VALOR AGREGADO. PARA QUE PROCEDA LA RECLAMACIÓN DEL PAGO DEL IMPUESTO RELATIVO, TRATÁNDOSE DE CRÉDITOS LITIGIOSOS, NO ES NECESARIO QUE LA PARTE ACTORA DEMUESTRE QUE PREVIAMENTE LO ENTERÓ A LA AUTORIDAD FISCAL PARA REPERCUTIRLO CONTRA LA DEMANDADA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 114/2002-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO, SEXTO Y OCTAVO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
QUINTO. El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el siete de octubre de mil novecientos noventa y tres, al resolver el amparo directo civil 556/93, promovido por Zeferina Galicia Arreola, en la parte que interesa, textualmente expuso:
"... Por otra parte, cabe señalar que la materia principal del debate en el presente juicio constitucional consiste en determinar la legalidad o ilegalidad de la procedencia del pago del impuesto al valor agregado, pues sólo en ese aspecto la solicitante del amparo combate la sentencia reclamada. Ahora bien, del contenido de los conceptos de violación se desprende que en esencia la quejosa ataca esa parte de la resolución de la Sala responsable por dos razones: 1) La actora no probó los hechos constitutivos de esa prestación concreta; y 2) que en la audiencia de trece de marzo de mil novecientos noventa y dos, reconoció la actora haber recibido el impuesto al valor agregado con diversos pagos que se le hicieron, sin que demostrara dicha parte que los pagos efectuados por concepto del impuesto al valor agregado los entregara a hacienda. Mientras que la Sala del conocimiento consideró básicamente para declarar probada la pretensión accesoria de que se trata, el hecho de que la actora como acreedora hipotecaria sólo estaba obligada a cubrir a la autoridad hacendaria el impuesto al valor agregado que se traslada a los deudores, una vez que éstos hayan hecho el pago, por lo que si la acreedora no lo había recibido estaba imposibilitada para exhibir las constancias del pago de dicho impuesto. De lo expuesto se infiere la necesidad de establecer si fueron o no demostrados los hechos constitutivos de la acción de pago del impuesto al valor agregado, partiendo de la base de que la quejosa no controvierte el derecho de la actora para reclamar su pago, sino solamente la ausencia del presupuesto que impida su reclamación. Así, es pertinente destacar que la exigencia del pago del impuesto al valor agregado la demandó la actora, no porque directamente realizara el pago de dicho impuesto a las autoridades fiscales respectivas sin antes trasladarlo a la ahora quejosa, sino porque la demandante no había recibido las cantidades relativas por concepto de ese impuesto para a su vez enterarlas al fisco. Por tanto, debe quedar claro que la reclamación en la vía civil del pago del impuesto al valor agregado, deducida por el contribuyente contra la persona que reciba un servicio de financiamiento (como el de mutuo, que es el que se da en este caso), requiere como presupuestos: a) Que dicho impuesto esté establecido en la Ley del Impuesto al Valor Agregado; b) Que el contribuyente tenga autorización legal para trasladar el impuesto a la persona que reciba el servicio gravado; y c) Que este último no haya cubierto el monto del impuesto al sujeto del tributo. En principio, lo anterior fue satisfecho porque la existencia del primer elemento se funda en lo dispuesto por los artículos 1o. y 18 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Lo mismo ocurre con el segundo, porque también deriva de lo que establece el artículo 1o. de la ley invocada. Respecto del último elemento, debe decirse que para su comprobación no era indispensable que la acreedora hipotecaria exhibiera la constancia de haber enterado a las autoridades tributarias las cantidades correspondientes al impuesto al valor agregado cuyo pago demanda, pues ya se dijo con antelación que la demandante exige la prestación precisamente para cubrir tal impuesto y no porque ya lo hubiera efectuado. Sin