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Modo: Corpus Pro

MEDIDAS PRECAUTORIAS TRATÁNDOSE DE LA GUARDA Y CUSTODIA DE MENORES DE EDAD. NO PROCEDE, PREVIO A SU IMPOSICIÓN, OTORGAR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA EN SU FAVOR Y EN EL DEL CÓNYUGE EJECUTADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 141/2002-PS. · Registro digital (IUS): 18116
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Junio de 2004, , Pág. 139.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 141/2002-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión número 137/2002, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:

"TERCERO. El agravio que se analizará es fundado, aunque para arribar a esa conclusión deban suplirse sus deficiencias en términos del artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, lo que hará innecesario el análisis de los restantes, de conformidad con la jurisprudencia que se comparte del actual Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito que con el número 460, aparece publicada en la página 397 del Tomo VI, Materia Común, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. CUÁNDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.’. El artículo 4o., último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, textualmente dispone: ‘Artículo 4o. ... Es deber de los padres preservar el derecho de los menores a la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y mental. La ley determinará los apoyos a la protección de los menores, a cargo de las instituciones públicas.’. Por su parte, el artículo 3o. de la Convención sobre los Derechos del Niño, textualmente dispone: ‘Artículo 3o. 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los Estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 3. Los Estados partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.’. Finalmente, los artículos 567, 570 y 573 del Código Civil del Estado, literalmente rezan: ‘Artículo 567. La niñez debe ser objeto de especial atención, cuidado y reconocimiento.’. ‘Artículo 570. Ninguna de las disposiciones enunciadas en este código, debe ser interpretada en forma restrictiva respecto de los derechos y de los intereses superiores de la niñez.’. ‘Artículo 573. Cuando se vaya a tomar una determinación relacionada con los intereses del menor, deberá oírsele y considerársele su opinión, la cual deberá ser valorada en función de su edad y madurez.’. De lo anterior se vislumbra la intención del Estado de preservar en un grado de privilegio los derechos de la niñez protegiéndolos a través de la Ley Suprema, disposiciones internacionales y locales, para evitar de esta manera que se causen posibles lesiones o agravios en su integridad humana y lograr su sano crecimiento y desarrollo dentro del entorno en que se desenvuelven. Así, este tribunal es de la opinión que la sentencia interlocutoria materia del acto reclamado conculca lo dispuesto por los artículos supracitados porque, como se desprende de las actuaciones del juicio de primer grado, no existe constancia de que se haya escuchado al menor ... tal como lo precisa el artículo 573 del Código Civil en cita, para que con base en su opinión, de acuerdo a su edad y madurez, la Juez responsable, en concatenación a las demás pruebas aportadas, haya resuelto lo que estimara conveniente para el infante. Por otra parte, se considera que previamente a que se decidiera la custodia interina del niño ... atento la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, se debió dar al impetrante, aquí recurrente, la oportunidad de demostrar que la citada determinación es o no benéfica para el menor, aun cuando ni el Código Civil, ni el de Procedimientos Civiles, ambos para el Estado de Jalisco, prevean expresamente tal circunstancia, toda vez que el ordinal 570, anteriormente transcrito, dispone que ningún precepto de ese código debe ser interpretado en forma restrictiva cuando se estén ventilando derechos e intereses de los niños; pero aun sin que existiera ese precepto, de todas suertes debe respetarse dicha garantía en términos de la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que con el número 95 aparece publicada en la página 62 del Tomo VI del penúltimo Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘AUDIENCIA, GARANTÍA DE. DEBE RESPETARSE AUNQUE LA LEY EN QUE SE FUNDE LA RESOLUCIÓN NO PREVEA EL PROCEDIMIENTO PARA TAL EFECTO.’ (se transcribe). Así, se infiere que a fin de que la Juez de primer grado estuviera en aptitud de resolver, con toda precisión y de manera que no existiera duda, acerca de que la medida decretada sería benéfica para el niño ... es indispensable que se escuchara a su progenitor, por ser con quien se encuentra viviendo, y estar así en posibilidad de poder justificar si la salud física o mental del menor puede alterarse con la medida provisional decretada; más aún cuando el informe proporcionado por la trabajadora social adscrita al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, por sí solo, es insuficiente para inferir que, aunque de manera interina, el citado menor estará mejor con su ascendiente ... que con su padre; en razón de que, como se verá, los datos obtenidos para su elaboración, como atinadamente lo refiere el inconforme, son parciales, por las siguientes circunstancias, a saber: a) Las precisiones que se hacen sobre el encausado, aquí recurrente, proceden tanto de la actora, ahora tercera perjudicada, como de la menor ... descendiente de la demandada, que a juicio de este tribunal carecen de objetividad en virtud de que, en lo concerniente a lo manifestado por la demandante, es evidente que existe un interés directo en demostrar que el niño ... estará mejor con ella que con su padre, y de lo expresado por la infante ... no se precisa si los datos que ella proporcionó son por inferencias o porque efectivamente a ella correspondió vivir tales experiencias, situación esta última a la que tuvo que poner especial atención la Juez responsable; b) En la entrevista a supuestos vecinos no se precisaron los nombres y domicilios u otros datos que los hagan identificables; no obstante ello, de sus versiones no se infiere algún elemento que permita determinar que la custodia provisional a favor de la actora natural es benéfica para el aludido menor, toda vez que manifiestan que los conocen de vista; y, c) Finalmente, hace una descripción de la vivienda en que reside la aquí tercera perjudicada, sin hacer lo mismo respecto de la morada del encausado, de ahí que tales datos también sean insuficientes para determinar cuál es el espacio, en lo que habitación se refiere, más benéfico para el menor." (fojas 129 vuelta a 132 vuelta del expediente).

