PRUEBA PERICIAL. MOMENTO EN QUE LA CONTRAPARTE DEL OFERENTE DEBE DESIGNAR A SU PERITO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 112/2004-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS OCTAVO Y NOVENO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. En términos de la jurisprudencia plenaria P./J. 26/2001 (de rubro "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de dos mil uno, página setenta y seis), deben concurrir los siguientes supuestos para que exista contradicción de tesis: a) que al resolver los negocios se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas, y c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Sobre la base de las reglas mencionadas, lo que procede es examinar si en la especie existe o no contradicción de tesis entre el Octavo y el Noveno Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito.
Es oportuno recordar que es criterio firme de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que no es obstáculo para que se surta la contradicción de criterios el que éstos no se hayan plasmado en el formato de tesis, ni que se encuentren contenidos en ejecutorias que no constituyen jurisprudencia.
CUARTO. En el caso del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (amparo en revisión 327/2003), la parte medular de la sentencia en contradicción dice:
"En otro orden de ideas, es fundado el agravio de la quejosa, contenido en la fracción III del escrito respectivo, en el cual dijo que el Juez de Distrito no tomó en consideración que la prueba pericial sí había sido admitida, pues no se hubiera ordenado la vista, a la codemandada si no hubiera sido admisible, en términos del artículo 347 del código procesal de la materia; agregó que la propia quejosa, en su momento desahogó la vista ampliando los puntos y cuestiones planteadas en la prueba pericial, por lo que en ese mismo momento designó un perito en materia de valuación para que realizara un dictamen sobre puntos y cuestiones idénticas a los señalados en la pericial que ofreció; por tanto, concluyó que no existió violación alguna, pues dijo que bastaba con cumplimentar los requisitos del artículo 347, fracción I, del código adjetivo de la materia, para que la misma fuera admitida, pues si no sería desechada de plano, y que la vista tenía por objeto la ampliación de la prueba pericial, y la designación del perito, por parte del codemandado.
"Dicho motivo de inconformidad es fundado, en virtud de que el Juez de Distrito revisado, al emitir su resolución no tomó en consideración que el veintisiete de marzo del año dos mil dos, se dictó auto admisorio de la incidencia intentada, y respecto de la prueba pericial se sostuvo:
"‘Asimismo con la prueba pericial que refiere se da vista a las demandadas para que dentro de la temporalidad antes mencionada, manifiesten lo que a su derecho convenga sobre la pertinencia de dicha probanza y en su caso amplíen los puntos y cuestiones planteados por el oferente, apercibidas que de no hacerlo y de ser admisible dicha probanza, ésta se desahogará únicamente con los puntos y cuestiones planteados por el oferente de conformidad con lo dispuesto por el artículo 348 del Código de Procedimientos Civiles.’
"De la referida transcripción se advierte que el Juez del conocimiento, en el proveído en cita, no admitió en forma alguna la prueba pericial ofrecida, pues solamente se limitó a dar vista a las contrapartes, con la pertinencia de la prueba, y en su caso, con la ampliación de la misma, aclarando que en caso ‘de ser admisible dicha probanza, ésta se desahogará únicamente con los puntos y cuestiones planteados por el oferente’, es decir, de manera expresa estableció que la admisibilidad de la prueba sería analizada en un acto posterior.
