Corpus
Modo: Corpus Pro

PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. EN SU DESAHOGO ES INAPLICABLE LA FIGURA DE LAS "REPREGUNTAS" PREVISTA EN LA PARTE FINAL DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 119 DE LA LEY DE LA MATERIA (EQUIVALENTE AL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 151 DE LA LEGISLACIÓN ABROGADA), POR LO QUE NO PROCEDE DIFERIR LA AUDIENCIA PARA SU PREPARACIÓN Y/O FORMULACIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 145/2020. · Registro digital (IUS): 30435
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-03-18
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO, SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO, SEXTO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO, SE
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Marzo de 2022, Tomo III, Pág. 1962.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 145/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO, SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO, SEXTO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO, SEGUNDO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO (ANTES CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO), SÉPTIMO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, SÉPTIMO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO (ANTES SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO), DÉCIMO SEXTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO. 12 DE ENERO DE 2022. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, LORETTA ORTIZ AHLF, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: IVETH LÓPEZ VERGARA.

CONSIDERANDO:

8. PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su texto vigente antes de la reforma de once de marzo de dos mil veintiuno; 226, fracción II, de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el quinto transitorio(1) de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno; así como con el punto tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados de diferente circuito con diversa especialidad, sin que resulte necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

9. SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción proviene de parte legítima en términos de lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su texto vigente antes de la reforma de once de marzo de dos mil veintiuno, y 227, fracción II, en relación con el diverso 226, fracción II, de la Ley de Amparo, dado que el denunciante –Braulio Pallares Duarte–, fue parte procesal en uno de los juicios de amparo del que derivó uno de los criterios en contienda, a saber, aquel en el que se interpuso el recurso de queja 13/2020 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito.

10. TERCERO.—Criterios contendientes. En el escrito del denunciante se anuncia que el posible problema jurídico a resolver se vincula con la posibilidad de diferir la audiencia de desahogo de pruebas cuando las partes solicitan formular repreguntas a los peritos que tuvieron a cargo la rendición de los dictámenes respectivos, desde luego, de haberse ofrecido una prueba pericial en el juicio de amparo. Al respecto, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron conforme a los antecedentes y consideraciones que se relatan a continuación:

I. Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, al resolver el recurso de queja 13/2020, mediante resolución de veintisiete de febrero de dos mil veinte.

a. El ahora denunciante promovió el juicio de amparo 137/2019 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, contra actos de tortura psicológica y falta de atención médica reclamados de las autoridades encargadas de la prisión preventiva en la que se encontraba derivado de su sujeción a proceso frente a un Juez de primera instancia local; juicio en el que el indicado Juez Federal concedió la suspensión de plano.

b. Posteriormente, el quejoso interpuso incidente de violación a la suspensión, en cuya sustanciación la autoridad responsable rindió su respectivo informe, cuya firma fue objetada de falsa por el amparista, por lo cual fue abierto el incidente de falsedad de firmas.

c. En ese incidente de falsedad de firmas se ofreció la prueba pericial en caligrafía, por lo que el Juez de amparo citó a dos diligencias sucesivas para el estampado de la firma del funcionario que rindió el informe objetado de falso en cuanto a su autenticidad, a partir de las cuales el perito oficial rindió su correspondiente dictamen; y, posteriormente, se celebró la audiencia incidental respectiva en la que la parte quejosa presentó un escrito solicitando su diferimiento, sobre lo cual el citado Juez emitió un acuerdo desfavorable a la pretensión en los términos que se reproducen a continuación:

"... Por lo que respecta a su solicitud de diferir la presente audiencia para el efecto de que se le permita cuestionar al aludido perito para que realice aclaraciones respecto a las objeciones formuladas, ello en términos del artículo 148 del Código Federal de Procedimientos Civiles; no ha lugar a acordar favorable su solicitud.

"Lo anterior es así, en atención a lo que estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lo concerniente a la prueba pericial grafoscópica –idónea para demostrar la falsedad de firma– en el sentido de que es una institución que se encuentra suficientemente reglamentada en la Ley de Amparo (artículos 119 y 122, último párrafo) y, por tanto, conforme a ésta deben regirse su admisión, preparación y desahogo sin que deba acudirse a la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que las diferencias sustanciales en el desahogo de esa prueba tanto en la Ley de Amparo como en el código adjetivo procesal, hacen que lo establecido en dicha codificación (prueba colegiada), resulte incompatible e incongruente con los principios y bases que rigen el medio de control constitucional.

"Sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 33/2018 (10a.), de título, subtítulo y texto: ‘INCIDENTE DE FALSEDAD DE FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. PARA LA ADMISIÓN, PREPARACIÓN Y DESAHOGO DE LA PRUEBA PERICIAL GRAFOSCÓPICA, ES APLICABLE LA LEY DE AMPARO.’ (se transcribe). ..."

Por lo que procedió a dictar la resolución respectiva en la que declaró infundado el incidente de falsedad de firma.

d. En contra del fallo incidental referido en el numeral que antecede, la parte quejosa interpuso el recurso de queja, el cual fue declarado infundado por el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento, conforme a las consideraciones que, en lo que interesa, se describen a continuación:

• Es infundado el agravio por el que el recurrente señaló que el Juez de amparo debió dar la oportunidad de formular repreguntas y pedir aclaraciones sobre el dictamen del perito oficial en la audiencia relativa al incidente de falsedad de firmas –dada su obligación de vigilar el correcto desahogo de la prueba pericial–, porque "se encuentra ajustada a derecho la determinación a la que arribó el Juez de Distrito en la audiencia incidental en cuestión en el sentido de que no procedía diferir la misma para que se permitiera al quejoso cuestionar al perito oficial a fin de que aclarara su dictamen en términos de lo dispuesto por el artículo 148 del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues como dicho juzgador lo estimó, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que en el incidente de falsedad de firmas en el juicio de amparo, para la admisión, preparación y desahogo de la prueba pericial grafoscópica, debe aplicarse la Ley de Amparo y no acudirse supletoriamente al Código Federal de Procedimientos Civiles, al ser una cuestión que se encuentra suficientemente reglamentada en dicha Ley de Amparo, por lo que, a diferencia de lo referido por el disconforme, fue correcta la aplicación de la jurisprudencia P./J. 33/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título, subtítulo y texto: ‘INCIDENTE DE FALSEDAD DE FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO, PARA LA ADMISIÓN, PREPARACIÓN Y DESAHOGO DE LA PRUEBA PERICIAL GRAFOSCÓPICA, ES APLICABLE LA LEY DE AMPARO.’ (se transcribe) ..."

• Conforme al dictamen del perito oficial en materia de caligrafía, la firma plasmada en el informe de la denuncia de violación a la suspensión corresponde al puño y letra del funcionario respectivo, por lo que no quedó demostrada la falsedad de esa firma.

II. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 37/1991, mediante fallo de treinta de octubre de mil novecientos noventa y uno.

a. Una junta municipal promovió el juicio de amparo 800/90 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, en el que reclamó de diversas autoridades federales la desposesión de un predio en beneficio de un ejido.

b. Celebrada la audiencia constitucional, el Juez de Distrito emitió un auto posterior en el que, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, regularizó el procedimiento y dejó sin efectos esa audiencia con la finalidad de que, de manera oficiosa, se desahogara una prueba pericial en materia de topografía que determinara si los predios materia del reclamo formaban parte de aquellos con los que, a través de una resolución presidencial de primera ampliación, se dotó al ejido tercero interesado.

c. Contra esa decisión de regularización de procedimiento, la parte quejosa interpuso el recurso de queja, en cuya resolución el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento lo declaró parcialmente fundado con base en las consideraciones torales siguientes:

• El artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, sí faculta al Juez de amparo para subsanar omisiones que advierta en la sustanciación del procedimiento –aun cuando ello implica, hasta cierto punto, revocar alguno de sus acuerdos–, siempre y cuando respete los derechos procesales de las partes.

• El Juez del conocimiento sí justificó por qué resultaba necesario el desahogo de la prueba pericial; aunado a que, de primera mano, no se aprecian circunstancias para decidir si esa prueba trascenderá o no al sentido de la sentencia, siendo que, por economía procesal, es válido que ya se haya ordenado su desahogo.

