Corpus
Modo: Corpus Pro

AVAL. AL CONSTITUIR UNA GARANTÍA MERCANTIL DE APLICACIÓN EXCLUSIVA A LOS TÍTULOS DE CRÉDITO, A QUIEN ASÍ SE OBLIGUE EN UN CONTRATO MERCANTIL, DEBE TENÉRSELE, CONFORME A LA NATURALEZA Y OBJETO DE ESTE TIPO DE CONTRATOS, COMO FIADOR, SALVO QUE DE LA INTERPRETACIÓN DE SUS CLÁUSULAS PUEDA DERIVARSE OTRO INSTITUTO DE GARANTÍA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 73/2001-PS. · Registro digital (IUS): 17112
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Julio de 2002, , Pág. 16.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 73/2001-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al conocer del juicio de amparo número DC. 9423/2000 consideró, en lo que interesa, lo siguiente:

"CONSIDERANDO: ... SEXTO. La interpretación de la cláusula séptima del contrato, exhibido como base de la acción, no es violatoria de garantías. Esa cláusula séptima del contrato base de la acción es del tenor literal siguiente: ‘Séptima. Garantías. El acreditado, la obligada solidaria y el aval, responden preferentemente del cumplimiento de las obligaciones que contraen o puedan contraer por virtud de este contrato, y por la disposición de los créditos otorgados, así como la (sic) que se deriven de la ley o de resoluciones judiciales. Con todos sus bienes presentes y que en el futuro adquieran, sin necesidad de anteriores anotaciones o inscripciones en el Registro Público que corresponda, salvo que se trate de bienes inmuebles. De conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo de la fracción II del artículo 43 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. Además, el acreditado, en garantía del exacto cumplimiento de las obligaciones a su cargo, constituye las siguientes garantías: 1. Las naturales, como son: materiales y materias primas, que se adquieran o sean adquiridas en un futuro. 2. La obligación solidaria de la empresa denominada Inmobiliaria Hezomo, S.A., representada en este acto por su apoderado legal, Manuel Pérez Jiménez. 3. El aval del Sr. Óscar Alonso Moreno. 4. El bien inmueble descrito en la declaración IV de la obligada solidaria, que aquí se describe como si se insertara a su letra ...’. Conforme al sentido literal de esa cláusula, Óscar Alonso Moreno otorgó su consentimiento en su carácter de avalista y se obligó a responder preferentemente del cumplimiento de las obligaciones que contrajo o pudiera contraer por virtud del contrato y por la disposición de los créditos otorgados a la acreditada Grupo Albri, S.A. de C.V., así como de las que deriven de la ley o de resoluciones judiciales. Luego, el pagaré que garantizó el cumplimiento de la obligación contraída, corrobora que Óscar Alonso Moreno sí tiene el carácter de avalista y quedó obligado al cumplimiento de las prestaciones reclamadas, conforme a lo dispuesto por el numeral 109 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Luego, como garantía del exacto cumplimiento de las obligaciones a su cargo, el acreditado otorgó, entre otras garantías, el aval de Óscar Alonso Moreno y asumió ese carácter al suscribir el contrato, así como el pagaré correlativo que guarda relación con el contrato de crédito de habilitación. Asimismo, como el artículo 78 del Código de Comercio permite que en las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidades o requisitos determinados, basta que haya aceptado la calidad de aval en el contrato de habilitación para que deba responder con esa calidad, porque si bien el aval es una institución propia de los títulos de crédito, en términos del artículo 109 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, no hay precepto legal que prohíba adquirir esa calidad de aval respecto de un contrato de habilitación y, por el contrario, en materia mercantil el artículo 78 del Código de Comercio otorga el reconocimiento a la voluntad de las partes como norma suprema en los contratos, al establecer que cada uno se obliga en los términos que aparezca que quiso obligarse; de modo que esa institución del aval en el contrato de habilitación implica que el suscriptor con ese carácter adquiere el de obligado solidario, en términos de los artículos 1984, 1987, 1988 y 1989 del Código Civil para el Distrito Federal, de aplicación supletoria al de Comercio, conforme al artículo 2o. de este último. Por tanto, la institución del aval, aunque está prevista para los títulos de crédito, cuando se utiliza con algún otro contrato como el de la especie, debe interpretarse en el contexto del documento y considerarse que en realidad es un obligado solidario quien prestó su voluntad al suscribir el acto jurídico, y no puede en un juicio desconocer su obligación solidaria, porque falta a la buena fe, ni el órgano jurisdiccional puede eximirlo de la obligación por ser una cuestión formal."

La tesis que se dictó con motivo de la anterior ejecutoria es la siguiente:

"Novena Época

"Instancia: Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIV, agosto de 2001

"Tesis: I.3o.C.235 C

"Página: 1198

"AVAL. NO CONSTITUYE UNA INSTITUCIÓN DE GARANTÍA EXCLUSIVA DE LOS TÍTULOS DE CRÉDITO. Cuando en un contrato de crédito de habilitación un acreditado otorgó, entre otras garantías, el aval de una persona, quien asumió ese carácter al suscribir el contrato, así como el pagaré correlativo que guarda relación con ese contrato, debe tenérsele como obligado solidario, porque si bien el aval es una institución propia de los títulos de crédito, en términos del artículo 109 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, no hay precepto legal que prohíba adquirir esa calidad de aval respecto de un contrato de habilitación y, por el contrario, en materia mercantil el artículo 78 del Código de Comercio otorga a la voluntad de las partes la norma suprema en los contratos, al establecer que cada uno se obliga en los términos que aparezca que quiso obligarse; de modo que esa institución del aval en el contrato de habilitación implica que el suscriptor con ese carácter adquiere el de obligado solidario, en términos de los artículos 1984, 1987, 1988 y 1989 del Código Civil para el Distrito Federal, de aplicación supletoria al de Comercio, conforme al artículo 2o. de este último. Luego, la institución del aval, aunque está prevista para los títulos de crédito, cuando se utiliza en algún otro contrato, debe interpretarse en el contexto del documento y considerarse que en realidad es un obligado solidario, quien prestó su voluntad al suscribir el acto jurídico, y no puede desconocer en un juicio su obligación solidaria, porque falta a la buena fe, ni el órgano jurisdiccional puede eximirlo de la obligación por ser una cuestión formal que no puede motivar la inexistencia ni nulidad de su obligación contraída."

TERCERO. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al conocer del juicio de amparo número DC. 2865/95, consideró lo siguiente:

"CONSIDERANDO: ... QUINTO. ... En una parte de su primer concepto de violación, el referido quejoso alega que la figura del aval o avalista es una forma de obligarse en los títulos de crédito, por medio de la cual se garantiza en todo o en parte el pago de los mismos, por lo que dicha figura es una institución de derecho mercantil, aplicable en exclusiva a los títulos de crédito; por lo que la Sala responsable no está en lo correcto al considerar que la figura del avalista se presenta en cualquier tipo de relación contractual, civil o mercantil, así como en cualquier documento que traiga aparejada ejecución. Es fundado el motivo de inconformidad que se analiza, pues es cierto que la figura jurídica del aval es exclusiva de los títulos de crédito, ya que de acuerdo a los términos de los artículos relacionados 109 y 116 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mediante el aval se garantiza en todo o en parte el pago de los títulos de crédito, quedando el avalista como obligado solidario de aquel cuya firma ha garantizado. Consecuentemente, la afirmación de la Sala responsable, hecha en el sentido de que la figura del aval tiene aplicación a cualquier relación jurídica civil o mercantil, carece de sustento legal alguno. El anterior criterio se corrobora si se toma en cuenta que las obligaciones de carácter civil o mercantil (que no deriven de un título de crédito), admiten ser garantizadas en su pago por un tercero, a través del contrato de fianza a que se refiere el artículo 2794 del Código Civil para el Distrito Federal, o bien, a través de la institución jurídica de la solidaridad pasiva a que se refieren los artículos relacionados 1987, 1988 y 1989 del Código Civil en cita, la cual no se presume, por lo que debe hacerse constar expresamente."