TERCERO. Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión número 315/2002, consideró, en la parte que interesa, lo siguiente:

"... En tal contexto, debe decirse que es infundado el primero de los agravios que formula la recurrente, en el sentido de que le pasó inadvertido al Juez de Distrito que la medida provisional decretada por la responsable en relación con la guarda y custodia de los menores no es de imposible reparación, ya que puede ser modificada o quedar sin efecto en la sentencia definitiva que al efecto se dicte; por lo que, afirma la recurrente, el juicio de garantías resulta improcedente, conforme a la tesis que citó de rubro: ‘MENORES. MEDIDAS PROVISIONALES, AMPARO INDIRECTO IMPROCEDENTE CONTRA LAS.’. Lo anterior es así, porque resulta inexacto que el juicio de garantías que se revisa sea improcedente por lo que ve al acto reclamado, consistente en la medida provisional que decretó el Juez de origen, respecto a la guarda y custodia de los menores ... ambos de apellidos ... ya que sobre ese tema el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que si se reclama en amparo indirecto la medida provisional que decreta la custodia y guarda de menores, debe establecerse la procedencia de tal juicio, puesto que se trata de un acto dentro del juicio de ejecución irreparable, en tanto que se afectan de modo directo derechos sustantivos, que son los derivados de la patria potestad, ya que, por una parte, se priva al progenitor de la custodia de sus hijos menores, con la consecuencia de no tener el goce y disfrute de ellos y que, por otra parte, se deja a dichos menores en una situación en que se ven afectados en su seguridad; que además, aun suponiendo que la sentencia que pusiera fin al juicio le fuera favorable al progenitor privado de la custodia de sus hijos y, por ende, lo restituyera en su goce, de ningún modo podría restituírsele la privación de que fue objeto por el tiempo en el que estuvo en vigor la medida provisional y, por ende, tampoco a los hijos se les podría restituir la seguridad de que fueron privados en el lapso correspondiente a esa medida. El anterior criterio ha sido sostenido en la tesis de jurisprudencia número P./J. 37/92, consultable en la página 11 del tomo 59, noviembre de 1992, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que quedó redactada en los siguientes términos: ‘CUSTODIA DE MENORES. LA MEDIDA PROVISIONAL RELATIVA, ES ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO.’ (se transcribe). En tales condiciones, es evidente que, en el particular, no opera la causal de improcedencia invocada por la recurrente y, por ende, tampoco cobra aplicación la tesis que invocó. En cambio, resultan fundados y suficientes para revocar la sentencia recurrida, en la parte que se controvierte, los restantes agravios que hace valer la recurrente, los cuales se estudian en forma conjunta dada su estrecha vinculación. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia número 30 sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 20 del Tomo IV, Materia Civil, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: ‘AGRAVIOS, EXAMEN DE LOS.’ (se transcribe). En efecto, en los citados motivos de disenso la recurrente aduce que el Juez de Distrito, en el considerando cuarto de la sentencia recurrida, aplicó incorrectamente la garantía contenida en el artículo 14 constitucional, al no considerar que la posesión de los menores le fue arrancada a la ahora inconforme mediante la violencia, y que por esa razón existe una orden de aprehensión contra el quejoso; que si bien el Juez Federal citó el artículo 4o. constitucional, no menos cierto es que lo interpretó en beneficio del impetrante, haciendo caso omiso de que la guarda y custodia de los menores debe