embargo, para determinar sobre si la deudora cubrió o no el indicado impuesto, la Sala debió considerar si existía prueba de que la deudora solidaria, demandada en el juicio natural, aquí quejosa, previamente a la presentación de la demanda hubiera realizado el pago por el concepto indicado, pues de ser así tendría que llegarse a la conclusión de que la condena al pago de dicha prestación sólo comprendería las cantidades no cubiertas. En este orden de ideas, le asiste la razón a la peticionaria de garantías cuando afirma que en la audiencia de trece de marzo de mil novecientos noventa y dos (fojas setenta y cinco y setenta y seis del expediente ordinario), durante el desahogo de la prueba confesional a cargo del actor Faustino Cruz Pérez, al dar respuesta a la posición décima primera del pliego relativo, reconoció que recibió de la hoy quejosa el impuesto al valor agregado con los pagos de setecientos cincuenta mil pesos que se le hicieron. En efecto, la posición mencionada y la absolución de la misma son del tenor literal siguiente: (se transcribe). Respuesta: (se transcribe). Además, es conveniente señalar que dicha confesión sobre el punto debatido es trascendente porque con base en ella estaría en posibilidades la Sala responsable de decidir cuál es el monto del impuesto al valor agregado, cubierto por la deudora, y cuál es el monto restante del mismo, que en todo caso sería la cantidad materia de la condena respectiva. Y aún más, es relevante dicha prueba porque tiene relación con los recibos que se encuentran agregados en las fojas dieciocho a la treinta y cinco y de la treinta y seis a la cuarenta y ocho del cuaderno de pruebas, expedidos por el acreedor hipotecario y su coacreedora solidaria, cuyo estudio omitió realizar también la Sala del conocimiento. Por ende, al no analizar el tribunal de apelación las pruebas con las que la quejosa pretendió probar diversos pagos por concepto del impuesto al valor agregado, violó en perjuicio de la promovente los artículos 14 y 16 constitucionales, por lo que procede otorgar la protección federal solicitada." (fojas 45 a 51 del expediente en que se actúa)
Con base en dicho precedente, el Tribunal Colegiado en cuestión sustentó la tesis que dice:
"Octava Época
"Instancia: Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: XIII, marzo de 1994
"Página: 381
"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. PRESUPUESTOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA RECLAMACIÓN DE SU PAGO EN LA VÍA CIVIL, DEDUCIDA POR EL CONTRIBUYENTE CONTRA LA PERSONA QUE RECIBE UN SERVICIO DE FINANCIAMIENTO HIPOTECARIO. La reclamación en la vía civil del pago del impuesto al valor agregado, deducida por el contribuyente contra la persona que reciba un servicio de financiamiento hipotecario, requiere como presupuestos: a) Que dicho impuesto esté establecido en la Ley del Impuesto al Valor Agregado; b) Que el contribuyente tenga autorización legal para trasladar el impuesto a la persona que reciba el servicio gravado; y c) Que este último no haya cubierto el monto del impuesto al sujeto del tributo. La existencia del primer elemento, se funda en lo dispuesto por los artículos 1o. y 18 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Lo mismo ocurre con el segundo, porque también deriva de lo que establece el artículo 1o. de la ley invocada. Respecto del último elemento, debe decirse que para su comprobación no es indispensable que la acreedora hipotecaria exhiba la constancia de haber entregado a las autoridades tributarias la cantidad correspondiente al impuesto al valor agregado cuyo pago demanda, ya que si se exige la prestación es precisamente para cubrir tal impuesto; y no porque ya se hubiera efectuado; en caso contrario, es decir, si previo a la presentación de la demanda se realizó el pago por el concepto indicado, tendría que llegarse a la conclusión de que la condena al pago de dicha prestación sólo comprendería las cantidades no cubiertas."
