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Modo: Corpus Pro

CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN MATERIA MERCANTIL. OPERA DESDE EL PRIMER AUTO QUE SE DICTE EN EL JUICIO AUNQUE NO SE HAYA EMPLAZADO AL DEMANDADO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 113/2002-PS. · Registro digital (IUS): 17562
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Mayo de 2003, , Pág. 150.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 113/2002-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 1993/2000, promovido por Bancrecer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Bancrecer, el veintiocho de septiembre de dos mil, en la parte que interesa consideró:

"SEXTO. Los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa resultan infundados e inoperantes, por las siguientes consideraciones. De igual forma, por cuestión de método dichos motivos de queja se analizarán en orden distinto al que se plantearon en la demanda de amparo. El peticionario de garantías alega que la Sala responsable indebidamente consideró que operó la caducidad de la instancia a partir del primer auto dictado en el juicio, sin que se requiera que haya integración de la litis ni que exista juicio, en virtud de que, según sostiene el quejoso, para que haya juicio se requiere que el demandado sea emplazado a fin de que se llegue a fijar la litis, en caso de haber contestación a la demanda, es decir, el juicio se establece propiamente hasta el emplazamiento y no antes. Por tanto, el primer auto dictado en el juicio debe considerarse aquel que provea acuse de rebeldía, o bien, en el que se tenga al demandado dando contestación a la demanda; asimismo, el inconforme agrega que el término para la caducidad de la instancia constituye un término judicial y, por ende, éste empezará a correr desde el día siguiente a aquel en que hayan (sic) surtido efectos el emplazamiento, ya que el juicio inicia con el mismo; por tanto, señala el impetrante del amparo que al no haberse requerido de pago, embargado y emplazado a la codemandada Transportes y Servicios Agrícolas, Sociedad Anónima de Capital Variable, circunstancia imprescindible para que corra el término de la caducidad, dicha figura no opera; el anterior concepto de violación resulta infundado. Esto es así, en razón de que, al respecto, el artículo 1076 del Código de Comercio en vigor, aplicable al presente asunto, establece textualmente lo siguiente: ‘Artículo 1076. En ningún término se contarán los días en que no puedan tener lugar actuaciones judiciales, salvo los casos de excepción que se señalen por la ley. La caducidad de la instancia operará de pleno derecho, sea porque se decrete de oficio o a petición de parte, cualquiera que sea el estado del juicio, desde el primer auto que se dicte en el mismo y hasta la citación para oír sentencia, en aquellos casos en que concurran las siguientes circunstancias: a) Que hayan transcurrido 120 días contados a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación de la última resolución judicial dictada, y b) Que no hubiere promoción de cualquiera de las partes, dando impulso al procedimiento para su trámite, solicitando la continuación para la conclusión del mismo. Los efectos de la caducidad serán los siguientes: I. Extingue la instancia pero no la acción, convirtiendo en ineficaces las actuaciones del juicio y volviendo las costas (sic) al estado que tenían antes de la presentación de la demanda y se levantarán los embargos, mandándose cancelar su inscripción en los registros públicos correspondientes; II. Se exceptúa de la ineficacia señalada, las resoluciones firmes de las excepciones procesales que regirán en cualquier juicio que se promoviera. De igual manera las pruebas rendidas en el proceso que se haya declarado caduco podrán invocarse de oficio, o por las partes, en el nuevo proceso que se promueva; III. La caducidad de la segunda instancia deja firmes las resoluciones apeladas; IV. La caducidad de los incidentes sólo afectará las actuaciones del