• Sin embargo, la audiencia debió declararse insubsistente sólo parcialmente, esto es, únicamente a partir del cierre del periodo de pruebas, a efecto de que subsista el desahogo de las etapas anteriores y, sobre todo, de las pruebas testimonial y de inspección judicial.

• Resolución que dio lugar a la tesis aislada de rubro: "JUEZ DE DISTRITO, NO PUEDE REVOCAR SUS PROPIAS DETERMINACIONES, EXCEPTO PARA REGULARIZAR PROCEDIMIENTO."(2)

III. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 436/2001, mediante resolución de veinte de marzo de dos mil dos.

a. Una sociedad anónima promovió el juicio de amparo 37/2001 del índice del Cuarto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, en el que reclamó la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito en el toca 521/2001, por la cual confirmó el decomiso ordenado por el Juez Décimo de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal en el proceso penal 103/86.

b. La sociedad quejosa ofreció prueba pericial a efecto de demostrar que los bienes decomisados eran de su propiedad; prueba que fue desechada por falta de idoneidad, pues el Magistrado del conocimiento sostuvo que para acreditar aquel extremo no hace falta el conocimiento técnico o especializado de un experto.

c. Contra el acuerdo de desechamiento de prueba descrito en el inciso precedente, la parte quejosa interpuso el recurso de queja, en cuya resolución el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento lo declaró infundado con base en las consideraciones torales siguientes:

• Conforme a los artículos 150 a 155 de la anterior Ley de Amparo, es admisible cualquier prueba salvo la confesional por posiciones y las que fueren contra la moral o el derecho; pero es necesario que el medio de convicción ofrecido debe tener relación inmediata con los hechos controvertidos.

• No se requiere de un perito para determinar si la totalidad de los bienes inmuebles decomisados son propiedad de la parte quejosa, ya que esos hechos deben demostrarse con otro tipo de prueba.

• Resolución que dio lugar a la tesis aislada I.6o.P.3 K, de rubro: "PERITACIÓN, DOBLE FUNCIÓN DE LA."(3)

IV. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito (antes Cuarto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito), al resolver el amparo directo 374/2005, mediante la ejecutoria de veintinueve de agosto de dos mil cinco.

a. El Juez Quinto de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Nogales, en la causa penal 254/2004, dictó sentencia en la que declaró responsable a una persona del delito de contrabando presunto conforme al Código Fiscal de la Federación y al Código Penal Federal, pues sostuvo que la procedencia extranjera de la mercancía quedó demostrada con el dictamen relativo a la clasificación arancelaria del vehículo respectivo; sentencia que fue confirmada por el Tercer Tribunal Unitario del Quinto Circuito.

b. Contra el fallo descrito en el inciso precedente, el sentenciado promovió el juicio de amparo, en cuya sentencia se concedió el amparo con base en las consideraciones siguientes:

• El acta o dictamen de clasificación arancelaria, valorada como un dictamen pericial, aun cuando fue rendido por un perito, carece de valor probatorio, pues no revela la forma en que el experto confirmó que el vehículo era de procedencia extranjera, dado que sólo contiene la leyenda de que proviene de "E.U.A.", pero no se aprecian los elementos que se tuvieron en cuenta para llegar a esa conclusión.

• Los elementos probatorios aportados son insuficientes para tener por acreditado uno de los elementos constitutivos del delito de contrabando (el origen del bien).

• Resolución que dio lugar a la tesis aislada V.4o.4 K, de rubro: "PRUEBA PERICIAL. SU NATURALEZA JURÍDICA Y ALCANCE."(4)

V. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 3/2006, mediante la resolución de quince de febrero de dos mil seis.

a. Varias empresas promovieron el juicio de amparo 495/2004 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa del antes Distrito Federal, en el que reclamaron el artículo 149, fracción II, del Código Financiero del Distrito Federal que contenía la base gravable relativa al impuesto predial; juicio en el que se concedió el amparo –confirmado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el recurso de revisión 4047/2004–, para el efecto de que se devolviera a las quejosas las cantidades por la aplicación del llamado "factor 10.0".

b. Para determinar la cantidad exacta a devolver, el Juez de Distrito abrió el incidente innominado, en el que la parte quejosa ofreció la prueba pericial en materia de contabilidad y designó perito de su parte, quien rindió su respectivo dictamen, con el que se dio vista a la autoridad fiscal responsable, quien, a su vez, presentó escrito en el que esgrimió diversos argumentos en virtud de los cuales pretendió convencer de la falta de valor y alcance de dicho dictamen pericial.