El mismo Tribunal Colegiado, el doce de mayo de dos mil, al resolver el amparo directo civil 334/2000, promovido por Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural, Asociación Civil, en la parte que interesa, textualmente expuso:
"SEXTO. La quejosa alega esencialmente en su único concepto de violación que hace valer, que la Sala responsable de manera inexacta consideró que a los codemandados no se les debía de condenar al pago de la prestación relativa del impuesto al valor agregado (IVA), por no haberse pactado dicha prestación en los dos pagarés base de la acción; que dicha autoridad de manera errónea estimó que tal prestación no era procedente por haberse intentado la vía ejecutiva mercantil; que si bien es cierto que en los documentos cartulares las partes contendientes no estipularon la citada prestación, lo cierto es que las cuestiones arancelarias no son susceptibles de pactarse entre las partes, sino que su imposición es una facultad del Poder Ejecutivo, a través de sus dependencias; y que como se les prestó un servicio a los codemandados, por ende, se actualizó el hecho generador que prevé la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Tales alegaciones se estiman infundadas. En efecto, el artículo 78 del Código de Comercio establece literalmente lo siguiente: ‘Artículo 78. En las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidades o requisitos determinados.’. Por otra parte, de la simple lectura de los documentos cartulares, se advierte que las partes contendientes efectivamente no pactaron en forma alguna la obligación de pagar el impuesto al valor agregado, por lo que en términos del invocado artículo 78 del Código de Comercio, resulta legal lo considerado por el tribunal de alzada, máxime si tomamos en cuenta que el juicio natural se tramitó en la vía ejecutiva mercantil, en la cual no es reclamable el pago de dicho impuesto, por no ser una consecuencia necesaria que esté prevista por la ley mercantil, por lo que aun cuando esté plenamente probado con el contrato base de la acción y los dos pagarés que documentan la disposición del crédito, que los codemandados recibieron un servicio de financiamiento gravado con dicho impuesto, en términos de los artículos 1o. y 18 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a juicio de este tribunal, no por ello procedía que se les condenara a aquéllos al pago de esa prestación que fue reclamada accesoriamente por la parte actora, actual quejosa, pues se insiste, en la vía en que lo hizo, no resulta procedente, ya que para ello debió promover en diversa vía, como acertadamente lo estimó la Sala responsable; de ahí que en ese aspecto resulte legal la sentencia reclamada. Tiene aplicación al caso la tesis sustentada por este Tribunal Colegiado visible en la página 981, Tomo III, marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: ‘PAGARÉ. IMPROCEDENCIA DEL PAGO DEL I.V.A. RESPECTO A LOS INTERESES MORATORIOS QUE GENEREN. Si en los pagarés básicos, que por su naturaleza son autónomos de la relación contractual que les hubiera dado origen, no se estableció como obligación la de que el suscriptor y el aval tuvieran que pagar el impuesto al valor agregado, y si de acuerdo con el artículo 152 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito al intentarse la acción cambiaria directa únicamente pueden reclamarse las prestaciones que el mismo dispositivo indica, entre las que no se contempla el pago del impuesto al valor agregado sobre los intereses moratorios que en su caso se hubieran generado, de ello se sigue que en la vía ejecutiva mercantil origen del acto reclamado, no es reclamable el pago del impuesto al valor agregado, por no ser una consecuencia necesaria que esté prevista por la ley mercantil o por la ley fiscal.’. Asimismo, resulta aplicable al caso la diversa tesis sustentada por este órgano colegiado visible en la página 381, Tomo XIII, marzo de 1994, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: ‘IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. PRESUPUESTOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA RECLAMACIÓN DE SU PAGO EN LA VÍA CIVIL, DEDUCIDA POR EL CONTRIBUYENTE CONTRA LA PERSONA QUE RECIBE UN SERVICIO DE FINANCIAMIENTO HIPOTECARIO. La reclamación en la vía civil del pago del impuesto al valor agregado, deducida por el contribuyente contra la persona que reciba un servicio de financiamiento hipotecario, requiere como presupuestos: a) Que dicho impuesto esté establecido en la Ley del Impuesto al Valor Agregado; b) Que el contribuyente tenga autorización legal para trasladar el impuesto a la persona que reciba el servicio gravado; y c) Que este último no haya cubierto el monto del impuesto al sujeto del tributo. La existencia del primer elemento, se funda en lo dispuesto por los artículos 1o. y 18 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Lo mismo ocurre con el segundo, porque también deriva de lo que establece el artículo 1o. de la ley invocada. Respecto del último elemento, debe decirse que para su comprobación no es indispensable que la acreedora hipotecaria exhiba la constancia de haber entregado a las autoridades tributarias la cantidad correspondiente al impuesto al valor agregado cuyo pago demanda, ya que si se exige la prestación es precisamente para cubrir tal impuesto; y no porque ya se hubiera efectuado; en caso contrario, es decir, si previo a la presentación de la demanda se realizó el pago por el concepto indicado, tendría que llegarse a la conclusión de que la condena al pago de dicha prestación sólo comprendería las cantidades no cubiertas.’. En las relatadas circunstancias, al no haber demostrado la quejosa que la sentencia reclamada vulnere en su perjuicio las garantías tuteladas por los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, que invocó como violadas, y al no advertir queja deficiente que suplir en su favor, conforme a lo establecido en la fracción VI del artículo 76 bis de la ley de la materia, debe negársele la protección de la Justicia Federal que solicita ..." (fojas 86 a 91 ídem.)