otorgarse a la madre; que de igual manera, el Juez Federal transcribió y aplicó de una manera errónea el numeral 3o., de la Convención sobre los Derechos del Niño, al dejar insubsistente el acto reclamado relativo a la custodia provisional de los menores y que en los párrafos 14 al 24 de la sentencia recurrida dicha autoridad comete el mismo error, ya que hace una incorrecta interpretación de los artículos 567, 570 y 573 del Código Civil del Estado, al beneficiar al quejoso, cuando es a la recurrente a quien corresponde la guarda y custodia de sus menores hijos; que además, aplica de una manera inadecuada la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: ‘AUDIENCIA, GARANTÍA DE. DEBE RESPETARSE AUNQUE LA LEY EN QUE SE FUNDE LA RESOLUCIÓN NO PREVEA EL PROCEDIMIENTO PARA TAL EFECTO.’. Para apoyar tales alegatos, la recurrente invocó la tesis de rubro: ‘MENORES, CUSTODIA DE LOS. NO ES NECESARIO TRAMITAR INCIDENTE PREVIO PARA ENTREGARLOS EN GUARDA Y CUSTODIA DE SU PROGENITORA SIEMPRE Y CUANDO AQUÉLLOS NO REBASEN LOS CINCO O SIETE AÑOS DE EDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).’. Para una mejor comprensión de los motivos de inconformidad sintetizados con antelación, conviene destacar que el Juez de Distrito, en el considerando cuarto de la sentencia recurrida, determinó conceder la protección constitucional solicitada por el quejoso ... supliendo la deficiencia de la queja, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76, fracción VI, de la Ley de Amparo, toda vez que, en esencia, estimó que de los numerales 4o., último párrafo, constitucional; 3o. de la Convención sobre los Derechos del Niño y 567, 570 y 573 del Código Civil del Estado se ponía de manifiesto que la intención del Estado es la de preservar en un grado de privilegio los derechos de la niñez, protegiéndolos a través de la Ley Suprema, disposiciones internacionales y locales, para evitar, de esa manera, que se causen posibles lesiones o agravios en su integridad humana y lograr su sano crecimiento y desarrollo dentro del entorno en que se desenvuelven; que de las constancias que integran el juicio de origen no se advertía que hubiera escuchado a los menores ... ambos de apellidos ... tal como lo precisa el artículo 573 del Código Civil del Estado, para que con base en su opinión, de acuerdo a su edad y madurez, el Juez responsable en relación con las demás pruebas aportadas resolviera lo que estimara pertinente para los infantes, por lo que el Juez Federal consideró que, previo a que se resolviera la custodia provisional de los menores antes citados, se debió dar al impetrante del amparo la oportunidad para acreditar que la citada determinación era o no benéfica para los menores, aun cuando la ley no lo establezca expresamente, ya que en concepto de dicho juzgador ningún precepto debía ser interpretado en forma restrictiva cuando se estuvieran ventilando derechos o intereses de los niños, según lo dispuesto por el numeral 570 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, antes invocado y que aun cuando no existiera dicho precepto, de cualquier manera debía respetarse dicha garantía, en términos de la jurisprudencia de rubro: ‘AUDIENCIA, GARANTÍA DE. DEBE RESPETARSE AUNQUE LA LEY EN QUE SE FUNDE LA RESOLUCIÓN NO PREVEA EL PROCEDIMIENTO PARA TAL EFECTO.’; para finalizar, el Juez constitucional determinó que el Juez de primer grado, a fin de estar en aptitud de resolver con toda precisión si la medida decretada era benéfica para los menores, debió escuchar a su progenitor, por ser la persona con la que viven. Los anteriores motivos de queja, como ya se dijo, devienen fundados, ya que resulta incorrecto que el Juez Federal, en suplencia de la queja, haya concedido la protección constitucional