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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. SI LOS PAGARÉS BASE DE LA ACCIÓN CONTIENEN LA LEYENDA "EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA EN LA QUE SE REQUIERA" PARA SEÑALAR EL LUGAR EN QUE SE EXIGIRÁ EL PAGO, AQUÉLLA CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DONDE SE SUSCRIBIÓ EL DOCUMENTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 117/2001-PS. · Registro digital (IUS): 18706
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO, QUINTO, OCTAVO Y DÉCIMO TERCERO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Marzo de 2005, , Pág. 77.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 117/2001-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO, QUINTO, OCTAVO Y DÉCIMO TERCERO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Las consideraciones sostenidas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo civil número 8182/2000, el dieciséis de enero de dos mil uno, en síntesis, en lo que interesa, son las siguientes:

1. Consideró fundados los conceptos de violación referentes a que el tribunal federal responsable interpretó erróneamente la cláusula décimo tercera del contrato base de la acción, además de que aplicó en forma incorrecta lo dispuesto por el artículo 1104 del Código de Comercio, ya que en dicha cláusula consta que las partes se sometieron expresamente a la jurisdicción de los tribunales federales competentes en la Ciudad de México o a los del Municipio de Ocotepec, en el Estado de Morelos, para todo lo relativo a su cumplimiento, contrariamente a lo estimado por la responsable, en el sentido de que las partes no renunciaron clara y terminantemente al fuero que les corresponde conforme a la ley, al dejar a elección de una de las partes cualquiera de las dos jurisdicciones, citando en apoyo las tesis con los rubros de: "COMPETENCIA EN MATERIA MERCANTIL CONFORME AL LUGAR DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN. IMPLICA QUE ÉSTE SE UBIQUE DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL.", "COMPETENCIA EN UN JUICIO ORDINARIO MERCANTIL. CORRESPONDE AL JUEZ A QUIEN LAS PARTES SE SOMETIERON EN EL CONTRATO.", "JUICIO MERCANTIL, COMPETENCIA EN, CUANDO LAS PARTES SE SOMETEN, A SU ELECCIÓN A LOS TRIBUNALES DE TRES CIUDADES. CORRESPONDE AL TRIBUNAL SELECCIONADO POR LA PARTE QUE TENÍA FACULTADES PARA ELLO." y "COMPETENCIA, NO EXISTE CONFLICTO, SI UNO DE LOS JUECES CONTENDIENTES LA PROMUEVE DE OFICIO EN UN JUICIO ORDINARIO MERCANTIL."; que por consiguiente, resulta inaplicable la tesis en que se apoya el tribunal responsable, de rubro: "COMPETENCIA EN MATERIA MERCANTIL. NO HAY SUMISIÓN EXPRESA CUANDO LOS INTERESADOS NO RENUNCIAN CLARA Y TERMINANTEMENTE AL FUERO QUE LA LEY LES CONCEDE."

2. Lo anterior lo estimó fundado el Tribunal Colegiado referido al explicar que el Tribunal Unitario responsable partió de la premisa errónea de que el contenido de la cláusula décimo tercera del contrato básico, no revela que exista una sumisión expresa de los contratantes para que se pueda considerar que el Juez Sexto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal sea legalmente competente para conocer de la demanda natural presentada por la quejosa, pues estimó que las partes en el contrato básico no renunciaron en forma clara y terminante al fuero que les corresponde conforme al numeral 1093 del Código de Comercio, ya que sostuvo que en dicha cláusula, por una parte, se expresó que para todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento del aludido contrato, las partes se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales de la Ciudad de México, Distrito Federal y, por otra, se indicó que para los mismos efectos también tendrán competencia los tribunales federales del domicilio del demandado, quedando a la libre elección del actor la determinación de a cuál de ellos acudir, además de que renunciaron a todo fuero que en razón de su territorio les corresponde o en el futuro llegara a corresponderles, por lo que el sometimiento es impreciso y, por ende, no puede afirmarse que exista un sometimiento expreso.