SEXTO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 603/2003, con fecha veinticuatro de enero de dos mil tres, en la parte que interesa, textualmente expuso:
"QUINTO. De la demanda de garantías se advierte que la solicitante del amparo aduce que la Sala responsable violó en su perjuicio los artículos 1o. y 17 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, ya que absolvió a las demandadas en el juicio natural de la prestación consistente en el impuesto al valor agregado que generen los intereses reclamados, por considerar que para la procedencia de esa prestación debió acreditar que ya había pagado el importe de ese gravamen, lo cual es inexacto, pues será hasta que se tenga la determinación de intereses en la etapa de ejecución de sentencia cuando se conozca a qué cantidad asciende el pago del referido tributo, para que simultáneamente se cobre a quien recibió el servicio, máxime que la propia ley prevé el traslado del impuesto. Sobre el particular, resulta conveniente precisar que de las constancias de autos se desprende que la ahora quejosa Baker Hughes Inmobiliaria, Sociedad Anónima de Capital Variable, demandó en la vía ejecutiva mercantil de Inmobiliaria Quantum, Sociedad Anónima de Capital Variable y de Bienes de Capital Quantum, Sociedad Anónima de Capital Variable, el pago de las siguientes prestaciones: la cantidad de quinientos cuarenta y un mil ochocientos setenta y dos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica por concepto de suerte principal, o su equivalente en moneda nacional a la fecha en que se realice el pago, los intereses que dicha cantidad generara, así como el impuesto al valor agregado que correspondiera trasladar conforme a las leyes aplicables y las costas que ocasionara el juicio, manifestando que el veinticuatro de enero de dos mil uno, las demandadas suscribieron en su favor un pagaré por la cantidad de setecientos veintidós mil quinientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, en el cual se pactó que su vencimiento sería a la vista, precisando que a esa fecha el saldo de ese título de crédito ascendía a la cantidad demandada como suerte principal. La anterior precisión pone de manifiesto que la ahora quejosa ejercitó en el juicio natural la acción cambiaria directa derivada de un pagaré, sin que revelara la relación jurídica subyacente que dio origen a dicho documento, es decir, sustentó su acción en un título de crédito desvinculado de su relación causal, por lo que obviamente no era materia de prueba de su parte lo relativo a la referida causa de la que emanó el pagaré base de la acción. Por su parte, las codemandadas Inmobiliaria Quantum, Sociedad Anónima de Capital Variable y Bienes de Capital Quantum, Sociedad Anónima de Capital Variable, al dar contestación a la demanda, manifestaron, entre otras cuestiones, que la actora no se encontraba facultada para reclamarles la cantidad demandada como suerte principal, ya que habían efectuado diversos pagos a cuenta del pagaré basal, el cual se suscribió con motivo de un contrato de compraventa con reserva de dominio, en el que se pactaron los plazos en que deberían cubrirse los pagos parciales a cuenta de la cantidad adeudada, por lo que no aplicaba el vencimiento que alegaba la actora (a la vista), precisando que resultaba improcedente el pago del impuesto al valor agregado, toda vez que no existía tal prestación en favor de la actora, ni era la vía idónea para reclamar el cumplimiento de obligaciones fiscales. De lo expuesto se evidencia que la litis en el juicio natural se circunscribió a dilucidar si las demandadas habían pagado o no la cantidad que como suerte principal les reclamó la parte actora, así como a verificar si era procedente la prestación consistente en el pago del impuesto al valor agregado que los intereses generaran. Cabe destacar que el Juez primigenio determinó en la sentencia de primera instancia condenar a las demandadas al pago de las prestaciones que les reclamó la parte actora en su escrito inicial de demanda (reconociendo un pago parcial a cuenta de la suerte principal) y absolverlas de la prestación consistente en el pago del impuesto al valor agregado, por considerar que no se encontraba incorporada dicha prestación al título de crédito base de la acción en términos del artículo 5o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Al respecto, la ahora quejosa adujo en los agravios que formuló contra la sentencia primigenia que el Juez natural no podía absolver a las codemandadas