c. Por resolución de veintisiete de octubre de dos mil cinco, el Juez de Distrito valoró la prueba pericial desahogada a través del dictamen rendido por el perito designado por la parte quejosa –al que consideró claro y precisó en sus cálculos–, con base en el cual declaró fundado el incidente innominado, y determinó como cantidad a devolver un monto específico.

d. Contra el fallo descrito en el inciso precedente, la autoridad responsable promovió el recurso de queja, en cuya resolución el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento lo declaró fundado con base en las consideraciones siguientes:

• La resolución del Juez de Distrito viola el principio de exhaustividad en términos del artículo 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, porque, para dar valor probatorio al dictamen del perito designado por las amparistas, no analizó ni se pronunció sobre los argumentos expresados por la autoridad responsable, precisamente, en contra de ese dictamen; consideraciones que integraban la litis incidental.

• Resolución que dio lugar a la tesis aislada I.7o.A.101 K, de rubro: "PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. LA RESOLUCIÓN QUE SE FUNDA EN UN DICTAMEN DE ESA NATURALEZA, DEBE PRONUNCIARSE TAMBIÉN EN RELACIÓN CON LAS OBJECIONES QUE SOBRE ÉSTE SE FORMULEN."(5)

VI. Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito (antes Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar, con residencia en Guadalajara, Jalisco, que, en su momento, actuó en apoyo del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito), al resolver el recurso de revisión 739/2010, mediante la ejecutoria de nueve de septiembre de dos mil diez.

a. Una empresa promovió el juicio de amparo 980/2009 del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, en el que reclamó la desposesión de la fracción de un terreno colindante con el Anillo Periférico por parte de diversas autoridades del Gobierno del Estado de Jalisco, a efecto de ampliar esa vialidad.

b. En dicho juicio, la parte quejosa ofreció la pericial en materia de ingeniería civil, topografía y planimetría; por lo que rindieron dictamen los peritos de la indicada quejosa, de las autoridades responsables y el oficial; y, una vez hecho esto, la autoridad presentó escrito el siete de abril de dos mil diez en el que solicitó que, dado que "el Juez tiene obligación de entregar copia del cuestionario para los peritos a cada una de las partes (lo cual, ya se hizo), para que puedan formular por escrito o hacer verbalmente repreguntas al verificarse la audiencia, es que solicitó se conceda ese derecho a esta parte, para efecto de que en el desahogo de la audiencia constitucional, podamos repreguntar al perito oficial".

c. En el acta de audiencia constitucional de la propia fecha –siete de abril de dos mil diez–, el Juez de amparo, en relación con la petición referida en el inciso que antecede, determinó que "no ha lugar a acordar de conformidad con lo solicitado, dado que dicha autoridad en su oportunidad se le corrió traslado con el cuestionario con el cual versaría dicha pericial, asimismo, de constancias se advierte que el día dieciséis de marzo de esta anualidad, se le notificó el auto por el cual se ordenó darle vista con el dictamen técnico presentado por el diestro oficial, y siendo que la presente prueba es de preparación y dicha petición no la anunció cuando menos cinco días antes de la audiencia programada el día de hoy, de conformidad con los artículos 150 y 151 de la Ley de Amparo, es por tanto que no procede su petición." Enseguida, el Juez del conocimiento dictó la respectiva sentencia en la que concedió el amparo.

d. Contra la sentencia descrita en el inciso precedente, la autoridad responsable interpuso el recurso de revisión, en el que el Tribunal Colegiado de Circuito ordenó reponer el procedimiento, con base en las consideraciones siguientes:

• Conforme al artículo 151 de la anterior Ley de Amparo, frente a la petición de la autoridad, el Juez debió diferir o suspender la audiencia y citar a los peritos "a efecto de que comparecieran a la audiencia constitucional, ya que solamente de esa manera, las partes podrían ejercer el derecho contenido en el artículo 151 de la ley de la materia, esto es, repreguntar a los peritos de manera verbal al celebrarse la audiencia de ley".