mismo, sin comprender la instancia principal, aunque haya quedado en suspenso por la resolución de aquél, si transcurren sesenta días; V. No ha lugar a la caducidad en los juicios universales de concurso, pero si en aquellos que se tramiten en forma independiente aunque estén relacionados o surjan de los primeros; VI. Tampoco opera la caducidad cuando el procedimiento está suspendido por causa de fuerza mayor y el Juez y las partes no pueden actuar; así como en los casos en que es necesario esperar una resolución de cuestión previa o conexa por el mismo Juez o por otras autoridades; y en los demás casos previstos por la ley; VII. La resolución que decrete la caducidad será apelable en ambos efectos, en caso de que el juicio admita la alzada. Si la declaratoria se hace en segunda instancia se admitirá reposición, y VIII. Las costas serán a cargo del actor, cuando se decrete la caducidad del juicio en primera instancia. En la segunda instancia serán a cargo del apelante, y en los incidentes las pagará el que lo haya interpuesto. Sin embargo, las costas serán compensables con las que corran a cargo del demandado cuando hubiera opuesto reconvención, compensación, nulidad y en general las excepciones o defensas que tiendan a variar la situación jurídica que privaba entre las partes antes de la presentación de la demanda.’. Asimismo, el significado etimológico de la palabra caducidad corresponde al vocablo latino caducus a, um (de cado-caer), que significa decrépito, poco estable, cercano a caerse y acabarse. Como institución jurídica le es aplicable el sentido perecedero, de ahí sus equivalentes; perentorio, perención, que provienen de premptorius, onis, la acción de dar muerte; perentorius a, um (deperime) mortífero; perentorio a su vez de perimo, is: extinguir, aniquilar, destruir, matar, hacer perecer. La caducidad es la sanción que la ley establece a la inactividad procesal de las partes, esto es, es una pena natural que opera ante la falta de deseo de llevar el proceso adelante y de perder todo interés en continuar la contienda. En ese sentido, la sociedad y el Estado tienen interés en que no haya litigios ni juicios, porque éstos son estados patológicos del organismo jurídico, perturbaciones más o menos graves de la normalidad, tanto social como legal. Sería de desearse que no los hubiese nunca, pero en la imposibilidad de que tal ideal se alcance, cuando es posible poner fin a un juicio, hay que aprovechar la ocasión. Es irracional que un juicio en el cual durante meses, años y aun siglos no se ha promovido nada, pueda surgir de nuevo y dar nacimiento a nuevas incertidumbres, gastos, pérdida de tiempo y de energía, inseguridad jurídica, etcétera. La estabilidad y firmeza de las relaciones tanto económicas como jurídicas y morales exigen que se dé muerte a un proceso que debería estar enterrado mucho tiempo ha (sic). Luego, de acuerdo con la doctrina generalizada, la caducidad es una figura procesal cuya finalidad es la extinción de la instancia originada por la inactividad de las partes, y que además se le asemeja al desistimiento de la demanda, en cuanto a que éste consiste en la manifestación expresa que hace el actor de renunciar a la instancia, mientras que la caducidad es la presunción legal de un abandono tácito de la instancia. Conforme a lo anterior, resulta claro que lo que caduca es la instancia, de ahí la necesidad de establecer su definición. Según el concepto de Eduardo Pallares, en su obra Diccionario de Derecho Procesal Civil, página 426, vigésima cuarta edición, Editorial Porrúa, S.A., México, 1998 ‘La palabra instancia tiene dos acepciones, una general con la que se expresa cualquiera petición, solicitud o demanda que se hace a la autoridad, y otra especial, que quiere decir el ejercicio de la acción judicial desde la demanda hasta la sentencia definitiva. La primera instancia se lleva a cabo ante el Juez inferior, y la segunda ante el tribunal de apelación.’. De lo anterior se concluye que la instancia inicia con la presentación de la demanda. En ese contexto, se concluye que conforme lo establece el contenido del precitado artículo 1076 del Código de Comercio, respecto al momento procesal en que opera la caducidad, es en cualquiera que sea el estado del juicio, desde el primer auto que se dicte en el mismo, esto es, a partir del acuerdo admisorio de la demanda. No es obstáculo a lo anterior lo que sostiene el inconforme, en cuanto a que si el artículo en mención dispone que operará dicha figura desde el primer auto que se dicte en el juicio, ello implique que, para la existencia del juicio, sea necesario que se fije la litis mediante el emplazamiento de las partes, para que así, el primer auto dictado en el juicio corresponda al acuerdo en que se tenga a la parte demandada contestando la demanda o decretando la rebeldía de la parte en mención, toda vez que se estima que en el precitado numeral se utilizó el término juicio como sinónimo de instancia, ya que no se especifica que dicha figura sólo pueda configurarse después del emplazamiento (como ocurre, verbigracia, con el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, que lo contempla en forma expresa en su artículo 29 bis), sino que puede surtirse antes, dada la expresión cualquiera que sea el estado del juicio, desde el primer auto que se dicte en el mismo, conforme los razonamientos expuestos en los párrafos que preceden. Además de que no debe perderse de vista, que como se dijo, la caducidad es una sanción que se impone al litigante ante su notorio desinterés, y que, por ende, ocasiona que concluya la instancia ante la inactividad procesal; de ahí que si dicha instancia inicia con la presentación de la demanda, es inconcuso que tal figura puede operar desde el primer auto en que se admita la misma y no hasta que se emplace a los demandados, pues en todo caso tal requisito será necesario para la integración de la litis, y la falta de ésta de manera alguna releva al actor de mantener viva la instancia, ya que para impulsar el procedimiento, para su trámite, solicitando la continuación para la conclusión del mismo, no es indispensable la promoción plural de las partes, sino sólo la de alguna de ellas, como en el caso del demandante, en términos de lo dispuesto por el inciso b) del referido artículo 1076 del Código de Comercio. Sin que tampoco sea óbice la diversa afirmación del quejoso en el sentido de que la caducidad constituye un término judicial y, por ende, éste empezará a correr desde el día siguiente a aquel en que haya surtido efectos el emplazamiento; toda vez que, en primer término, la caducidad no es propiamente un término, sino una sanción ante la inactividad procesal del litigante, y si bien se requiere de un término de inacción para que proceda, éste lo contempla el dispositivo legal precitado, sin que, por tanto, sea necesario acudir a las reglas que señala el diverso numeral 1075 de la codificación en mención, respecto a cuándo inician los términos judiciales. En consecuencia, por los razonamientos antes expuestos, resultan inaplicables las tesis de rubros: ‘CADUCIDAD, NO OPERA SI FALTA EL EMPLAZAMIENTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).’, ‘CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. NO OPERA EN TANTO NO SE EMPLACE A TODOS LOS DEMANDADOS, INCLUYENDO A LOS TERCEROS LLAMADOS A JUICIO.’ y ‘CADUCIDAD. EL CÓMPUTO RESPECTIVO NO CORRE SI LA PARTE RECONVENIDA NO HA SIDO EMPLAZADA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).’, ya que dichos criterios interpretan artículos de diversas codificaciones civiles, y en el caso se está en presencia de la figura de la caducidad en materia mercantil, regulada en forma determinada en el Código de Comercio reformado; asimismo, resulta inatendible la tesis de epígrafe: ‘COMPETENCIA POR INHIBITORIA EN JUICIO ORDINARIO MERCANTIL. EL TÉRMINO PARA HACERLA VALER ES DE TRES DÍAS SIGUIENTES AL EMPLAZAMIENTO.’, en razón de que contempla una hipótesis diversa a la del presente asunto, como es el término para hacer valer la competencia por inhibitoria ..."

