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Modo: Corpus Pro

COSTAS. ES PROCEDENTE LA CONDENA A SU PAGO EN LOS JUICIOS SUMARIOS CIVILES DE CUANTÍA INDETERMINADA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 112/2002-PS. · Registro digital (IUS): 17837
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Noviembre de 2003, , Pág. 47.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 112/2002-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Para la resolución de la presente contradicción se considera únicamente la ejecutoria emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito en el juicio de amparo directo 443/2002, promovido por Francisco Salcedo Figueroa, y no así la diversa dictada por ese órgano colegiado en el juicio de amparo directo 552/2002 toda vez que, aun cuando en ésta se reitera el criterio sostenido en aquélla, previamente a su recibo en este Alto Tribunal, mediante proveído de dos de diciembre de dos mil dos, el presidente de esta Primera Sala tuvo por debidamente integrado el presente asunto y con copia de la ejecutoria precisada en primer término, así como con copia de la diversa dictada en el juicio de amparo directo 1640/98, promovido por Leticia Abarca de la Mora, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, entre otros anexos, dio vista al procurador general de la República a fin de que expusiera su parecer dentro del término de treinta días, si así lo estimare conveniente, por lo que es claro que la resolución dictada en el mencionado juicio de amparo 552/2002, no puede ser considerada en la resolución de la presente contradicción de tesis.

SEXTO. Puntualizado lo anterior, procede transcribir las ejecutorias sostenidas por los tribunales en cuestión, para posteriormente establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada.

SÉPTIMO. La sentencia de fecha dieciséis de agosto de dos mil dos, pronunciada en el amparo directo número 443/2002, quejoso Francisco Salcedo Figueroa, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en su parte medular establece lo siguiente:

"CUARTO. ... Por otro lado, esgrime el peticionario de garantías que se debe revocar la sentencia impugnada en la parte que lo condenó al pago de costas, porque éstas no son procedentes en atención a que la acción ejercitada no contiene cuantía pecuniaria. No es acertada la aseveración del quejoso porque, como correctamente se determinó por la responsable, las costas del juicio pueden válidamente regularse en la etapa de ejecución de sentencia, sin que obste para ello el que la sentencia no contenga cantidad líquida. Esto es así, porque el artículo 640 del Código de Procedimientos Civiles dice: ‘El Juez y el tribunal, en su caso, señalarán de oficio en la sentencia, el monto preciso de las costas que habrán de cubrirse con sujeción a lo que se dispone en el capítulo séptimo del título segundo de este código, las que en ningún caso excederán por ambas instancias, del veinte por ciento del interés del negocio y sin perjuicio de lo que se dispone en el artículo 502.’, y sujeta su aplicación a lo dispuesto en el capítulo séptimo del título segundo y artículo 502 del mismo ordenamiento legal, encontrándose en el citado capítulo el artículo 142 que establece: ‘Siempre serán condenados en costas, cuando así lo solicite la contraria: I. El litigante condenado en juicio y el que lo intente si no obtiene resolución favorable. ...’; mientras que el diverso numeral 502 previene que: ‘Todos los gastos y costas de la ejecución serán a cargo del que fuere condenado en la sentencia.’. Luego, de una interpretación armónica de los artículos transcritos puede deducirse que no existe prohibición legal para que la cuantificación de las costas, a cuyo pago fue condenado el ahora quejoso en el juicio natural, se realice en la etapa de ejecución de sentencia, siguiendo para ello los lineamientos marcados por el artículo 490 del propio cuerpo de leyes cuando, como en el caso, se trata de un asunto en el que no existe cuantía determinada; ni puede establecerse que no sea factible en la etapa de ejecución de la sentencia la instauración del incidente de liquidación respectivo, porque de lo contrario no podría tener nunca aplicación lo dispuesto por el artículo 640 en su parte final, que señala que el contenido de ese numeral es sin perjuicio de lo que indica el diverso artículo 502 del propio código, que regula los gastos realizados por las partes. Sostener una postura inversa implicaría apartarse de una recta interpretación de los artículos 142, 502 y 640 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, con el consiguiente perjuicio para la parte que no dio lugar al juicio, quien no obstante ello estaría obligada a hacer gastos para su defensa. En este sentido debe señalarse que este tribunal no comparte el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en la tesis de rubro: ‘COSTAS EN LOS JUICIOS CIVILES SUMARIOS DE CUANTÍA INDETERMINADA, CUANDO SE DICTEN SENTENCIAS NETAMENTE DECLARATIVAS, ES IMPROCEDENTE LA CONDENA EN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).’, conforme a la cual si el juicio sumario que se tramite no es de aquellos negocios de cuantía determinada o determinable, para los efectos de la liquidación de gastos y costas a cuyo pago se debe condenar a la parte vencida en el litigio, el juzgador no está en posibilidad de dar cumplimiento a lo previsto por el artículo 640 del código procesal civil, de fijar oficiosamente en cantidad líquida el monto de los gastos y costas del juicio, ni estará en posibilidad de fijarlos con posterioridad, por lo que debe absolverse del pago de aquellas; por lo que deberá denunciarse la contradicción de criterios en términos de lo que señala el artículo 197-A de la Ley de Amparo." (fojas 34 a 44 de la contradicción 112/2002-PS).