• Sobre todo porque esa disposición legal "dispone que el Juez ordenará que se entregue una copia a cada una de las partes, para que puedan formular por escrito o hacer verbalmente repreguntas, al verificarse la audiencia; cuestión que por deducción lógica, únicamente puede lograrse si los peritos se encuentran presentes en la audiencia de ley, lo que se logra cuando han sido citados personalmente para tal efecto", por lo que, al no haber ocurrido así, se configuró una violación que trascendió al sentido de la resolución recurrida, pues el Juez Federal otorgó valor probatorio a la pericial de la amparista y, al contrario, desestimó la opinión del perito de la autoridad responsable, con base en lo cual falló a favor de la parte quejosa.

• Es incorrecta la apreciación del Juez de Distrito en cuanto a que la pericial es de preparación previa por lo que la petición debió anunciarse cuando menos cinco días antes de la audiencia programada, porque no existe precepto legal que así lo disponga; por el contrario, de la interpretación de la norma se advierte que sólo debe citarse de manera personal al perito o peritos, a fin de que comparezcan a la audiencia constitucional.

• Conviene señalar que, no obstante que la autoridad sólo externó su deseo de repreguntar al perito oficial, la citación respectiva debió hacerse respecto de todos los especialistas (tanto el oficial como el de la parte quejosa y autoridad responsable), dado que, a efecto de hacer efectivo el derecho de repreguntar a uno de los peritos, esa prerrogativa debe extenderse a todas las partes.

• Resolución que dio lugar a la tesis aislada III.2o.T.Aux.1 K, de rubro: "PRUEBA PERICIAL EN EL AMPARO. SI ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL ALGUNA DE LAS PARTES EXTERNA SU INTENCIÓN DE REPREGUNTAR VERBALMENTE A UNO DE LOS PERITOS Y EL JUEZ DE DISTRITO INICIA DICHA DILIGENCIA, DEBERÁ SUSPENDERLA PARA CITAR A AQUÉL A EFECTO DE QUE COMPAREZCA."(6)

VII. El Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión 34/2012, mediante la ejecutoria de ocho de noviembre de dos mil doce.

a. Una empresa promovió el juicio de amparo 455/2011 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa del antes Distrito Federal, en el que reclamó el artículo 149, fracción II, del Código Financiero del Distrito Federal que contenía la base gravable relativa al impuesto predial; juicio en el que se decretó el sobreseimiento porque, bajo la consideración del Juez, la prueba pericial en materia de contabilidad ofrecida por la parte quejosa no tiene el alcance de demostrar cuál fue la porción normativa que, en concreto, fue aplicada en el acto de autoridad.

b. Contra la sentencia descrita en el inciso precedente, la amparista interpuso el recurso de revisión, en el que el Tribunal Colegiado de Circuito ordenó reponer el procedimiento, con base en las consideraciones siguientes:

• En el momento en que el Juez de Distrito tuvo por rendido el dictamen del perito oficial, debió analizar si contaba o no con la información suficiente respecto del objeto para el que fue ofrecida la prueba, a efecto de que se tratara de un elemento que de manera efectiva permitiera saber si se aplicó o no la porción normativa reclamada; actuación que no llevó a cabo el Juez, lo que lo llevó a restar valor a ese dictamen por ser dogmático.

• Resolución que dio lugar a la tesis aislada I.16o.A.1 K (10a.), de rubro: "PRUEBA PERICIAL EN EL AMPARO INDIRECTO. ATENTO A LA FORMA SUI GÉNERIS DE SU INTEGRACIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO TIENE LA OBLIGACIÓN DE VIGILAR SU CORRECTO DESAHOGO POR LO QUE SE REFIERE A LOS PERITOS POR ÉL DESIGNADOS."(7)

VIII. El Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, al resolver el recurso de revisión 462/2016, mediante el fallo de veintidós de junio de dos mil diecisiete.

a. Una persona promovió el juicio de amparo 1062/2015 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, en el que reclamó la tramitación y la sentencia dictada en el juicio sumario civil hipotecario sustanciado por el Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, promovido por diversas instituciones bancarias.

b. Durante la sustanciación del juicio de amparo, una de las instituciones bancarias tercero interesadas objetó de falsa la firma que aparece en el escrito inicial de demanda, por lo que el Juez de Distrito, al celebrar la audiencia constitucional la suspendió y procedió a la tramitación del incidente respectivo.