"En desahogo de esa prevención, la parte codemandada literalmente dijo lo siguiente: ‘Que por medio del presente escrito, vengo a desahogar la vista ordenada por su señoría mediante proveído de fecha veintisiete de noviembre del año en curso, en relación con el incidente de cuantificación de daños promovido por el actor, misma que se desahoga en los siguientes términos: I. El incidente resulta improcedente en la forma en que lo promueve la parte actora, toda vez que un arquitecto no puede ser perito en cuantificación y valuación de daños por la naturaleza misma de su profesión, ya que sí es perito en construcción y remodelación de inmuebles, mas no es perito en «cuantificación y valuación», ya que para determinar el valor de los daños, lo primero que se debe determinar son precisamente los daños que sufrió el inmueble y posteriormente se deben valorar. II. En consecuencia la prueba pericial de cuantificación de daños ofrecida por la actora no es pertinente, ya que va encaminada a cuantificar y valorar unos daños que todavía no se encuentran determinados. III. Independientemente de lo anterior y con la finalidad de no quedar en estado de indefensión amplió los puntos y cuestiones planteados por la actora en la siguiente forma: 1. Que diga el perito en un listado minucioso cuáles fueron los daños sufridos en el inmueble arrendado y directamente relacionados con la conflagración. 2. Que diga el perito en forma detallada, en qué consisten las acciones tendientes a reparar los daños sufridos por el inmueble. 3. Que diga el perito qué tipo de personal se debe de utilizar para reparar los daños sufridos en el inmueble arrendado y directamente relacionados con la conflagración. 4. Que diga el perito, el tipo y la cantidad de material que debe de ser utilizado para reparar los daños sufridos en el inmueble arrendado y directamente relacionados con la conflagración. Asimismo vengo a ofrecer como pruebas de mi parte en el presente incidente las siguientes: I. Valuación de daños, consistente en el dictamen que deberán rendir los peritos designados por las partes en materia de valuación de daños, respecto de los daños sufridos por el inmueble arrendado, previa determinación que de los mismos hagan los peritos en ingeniería, los peritos deberán de contestar el siguiente cuestionario: 1. Deberán determinar los peritos el valor de los daños ocasionados al inmueble con motivo de la conflagración, en términos de la determinación previa que haga su Señoría de cuáles son los daños sufridos por el inmueble. Designó como perito de la parte demandada al licenciado Mauricio Oropeza Estrada, corredor público número 14 en el Distrito Federal, con domicilio en Campeche número 236-A, colonia Hipódromo Condesa, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06170 y con cédula profesional número 1644334, persona que oportunamente presentará escrito aceptando y protestando el cargo respectivo. Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos del incidente y de la contestación y sirve para acreditar el valor de los daños. II. La instrumental de actuaciones en todo lo que favorezca a los intereses que represento. Prueba que se relaciona con todos los hechos de la demanda y de la contestación. III. La presuncional legal y humana, igualmente en todo lo que favorezca a los intereses que represento. Prueba que se relaciona con todos los hechos de la demanda y de su contestación. Todas y cada una de las pruebas ofrecidas en el presente capítulo sirven para demostrar las excepciones hechas, y en consecuencia acreditar el valor real de los daños sufridos por el inmueble, ya que consisten en el medio idóneo para producir convicción en su Señoría conforme a las reglas de la lógica y de la experiencia.’
"Por su parte, el nueve de diciembre del año dos mil dos, se dictó el siguiente proveído ‘México, Distrito Federal, a nueve de diciembre del año dos mil dos. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta del mandatario judicial de la parte demandada Martha Raquel Ghioldi Soldini, se tiene en tiempo desahogando la vista que se le mandó dar mediante proveído de fecha veintisiete de noviembre pasado respecto al incidente de cuantificación de daños planteado por la actora en los términos que produce. Se tienen por ampliados los puntos y cuestiones sobre los que deberá versar la prueba pericial ofrecida por la actora incidentista en los términos que precisa la demandada. Dado lo voluminoso del expediente, fórmese el segundo tomo a partir de la subsecuente actuación. Se tiene como peritos de las partes en materia de cuantificación y valuación de daños, de la parte actora al C. Arquitecto Santos Julián Parra González, de la codemandada fiadora a Isidoro Cal y Mayor y Reyes Spíndola y de la demandada arrendataria al corredor público número catorce de esta ciudad, licenciado Mauricio Oropeza Estrada, respectivamente con los domicilios que se indican tanto en el escrito de la actora de fecha veinticuatro de noviembre pasado, en escrito de la codemandada de fecha cinco de diciembre en curso, así como en el ocurso que se provee; quedan obligadas las partes a que los peritos designados por cada una de ellas, presenten su escrito de aceptación y protesta del cargo que se les confiere dentro del término de tres días, debiendo acompañar copia de su cédula profesional o documentos que acrediten la calidad de perito en la materia para la que se les designa, debiendo manifestar bajo protesta de decir verdad que conocen los puntos cuestionados y pormenores relativos a la pericial y que tienen capacidad suficiente para emitir dicho dictamen sobre el particular, apercibida la parte actora que de no aceptar y protestar el cargo la suscrita designará perito en su rebeldía y las demandadas que de no aceptar y protestar su perito el cargo, se les tendrá por conformes con el dictamen que llegare a rendir el de su contraria de conformidad con lo dispuesto por el artículo 347 del Código de Procedimientos Civiles; quedan obligados los peritos que acepten y protesten el cargo a rendir el dictamen pericial de su parte dentro del término de cinco días contados a partir del día en que presenten su escrito de aceptación y protesta del cargo conferidos, apercibidas las partes que de no presentar el dictamen el perito que haya aceptado y protestado el cargo, se tendrá a la parte por conforme con el dictamen pericial que llegare a rendir el perito de su contraria de conformidad con lo dispuesto por el precepto legal antes invocado en sus diversas fracciones. Se admiten las demás pruebas ofrecidas por los demandados incidentistas por su parte, se admiten las mismas en sus términos y toda vez que los demandados incidentistas ofrecen pruebas de su parte, mismas que se admiten en sus términos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 88 del Código de Procedimientos Civiles, se señalan las doce horas con treinta minutos del día diez de enero del año dos mil tres, para que tenga verificativo la audiencia incidental en el presente juicio, quedando desde este momento debidamente citadas las partes y para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Lo proveyó y firma el C. Juez ante el C. Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.’