de pagar el impuesto al valor agregado que corresponde trasladar sobre las cantidades que resulten por concepto de intereses moratorios, pues lo establecido en el artículo 5o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito no implicaba que se desconocieran otros dispositivos legales, tales como los artículos 1o. y 17 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Conviene precisar que las demandadas en el juicio natural también interpusieron recurso de apelación contra la resolución de primer grado, en el que hicieron valer entre otras inconformidades, las relativa (sic) a que el Juez del conocimiento no estudió las excepciones y defensas que opusieron en su escrito de contestación de demanda, así como que valoró en forma deficiente el contrato de compraventa con reserva de dominio en que tenía su origen el pagaré base de la acción. En ese orden de ideas, debe precisarse que en relación con los agravios de las demandadas, la Sala responsable determinó que la parte actora exhibió como base del ejercicio de su acción un título de crédito que tiene valor probatorio pleno, el cual no fue desvirtuado con las excepciones que hicieron valer las demandadas en el procedimiento de origen, ya que en todo caso éstas debieron acreditar que no debían la cantidad que se les reclamaba o que su adeudo era menor al haber realizado diversos pagos, lo cual no demostraron; de igual forma, la responsable consideró que al ejercitar la acción cambiaria directa para el cobro de un pagaré, no es necesario que la actora demuestre el acto jurídico que dio origen a su emisión, por la autonomía e independencia que guarda el título de crédito en el derecho cambiario, pues al momento de su suscripción se desvincula de la causa que le dio origen, por lo que la circunstancia de que se haya demostrado durante el juicio el acto que motivó la suscripción del pagaré basal (contrato de compraventa con reserva de dominio), no le quita a dicho documento su carácter ejecutivo en términos del artículo 167 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, habida cuenta que únicamente implica, si el título no circuló, que el demandado pueda oponer las excepciones causales derivadas del negocio subyacente, pero no afecta la calidad cambiaria que como título de crédito le corresponde, pues basta que reúna los requisitos del artículo 170 del ordenamiento legal antes referido. Asimismo, la Sala responsable determinó, en relación con los agravios de la parte actora, que no existía ninguna violación a los artículos 1o. y 17 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, ya que para que fuera procedente la prestación relativa a ese gravamen y exigible a las demandadas, la parte actora debió demostrar que había enterado al fisco el impuesto al valor agregado en cumplimiento a la obligación adquirida de traslado del impuesto, de conformidad con los artículos 1o., 12, 17 y 18 del aludido ordenamiento legal, por lo que el Juez natural actuó en forma acertada al desestimar dicha prestación, aunque fundó indebidamente su resolución; además, la responsable invocó como sustento de su determinación la tesis de rubro: ‘IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. NO PROCEDE LA CONDENA DE ÉSTE, POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CRÉDITO SI, POR UN LADO, NO LO ESTIPULARON LAS PARTES Y, POR OTRO, LA ACTORA NO JUSTIFICA HABERLO ENTERADO AL FISCO PARA REPERCUTIRLO A LA DEMANDADA.’, que establece que para que proceda la condena del impuesto al valor agregado es necesario que se encuentre pactado en el contrato respectivo y que se justifique que se pagó al fisco el aludido tributo. Sobre tales premisas, es menester precisar que este Tribunal Colegiado no comparte uno de los criterios contenidos en la tesis que invocó la Sala responsable, específicamente el relativo a que se tenga que acreditar que se pagó al erario el impuesto al valor agregado para que se considere procedente la prestación respectiva, pues si bien tal reflexión se pretende sustentar en la figura de la traslación del impuesto (acto por el cual el sujeto pasivo legal, percutido por el impuesto, se hace reembolsar o recupera indirectamente la carga fiscal que le produjo la percusión del impuesto, trasladando dicha carga al beneficiario del servicio o quien se vio beneficiado con el hecho a gravar), al precisar que de esa forma se estará en posibilidad de repercutirlo contra el demandado; lo cierto es que casos habrá, en que como en el presente, aún no se determine