3. La consideración precedente es inexacta, afirma el Tribunal Colegiado, porque de la recta interpretación de la cláusula décimo tercera del contrato base de la acción, que dice: "Para todo lo relativo a su interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten expresamente a la jurisdicción de los tribunales federales competentes con sede en la Ciudad de México, Distrito Federal, o a los del domicilio del responsable social en términos del inciso 3) de la declaración II del presente instrumento a elección de Fonaes, renunciando a cualquier fuero presente o futuro que por razón de su domicilio pudieran corresponderles."; en relación con el capítulo de declaraciones de dicho contrato que establece: "II. El responsable social ... 3. Que tiene su domicilio en, domicilio conocido, carretera Cuernavaca Tepoztlán, Km. 2, Ocotepec, Morelos ..."; se evidencia que se debe tener por válida la sumisión a que alude la cláusula en comento y, en su caso, considerar que es competente para conocer del negocio jurídico el Juez Sexto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal que previno en el conocimiento del asunto.

4. En efecto, explica el Tribunal Colegiado que dicha cláusula reúne los requisitos que al efecto contempla el artículo 1093 del Código de Comercio, ya que dicho precepto dispone: "Hay sumisión expresa cuando los interesados renuncien clara y terminantemente al fuero que la ley les concede, y para el caso de controversias, señalen como tribunales competentes los del domicilio de cualquiera de las partes, del lugar de cumplimiento de algunas de las obligaciones contraídas, o de la ubicación de la cosa."; por tanto, si en la cláusula décimo tercera del contrato base de la acción, las partes pactaron que en caso de controversia respecto a la interpretación y cumplimiento de dicho contrato se sometían a la jurisdicción de los tribunales federales de la Ciudad de México, Distrito Federal, o bien, a los de Ocotepec, en el Estado de Morelos, quedando a elección de la actora, hoy quejosa, el acudir a cualquiera de los tribunales referidos y renunciando a cualquier fuero que por razón de su domicilio les correspondiera, resulta incontrovertible que sí se cumplió con el requisito de precisión a que alude el precepto legal invocado, pues se señalaron los órganos jurisdiccionales de dos lugares, dejando la elección a la actora, la cual no podía escoger cualquier otra; y en cuanto a la renuncia clara y terminante al fuero que la ley concede, dicho requisito de existencia del pacto de sumisión expresa se cumple cuando las partes indican en la mencionada cláusula que: "renunciando a cualquier fuero presente o futuro que por razón de su domicilio pudiera corresponderles".

5. En consecuencia, concluye el Tribunal Colegiado, si la actora, hoy quejosa, demandó en la vía ordinaria mercantil a la deudora, y presentó su demanda ante el Juez Sexto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, es evidente que tal autoridad es la competente para conocer de la misma, en los términos del artículo 1093 del Código de Comercio; no siendo aplicable la tesis que invoca la responsable, dado que el requisito de la renuncia clara y terminante al fuero que la ley concede a las partes, quedó satisfecho en los términos de la cláusula décimo tercera del contrato base de la acción; además de que la tesis de mérito se refiere al caso de que los contratantes indiquen como tribunal competente para resolver un conflicto a uno que no corresponda al de sus domicilios, lo que no acontece en la controversia, dado que las dos jurisdicciones en las que se puede promover el procedimiento coinciden con los domicilios de las partes.

QUINTO. Las consideraciones sostenidas por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo civil número 6445/2000, el nueve de febrero de dos mil uno, en síntesis, en lo que interesa, son las siguientes:

1. Consideró sustancialmente fundado el primer concepto de violación de la quejosa, relativo a que al confirmar el tribunal responsable en la resolución reclamada el auto apelado dictado por el a quo federal, Juez Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, en el que éste se inhibió en el conocimiento de la demanda ejecutiva mercantil incoada en contra de los demandados, por considerar que son competentes para conocer de la misma los tribunales de la ciudad de Zacatecas, Estado de Zacatecas (por ser ese el lugar en que fueron suscritos los pagarés básicos de la acción), tal resolución resulta contraria a sus garantías individuales, a los preceptos que invoca y a la jurisprudencia de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. SI EN LOS DOCUMENTOS FUNDATORIOS DE LA ACCIÓN NO EXISTE SUMISIÓN EXPRESA Y SE SEÑALAN VARIOS LUGARES PARA EL PAGO, CORRESPONDE AL JUEZ DE UNO DE ELLOS, POR EL QUE HAYA OPTADO EL TENEDOR AL PLANTEAR LA DEMANDA.", la cual resulta de aplicación obligatoria de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo.

2. Que lo anterior es así, atendiendo a lo dispuesto por los artículos 1092 y 1093 del Código de Comercio, que establecen: "Artículo 1092. Es Juez competente aquel a quien los litigantes se hubieren sometido expresa o tácitamente." y "Artículo 1093. Hay sumisión expresa cuando los interesados renuncien clara y terminantemente al fuero que la ley les concede, y para el caso de controversia, señalan como tribunales competentes los del domicilio de cualquiera de las partes, del lugar de cumplimiento de algunas de las obligaciones contraídas, o de la ubicación de la cosa."; así como a la lectura de los pagarés base de la acción, de los cuales se advierte que fueron suscritos por la sociedad demandada en la ciudad de Zacatecas, Estado de Zacatecas, manifestándose en cada uno de ellos lo siguiente: "... Por el presente pagaré debemos y pagaremos incondicionalmente a la orden de coordinación ... el día ... de ... de ... en esta ciudad o en cualquier otra que se nos requiera la cantidad de ... valor recibido a nuestra entera satisfacción, de acuerdo al contrato de concertación 2017/III-96 celebrado con la coordinación. ... Este pagaré forma parte de una serie numerada del 1 al 12 y todos están sujetos a la condición de que al no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento serán exigibles todos los pagarés que le sigan en número, además de los ya vencidos: desde la fecha de vencimiento de este documento hasta el día de su liquidación, causará interés moratorio del 2% mensual, pagaderos en esta ciudad o en cualquier otra que se nos requiera conjuntamente con el principal ... Sociedad de: ... presidente (rúbrica). Como avales de este compromiso firman ... nombre ... (rúbrica) ..."

3. De lo mencionado no se desprende, en términos de lo dispuesto en el citado artículo 1093 del Código de Comercio, que los demandados hubiesen renunciado clara y terminantemente al fuero que la ley les concede, ya que en los pagarés sólo aparece su obligación de pago en la ciudad de Zacatecas, ‘o en cualquier otra que se nos requiera’, por lo que no puede decirse que exista sumisión expresa de los demandados.

4. Asevera el Tribunal Colegiado que de la leyenda inscrita en los títulos de crédito se desprenden dos elementos importantes para establecer con claridad cuál es el Juez competente para conocer de la demanda ejecutiva mercantil promovida por la institución quejosa, el primero de los cuales es el señalamiento de la ciudad de Zacatecas, en el Estado de Zacatecas, lugar de suscripción de los pagarés o cualquiera otra ciudad para el cumplimiento de la obligación consignada en los mismos y, como segundo elemento, la facultad del tenedor de los títulos de crédito para elegir dicha ciudad o cualquiera otra, en el caso, la Ciudad de México, Distrito Federal, para el cumplimiento de esa obligación.

5. El Tribunal Colegiado fundó lo anterior en lo dispuesto por los artículos 1104, fracción II, del Código de Comercio, que establece: "Artículo 1104. Sea cual fuere la naturaleza del juicio, serán preferidos a cualquier otro Juez: ... II. El del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación."; 77, último párrafo, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que prevé: "Artículo 77. ... Si en la letra se consignan varios lugares para el pago, se entenderá que el tenedor podrá exigirlo en cualquiera de los lugares señalados."; y 174 del último ordenamiento citado, que dispone: "Artículo 174. Son aplicables al pagaré, en lo conducente, los artículos 77, párrafo final ..."

6. Explicando el Tribunal Colegiado que de los preceptos legales referidos se concluye que si en los pagarés base de la acción se señaló para el cumplimiento de la obligación de pago la ciudad de Zacatecas o cualquiera otra ciudad en que se les requiera el mismo a los demandados, no hay duda de que conforme al criterio sustentado en la jurisprudencia de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. SI EN LOS DOCUMENTOS FUNDATORIOS DE LA ACCIÓN NO EXISTE SUMISIÓN EXPRESA Y SE SEÑALAN VARIOS LUGARES PARA EL PAGO, CORRESPONDE AL JUEZ DE UNO DE ELLOS, POR EL QUE HAYA OPTADO EL TENEDOR AL PLANTEAR LA DEMANDA.", el a quo federal, Juez Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, por el que optó el tenedor, es legalmente competente para conocer del escrito inicial de demanda promovida por la institución quejosa, y así debió considerarlo el tribunal responsable en la resolución reclamada.

Con similares consideraciones, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resolvió el amparo directo civil número 8705/2001, el trece de diciembre de dos mil uno, por lo que no se sintetizan las mismas.

SEXTO. Las consideraciones sostenidas por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo civil número 620/2000-13, el once de enero de dos mil uno, en síntesis, en lo que interesa, son las siguientes:

1. La quejosa impugna la resolución, sosteniendo que contrariamente a lo considerado, sí existió en forma clara y terminante la sumisión expresa de las partes de someterse a la jurisdicción de los tribunales federales de la Ciudad de México o a los del domicilio de la demandada (Tlaxcala), a elección de la actora.

2. El Tribunal Colegiado estimó esencialmente fundado ese argumento, explicando que la competencia por territorio es prorrogable en términos de los artículos 1092 y 1093 del Código de Comercio, partiendo de que el artículo 1090 de ese ordenamiento legal prevé: "Toda demanda debe interponerse ante Juez competente.", y los artículos 1092 y 1093, respectivamente, establecen: "Es Juez competente aquel a quien los litigantes se hubieren sometido expresa o tácitamente." y "Hay sumisión expresa cuando los interesados renuncien clara y terminantemente al fuero que la ley les concede, y para el caso de controversia, señalan como tribunales competentes a los del domicilio de cualquiera de las partes, del lugar de cumplimiento de algunas de las obligaciones contraídas, o de la ubicación de la cosa.".

3. Que del artículo 1093 del Código de Comercio se desprende que hay sumisión expresa siempre y cuando se reúnan los siguientes elementos: 1) Cuando se renuncie clara y terminantemente al fuero que la ley concede; y, 2) Que se señalen como tribunales competentes a cualquiera de los siguientes: a) los del domicilio de cualquiera de las partes; b) los del lugar de cumplimiento de las obligaciones contraídas; o, c) los de la ubicación de la cosa.

4. Que las consideraciones en que se basó el Tribunal Unitario responsable para confirmar el proveído recurrido, fueron las siguientes: A) Que tomando en consideración la redacción de la cláusula décimo tercera del contrato base de la acción, que se refiere a la competencia, se desprende que para el cumplimiento de dicho contrato, las partes se sometían tanto a los tribunales federales ubicados en esta ciudad como a los existentes en la ciudad de Tlaxcala, a elección de la parte actora, lo cual no implica una sumisión expresa, en la medida en que no se renuncia clara y terminantemente al fuero que le correspondía al dejar a elección de alguna de las partes cualquiera de las jurisdicciones; B) que la redacción de dicha cláusula torna impreciso el sometimiento referido y se traduce, conforme a los artículos 1092 y 1093 del Código de Comercio, en la inoperancia del cuestionado sometimiento expreso; y, C) no existe renuncia de manera clara y evidente a los tribunales que por derecho (ley) les corresponden, por tanto, no se constituyó en términos del artículo 1093 del ordenamiento en cita, en forma expresa la sumisión.