"En dicho proveído, de manera implícita se admitió la prueba ofrecida por la parte actora, lo cual no fue apreciado por el Juez de Distrito, pues se ordenó su desahogo y se previno a las partes para que sus partes aceptaran y protestaran el cargo que les fue conferido, determinaciones que sólo debieron realizarse a la luz de un acuerdo que provocara la admisión de la probanza de mérito.
"Por tanto, como lo estima la parte recurrente, no asistió la razón al Juez de Distrito del conocimiento, al estimar que la ausencia de una determinación que tuviera por admitida la prueba pericial, era conculcatoria de garantías, pues tal y como ha quedado reseñado, sí existió una admisión tácita de la probanza ofrecida por la actora.
"Igualmente, no asiste la razón al juzgador de amparo, al considerar que en ningún momento se requirió a la codemandada para que señalara perito de su parte, en relación con la prueba pericial ofrecida por la actora, pues esta obligación constituye una carga procesal en términos de lo dispuesto en los artículos 347, fracción III y 348 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, analizados en forma conjunta con la exposición de motivos de las reformas, entre otras leyes, al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del día veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis.
"Para poder sostener lo anterior, es menester precisar, en primer término, que la referida exposición de motivos, en relación con la prueba pericial establece: ‘En lo que concierne a la admisión y desahogo de la prueba pericial, la iniciativa propone modificaciones con el propósito de devolver a esta prueba su verdadera naturaleza, esto es, un dictamen emitido por expertos en alguna ciencia, técnica, arte o industria, y no simples diligencias llevadas a cabo por personas que sin ser verdaderos peritos, rinden dictámenes alejados de la realidad, con el único fin de confundir al Juez o bien, retardar el procedimiento. Además, ahora se contempla la obligación de las partes de impulsar la prueba pericial que promovieron y cuyo desahogo pretenden y, en caso de no hacerlo así, sólo se valoraría el dictamen del perito de la contraria.’
"De la anterior exposición de motivos, claramente se advierte que el ánimo de las reformas propuestas, en cuanto a la prueba pericial, implica la imposición de cargas procesales a las partes, para que demuestren su verdadero interés en desahogar una prueba pericial, haciéndose acreedores, en caso de incumplimiento a una sanción que consiste en la conformidad con el dictamen pericial del contrario.
"Así, es evidente que las reformas aludidas, pretenden que el desarrollo de la prueba pericial, no se vea obstaculizado por la necesidad de múltiples actuaciones judiciales, que dilaten el desahogo de la probanza imponiéndoles a las partes, cargas legales, tales como la designación de peritos, la presentación de los mismos a aceptar y protestar el cargo que se les confirió, así como la exigencia de presentar su dictamen pericial ante el órgano jurisdiccional, dentro del término fijado para ello, asumiendo con ello las partes, la responsabilidad por la aceleración del procedimiento, y el debido desahogo de esta probanza.