la cantidad que representa la base del tributo, pues no se han cuantificado los intereses moratorios que habrán de servir de parámetro para aplicar la tasa relativa, por lo que la solicitante del amparo no se encuentra en la posibilidad de siquiera calcular el impuesto y, por ende, no se puede exigir el pago de un tributo que todavía no se encuentra determinado; de ahí que en ese aspecto sea fundado el concepto de violación de la quejosa. Además, de la interpretación sistemática de las disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se desprende que si bien el retenedor de esa contribución no es el que soporta la carga pecuniaria, sino el beneficiario del servicio, enajenación o importación relativos, lo cierto es que resulta ser el obligado a enterarlo al fisco y, de no haberlo retenido u omitido, calcularlo será el responsable de su pago ante el fisco, lo que le podrá ser demandado en cualquier momento por la autoridad hacendaria; de ahí que aun cuando todavía no lo haya enterado ante esa autoridad habrá de hacerlo, de haberse causado y pactado el tributo. Empero, no obstante lo anterior, resultan inoperantes los planteamientos de la solicitante del amparo, en virtud de que este órgano jurisdiccional sí comparte el criterio consistente en que para que sea procedente la prestación de pago del impuesto al valor agregado, en el caso necesita estar pactado ese concepto en el documento base de la acción, como enseguida se expondrá. Para corroborar tal aserto, se estima conveniente reproducir lo establecido en el (sic) artículo 5o., 152 y 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que disponen lo siguiente: (se transcribe). El primero de los artículos antes transcritos establece el principio de literalidad que rige a los títulos de crédito; mientras que el segundo de tales dispositivos legales, contempla las prestaciones que se pueden reclamar a través de la acción cambiaria directa, y el último artículo prevé las disposiciones de la letra de cambio que son aplicables al pagaré. La interpretación armónica y sistemática de los referidos preceptos legales pone de manifiesto que cuando se ejercita la acción cambiaria directa en la vía ejecutiva mercantil, únicamente puede demandarse el cumplimiento de la obligación de pago contenida literalmente en el título de crédito relativo, al tenor de la autonomía característica de ese tipo de documentos, que los abstrae de la causa que dio origen a la deuda. Por otra parte, de lo dispuesto en el artículo 1o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se advierte que dicho tributo tiene como hechos imponibles la enajenación de bienes, prestación de servicios independientes, la concesión del uso o goce temporal de bienes y la importación de bienes y servicios, es decir, tales actos son los que dan origen a la obligación jurídico tributaria y constituyen el objeto del impuesto, por lo que al verificarse cualquiera de ellos actualizan las distintas hipótesis normativas previstas en el ordenamiento legal en comento. En ese tenor, es evidente que resulta improcedente la prestación relativa al pago del impuesto al valor agregado que los intereses generaran, pues el examen del pagaré base de la acción evidencia que las partes contendientes en el juicio natural no pactaron en el texto de ese título de crédito que la demandada se encontrara obligada a pagar ese gravamen, habida cuenta que la ahora quejosa ejercitó en el juicio natural la acción cambiaria directa sin revelar la relación jurídica subyacente que dio origen al pagaré base de la acción, es decir, únicamente demandó el cumplimiento de la obligación de pago contenida literalmente en el título de crédito relativo, al tenor de la autonomía característica de ese tipo de documentos, que los abstrae de la causa que dio origen a la deuda, por lo que es inconcuso que no revelada ni probada la causa de la obligación de pago, resulta improcedente que en esos términos pueda examinarse siquiera la actualización de alguna de las hipótesis que como hecho imponible establece el artículo 1o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, máxime que la quejosa no puede perfeccionar sus pretensiones a la luz de las pruebas que haya aportado su contraparte; de ahí que los conceptos de violación resulten inoperantes. En las relatadas condiciones, al resultar fundados pero inoperantes los conceptos de violación esgrimidos por la quejosa, lo procedente es negar la protección constitucional que solicita." (fojas 377 a 386 ídem.)