5. El Tribunal Colegiado de Circuito consideró incorrecto lo anterior, porque la parte actora y la parte demandada celebraron en el Estado de Tlaxcala, contrato de concertación de acciones para la implementación del programa al empleo productivo; del cual se desprende que en la cláusula décimo tercera, se pactó: "Para todo lo relativo a su interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten expresamente a la jurisdicción de los tribunales federales competentes con sede en la Ciudad de México, Distrito Federal o a los del domicilio del ‘responsable social’, en términos del inciso 3) de la declaración II del presente instrumento, a elección de ‘Fonaes’ renunciando a cualquier fuero presente o futuro que por razón de su domicilio pudiera corresponderles.". Que de esa cláusula se aprecia que se reúnen los requisitos exigidos en el artículo 1093 del Código de Comercio para que se actualice la sumisión expresa, en virtud de que de la cláusula de referencia se colige que se dio la renuncia clara y terminante al fuero que por razón de su domicilio pudiera corresponderles a las partes, y se señalaron como tribunales competentes para la interpretación y cumplimiento de dicho contrato los de la Ciudad de México, Distrito Federal, o los del domicilio de la demandada (Tlaxcala), a elección de la actora; por lo que resultaba evidente la sumisión expresa de la demandada a cualquiera de los tribunales federales competentes con sede en la Ciudad de México, Distrito Federal, o a los del domicilio de la demandada (Tlaxcala), a elección de la actora, en virtud que las partes renunciaron a la jurisdicción que por domicilio les correspondía.

6. El Tribunal Colegiado, con base en lo anterior, concluyó que al existir la renuncia clara y terminante al fuero que la ley les concede a las partes contratantes, y además al haberse señalado de manera precisa como tribunales competentes a los de la Ciudad de México, Distrito Federal, o de la demandada (Tlaxcala), es claro que se acreditó la hipótesis contemplada en el artículo 1093 del Código de Comercio, por tanto, quedó demostrada la sumisión expresa de la demandada a cualquiera de los tribunales federales señalados en la cláusula décimo tercera del contrato base de la acción, a elección de la actora, y toda vez que esta última eligió presentar su demanda ante el Juez de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal en turno, es evidente que éste es competente para conocer del asunto en cuestión, citando en apoyo la tesis de jurisprudencia y aislada (ésta en lo conducente) con los rubros, respectivamente, de: "COMPETENCIA EN UN JUICIO ORDINARIO MERCANTIL. CORRESPONDE AL JUEZ A QUIEN LAS PARTES SE SOMETIERON EN EL CONTRATO." y "JUICIO MERCANTIL, COMPETENCIA EN, CUANDO LAS PARTES SE SOMETEN, A SU ELECCIÓN A TRIBUNALES DE TRES CIUDADES. CORRESPONDE AL TRIBUNAL SELECCIONADO POR LA PARTE QUE TENÍA FACULTADES PARA ELLO."

7. Aclarando el Tribunal Colegiado, por último, que el hecho de que se haya pactado dejar a elección de la actora el acudir a cualquiera de dichos tribunales, no implica que no exista la renuncia clara y terminante al fuero que les correspondía por razón de su domicilio, sólo establece la posibilidad para la actora de acudir a cualquiera de los tribunales ubicados en ambas ciudades, los cuales están debidamente precisados (Ciudad de México y Tlaxcala), por lo que no se puede considerar que hay indeterminación.

SÉPTIMO. Las consideraciones sostenidas por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo civil número 518/2001, el treinta de agosto de dos mil uno, en síntesis, en lo que interesa, son las siguientes:

1. El Tribunal Colegiado estimó infundado el concepto de violación relativo a que la resolución impugnada no se encuentra fundada y motivada, pues el tribunal responsable sí expuso los razonamientos con base en los cuales declaró infundados los agravios de la hoy quejosa, así como el fundamento jurídico en el que se apoyó para tomar esa decisión.

2. El Tribunal Colegiado consideró inoperantes los argumentos de la quejosa, pues consideró que de la comparación entre los argumentos expuestos en sus conceptos de violación y las razones expuestas por el tribunal responsable, se desprende que no impugna las consideraciones en las que se apoyó la resolución impugnada, pues no expuso razones orientadas a demostrar que la responsable aplicó inexactamente o dejó de aplicar la ley en su perjuicio, sino que se concretó a reiterar lo que en vía de agravios expresó, por lo que al no haber sido impugnados los argumentos manifestados por el tribunal responsable, se mantienen vivos para continuar rigiendo el sentido del fallo reclamado, pues no se está en ninguno de los supuestos de suplencia de la queja.