OCTAVO. Por su parte, en ejecutoria de cuatro de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, dictada en el amparo directo número 1640/98, quejosa Leticia Abarca de la Mora, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito consideró, en la parte esencial, lo que a continuación se transcribe:

"QUINTO. ... En cambio, es fundado el concepto de violación en el cual la quejosa sostiene, en esencia, que en la acción que intentó en el juicio natural no existe ninguna prestación de carácter pecuniario, por haber hecho valer la acción de jactancia, por lo que el único interés del negocio era obligar a la demandada a intentar su reclamación dentro del plazo que para tal efecto le fijara el Juez; en consecuencia, continúa la quejosa, es improcedente que la responsable haya confirmado la condenación en costas, pues por la naturaleza de la acción intentada, no es posible de cuantificar para esos efectos. Es así, porque si bien es cierto, el artículo 142, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, reformado, claramente dispone que siempre será condenado en costas, cuando así lo solicite la contraria, el litigante condenado en juicio y el que lo intente si no obtiene resolución favorable, también lo es que el artículo 640 del cuerpo de leyes en consulta establece que el Juez y el tribunal, en su caso, señalarán de oficio en la sentencia, el monto preciso de las costas que habrán de cubrirse con sujeción a lo que se dispone en el capítulo séptimo del título segundo de dicho código, las que en ningún caso excederán por ambas instancias, del veinte por ciento del interés del negocio y sin perjuicio de lo que se dispone en el artículo 502. Del contenido del citado numeral 640, se puede apreciar claramente que en tratándose de juicio civil sumario, es obligación del juzgador señalar de oficio en la sentencia el monto preciso de las costas que habrán de cubrirse, con sujeción a lo que el mismo código establezca en su capítulo respectivo; suma que en ningún caso excederá, por ambas instancias, del veinte por ciento del interés del negocio; esto tiene su razón de ser, toda vez que la característica de los juicios sumarios es la necesidad de que se tramiten de la forma más rápida posible, a fin de evitar dilaciones innecesarias; por ello, el legislador estableció la obligación del juzgador, de fijar oficiosamente las costas en la propia sentencia, a fin de prescindir del trámite del incidente de determinación de costas en el procedimiento de ejecución de sentencia. En tal circunstancia, si el juicio sumario que se tramite no es de aquellos negocios de cuantía determinada o determinable para los efectos de la liquidación de gastos y costas a cuyo pago se debe condenar a la parte perdidosa en el juicio, con motivo del ejercicio de la misma, es inconcuso que el juzgador no podrá cumplir con la obligación que le impone el citado numeral 640 del enjuiciamiento civil local, de fijar en cantidad líquida el monto de los gastos y costas del juicio, ni se estará en posibilidad de determinarlos con posterioridad, ante la imposibilidad de tramitar un incidente de ese tipo en los juicios sumarios. Tiene aplicación al respecto, en lo conducente, la tesis visible en los Volúmenes 205-216, Sexta Parte, página 141, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo sumario dice: ‘COSTAS, OPORTUNIDAD PARA OBJETAR EN LOS JUICIOS SUMARIOS LA SOLICITUD DE CONDENA EN, CUANDO SE CUESTIONA LA CALIDAD DE ABOGADO TITULADO, DEL LITIGANTE QUE DIRIGE EL ASUNTO.’ (se transcribe). También logra aplicación, en lo conducente, la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo CXXXI, página 322, de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, cuya sinopsis dice: ‘COSTAS EN JUICIOS SUMARIOS, INAPLICABILIDAD DEL ARANCEL DE ABOGADOS EN CASO DE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).’ (se transcribe). Si aunado a lo anterior, se aprecia que la sentencia dictada en el asunto es netamente declarativa, en razón de que entre las pretensiones hechas valer por los contendientes, no existe alguna de carácter pecuniario, pues lo que aquélla define es exclusivamente una situación de incertidumbre acerca de la existencia o las modalidades de un derecho, sin condenar a otra cosa, sino a la procedencia o improcedencia de la acción intentada; es claro que el juzgador no está en la posibilidad de determinar el monto de los gastos y costas del juicio; por lo que, en el caso de los juicios sumarios, en los que no se reclame alguna prestación pecuniaria, ni existan bases suficientes que tengan relación directa con el asunto para su determinación, no se estará en posibilidad de condenar a gastos y costas; por ende, ese tipo de asuntos deberán constituir una excepción a la regla prevista por el artículo 142, fracción I, de la mencionada ley adjetiva local. No pasa desapercibida para este Tribunal Colegiado, la consideración de la Sala responsable, en donde sostuvo que era correcta la condenación en costas en contra de la actora por la cuantía que lo hizo el Juez, porque en el documento fundatorio se estableció una cantidad que de haber prosperado el ejercicio de la acción, se habría entablado un juicio por ese monto, siendo ésta la cuantía en que se determinó la condena al diez por ciento de gastos y costas del juicio. Sin embargo, contrario a lo sostenido por la responsable en ese sentido, la acción de jactancia puesta en ejercicio, pretendía como fin directo e inmediato, no el reclamo de una cantidad líquida de dinero, sino la declaración judicial de que se obligara al jactancioso a que dedujera su acción que afirmaba tener en contra de la actora, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo en el plazo designado, se le tendría por desistido de la acción que había sido objeto de la supuesta jactancia, tal como lo dispone el artículo 28, fracción I, del citado enjuiciamiento civil local; en ese contexto, es inconcuso que dicha acción, considerada en sí misma, carece de contenido económico para el efecto de que el juzgador pueda condenar en costas, en la sentencia, a alguna de las partes en el juicio, pues si bien es cierto que en el citado estado de cuenta fundatorio de la acción, se le enteró a la actora de la deuda que tiene con la institución crediticia demandada, también lo es que independientemente de que el objeto mediato e indirecto de la demanda versa sobre dicho adeudo, de la propia naturaleza de la acción intentada se desprende, indubitablemente, que la misma carece de interés económico inmediato, porque la actora no reclamó en su demanda monto líquido alguno, sino sólo que se obligara a la empresa demandada para que ejerciera su acción que decía tener en contra de dicha demandante, en un término que determinara el juzgador, con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo establecido, se le tendría por desistido de dicha acción que había sido objeto de la jactancia; por tanto, tal reclamación no puede ser motivo de valoración económica, lo que permite concluir, contrario a lo considerado por la responsable, que en la especie se trata de un asunto de cuantía indeterminada; por ello, la condena que por tal motivo se hizo en contra de la actora, ahora quejosa, resulta arbitraria e ilegal. Tiene exacta aplicación al caso, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que este órgano jurisdiccional comparte, misma que aparece publicada en el Tomo X, julio de 1992, página 328, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyos texto y rubro son del tenor literal siguiente: ‘ACCIÓN DE JACTANCIA. NO ES UN NEGOCIO DE CUANTÍA DETERMINADA O DETERMINABLE, PARA LOS EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN DE GASTOS Y COSTAS.’ (se transcribe). En las apuntadas condiciones, al haberse demostrado que la sentencia reclamada viola en perjuicio de la persona moral quejosa las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, lo procedente es concederle el amparo solicitado para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente dicha sentencia y, en su lugar, pronuncie otra en la que, por una parte, reitere lo relativo a la improcedencia de la acción de jactancia que la actora ejerció en el juicio natural y, por otra, considere ilegal la condenación en costas que el Juez de origen hizo en la sentencia de primer grado." (fojas 89 a 93 de la contradicción de tesis).