CUARTO. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver por mayoría el amparo directo 27/2001, interpuesto por Fernando Yáñez Gutiérrez, el siete de diciembre de dos mil uno, en la parte que interesa consideró:

"... Por otro lado, porque la interpretación que debe darse a la parte conducente del citado artículo 1076 del Código de Comercio, es la que se adopta en este fallo, habida cuenta que si en el auto que dio entrada a la demanda natural se acordó requerir, embargar y emplazar al demandado, no hay duda alguna de que era a este último precisamente a quien iba dirigida la resolución, no al actor; de ahí que cuando el precepto establece que el lapso de inactividad debe contarse desde cuando ‘surtió efectos la notificación de la última resolución judicial’, debe entenderse que es para el reo, ya que, se reitera, a él es a quien debió notificarse. A lo expresado debe añadirse que en la exposición de motivos del decreto de veintinueve de abril de mil novecientos noventa y seis, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veinticuatro de mayo del mismo año, que reformó, entre otros ordenamientos, al Código de Comercio y por el que se instituyó la caducidad en los asuntos mercantiles, se dijo: ‘Las reformas propuestas a este código persiguen los mismos fines que las descritas para el ordenamiento procesal civil. Por ello, la gran mayoría de las figuras, términos, modificaciones y adiciones contenidas en el código adjetivo para el Distrito Federal, se recogen en este proyecto de reformas al Código de Comercio.’. Esto es, la intención del proyecto fue que la caducidad rigiera en la misma forma que aparece en el código procesal civil del Distrito Federal, y sucede que en éste, el artículo 137 bis dispone expresamente que la perención opera desde el emplazamiento, de lo que se infiere que lo que se quiso sancionar fue a la inactividad producida, pero hasta una vez que estuviera planteada la litis, no antes. Finalmente, si el susodicho artículo 1076 previene que para que opere la caducidad, aparte del lapso de inactividad, no debe haber promoción de cualquiera de las partes dando impulso al procedimiento, al hablarse en plural de las partes, cabe inducir, como se ha venido sosteniendo, que la figura opera hasta que ya está emplazado el demandado, dado que el legislador no pudo haberse referido a las promociones de las partes si aquél todavía no ha sido llamado a juicio. Procede entonces conceder la protección federal solicitada, para el efecto de que en la nueva sentencia que pronuncie en sustitución de la reclamada, la Sala determine conforme a los lineamientos que se puntualizan en el presente fallo, que en la especie no operó la caducidad de la instancia y continúe el juicio por sus demás etapas.

"Voto particular emitido por la Magistrada Alicia Guadalupe Cabral Parra. La suscrita Magistrada se permite disentir de la opinión de la mayoría, en atención a las siguientes consideraciones: En el presente caso, la Sala responsable confirmó la caducidad de la instancia decretada por el Juez, considerando que habían transcurrido los 120 días señalados por el artículo 1076 del Código de Comercio, entre la fecha en la que se dictó el auto de radicación y el día en que se emplazó a la demandada. Ahora bien, el citado artículo 1076 del Código de Comercio, en la parte conducente, textualmente establece: ‘La caducidad de la instancia operará de pleno derecho, sea porque se decrete de oficio o a petición de parte, cualquiera que sea el estado del juicio, desde el primer auto que se dicte en el mismo y hasta la citación para oír sentencia, en aquellos casos en que concurran las siguientes circunstancias: a) Que hayan transcurrido 120 días contados a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación de la última resolución judicial dictada, y b) Que no hubiere promoción de cualquiera de las partes, dando impulso al procedimiento para su trámite, solicitando la continuación para la conclusión del mismo.’, de donde se advierte, sin lugar a dudas, que para que opere la caducidad no se necesita que esté entablada la litis, ni que la última resolución dictada esté notificada a todas las partes, bastando para decretarla que esté notificada la parte contra la que corrió. Lo anterior lo considero así, en virtud de que si el legislador hubiera querido que operara desde el emplazamiento, como lo estima la mayoría, así lo hubiera plasmado expresamente, como acontece en el artículo 137 bis del código procesal civil del Distrito Federal, que expresamente dice que a partir del emplazamiento corre la caducidad; en cambio, el precepto del Código de Comercio que nos ocupa, establece que operará la caducidad en cualquier estado del juicio, desde el primer auto que se dicte en el mismo y hasta la citación para oír sentencia, siendo evidente que el primer auto es el de radicación y, por ello, si éste se notificó a la actora y no promovió durante el plazo de 120 días requerido, es claro que operó en su contra la caducidad, máxime que no existe disposición expresa que exija que para que corra debe estar emplazado el reo. No constituye obstáculo para estimar lo anterior, la circunstancia de que en la exposición de motivos del decreto del 29 de abril de 1996, que reformó el Código de Comercio, se haya dicho: ‘Las reformas propuestas a este código persiguen los mismos fines que las descritas para el ordenamiento procesal civil. Por ello, la gran mayoría de las figuras, términos, modificaciones y adiciones contenidas en el código adjetivo para el Distrito Federal, se recogen en este proyecto de reformas al Código de Comercio.’, pues se refiere a la gran mayoría, es decir, no a todas las figuras, términos, modificaciones y adiciones y, por ende, no puede válidamente deducirse que el legislador quiso que la caducidad rigiera en la misma forma que aparece en el código procesal civil del Distrito Federal, sobre todo porque en el artículo 1076 del Código de Comercio no se plasmó lo que dice en el 137 bis del referido código del Distrito Federal, sino que, por el contrario, como ya se dijo, se estatuyó que el lapso de inactividad procesal operará desde el primer auto que se dicte, como sucedió en el caso que nos ocupa; por lo que considero irrelevante que en el auto que dio entrada a la demanda natural se haya ordenado requerir, embargar y emplazar a la demandada y no a la actora, dado que la caducidad corrió en perjuicio de esta última parte, quien sí fue notificada del referido auto y no impugnó su validez en modo alguno, por lo que, además, considero incorrecto que la mayoría tome en cuenta los posibles errores cometidos en esa notificación para no tomarla en cuenta, como base para que empiece a correr el plazo de la perención, cuando el quejoso la consintió. Por último, si bien es cierto que el referido artículo 1076 establece que no debe haber promoción de cualquiera de las partes dando impulso al procedimiento, es decir, que se habla en plural de las partes también lo es que de esta circunstancia no se puede inducir, como lo sostiene la mayoría, que la caducidad opera hasta que ya está emplazado el demandado, dado que considero que lo que el legislador quiso decir en el inciso b) del artículo que nos ocupa, es que cualquiera de las partes puede interrumpir el plazo de 120 días, pero de ninguna manera que operará hasta que ambas partes estén en posibilidades de promover, porque entonces no tendría sentido que antes hubiera establecido que la caducidad opera ‘cualquiera que sea el estado del juicio, desde el primer auto que se dicte en el mismo’; razones por las que estimo que debió negarse el amparo."