"Las anteriores manifestaciones, encuentran sustento en el contenido de los artículos 347, fracción III y 348 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, los que disponen, de manera literal, lo siguiente: ‘Artículo 347. Las partes propondrán la prueba pericial dentro del término de ofrecimiento de pruebas, en los siguientes términos: ... III. En caso de estar debidamente ofrecida, el Juez la admitirá, quedando obligados los oferentes a que sus peritos, dentro del plazo de tres días, presenten escrito en el que acepten el cargo conferido y protesten su fiel y legal desempeño, debiendo anexar copia de su cédula profesional o documentos que acrediten su calidad de perito en el arte, técnica o industria para el que se les designa, manifestando, bajo protesta de decir verdad, que conocen los puntos cuestionados y pormenores relativos a la pericial, así como que tienen la capacidad suficiente para emitir dictamen sobre el particular, quedando obligados a rendir su dictamen dentro de los diez días siguientes a la fecha en que hayan presentado los escritos de aceptación y protesta del cargo de peritos.’. ‘Artículo 348. El Juez, antes de admitir la prueba pericial, dará vista a la contraria por el término de tres días, para que manifieste sobre la pertinencia de tal prueba y para que proponga la ampliación de otros puntos y cuestiones además de los formulados por el oferente, para que los peritos dictaminen.’
"De los preceptos de referencia, se advierte que la vista aludida, tiene por objeto precisar los términos en los que, en caso de ser procedente, se desahogaría la prueba pericial, entre los cuales se incluye la designación de perito a cargo del contrario del oferente, pues de no ser éste el espíritu del legislador, no se hubiera precisado en la parte inicial de la fracción III del artículo 347 preinvocado, que la admisión de la prueba generaría la obligación de los oferentes, de presentar a sus peritos para que, en el plazo de tres días, presentaran escrito en el que aceptan el cargo conferido y protestaran su fiel y legal desempeño, lo que evidentemente no podría realizarse en ese acto si no hubiera sido ya designado el profesionista del contrario del oferente.
"En tal virtud, la legislación procesal, establece cargas legales para las partes, que las vinculan con los términos en que se desahogue esta probanza en particular, lo que constituye una carga procesal que deriva de la ley y, por tanto, no puede exigirse un requerimiento expreso por parte del juzgador para que designe a un profesionista, cuando la carga procesal para realizar este acto, deriva de la propia legislación.
"Sirve de apoyo a lo anterior, en su parte conducente, el contenido de la tesis sustentada por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 68 del Volumen Quinta Parte, V, Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto: ‘PRUEBAS. CARGAS PROCESALES. Las cargas procesales nacen de la ley o de principios de derecho considerados axiomáticos y no del sólo hecho de que alguna de las partes ofrezca probar algún extremo, por lo que si la parte demandada, al producir la contestación de la demanda ofrece rendir pruebas contra las pretensiones del actor, no por esto puede entenderse que releve a su contraparte de probar sus afirmaciones.’
"Igualmente es aplicable, en lo que importa, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, cuyo contenido comparte este órgano jurisdiccional, publicada en la página 498, del Tomo XIII, mayo de 1994, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, con el título y contenido: ‘PRUEBA PERICIAL. ALCANCE DE LA ADICIÓN O REPREGUNTAS AL CUESTIONARIO POR LAS PARTES DISTINTAS DE LA OFERENTE EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 151, segundo párrafo, de la Ley de Amparo dispone: «Cuando las partes tengan que rendir prueba testimonial o pericial para acreditar algún hecho, deberán anunciarla cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, exhibiendo copia de los interrogatorios al tenor de los cuales deban ser examinados los testigos, o del cuestionario para los peritos. El Juez ordenará que se entregue una copia a cada una de las partes, para que puedan formular por escrito o hacer verbalmente repreguntas, al verificarse la audiencia ...». Como se observa, si bien la transcrita disposición legal no establece literalmente alguna limitante para que las partes distintas de la oferente de la prueba pericial formulen «repreguntas», por escrito o verbalmente, es lógico que éstas deban estar relacionadas con el hecho que la parte que ofreció la probanza pretenda acreditar. De otra manera se rebasaría el objetivo de tal prueba desarticulando las cargas probatorias que corresponden a las partes o las facultades oficiosas del juzgador de recabar elementos de convicción en los casos que se lo permita la ley. No se desatiende que la misma disposición legal al facultar a las contrapartes de la oferente de una prueba pericial para formular repreguntas o adicionar el cuestionario relativo, según se quiera ver, tiene como finalidad que el juzgador quede debidamente ilustrado con una opinión de un perito nombrado por cada uno de los interesados en el juicio. Pero este derecho de las partes y esa finalidad de ilustración debida del juzgador tiene que ser, se insiste, respecto del hecho que la oferente pretenda acreditar en función de las cargas procesales establecidas por la ley, o el juzgador deba conocer de cualquier manera en los casos en que opere su intervención oficiosa conforme a la misma ley.’
"En tal virtud, al existir disposiciones legales que imponen a las partes cargas procesales, era innecesario que se requiera la designación de un perito, cuando dicha obligación era perfectamente conocida por la parte demandada, al ser consecuencia de lo previsto en los artículos 347, fracción III y 348 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, y al no haber cumplido con ella, de manera correcta se le hizo efectivo el apercibimiento respectivo en el auto de fecha diez de marzo del año dos mil tres, lo que tampoco irroga violación constitucional alguna."
QUINTO. En el caso del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (amparo en revisión 2109/2004), conviene conocer la siguiente transcripción:
"Ahora bien, es fundado lo alegado en el punto cuatro del único agravio formulado, sobre la incorrecta apreciación de la Juez de Distrito respecto de la oportunidad del actor, hoy quejoso recurrente, de designar perito de su parte al momento de desahogar la vista que se le mandó dar para que se manifestara sobre la pertinencia de la prueba pericial ofrecida por la demandada, ahora tercera perjudicada; pues con independencia de que la Juez federal haya o no resuelto el concepto de violación que le fue propuesto sobre el particular, debe decirse que entraña una violación de garantías no dar oportunidad expresa a la parte contraria del oferente de la prueba, es decir, requerirle, para que nombre perito de su parte.
"Esto es así, porque de la interpretación armónica de lo dispuesto por los artículos 346 a 353 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se obtiene que la prueba pericial es por regla general colegiada y por excepción, puede ser desahogada con el dictamen de un solo perito, cuando la parte contraria del oferente no designa al que le corresponde, o bien haciéndolo, el perito designado no presenta el escrito de aceptación y protesta del cargo, o en el supuesto de que ambas partes litigantes estén de acuerdo en pasar por el dictamen de un solo perito o cuando alguna de ellas manifieste su conformidad con el dictamen rendido por el perito de su contraria, todo en términos de lo dispuesto por las fracciones VI, VIII y IX del artículo 347 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, lo que demuestra el carácter colegiado de la prueba en cuestión.
"Por otra parte, del artículo 348 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se tiene que el Juez, antes de admitir la prueba pericial debe dar vista al contrario del oferente, por el término de tres días, para que se manifieste sobre la pertinencia de la prueba y para que proponga la ampliación de otros puntos y cuestiones, además de las formuladas por el oferente, para que los peritos dictaminen; y una vez desahogada esa vista, o pasado el término para ello, si la prueba está debidamente ofrecida, el Juez la admitirá de conformidad con lo ordenado por la fracción III del artículo 347 del código procesal invocado.
"En consecuencia, no es al momento de desahogar la vista sobre la pertinencia de la prueba a que se refiere el artículo 348 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que la parte contraria del oferente de la prueba, se encuentra obligado a designar al perito de su parte, pues en principio no está ordenado así en esa legislación procesal y, por otro lado, aún no se provee sobre la admisión de la prueba; de modo que ante la falta de precisión de la legislación en comentario, sobre el momento en que la parte contraria del oferente de la prueba pericial debe nombrar a su perito, debe estimarse que será hasta que se admita la prueba cuando el contrario del oferente esté en posibilidad de hacer la designación que le corresponda previo requerimiento del juzgador, porque el artículo 348 citado, como ya se dijo, sólo le impone la obligación de pronunciarse sobre la pertinencia de la prueba y para que proponga la ampliación de otros puntos y cuestiones sobre las que deban dictaminar los peritos, por lo que hasta ese momento no hay certidumbre sobre la admisión de la prueba, sino que esto se realizará en una actuación posterior del Juez.
"De esta manera, a fin de garantizar el carácter colegiado que priva en la prueba pericial en materia procesal civil, debe el juzgador dar oportunidad a la parte contraria del oferente de la prueba, para designar perito de su parte una vez admitida dicha probanza, ello para otorgar al juzgador la posibilidad de entender y apreciar correctamente los hechos que escapan a su cultura común, tanto en sus causas y efectos, mediante la exposición de diversos puntos de vista de expertos en la ciencia, arte o técnica sobre la cual se rendirá el dictamen, de tal forma que le permitan formarse la convicción del sentido sobre el que decidirá en definitiva la litis sometida a su conocimiento; de ahí que resulte incorrecta la afirmación de la Juez de Distrito en cuanto a que el quejoso recurrente tuvo oportunidad de nombrar perito de su parte al momento de desahogar la vista que se le mandó dar para que se manifestara sobre la pertinencia de la prueba."