c. En ese incidente, la institución bancaria ofreció prueba pericial en materia de grafoscopia –en la que rindieron y ratificaron dictamen los peritos oficial y el designado por la parte tercero interesada–; y, finalmente, se emitió el fallo respectivo en el que se dio valor al dictamen del perito designado por la parte tercero interesada, declarando fundada la objeción de falsedad planteada y, por ende, se decretó el sobreseimiento en el juicio.

d. Contra la resolución descrita en el inciso precedente, la amparista interpuso el recurso de revisión, en el que el Tribunal Colegiado de Circuito ordenó reponer el procedimiento, con base en las consideraciones siguientes:

• En el momento en que el Juez de Distrito tuvo por rendido el dictamen del perito oficial, debió analizar si contaba o no con la información suficiente respecto del objeto para el que fue ofrecida la prueba, a efecto de que se tratara de un elemento que de manera efectiva permitiera saber si la firma que aparece en la demanda es o no de la quejosa; actuación que no llevó a cabo el Juez, lo que lo llevó a restar valor a ese dictamen por ser dogmático.

• Resolución que dio lugar a la tesis aislada XII.C.1 K (10a.), de rubro: "PRUEBA PERICIAL EN EL AMPARO INDIRECTO. ATENTO A LA FORMA SUI GÉNERIS DE SU INTEGRACIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO TIENE LA OBLIGACIÓN DE VIGILAR SU CORRECTO DESAHOGO POR LO QUE SE REFIERE A LOS PERITOS POR ÉL DESIGNADOS."(8)

11. CUARTO.—Análisis de la existencia o inexistencia de la contradicción de tesis. El objeto de resolución de una contradicción de tesis consiste en unificar criterios discrepantes a fin de procurar seguridad jurídica; por lo que, para determinar si existe o no una oposición de criterios, será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados, con el objeto de identificar si en algún aspecto de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones, si no necesariamente contradictorias, sí distintas y discrepantes. Al respecto, es de atenderse a la jurisprudencia P./J. 72/2010 del Tribunal Pleno, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.";(9) y a la tesis P. XLVII/2009 también del Tribunal Pleno, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS."(10)

12. Conforme a estos criterios, para que exista la contradicción de tesis, es necesario que los órganos involucrados en los asuntos materia de la denuncia hayan satisfecho los extremos siguientes:

A. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,

B. Llegado a conclusiones encontradas respecto a la resolución de la controversia planteada.

13. Entonces, existe contradicción de tesis siempre y cuando se satisfagan los dos supuestos enunciados, es decir, que aun sin valorar elementos de hecho idénticos, los órganos jurisdiccionales contendientes estudien la misma cuestión jurídica –el sentido de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general–, y que a partir de ésta, arriben a decisiones encontradas; sin que sea obstáculo que los criterios jurídicos sobre un mismo punto de derecho no provengan del examen de los mismos elementos de hecho, sobre todo cuando se trate de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos contendientes, pues lo relevante es que las posturas de decisión sean opuestas, salvo cuando la variación o diferencia fáctica sea relevante e incida de manera determinante en los criterios sostenidos.

14. Además, es pertinente destacar que es innecesario que los criterios divergentes estén plasmados en tesis redactadas y publicadas en términos de los artículos 218 a 220 de la Ley de Amparo, porque basta que se encuentren en las consideraciones de los asuntos sometidos al conocimiento de cada órgano contendiente de que se trata, al tenor de la jurisprudencia 2a./J. 94/2000 de esta Segunda Sala, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY."(11)

15. Apartado I. Inexistencia de la contradicción de tesis. De los antecedentes y consideraciones sustentadas por cada uno de los órganos contendientes, se advierte que no existe la contradicción de tesis denunciada por lo que hace a los pronunciamientos adoptados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito (antes Cuarto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito), el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, y el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito.

16. En efecto, es de destacarse que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al emitir su criterio, analizó un juicio de amparo en el que, derivado de la reclamación de la desposesión de un predio, era necesaria una prueba pericial en materia de topografía que determinara

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30435-612a0fc3/prueba-pericial-en-el-juicio-de-amparo-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.