El citado tribunal, al resolver también por mayoría el amparo directo 57/2001, interpuesto por Celia Medrano Moreno, el catorce de enero de dos mil dos, en lo que interesa consideró:

"CUARTO. Son fundados los conceptos de violación hechos valer. El artículo 1076 del Código de Comercio, en lo conducente, establece: ‘En ningún término se contarán los días en que no puedan tener lugar actuaciones judiciales, salvo los casos de excepción que se señalen por la ley. La caducidad de la instancia operará de pleno derecho, sea porque se decrete de oficio o a petición de parte, cualquiera que sea el estado del juicio, desde el primer auto que se dicte en el mismo y hasta la citación para oír sentencia, en aquellos casos en que concurran las siguientes circunstancias: a) Que hayan transcurrido 120 días contados a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación de la última resolución judicial dictada, y b) Que no hubiere promoción de cualquiera de las partes, dando impulso al procedimiento para su trámite, solicitando la continuación para la conclusión del mismo.’. De lo acabado de transcribir claramente se advierte que el término de la caducidad en asuntos mercantiles debe empezar a correr a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación de la última resolución. Luego, si en el caso tal resolución lo fue el auto que admitió la demanda natural, sin que se advierta que se hubiera practicado alguna notificación antes del auto reclamado que decretó la caducidad de la instancia, es obvio que ni siquiera había iniciado el plazo de la perención, toda vez que la notificación a que alude el precepto invocado lo es precisamente el emplazamiento, el cual todavía no se ha efectuado. Así, no queda duda de que el Juez responsable transgredió en perjuicio de la quejosa las garantías consagradas por los artículos 14 y 16 constitucionales. A lo expresado debe añadirse que en la exposición de motivos del decreto de veintinueve de abril de mil novecientos noventa y seis, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticuatro de mayo del mismo año, que reformó, entre otros ordenamientos, al Código de Comercio, y por el que se instituyó la caducidad en los asuntos mercantiles, se dijo: ‘Las reformas propuestas a este código persiguen los mismos fines que las descritas para el ordenamiento procesal civil. Por ello, la gran mayoría de las figuras, términos, modificaciones y adiciones contenidas en el código adjetivo para el Distrito Federal, se recogen en este proyecto de reformas al Código de Comercio.’. Esto es, la intención del proyecto fue que la caducidad rigiera en la misma forma que aparece en el código procesal civil del Distrito Federal, y sucede que en éste, el artículo 137 bis dispone expresamente que la perención opera desde el emplazamiento, de lo que se infiere que lo que se quiso sancionar fue la inactividad producida pero hasta una vez que estuviera planteada la litis, no antes. Por otro lado, si el citado artículo 1076 previene que para que opere la caducidad, aparte del lapso de inactividad, no debe haber promoción de cualquiera de las partes dando impulso al procedimiento, al hablarse en plural de las partes, cabe concluir que la figura opera hasta que ya está emplazado el demandado, dado que el legislador no pudo haberse referido a las promociones de las partes si aquél todavía no ha sido llamado a juicio. A lo anterior debe agregarse, como bien lo sostiene la quejosa, que si el precepto aludido dispone que una de las consecuencias de la declaración de caducidad es la de que se levantarán los embargos, es claro que para que éstos existan tuvo que haberse practicado la diligencia ordenada en el auto de exequendo (el requerimiento, el embargo y el emplazamiento). Voto particular emitido por la Magistrada Alicia Guadalupe Cabral Parra." (no se transcribe, ya que es idéntico al que formuló en el amparo directo 27/2001).