SEXTO. Del examen detallado de las dos ejecutorias se sigue que existe contradicción de criterios entre los Tribunales Colegiados Octavo y Noveno en Materia Civil del Primer Circuito, puesto que resolvieron un mismo problema con respuestas antagónicas.
En efecto, el problema abordado en ambos casos es el de determinar en qué momento procesal debe ser designado el perito de la parte contraria de aquella que ofreció la pericial con antelación, conforme a la legislación procesal civil del Distrito Federal.
Así, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sostiene, con base en el artículo 348 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que antes de admitir la prueba pericial, el Juez debe dar vista por el lapso de tres días al contrario del oferente, para que se manifieste sobre la pertinencia de la prueba y, una vez desahogada la vista o concluido el lapso referido, si la prueba fue ofrecida correctamente, el Juez la admita y requiera a la contraria para que a su vez designe a un perito de su parte.
El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sostiene, en cambio, que de acuerdo con lo previsto en los artículos 347, fracción III y 348 del mismo ordenamiento, es necesario que al desahogar la vista dada a la contraria del oferente para que se manifieste sobre la pertinencia de la prueba, desde ese momento designe al perito de su parte, sin que quepa que el Juez formule requerimiento alguno.
Como se ve, ambas apreciaciones se contienen en las consideraciones de sus respectivos fallos y se contraponen una con la otra. La contradicción de tesis existe.
Conviene conocer el texto de los artículos que sirvieron de apoyo a los Colegiados contendientes:
"Artículo 347. Las partes propondrán la prueba pericial dentro del término de ofrecimiento de pruebas, en los siguientes términos:
"I. Señalarán con toda precisión la ciencia, arte, técnica, oficio o industria sobre la cual deba practicarse la prueba; los puntos sobre los que versará y las cuestiones que se deben resolver en la pericial, así como la cédula profesional, calidad técnica, artística o industrial del perito que se proponga, nombre, apellidos y domicilio de éste, con la correspondiente relación de tal prueba con los hechos controvertidos;
"II. Si falta cualquiera de los requisitos anteriores, el Juez desechará de plano la prueba en cuestión;
"III. En caso de estar debidamente ofrecida, el Juez la admitirá, quedando obligados los oferentes a que sus peritos, dentro del plazo de tres días, presenten escrito en el que acepten el cargo conferido y protesten su fiel y legal desempeño, debiendo anexar copia de su cédula profesional o documentos que acrediten su calidad de perito en el arte, técnica o industria para el que se les designa, manifestando, bajo protesta de decir verdad, que conocen los puntos cuestionados y pormenores relativos a la pericial, así como que tienen la capacidad suficiente para emitir dictamen sobre el particular, quedando obligados a rendir su dictamen dentro de los diez días siguientes a la fecha en que hayan presentado los escritos de aceptación y protesta del cargo de peritos;
"IV. Cuando se trate de juicios sumarios, especiales, o cualquier otro tipo de controversia de trámite específicamente singular, las partes quedan obligadas a presentar a sus peritos dentro de los tres días siguientes al proveído en que se les tenga por designados para que se cumpla con lo ordenado en el párrafo anterior, los cuales quedan obligados, en estos casos, a rendir su dictamen dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que hayan aceptado y protestado el cargo;
"V. Cuando los peritos de las partes rindan sus dictámenes, y éstos resulten sustancialmente contradictorios, se designará al perito tercero en discordia tomando en cuenta lo ordenado por el artículo 349 de este código;
"VI. La falta de presentación del escrito del perito del oferente de la prueba, donde acepte y proteste el cargo, dará lugar a que el Juez designe perito en rebeldía del oferente. Si la contraria no designare perito, o el perito por ésta designado, no presentara el escrito de aceptación y protesta del cargo, dará como consecuencia que se tenga a ésta por conforme con el dictamen pericial que rinda el perito del oferente.
"En el supuesto de que el perito designado por alguna de las partes, que haya aceptado y protestado el cargo conferido, no presente su dictamen pericial en el término concedido, se entenderá que dicha parte acepta aquél que se rinda por el perito de la contraria, y la pericial se desahogará con ese dictamen. Si los peritos de ambas partes, no rinden su dictamen dentro del térmi
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18789-82b71465/prueba-pericial-momento-en-que-la-contraparte-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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