SÉPTIMO. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el veintiséis de abril de dos mil uno, dieciocho de abril, nueve de mayo y seis de junio de dos mil dos, en lo que corresponde a la materia de la presente contradicción de tesis, resolvió en forma similar los amparos directos 1626/2001, 2526/2002, 2626/2002, 3076/2002 y 3596/2002, con cuyos precedentes sustentó la tesis que dice:
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XVI, agosto de 2002
"Tesis: I.6o.C. J/38
"Página: 1128
"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. NO PROCEDE LA CONDENA DE ÉSTE, POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CRÉDITO SI, POR UN LADO, NO LO ESTIPULARON LAS PARTES Y, POR OTRO, LA ACTORA NO JUSTIFICA HABERLO ENTERADO AL FISCO PARA REPERCUTIRLO A LA DEMANDADA. Cuando se demanda el vencimiento anticipado del plazo convenido para la devolución de un crédito otorgado, por incumplimiento del mismo, así como intereses devengados y dicha acción procede, no por eso se debe condenar al demandado a que pague el impuesto al valor agregado, si no se convino en ello, toda vez que la actora tiene primero la obligación de acreditar que ese pago lo estipularon las partes en el contrato de crédito, tomando en cuenta los términos literales que deben regir entre los contratantes y, por tanto, las obligaciones que limitativamente asumen entre sí, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 1832 y 1851 del Código Civil para el Distrito Federal y después justificar que se enteró el aludido impuesto al fisco, para que de esta manera se esté en la posibilidad de repercutirlo contra el demandado, en términos de lo establecido por los artículos 1o., 12, 17, 18 y demás relativos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado."
Los cinco precedentes con base en los cuales se integró la tesis jurisprudencial en cuestión, se encuentran redactados en términos similares, en lo que corresponde a la materia de estudio de la presente contradicción de tesis, motivo por el cual, a fin de evitar repeticiones innecesarias, sólo se transcribirá la parte conducente del primero de ellos, que a la letra dice:
"... En el tercer concepto de violación, la parte quejosa combate la sentencia reclamada en cuanto desestima el quinto agravio que expusieron como demandados apelantes contra la sentencia definitiva de primer grado, para impugnar la condena que les hizo la Juez respecto al pago del impuesto al valor agregado en relación con las prestaciones contenidas en los incisos E), H) y J) de la demanda natural, es decir referente dicho impuesto a la prestación relativa a erogaciones no cubiertas, intereses moratorios vencidos y no pagados y margen diferencial ac
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18059-4787def4/valor-agregado-para-que-proceda-la-reclamacion-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. SI LOS PAGARÉS BASE DE LA ACCIÓN CONTIENEN LA LEYENDA "EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA EN LA QUE SE REQUIERA" PARA SEÑ (CONTRADICCIÓN DE TESIS 117/2001-PS)
- COSTAS, CONDENA EN. PROCEDE CUANDO EL DEMANDADO APELANTE OBTIENE PARCIALMENTE EN PRIMERA INSTANCIA Y SE CONFIRMA EN LA SEGUNDA LA SENTENCIA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). (CONTRADICCIÓN DE TESIS 122/2002-PS)
- PRUEBA PERICIAL. MOMENTO EN QUE LA CONTRAPARTE DEL OFERENTE DEBE DESIGNAR A SU PERITO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). (CONTRADICCIÓN DE TESIS 112/2004-PS)
- COSTAS. ES PROCEDENTE LA CONDENA A SU PAGO EN LOS JUICIOS SUMARIOS CIVILES DE CUANTÍA INDETERMINADA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). (CONTRADICCIÓN DE TESIS 112/2002-PS)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- SENTENCIAS CIVILES. (XXI.65 K)
- ESCRITURAS PUBLICAS. (s/clave)
- TESIS DE JURISPRUDENCIA Y PRECEDENTES, SU CITA. NO CAUSA AGRAVIO EL QUE NO SE TRANSCRIBAN INTEGRAMENTE, SI SE PROPORCIONAN DATOS QUE INDUDABLEMENTE LA IDENTIFICAN. (s/clave)
- DOCUMENTOS PUBLICOS. NO PRUEBAN ACTOS INCIDENTALES. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis