidad de que la improcedencia del juicio derive de hipótesis previstas en la Constitución o en la propia Ley de Amparo, distintas a las que expresamente describe.-De la segunda, se advierte que el legislador previó la procedencia del amparo directo también contra sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio que sean favorables al quejoso. En este caso, la materia del juicio estará limitada la impugnación de las disposiciones generales que hubieran sido aplicadas en su perjuicio.-También estableció como requisito de procedencia, que la autoridad demandada en el juicio de origen hubiera interpuesto recurso de revisión y que se hubiera admitido.-Finalmente, estableció que el Tribunal Colegiado debe resolver primeramente el recurso de la autoridad y, sólo si resulta procedente y fundado, avocarse al estudio de constitucionalidad de normas generales propuesto en el amparo.-De lo anterior se obtiene que cuando se promueva amparo directo bajo la hipótesis descrita, el Tribunal Colegiado podrá adoptar distintas soluciones dependiendo de si la autoridad interpuso o no el recurso y, en su caso, de la resolución que le recaiga.-Toda vez que la interposición y procedencia del recurso de la autoridad constituye un requisito de procedencia del juicio de amparo en el supuesto examinado, si la autoridad demandada en el juicio de nulidad no impugna la sentencia reclamada, o habiéndolo hecho el recurso es desechado por auto de presidencia, el presidente del tribunal podrá desechar también el amparo, por ser manifiesta e indudable su improcedencia.-Si habiéndose admitido a trámite ambos asuntos, el Pleno del tribunal resuelve desechar el recurso de la autoridad por ser improcedente, al fallar en el amparo deberá sobreseer en el juicio, ya que, merced a lo resuelto en el recurso de la autoridad, sobrevendrá una causa de improcedencia por no reunirse el requisito previamente identificado.-Siendo procedente el recurso de la autoridad, si el tribunal decide que es infundado y confirma la sentencia recurrida, el amparo directo quedará sin materia, pues lo decidido dejará al tribunal imposibilitado para entrar al estudio de los conceptos de violación.-En caso de que considere que el recurso es fundado y suficiente para revocar la sentencia recurrida, deberá analizar los conceptos de violación propuestos contra las disposiciones generales aplicadas y, en su caso, conceder o negar el amparo.-Expuesto lo anterior, se da noticia de que del análisis de los autos del juicio de nulidad ********** se advierte que la primera sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa dictó sentencia el veintinueve de abril de dos mil trece, en la que declaró la nulidad lisa y llana de la resolución administrativa impugnada. Esto es, la sentencia del tribunal administrativo que puso fin al juicio fue favorable a los intereses de la quejosa.-Inconforme con esa resolución, el administrador de lo contencioso de grandes contribuyentes ‘5’ de la Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes, titular de la unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del secretario de Hacienda y Crédito Público, del jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad demandada, interpuso recurso de revisión, el que fue admitido a trámite por el presidente de este Tribunal Colegiado mediante acuerdo de quince de julio del año en curso y quedó registrado con el expediente RF. 505/2013-8985.-Contra la misma sentencia, el representante de **********, promovió amparo directo en términos del artículo 170, fracción II, de la Ley de Amparo, el cual se admitió a trámite por auto de presidencia de veinte de junio del año en cita. En su demanda, la quejosa hizo valer la inconstitucionalidad de los artículos 16 y 47, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.-Aun cuando la autoridad interpuso recurso de revisión y fue admitido a trámite, este tribunal resolvió desecharlo por improcedente, por lo que en el caso no se reúne el supuesto de procedencia del amparo, pues tal como se explicó en líneas anteriores, no basta que la autoridad interponga el recurso, sino que además es necesario que sea procedente y fundado.-Sobre esa base, se concluye que se actualizó la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 170, fracción II, de la Ley de Amparo, razón por la que debe sobreseerse en el juicio, acorde con lo dispuesto por el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento.-Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO.-Se sobresee en el juicio ..."