3. Que en efecto, el tribunal responsable sostuvo que cuando en los títulos de crédito, el lugar para requerir el cumplimiento de la obligación cambiaria, se fija utilizando las frases "en esta ciudad o en cualquier otra que se nos requiera", no es factible estimar que se estén señalando varios lugares para el pago y, por ende, que el tenedor pueda exigirlo en cualquiera de éstos, conforme al segundo párrafo del artículo 77 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pues en esas condiciones no se está en el supuesto de que se hayan designado dos lugares plenamente definidos e identificados para el pago, porque aunque el sitio de expedición se encuentre determinado, no sucede lo mismo con el señalado con la frase "en cualquiera otra ciudad", razón por la cual, conceptuó inaplicables los artículos 1092 y 1104 del Código de Comercio, agregando que al no existir sometimiento expreso a la jurisdicción de un Juez determinado ni lugar para el cumplimiento de la obligación, y conforme a los artículos 1105 del ordenamiento citado en último término y 171 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, resultaba competente el Juez del domicilio del deudor, que en el caso lo era el que tiene jurisdicción en el Municipio de Metepec, Estado de México.

4. Que, por su parte, la quejosa expresó que el tribunal responsable, con base en una presunción, la obliga a demandar en Metepec, Estado de México, siendo que la demandada se obligó a pagar el importe de los títulos de crédito en la ciudad de suscripción o en cualquier otra que se le requiriera, razón por la cual debe ser preferido el Juez que eligió la agraviada, además de que el deudor se sometió expresamente a la jurisdicción de los Juzgados de Distrito competentes en esta ciudad o en cualquier otra que se le requiriese, estando entonces la quejosa facultada para requerirlo de pago y elegir como competentes los Juzgados de Distrito de esta capital.

5. El Tribunal Colegiado también declaró inoperantes los conceptos de violación relativos a que el Juez responsable sin base jurídica desechó su demanda y que no estaba en aptitud de analizar de oficio la competencia en razón de territorio, porque esa cuestión sólo podía promoverse a instancia de parte en términos del artículo 1102 del Código de Comercio; toda vez que, en primer lugar, están encaminados a combatir la resolución de primera instancia, que no es materia del juicio de garantías, pues fue sustituida por la sentencia reclamada, y en segundo lugar, porque son una reproducción de los argumentos planteados en vía de agravios ante el tribunal responsable, sin que se impugnen las consideraciones por las que se declararon infundados.

Las consideraciones del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo directo civil número 519/2001, el veinte de agosto de dos mil uno, en síntesis, en lo que interesa, son las siguientes:

1. El Tribunal Colegiado consideró fundados en una parte los conceptos de violación y suficientes para amparar, en cuanto aduce la quejosa que el tribunal responsable al sostener que se actualiza el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 77 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, porque no se encuentra definido el lugar de pago, interpreta en forma equivocada el texto de los pagarés fundatorios de la demanda, pues cuando para efectos de indicar el lugar para el cumplimiento de la obligación cambiaria, se señala "en esta ciudad" o "en cualquier otra", es esta segunda frase, la que resulta imprecisa e inadecuada para designar en forma exacta un lugar determinado, y produce inseguridad para el deudor en cuanto a la plaza en que le será requerido el pago, y que, por ende, rompe el equilibrio procesal entre las partes, no así la primera, porque como la propia responsable lo estimó al analizar la expresión "en esta ciudad", el lugar al que alude se encuentra plenamente determinado, porque se trata de la localidad de suscripción, que, en la especie, no se refiere a ninguna otra ciudad, sino a la de México, Distrito Federal, por lo que resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 1104 del Código de Comercio.