solicitada, por no haber sido oídos ni vencidos el quejoso y sus menores hijos ... ambos de apellidos ... al haberse decretado la medida provisional de custodia y guarda de menores por el Juez responsable. Se sostiene lo anterior porque, en primer lugar, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número P./J. 21/98, consultable en la página 18 del Tomo VII, marzo de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sostuvo el criterio de que en tratándose de las medidas cautelares no rige la garantía de previa audiencia, pues no constituyen actos privativos definitivos, sino que sus efectos provisionales y accesorios quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes. La tesis antes citada quedó redactada en los siguientes términos: ‘MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA.’ (se transcribe). Partiendo de la base anterior es evidente que el Juez natural no tenía el deber de otorgar la garantía de audiencia al quejoso y a los menores afectados, ya que la medida cautelar decretada en el juicio (custodia y guarda provisional de menores) no es un acto definitivo sino accesorio al juicio de origen relativo a la pérdida de la patria potestad, porque queda sujeto a las resultas de éste determinar en cuál de los progenitores debe recaer la guarda y custodia de los menores afectados. Aunado a lo anterior, debe señalarse que el artículo 249 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que prevé el trámite de las medidas cautelares, releva al juzgador de otorgar el derecho de audiencia al decretar una medida de tal naturaleza, pues dicho precepto, en lo que interesa, claramente establece que dichas providencias se decretarán sin audiencia de la contraparte. En esas condiciones, es evidente que las restantes consideraciones que emitió el Juez de Distrito para conceder la protección constitucional a la parte quejosa, relativas a que el Juez natural debió oír la opinión de los menores afectados en función de su edad y madurez, caen por su base, pues por las razones expuestas con antelación, la hipótesis normativa que prevé el numeral 570 del Código Civil del Estado que dice: ‘Artículo 570. Ninguna de las disposiciones enunciadas en este código, debe ser interpretada en forma restrictiva respecto de los derechos y de los intereses superiores de la niñez.’, no cobra aplicación en el particular. Aunado a lo anterior, debe decirse que de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 572 del Código Civil del Estado, para que los menores se desarrollen en un ambiente sano y familiar debe observarse, preferentemente, que los menores convivan con sus progenitores y cuando ello no suceda así deben quedar al cuidado de la madre si es que existe la disposición y la disponibilidad afectiva de su custodia y no tiene una conducta nociva a la salud física o psíquica del menor y, sólo en caso contrario, corresponde al padre la custodia de los menores, siempre y cuando reúna los mismos requisitos de disposición y posibilidad afectiva de custodia, así como buena conducta; mas en el caso, de las constancias que integran el juicio natural no se advierte que la ahora recurrente carezca de disposición y disponibilidad afectiva de custodia o de buena conducta, ya que, incluso, ella ejercía la patria potestad de sus menores antes de que le fueran arrebatados por el ahora quejoso y, en cambio, la conducta desplegada por el impetrante para sustraer a los menores del lado de su madre evidencia el estado de inseguridad en que los colocó. En tales condiciones, al resultar fundados los agravios analizados en último término, lo que procede es revocar la sentencia sujeta a revisión en la parte que se impugna y negar la protección constitucional solicitada." (fojas 37 a 46 del expediente).