Asimismo, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, plasmó el criterio sustentado en el juicio de amparo directo DA. 714/2013, en la tesis aislada I.1o.A.10 K (10a.), del tenor siguiente:

"AMPARO DIRECTO. DEBE SOBRESEERSE POR IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO CONFORME AL ARTÍCULO 170, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO DE NULIDAD NO IMPUGNA LA SENTENCIA RECLAMADA O, HABIÉNDOLO HECHO, EL RECURSO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 104, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL ES DESECHADO O DECLARADO INFUNDADO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La disposición citada prevé la posibilidad de que la parte que obtuvo sentencia favorable en el juicio de nulidad promueva amparo directo con el propósito de hacer valer temas de constitucionalidad de las normas que le hubieran sido aplicadas tanto en la sentencia como en la resolución controvertida en el juicio de origen. En ese supuesto, es requisito de procedencia que la autoridad demandada en dicho juicio interponga el recurso de revisión establecido en el artículo 104, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que éste sea procedente y fundado, por lo que si no impugna la sentencia reclamada o, habiéndolo hecho, el recurso es desechado o declarado infundado, lo procedente será sobreseer en el juicio, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 170, fracción II, ambos de la Ley de Amparo." [Décima Época. Registro: 2005573. Tribunales Colegiados de Circuito. Aislada. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Tomo III, febrero de 2014, materia común, tesis I.1o.A.10 K (10a.), página 2173]

Criterio del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. En el juicio de amparo directo DA. 367/2013, el referido Tribunal Colegiado resolvió:

"SÉPTIMO.-En el caso resulta innecesario el estudio de los conceptos de violación propuestos, toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 170, fracción II, del propio ordenamiento legal.-En primer lugar, debe precisarse que, como se desprende de los antecedentes del caso, la Sala contenciosa declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada por una violación de tipo formal, al sostener que el oficio **********, mediante el cual se requirió diversa información y documentación a la parte actora y se inició la revisión de gabinete, no se encontraba debidamente motivado, al no precisarse los hechos u omisiones que la autoridad hubiera conocido y entrañaran un posible incumplimiento de las disposiciones fiscales aplicables que originaran dicho requerimiento, por tanto, tal oficio no podía producir ninguna consecuencia jurídica ni servir de fundamento a otros actos, entre ellos, a la resolución impugnada, por lo que procedía declarar la nulidad lisa y llana de esta última.-Como se advierte de lo expuesto, en la sentencia reclamada se declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, al estimar que el oficio por virtud del cual se requirió a la contribuyente diversa información y documentación y se dio inicio al procedimiento de fiscalización que concluyó con la resolución impugnada, no se encontraba debidamente motivado.-De lo anterior se observa, claramente, que la referida sentencia dictada en juicio contencioso, resultó favorable a la entonces actora.-Ahora bien, en contra de ese fallo, la quejosa promueve el juicio de amparo directo, alegando violación a sus derechos fundamentales consagrados en los artículos y 16 y 17 de la Constitución General de la República.-En esas condiciones, el juicio de garantías promovido resulta improcedente, pues, como se dijo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 170, fracción II, del propio ordenamiento legal, que a la letra disponen lo siguiente: ‘Artículo 61.’ (se transcribe).-‘Artículo 170.’ (se transcribe).-De acuerdo con el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo será improcedente, en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Federal, o de la Ley de Amparo.-En tanto, que el artículo 170, fracción II, de la Ley de Amparo, estatuye que el juicio de amparo directo procede, en contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por Tribunales de lo Contencioso Administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas.-Además, establece que en estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; debiendo el Tribunal Colegiado de Circuito resolver en primer lugar, lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa y, únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo.-En la especie, de la lectura de los conceptos de violación propuestos por la quejosa, se desprende que en ellos, sólo argumenta cuestiones relacionadas con los efectos de la nulidad decretada y no en contra de alguna norma general aplicada en el fallo reclamado, como se desprende de la siguiente síntesis: ... Es por ello que, al ser la sentencia reclamada favorable a la quejosa y no combatir ésta, en su demanda de amparo, la inconstitucionalidad o convencionalidad de normas generales aplicadas en dicho fallo; es claro, que se actualiza el referido supuesto normativo y, por tanto, la presente demanda resulta improcedente.-Lo anterior, aunado a que el recurso de revisión fiscal RF. 241/2013 del índice de este Sexto Tribunal Colegiado, que interpuso la autoridad demandada, en contra de la propia sentencia contenciosa, fue decidido en la misma sesión en que se resuelve este asunto, en el sentido de desecharlo por resultar improcedente, en virtud de que la nulidad lisa y llana de la resolución reclamada en el juicio contencioso, derivó de una violación formal que no permitió el examen de fondo del acto impugnado, como lo es la determinación de créditos fiscales por un monto total de **********, por concepto de impuesto sobre la renta omitido, actualización, recargos y multas por el ejercicio fiscal de dos mil cinco; y por lo cual no se satisfizo el requisito de excepcionalidad, para su procedencia, que exige el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.-Máxime que en el caso, lo que pretende la quejosa tiene que ver con los efectos de la nulidad otorgada en el fallo reclamado, lo que tendría que hacerlo valer en el juicio contencioso y no por este medio de defensa.-Por tanto, tal como se ha referido, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 170, fracción II, ambos de la Ley de Amparo y, en consecuencia, debe sobreseerse en el juicio, en términos del numeral 63, fracción V, de la propia legislación.-Similar criterio sostuvo este Tribunal Colegiado, al resolver el juicio de amparo directo DA. 878/2013, en sesión del día dieciocho de octubre de dos mil trece.-Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73 a 79 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO.-Se sobresee en el juicio de amparo. ..."

Criterio del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Al resolver el juicio de amparo directo DA. 359/2013, el citado Tribunal Colegiado determinó:

"SEXTO.-Ante todo, este Tribunal Colegiado examina la procedencia del presente juicio de garantías, en virtud de que constituye una cuestión de orden público y oficioso, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril del año que transcurre, de aplicación al caso, en tanto el ocurso constitucional se presentó el día nueve siguiente.-Sobre el particular, cabe destacar que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5o., fracción I, párrafo primero y 6o. de la ley de la materia, el juicio de garantías en vía directa, promovido contra una sentencia definitiva, es procedente si ese fallo afecta el interés jurídico de la promovente, esto es, si le es desfavorable.-De tal suerte, debe examinarse si la sentencia reclamada afecta o no el interés jurídico de la quejosa y, por tanto, si está legitimada o no para ejercitar la acción de amparo.-En ese orden de ideas, es pertinente traer a contexto los artículos 5o., fracción I, párrafo primero, 6o. y 61, fracciones XII y XXIII, de la Ley de Amparo, que son del tenor siguiente: Ley de Amparo.-‘Artículo 5o.’ (se transcribe).-‘Artículo 6o.’ (se transcribe).-‘Artículo 61.’ (se transcribe).-La interpretación sistemática de los preceptos legales transcritos pone de manifiesto que la acción constitucional está reservada a la persona que resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad, entendiéndose por aquél la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado por la ley que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, su titular está facultado para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo para demandar el cese o detención de esa violación, de lo cual se concluye que ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que para la procedencia del juicio de garantías debe tomarse en cuenta.-En otras palabras, el interés jurídico es una prerrogativa reservada únicamente a quien resiente un menoscabo con motivo de un acto de autoridad, por lo que la noción de perjuicio, ofensa o daño para la procedencia del amparo, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que cuando se infringe por la actuación de una autoridad faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación, esto es, la acción de amparo exige como presupuesto o condición esencial para su procedencia, entre otros, la existencia de un perjuicio que afecte a la persona o los derechos del quejoso, ya que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 de la Constitución Federal, las personas físicas o jurídicas, de derecho público o privado que sufren una afectación en su persona o patrimonio, derivada de una ley o acto de autoridad que viole sus derechos fundamentales o implique una invasión de la soberanía federal a la de los Estados, o bien, de la de éstos con la Federación, tienen la facultad de intentar la acción reparadora ante los Tribunales de la Federación.