El anterior criterio dio origen a la siguiente tesis aislada:

"Novena Época

"Instancia: Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: X, julio de 1999

"Tesis: III.2o.C.19 C

"Página: 848

"COSTAS EN LOS JUICIOS CIVILES SUMARIOS DE CUANTÍA INDETERMINADA, CUANDO SE DICTEN SENTENCIAS NETAMENTE DECLARATIVAS, ES IMPROCEDENTE LA CONDENA EN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Es verdad que el artículo 142, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, reformado, claramente dispone que siempre será condenado en costas, cuando así lo solicite la contraria, el litigante condenado en juicio y el que lo intente si no obtiene resolución favorable; pero también lo es, que el artículo 640 del cuerpo de leyes en consulta establece que, el Juez y el tribunal, en su caso, señalarán de oficio en la sentencia, el monto preciso de las costas que habrán de cubrirse, con sujeción a lo que se dispone en el capítulo séptimo del título segundo de dicho código, las que en ningún caso excederán, por ambas instancias, del veinte por ciento del interés del negocio y sin perjuicio de lo que se dispone en el artículo 502. Esto último tiene su razón de ser, toda vez que existe la necesidad de que los juicios sumarios se tramiten de la forma más rápida posible, a fin de evitar dilaciones innecesarias; por ello, el legislador estableció la obligación del juzgador, de fijar oficiosamente las costas en la propia sentencia, a fin de prescindir del trámite del incidente de liquidación de costas, en el procedimiento de ejecución de sentencia. En tal circunstancia, si el juicio sumario que se tramite, no es de aquellos negocios de cuantía determinada o determinable, para los efectos de la liquidación de gastos y costas a cuyo pago se debe condenar a la parte perdidosa en el juicio, con motivo del ejercicio de la misma; es inconcuso que el juzgador no podrá cumplir con la obligación que le impone el citado numeral 640 del enjuiciamiento civil local, de fijar en cantidad líquida el monto de los gastos y costas del juicio, ni estará en posibilidad de determinarlos con posterioridad, ante el impedimento de tramitar un incidente de ese tipo en los juicios sumarios. Si aunado a lo anterior, se aprecia que la sentencia dictada en el asunto, es netamente declarativa, en razón de que, entre las prestaciones hechas valer por los contendientes, no existe alguna de carácter pecuniario, pues lo que aquélla define es exclusivamente una situación de incertidumbre acerca de la existencia o las modalidades de un derecho, sin condenar a otra cosa, sino a la procedencia o improcedencia de la acción de jactancia intentada; es claro que el juzgador no está en posibilidad de determinar el monto de los gastos y costas del juicio; por lo que, en el caso de los juicios sumarios, en los que no se reclame alguna prestación pecuniaria, ni existan bases suficientes, que tengan relación directa con el asunto, para su determinación, no se estará en posibilidad de condenar a gastos y costas; por ende, ese tipo de asuntos deberá constituir una excepción a la regla prevista por el artículo 142, fracción I, de la mencionada ley adjetiva local.

"SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.

"Amparo directo 1640/98. Leticia Abarca de la Mora. 4 de septiembre de 1998. Unanimidad de votos en el sentido de la sentencia, con voto aclaratorio del Magistrado Francisco Javier Villegas. Ponente: Gerardo Domínguez. Secretario: Francisco Miguel Padilla Gómez.

"Nota: Sobre el tema tratado existe denuncia de contradicción número 112/2002, pendiente de resolver en la Primera Sala."