QUINTO. Precisado lo anterior, por cuestión de orden sistemático, antes de proceder al análisis correspondiente, es oportuno establecer si en el caso sujeto a estudio existe la contradicción de tesis denunciada entre los criterios sustentados por el Cuarto y Quinto Tribunales Colegiados, ambos en Materia Civil del Tercer Circuito, cuyas consideraciones esenciales se transcribieron en los considerandos tercero y cuarto de esta resolución, ya que sólo bajo ese supuesto es posible efectuar el estudio relativo a fin de determinar cuál es el criterio que debe prevalecer.

En términos de la jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno, en cuanto a que, para que exista materia a dilucidar respecto de cuál criterio debe prevalecer, debe existir, cuando menos formalmente, una oposición de criterios jurídicos en los que se controvierta la misma cuestión, es decir, para que se surta su procedencia la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, que son las que originaron, precisamente, los criterios que sustentan los órganos jurisdiccionales contendientes.

En otros términos, se da la contradicción anterior cuando concurren los siguientes supuestos:

a) Que al resolver los asuntos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes;

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y

c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

La tesis de jurisprudencia de referencia, cuyos datos de localización, texto y precedentes, es la siguiente:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"Página: 76

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

"Contradicción de tesis 1/97. Entre las sustentadas por el Segundo y el Primer Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito. 10 de octubre de 2000. Mayoría de ocho votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Disidentes: José Vicente Aguinaco Alemán y Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Francisco Olmos Avilez.

"Contradicción de tesis 5/97. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 10 de octubre de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame.

"Contradicción de tesis 2/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito. 24 de octubre de 2000. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: José Carlos Rodríguez Navarro.

"Contradicción de tesis 28/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 16 de noviembre de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Rubén D. Aguilar Santibáñez.

"Contradicción de tesis 44/2000-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 18 de enero de 2001. Mayoría de diez votos. Disidente: Humberto Román Palacios. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: José Luis Vázquez Camacho.

"El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintinueve de marzo en curso, aprobó, con el número 26/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintinueve de marzo de dos mil uno."

Además, en términos de la tesis emitida por el Tribunal Pleno que a continuación se transcribe, y que esta Primera Sala hace suya, basta con que se hayan sustentado criterios opuestos sobre la misma cuestión jurídica por Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia, para que proceda la denuncia de contradicción de tesis, sin que sea necesario que estén expuestas de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia.

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 27/2001

"Página: 77

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunt

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17562-ac5321fd/caducidad-de-la-instancia-en-materia-mercantil-opera · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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