-Ahora bien, tratándose del juicio de amparo en la vía directa, el legislador federal introdujo requisitos de procedencia novedosos, a través del texto del artículo 170 de la Ley de Amparo, el cual se trae a cuenta para mayor referencia: ‘Artículo 170.’ (se transcribe).-De acuerdo con el precepto transcrito, en lo que a este estudio interesa, el juicio de amparo directo procede contra las sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por Tribunales de lo Contencioso Administrativo, cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas.-Además, el numeral en comento establece que en los casos en que se reclame una sentencia que resultó favorable al quejoso, el juicio de garantías se tramitará, únicamente, si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contenciosa administrativa previsto en el artículo 104, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que el Tribunal Colegiado deberá resolver primero lo relativo al recurso de revisión de mérito, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo.-Luego, es dable sostener que de acuerdo con las nuevas reglas que rigen al juicio de amparo directo, por voluntad expresa del Constituyente Permanente, en los casos en que la parte quejosa haya obtenido sentencia favorable en el juicio contencioso administrativo de origen, la procedencia de la acción de amparo está supeditada a dos condiciones torales: i) En la demanda se formulen, solamente, conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas en el fallo reclamado, es decir, únicamente aspectos de constitucionalidad de aquéllas.-ii) Que la autoridad demandada, a su vez, haya interpuesto el recurso de revisión a que se refiere el artículo 104, fracción III, constitucional; y que éste haya resultado procedente y fundado.-Bajo esa óptica, atendiendo a las nuevas reglas de procedencia del juicio de amparo directo contra sentencias que derivan de un juicio de lo contencioso administrativo, es importante definir qué debe entenderse por sentencia o resolución que ponga fin al juicio, favorable al quejoso.-A ese respecto, este Tribunal Colegiado estima que debe observarse el criterio definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que la sentencia favorable, tratándose de las emitidas por un Tribunal Contencioso Administrativo, como por ejemplo el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, no deben serlo sólo en apariencia, es decir, limitar el alcance de la nulidad demandada, sino que deben colmar, de ser procedente, la pretensión de la acción de nulidad ejercitada por la parte actora.-En suma, el Máximo Tribunal del País ha determinado que en los casos en que las Salas del referido tribunal administrativo declaren fundado un argumento de ilegalidad del acto combatido que conduzca a declarar su nulidad lisa y llana, implica que aquél carezca de valor jurídico, siendo ocioso abundar en los demás conceptos de anulación de fondo, porque no puede invalidarse un acto legalmente destruido.-Sirve de apoyo a lo anterior, por razones analógicas, la jurisprudencia número 2a./J. 1/94 sustentada por la anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 77, correspondiente al mes de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, visible en la página veintiuno, que textualmente dice: ‘NULIDAD PARA EFECTOS. EXISTE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO UNA SENTENCIA QUE DECLARA LA NULIDAD PARA EFECTOS DE UNA RESOLUCIÓN NEGATIVA FICTA, SI EL QUEJOSO PRETENDE QUE DEBIÓ SER LISA Y LLANA.’ (se transcribe).-También es ilustrativo el criterio contenido en la jurisprudencia número 2a./J. 9/2011, emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, difundido en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, correspondiente al mes de agosto de dos mil once, visible en la página trescientos cincuenta y dos, del tenor siguiente: ‘PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LOS ARTÍCULOS 50, SEGUNDO PÁRRAFO, Y 51, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, OBLIGAN AL EXAMEN PREFERENTE DE LOS CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN RELACIONADOS CON LA INCOMPETENCIA DE LA AUTORIDAD, PUES DE RESULTAR FUNDADOS HACEN INNECESARIO EL ESTUDIO DE LOS RESTANTES (LEGISLACIÓN VIGENTE ANTES DE LA REFORMA DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2010).’ (se transcribe).-En ese contexto, puede sostenerse válidamente que de acuerdo con la reforma constitucional en materia de derechos humanos y juicio de amparo, a la luz de los ejes rectores que inspiraron al legislador federal para crear la nueva ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, orientados por la interpretación que ha efectuado la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto del sentido y alcances de las sentencias emitidas en juicios de lo contencioso administrativo, es dable considerar que la sentencia o resolución que ponga fin al juicio ‘favorable’ a la parte demandante, es aquella que sin perjuicio de haber declarado la nulidad del acto combatido en el juicio de origen, ya no es susceptible de proyectar un mayor beneficio al particular.-Dicho de otro modo, la sentencia o resolución favorable, derivada de un juicio de lo contencioso administrativo, a que se refiere el artículo 170, fracción II, de la Ley de Amparo, es aquella, cuyos efectos de nulidad no pueden ser mayores a los declarados por el tribunal del conocimiento y, en consecuencia, la pretensión de la parte actora, desde un punto de vista de legalidad del acto, debe entenderse satisfecha; quedando, en todo caso, únicamente por dilucidar el aspecto de constitucionalidad de las normas aplicadas ya sea en el fallo reclamado o en el procedimiento de origen.-Corolario de lo hasta aquí expuesto es que en los casos en que a través del juicio de amparo directo se combata una sentencia recaída a un juicio de lo contencioso administrativo, en el que a pesar de declararse la nulidad de la resolución impugnada, la parte quejosa estima que es violatoria de sus derechos humanos, el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca de aquél debe efectuar un juicio valorativo previo (sin que implique un pronunciamiento de fondo del asunto), respecto de si aquélla tiene interés jurídico en deducir la referida acción de amparo, pues de acuerdo con las nuevas reglas de procedencia del juicio de garantías en la vía directa, si no es posible aun hipotéticamente obtener un mayor beneficio al alcanzado en la sentencia reclamada, el impetrante de garantías sólo estará legitimado para promover el juicio, para el único efecto de combatir la constitucionalidad de las normas generales aplicadas en el juicio de origen, pues en caso contrario, aquél resulta improcedente.-Sentado lo anterior, es menester señalar que de las constancias del juicio de nulidad en el que se dictó el fallo reclamado se desprende que la aquí quejosa demandó la nulidad de la resolución del veintisiete de agosto de dos mil doce, dictada en el expediente administrativo número **********, a través de la cual el jefe de Departamento de Servicios de la Delegación Aguascalientes de la Procuraduría Federal del Consumidor le impuso una multa en cantidad total de **********), por infringir el contenido de los artículos 7o. y 42 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.-Resulta significativo señalar que la resolución aludida en el párrafo anterior fue producto de la tramitación de los procedimientos conciliador y sancionador por infracciones, a que se refieren los artículos 116 y 123 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, respectivamente.-Una vez agotada la secuela procesal del juicio natural, el treinta de enero de dos mil trece, la Magistrada instructora de la Sala del conocimiento dictó sentencia en la que declaró la nulidad del acto combatido.-La razón fundamental por la que la Magistrada instructora declaró la nulidad de la resolución impugnada, obedeció a que concluyó que la autoridad demandada no fundó debidamente su competencia tanto territorial como por grado, para emitir el acto impugnado, en contravención a los artículos 14 y 16 constitucionales y 51, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.-Al respecto, es importante señalar que previo a que la Juzgadora declarara fundado el argumento de incompetencia precisado, desvirtuó los demás motivos de ilegalidad que la actora formuló en cuanto al fondo de asunto, entre estos, la caducidad de las facultades sancionadoras de la autoridad demandada, así como la fundamentación y motivación de la multa impugnada (consideraciones que, por cierto, la aquí quejosa no combate en el presente juicio de amparo). ... Luego, la Magistrada instructora declaró la nulidad de la resolución impugnada, dejando a salvo las facultades de la autoridad a fin de que, de considerarl

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25874-1cf85da3/procedencia-del-juicio-de-amparo-directo-interpretacion-conforme · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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