CUARTO. Ahora bien, para que haya materia a dilucidar respecto de cuál criterio debe prevalecer, tratándose de la figura jurídica de la contradicción de tesis, debe existir, cuando menos formalmente, una oposición de criterios jurídicos en los que se controvierta la misma cuestión y, para que surja su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, que son las que constituyen precisamente las tesis que sustentan los órganos jurisdiccionales.

Es decir, la contradicción de tesis se presenta cuando los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver los negocios jurídicos que generan la denuncia, examinan cuestiones jurídicas iguales, adoptando posiciones o criterios jurídicos discrepantes; además, la diferencia de criterios debe presentarse en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas, requiriéndose, por otra parte, que los distintos criterios provengan del examen de elementos esenciales idénticos, porque de no ser así no podría establecerse la existencia de una discrepancia.

Resulta aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia número P./J. 26/2001 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"Página: 76

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

De acuerdo con lo anterior y tomando en cuenta las consideraciones que adujeron los Tribunales Colegiados contendientes en las ejecutorias que se transcribieron con antelación, esta Primera Sala procede a examinar si en el caso a estudio se actualiza o no la contradicción de tesis denunciada, con apoyo en las consideraciones siguientes:

I) El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito sostuvo lo siguiente:

a) Que los artículos 4o., último párrafo, de la Constitución Federal, 3o. de la Convención sobre los Derechos del Niño y 567, 570 y 573 del Código Civil del Estado, vislumbran la intención del Estado de preservar en un grado de privilegio los derechos de la niñez, protegiéndolos para evitar que se les causen lesiones o agravios;

b) Que la sentencia recurrida conculcaba lo dispuesto en esos preceptos, porque no existía constancia de que en los términos del numeral 573 se hubiera escuchado al menor ... para que con base en su opinión, de acuerdo a su edad y madurez, la Juez responsable, concatenando las pruebas ofrecidas, hubiera resuelto lo que estimara conveniente para el infante;

c) Que previamente a la decisión de la custodia interina del menor se debió otorgar al recurrente, atento la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, la oportunidad de demostrar que tal determinación era o no benéfica para el menor, aun cuando ni el Código Civil ni el de Procedimientos Civiles, ambos del Estado de Jalisco, establecieran esa circunstancia;

d) Que el diverso artículo 570 dispone que ningún precepto de ese código debe ser interpretado en forma restrictiva cuando se estén ventilando derechos e intereses de los niños; pero que aun cuando no existiera ese artículo debía respetarse la garantía de audiencia de acuerdo con la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, cuyo rubro dice: "AUDIENCIA, GARANTÍA DE. DEBE RESPETARSE AUNQUE LA LEY EN QUE SE FUNDE LA RESOLUCIÓN NO PREVEA EL PROCEDIMIENTO PARA TAL EFECTO."; y,

e) Que a fin de que la Juez de primer grado estuviera en aptitud de resolver acerca de que la medida decretada sería benéfica para el niño ... era indispensable que se escuchara a su progenitor, por ser con quien se encontraba viviendo, y estar así en posibilidad de justificar si la salud física o mental del menor podía alterarse con la medida provisional decretada, además de que el informe proporcionado por la trabajadora social adscrita al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, por sí solo era insuficiente para inferir que, aunque de manera interina, el menor estaría mejor con su madre que con su padre, ya que los datos obtenidos para su elaboración eran parciales.

II) Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito consideró lo siguiente:

a) Que el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en la tesis cuyo rubro dice: "MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA.", que tratándose de las medidas cautelares no rige la garantía de previa audiencia, puesto que no constituyen actos privativos definitivos, sino que sus efectos provisionales y accesorios quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere pertinentes;

b) Que el artículo 249 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, que prevé el trámite de las medidas cautelares, releva al juzgador de otorgar el derecho de audiencia al decretar una medida de tal naturaleza, pues claramente establece que dichas providencias se decretarán sin audiencia de la contraparte;