2. El Tribunal Colegiado menciona que el Tribunal Unitario responsable sostuvo, en esencia, que cuando en los títulos de crédito, el lugar para requerir el cumplimiento de la obligación cambiaria se fija utilizando las frases "en esta ciudad o en cualquier otra que se nos requiera", no es factible considerar que se estén señalando varios lugares para el pago y, por ende, que el tenedor pueda exigirlo en cualquiera de éstos, conforme al segundo párrafo del artículo 77 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, habida cuenta que en el supuesto aludido, no se señalan dos lugares plenamente definidos e identificados para el pago, porque aunque el sitio de expedición se encuentra determinado, no sucede lo mismo con el señalado con la frase "en cualquiera otra ciudad", razón por la cual no resulta aplicable el artículo 1104 del Código de Comercio, y al no existir sometimiento expreso a la jurisdicción de un Juez determinado ni lugar para el cumplimiento de la obligación, conforme a los artículos 1105 del ordenamiento citado y 171 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, es competente el Juez del domicilio del deudor, que en el caso es el que tiene jurisdicción en el Municipio de Metepec, Estado de México.

3. El Tribunal Colegiado sostuvo que de la lectura de los títulos de crédito fundatorios de la demanda, se advierte que en el espacio destinado al dato relativo al lugar de pago, se estipuló lo siguiente: "... este pagaré será exigible en esta ciudad o en cualquier otra en que se me (nos) requiera ..."; y que del análisis minucioso de esa estipulación, se desprende con toda claridad que la incertidumbre sobre el lugar fijado para requerir el pago de los títulos de crédito base de la acción, se presenta única y exclusivamente por lo que se refiere al que se pretendió señalar con la frase "en cualquier otra que se nos requiera", ya que por la forma en que se encuentra redactada, abre la posibilidad de que el tenedor o beneficiario pueda exigir el pago en cualquier ciudad del país, e incluso del mundo; en cambio la referencia al lugar de suscripción de los pagarés, con la frase "en esta ciudad", indica sin lugar a dudas un sitio determinado con toda precisión para la interpelación sobre el cumplimiento de las obligaciones cambiarias.

4. Lo anterior lo fundó en los artículos 77, segundo párrafo y 171 de Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, aclarando que el primero de los preceptos aunque se refiere a la letra de cambio, resulta aplicable al pagaré por disposición del artículo 174 del ordenamiento invocado, en relación con el lugar de pago, preceptos legales que respectivamente establecen: "Artículo 77. Si la letra de cambio no contuviere la designación del lugar en que ha de pagarse, se tendrá como tal el del domicilio del girado, y si éste tuviere varios domicilios, la letra será exigible en cualquiera de ellos, a elección del tenedor. Si en la letra se consignan varios lugares para el pago, se entenderá que el tenedor podrá exigirlo en cualquiera de los lugares señalados." y "Artículo 171. Si el pagaré no menciona la fecha de su vencimiento, se considerará pagadero a la vista; si no indica lugar de su pago, se tendrá como tal el del domicilio del que lo suscribe."; también en lo previsto por los artículos 1104 y 1105 del Código de Comercio, que establecen: "Artículo 1104. Sea cual fuere la naturaleza del juicio, serán preferidos a cualquier otro Juez: I. El del lugar que el deudor haya designado para ser requerido judicialmente de pago; II. El del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación." y "Artículo 1105. Si no se ha hecho la designación que autoriza el artículo anterior, será competente el Juez del domicilio del deudor, sea cual fuere la acción que se ejercite."

5. Explica el Tribunal Colegiado que del análisis de lo anterior, se establece que es acertada la consideración del Tribunal Unitario responsable, en relación con que cuando en los pagarés, para indicar el lugar donde debe requerirse al deudor el cumplimiento de la obligación a su cargo, se utilizan las frases "en esta ciudad o en cualquier otra que se nos requiera", no es factible estimar que se hubieran señalado varios lugares de pago a elección del tenedor y, por ende, que éste pueda exigirlo en cualquiera de ellos, conforme al artículo 77, segundo párrafo, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, porque como fue señalado, el suscriptor no consignó varios sitios plenamente definidos e identificados para el cumplimiento de la obligación cambiaria, por lo que no se actualiza el supuesto normativo previsto por la disposición en cita.

6. Que, sin embargo, resulta contrario a derecho lo sostenido por el tribunal responsable, en el sentido de que existe indeterminación en cuanto al lugar donde debe ser interpelado el obligado c

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18706-46a74a62/competencia-para-conocer-de-un-juicio-ejecutivo-mercantil · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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