NOVENO. Previamente al estudio de las cuestiones que se plantean en las ejecutorias transcritas, las cuales originaron la denuncia de contradicción, es conveniente establecer cuáles son los presupuestos requeridos para la existencia de una contraposición de criterios entre Tribunales Colegiados.

Al interpretar los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, este Alto Tribunal, resolviendo en Pleno, ha estimado que para que exista materia a dilucidar respecto de cuál criterio debe prevalecer, debe existir cuando menos formalmente una oposición de criterios jurídicos en los que se controvierta una misma cuestión legal; es decir, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidos dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas que son las que originaron, precisamente, las tesis que sustentan los órganos jurisdiccionales.

En otros términos, se da la contradicción anterior cuando concurren los siguientes supuestos:

a) Que al resolver los negocios, se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes;

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,

c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

La tesis de jurisprudencia se identifica con los siguientes datos y su texto es el que se transcribe:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"Página: 76

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

"Contradicción de tesis 1/97. Entre las sustentadas por el Segundo y el Primer Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito. 10 de octubre de 2000. Mayoría de ocho votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Disidentes: José Vicente Aguinaco Alemán y Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Francisco Olmos Avilez.

"Contradicción de tesis 5/97. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 10 de octubre de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame.

"Contradicción de tesis 2/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito. 24 de octubre de 2000. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: José Carlos Rodríguez Navarro.

"Contradicción de tesis 28/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 16 de noviembre de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Rubén D. Aguilar Santibáñez.

"Contradicción de tesis 44/2000-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 18 de enero de 2001. Mayoría de diez votos. Disidente: Humberto Román Palacios. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: José Luis Vázquez Camacho.

"El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintinueve de marzo en curso, aprobó, con el número 26/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintinueve de marzo de dos mil uno."

Conforme a las anteriores precisiones, debe establecerse si los criterios cuya aparente contradicción se denuncia, se ajustan a los requisitos que se contemplan en la jurisprudencia transcrita y, para ello, es de señalarse que de las resoluciones parcialmente transcritas, se advierte lo siguiente:

I. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, para resolver el amparo directo número 443/2002, quejoso Francisco Salcedo Figueroa, tomó en cuenta los siguientes antecedentes:

A) Mediante escrito presentado ante la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco el tres de abril de dos mil dos, Francisco Salcedo Figueroa solicitó la protección de la Justicia Federal contra actos de la mencionada Sala, que hizo consistir en la sentencia definitiva dictada en el toca número 1314/2001, relativo al juicio sumario civil número 291/2000, por la acción de prescripción de la acción hipotecaria y otras prestaciones.

B) En la resolución reclamada se determinó por la responsable que para la cuantificación de las costas debe considerarse lo condenado o resuelto en la sentencia definitiva, por lo que dichas costas deben regularse en la etapa de ejecución de sentencia, siguiendo los lineamientos procesales y de acuerdo a la legislación correspondiente.

En la ejecutoria en análisis, el Tribunal Colegiado resolutor negó el amparo y la protección de la Justicia Federal y para tal efecto consideró:

A) Que de la interpretación armónica de los artículos 142, fracción I, 502 y 640 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, no existe prohibición legal para que la cuantificación de las costas, a cuyo pago fue condenada una de las partes en el juicio natural, se realice en la etapa de ejecución de sentencia, siguiendo para ello los lineamientos marcados en el artículo 490 del propio ordenamiento, cuando se trate de un asunto en el que no existe cuantía determinada.

B) Que no puede establecerse que en la etapa de ejecución de la sentencia no sea factible la instauración del incidente de liquidación respectivo, porque de lo contrario no podría nunca tener aplicación lo dispuesto en el artículo 640, parte final, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, que señala que el contenido de ese precepto es sin perjuicio de lo dispuesto en el diverso 502 del propio código, que regula los gastos realizados por las partes.

C) Que sostener una postura inversa implicaría apartarse de una recta interpretación de los artículos 142, 502 y 640 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, con el consiguiente perjuicio para la parte que no dio lugar al juicio, quien no obstante ello estaría obligada a hacer gastos para su defensa.

II. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo número 1640/98, quejosa Leticia Abarca de la Mora, tomó en cuenta los siguientes antecedentes:

En escrito presentado el dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y ocho, en la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, Leticia Abarca de la Mora promovió juicio de amparo contra actos de la mencionada Sala, consistentes en la sentencia definitiva de veintidós de enero de mil novecientos noventa y ocho, dictada en el toca número 1472/97, que confirmó la de primera instancia, pronunciada dentro del juicio sumario civil 2475/96, por la acción de jactancia.

En la ejecutoria en análisis, el Tribunal Colegiado resolutor concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal y para tal efecto consideró lo siguiente:

A) Que si bien el artículo 142, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco establece que siempre será condenado en costas, cuando así lo solicite la contraria, el litigante condenado en juicio y el que lo intente si no obtiene resolución favorable, lo cierto es que el artículo 640 del propio código establece que el Juez y el tribunal, en su caso, señalarán de oficio en la sentencia el monto preciso de las costas que habrán de cubrirse con sujeción a lo dispuesto en el capítulo séptimo del título segundo de dicho código, las que en ningún caso excederán, por ambas instancias, del veinte por ciento del interés del negocio y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 502 del mismo cuerpo legislativo.

B) Que la obligación que para el juzgador establece el artículo 640 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, tratándose del juicio sumario civil, en el sentido de que debe señalarse de oficio en la sentencia el monto preciso de las costas que habrán de cubrirse, tiene su razón de ser debido a que los procesos sumarios se caracterizan por la necesidad de que se tramiten de la forma más rápida posible, a fin de evitar dilaciones innecesarias, ya que con tal disposición se prescinde del trámite del incidente de determinación de costas en el procedimiento de ejecución de sentencia.

C) Que si el juicio no es de aquellos negocios de cuantía determinada o determinable, para los efectos de la liquidación de gastos y costas a cuyo pago debe condenarse a la parte perdidosa en el juicio, con motivo del ejercicio de la misma, en razón de que entre las pretensiones hechas valer no existe alguna de carácter pecuniario, ni existen bases suficientes que tengan relación directa con el asunto para su determinación, el juzgador no estará en posibilidad de determinar el monto de los gastos y costas del juicio fijándolas en cantidad líquida y tampoco estará en posibilidad de determinarlos con posterioridad, ante la imposibilidad de tramitar un incidente de liquidación de gastos y costas en los juicios sumarios, por lo que ese tipo de asuntos deberá constituir una excepción a la regla prevista en el artículo 142, fracción I, de la mencionada ley adjetiva local.

De lo anterior se obtiene que se dan los elementos que puntualiza la jurisprudencia preinserta, dado que:

a) Al resolver los negocios que se confrontan, ambos Tribunales Colegiados examinaron igual cuestión jurídica, esto es, si tratándose de procesos sumarios civiles de cuantía indeterminada, procede tramitar un incidente de liquidación de las mismas, o bien, no procede la condenación al pago de costas, con lo cual se establece una excepción a la regla prevista en el artículo 142, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco.

b) La diferencia de criterios se presenta en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias pronunciadas por los Tribunales Colegiados al resolver los amparos directos ante ellos presentados.

c) Los distintos criterios provienen del examen de los mismos elementos, esto es, si en el juicio sumario civil de cuantía indeterminada procede o no la condena al pago de costas, habiendo ambos Tribunales Colegiados analizado los mismos preceptos legales, esto es, los artículos 142, fracción I, 502 y 640 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco.

Además, la problemática a dilucidar es de tal generalidad que permitirá que la tesis jurisprudencial resultante tenga aplicación futura para resolver de manera uniforme casos que se presenten con identidad a los denunciados como contradictorios.

Tiene aplicación la siguiente tesis aislada:

"Novena Época

"Instancia: Primera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, junio de 2001

"Tesis: 1a. LIX/2001

"Página: 230

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. NO BASTA PARA SU

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17837-24b559eb/costas-es-procedente-la-condena-a-su-pago · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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