c) Que por ello era evidente que las restantes consideraciones emitidas por el Juez de Distrito para conceder la protección constitucional al quejoso, relativas a que el Juez natural debió oír la opinión de los menores afectados en función de su edad y madurez, caían por su base y, por tanto, en el caso a estudio no cobraba aplicación la hipótesis normativa prevista en el artículo 570 del Código Civil del Estado, que se refiere a que ninguna de las disposiciones enunciadas en el código debía ser interpretada en forma restrictiva respecto de los derechos y de los intereses superiores de la niñez; y,

d) Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 572 del mismo ordenamiento legal, para que los menores se desarrollen en un ambiente sano deben convivir preferentemente con sus progenitores y, cuando no suceda así, deben quedar al cuidado de la madre, si existe la disponibilidad afectiva de su custodia y no tiene una conducta nociva a la salud del menor, y sólo en caso contrario corresponde al padre su custodia en esas mismas condiciones, pero que en el caso no se advertía que la recurrente careciera de disposición y disponibilidad afectiva de custodia o de buena conducta, ya que incluso ella ejercía la patria potestad de sus menores antes de que le fueran arrebatados por el quejoso y, en cambio, la conducta desplegada por éste para sustraer a los menores del lado de su madre evidenciaba el estado de inseguridad en que los colocó.

El análisis de las ejecutorias transcritas pone de relieve que sí existe la contradicción de tesis y consiste en determinar si tratándose de la medida precautoria relativa a la guarda y custodia provisional de menores de edad procede otorgar la garantía de audiencia a favor del cónyuge afectado y de los menores involucrados.

QUINTO. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, la tesis sustentada por esta Primera Sala, que coincide en lo sustancial con el criterio sostenido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito.

En efecto, con el propósito de ubicar adecuadamente el problema que se plantea, se considera necesario establecer cuál es el concepto que en la ley, la doctrina y la jurisprudencia se tiene de los conceptos jurídicos consistentes en las medidas cautelares o providencias precautorias.

Por lo que se refiere a la legislación aplicable a la presente contradicción, debe señalarse que en el artículo 249 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, que trata de las providencias precautorias, se establece lo siguiente:

"Artículo 249. Antes de iniciarse el juicio, o durante su desarrollo, a solicitud del interesado pueden decretarse todas las medidas necesarias para mantener la situación de hecho o de derecho existentes, así como para garantizar las resultas de una sentencia ejecutoria.

"Para decretar cualesquiera de las medidas cautelares a que se refiere este título, el promovente deberá justificar el derecho que le asiste para ello, con prueba documental, y a falta de ésta, con la declaración bajo protesta de dos personas dignas de fe.

"Estas providencias se decretarán sin audiencia de la contraparte. Si se solicita después de iniciado el procedimiento se substanciará en expediente por separado ante el mismo Juez que conozca del negocio, el cual se identificará con el mismo número del principal, al que se agregará una vez que sea ejecutada la medida."

Como dato adicional, cabe destacar que tanto en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (artículos 235 al 254) como en el Código Federal de Procedimientos Civiles (artículos 389 al 399), se contempla la figura de las providencias y medidas precautorias, estableciéndose, en el primer caso, que para dictar una medida precautoria no se citará a la persona contra quien se pida, en tanto que en el segundo ordenamiento se concluye que todas las medidas ahí autorizadas se decretarán sin audiencia de la contraparte y se ejecutarán sin notificación previa.

En cuanto a las definiciones que sobre el tema se han vertido en la doctrina destacan las siguientes:

1. En el Diccionario de Derecho Procesal Civil de Eduardo Pallares se define a las medidas cautelares como aquellas "que autoriza la ley para que el titular de un derecho subjetivo asegure oportunamente su ejercicio cuando carece de un título ejecutivo mediante el cual pueda de inmediato obtener la ejecución judicial del mismo".

Dicho doctrinario señala igualmente que las citadas medidas cautelares se encuentran sujetas a los siguientes principios:

"a) La medida cautelar se funda en una acción autónoma que otorga la ley y que es independiente de la existencia o inexistencia del derecho subjetivo que tiende a proteger la medida; en otras palabras, ésta no deriva de él;

"b) Se di

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18116-a53d9b08/medidas-precautorias-tratandose-de-la-guarda-y-custodia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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