La anterior ejecutoria motivó la siguiente tesis:

"Novena Época

"Instancia: Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: II, agosto de 1995

"Tesis: I.5o.C.10 C

"Página: 475

"AVAL. CONSTITUYE UNA INSTITUCIÓN DE GARANTÍA EXCLUSIVA DE LOS TÍTULOS DE CRÉDITO. El aval es una institución jurídica de garantía exclusiva de los títulos de crédito, ya que de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 109 y 116 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mediante el aval se garantiza en todo o en parte el pago de los títulos de crédito, quedando el avalista como obligado solidario de aquel cuya firma ha garantizado. Corrobora lo anterior, el hecho de que las obligaciones de carácter civil o mercantil que no deriven de un título de crédito, admiten ser garantizadas en su pago, por un tercero, a través del contrato de fianza a que se refiere el artículo 2794 del Código Civil para el Distrito Federal, o bien mediante la figura jurídica de la solidaridad pasiva de conformidad con los numerales 1987, 1988 y 1989 del código en cita, la cual no se presume, por lo que debe hacerse constar expresamente. Consecuentemente, carece de sustento legal la afirmación del tribunal de segundo grado consistente en que el aval tiene aplicación a cualquier relación jurídica civil o mercantil.

"QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

"Amparo directo 2865/95. Marcos Zonana Achar. 15 de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Efraín Ochoa Ochoa. Secretario: Eduardo Francisco Núñez Gaytán.

"Nota: Sobre el tema tratado existe denuncia de contradicción de tesis 73/2001, pendiente de resolver en la Primera Sala."

CUARTO. Con la finalidad de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada, a continuación se hace un relato de los asuntos que intervienen en la misma:

A. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resolvió el amparo directo número DC. 9423/2000, promovido por Óscar Alonso Moreno, por sí y como representante común de Grupo Albri, Sociedad Anónima de Capital Variable e Inmobiliaria Hezomo, Sociedad Anónima, contra la sentencia definitiva dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, mediante la que se resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra de diversa ejecutoria en la que se resolvió el juicio ejecutivo mercantil que promovió Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo contra Grupo Albri, Sociedad Anónima de Capital Variable. Se hizo valer como concepto de violación que la sentencia combatida transgredía las garantías constitucionales de los artículos 14 y 16, en relación con lo dispuesto por los artículos 109 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 78 y 1298 del Código de Comercio, y 1851 del Código Civil para el Distrito Federal, ya que aun cuando el quejoso había firmado un pagaré como garantía colateral de un crédito de habilitación, no se le debía considerar como aval, pues esta figura era propia de los títulos de crédito y no de los ejecutivos.

El Tribunal Colegiado estimó que el concepto de violación hecho valer era infundado, toda vez que:

• El quejoso otorgó su consentimiento en su carácter de avalista y se obligó a responder preferentemente del cumplimiento de las obligaciones que contrajo o pudiera contraer por virtud del contrato. Entonces, como en las obligaciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, basta que se haya aceptado la calidad de aval para que deba responder en esos términos.

• Y si bien el aval es una institución propia de los títulos de crédito, en términos del artículo 109 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, no hay precepto legal que prohíba adquirir esa calidad de aval respecto de un contrato de habilitación y, por el contrario, en materia mercantil el artículo 78 del Código de Comercio otorga el reconocimiento a la voluntad de las partes como norma suprema en los contratos.

• La institución del aval en el contrato de habilitación implica que el suscriptor con ese carácter adquiere el de obligado solidario, en términos de los artículos 1984, 1987, 1988 y 1989 del Código Civil para el Distrito Federal, de aplicación supletoria al de Comercio.

• Por tanto, el aval, aunque previsto para los títulos de crédito, cuando se utiliza en algún otro contrato como el de la especie, debe interpretarse en el contexto del documento y considerarse que en realidad es un obligado solidario quien prestó su voluntad de suscribir el negocio jurídico, y quien no puede desconocer su obligación solidaria.

B. Por su parte, al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito correspondió conocer del juicio de amparo directo número 2865/95, promovido en contra de la sentencia dictada por la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el toca de apelación relativo al juicio ejecutivo mercantil; demanda de garantías en la que se alegó, entre otras cosas, que el quejoso carecía de la calidad de aval en el contrato base de la acción.

El Tribunal Colegiado de referencia determinó que la responsable no había dado respuesta a los motivos de inconformidad del quejoso, por lo que se debía de otorgar el amparo sobre la base de que la figura del aval es exclusiva de los títulos de crédito previstos en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, porque:

• De acuerdo con los artículos 109 y 116 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mediante el aval se garantiza en todo o en parte el pago de los títulos de crédito, quedando el avalista como obligado solidario de aquel cuya firma ha garantizado.

• Las obligaciones de carácter civil o mercantil admiten ser garantizadas en su pago por un tercero a través de otros medios como la solidaridad pasiva (artículos 1987, 1988 y 1989 del Código Civil) o la fianza (artículo 2794 del Código Civil).

QUINTO. De lo expuesto en el considerando precedente se llega a la conclusión de que existe la contradicción de tesis denunciada.

Debe precisarse que aunque los antecedentes de los asuntos son distintos y la redacción de las tesis no es del todo afortunada, se satisfacen los requisitos para determinar que sí existe contradicción de tesis. Pues mientras que en uno de los asuntos se trata de un crédito de habilitación, en el que el supuesto avalista suscribió unos pagarés, en el otro se trata de un contrato de factoraje financiero. No obstante, en ambos juicios se cuestiona la aplicabilidad de la figura del aval e implícitamente la forma de responsabilidad que asume quien se obliga con ese carácter en un documento distinto a los títulos de crédito.

En efecto, mientras que el Tercer Tribunal Colegiado afirma que la figura del aval sí puede cobrar aplicabilidad legal fuera de los títulos de crédito, ya que si bien es propia de éstos, no existe precepto legal que lo prohíba, aunado a que las partes, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, que es norma suprema de los contratos, libremente pueden pactar tal responsabilidad, por lo que implícitamente se sostiene la no exclusividad del aval para los títulos de crédito; en la ejecutoria y tesis del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil se sostiene lo contrario, afirmándose expresamente la exclusividad de la figura del aval para los títulos de crédito, debiéndose entender por tal término la incompatibilidad, exclusión o rechazo que, según aquel órgano colegiado, existe para que dicha garantía cambiaria pueda cobrar aplicación fuera de tales documentos. Por lo anterior, se da la oposición de criterios necesaria para que exista la contradicción de tesis, establecida en el artículo 197-A de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente jurisprudencia, cuyos rubro y texto se transcriben a continuación:

"Novena Época

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: II, septiembre de 1995

"Tesis: 2a. LXXVIII/95

"Página: 372

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PROCEDE SU ANÁLISIS AUNQUE UNO DE LOS CRITERIOS DIVERGENTES SEA IMPLÍCITO, SIEMPRE Y CUANDO EL SENTIDO DE ÉSTE PUEDA DEDUCIRSE INDUBITABLEMENTE. El hecho de que uno de los criterios divergentes materia de la contradicción de tesis denunciada, sea implícito, no impide que pueda analizarse y resolverse la contradicción planteada, pero para que la divergencia tenga jurídicamente los mismos efectos que un desacuerdo expreso al resolver cuestiones esencialmente iguales, se requiere que el sentido atribuido al criterio tácito sea indubitable.

"Contradicción de tesis 33/94. Entre los Tribunales Colegiados Primero y Noveno en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 23 de junio de 1995. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Rosalba Becerril Velázquez."

Por otra parte, conviene precisar que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil afirma que quien se obliga como aval en un documento o convenio distinto de un título de crédito deberá responder como obligado solidario, de acuerdo a la interpretación de los artículos 1987, 1988 y 1989 del Código Civil; en tanto que el Quinto Tribunal Colegiado determinó que la figura del aval es exclusiva de los títulos de crédito, y que en materia mercantil y civil existen otras figuras de garantía como la fianza y la solidaridad pasiva, sin pronunciarse directamente respecto a cuál de aquellas formas tendría aplicabilidad en estos supuestos.

En esas condiciones, queda claro que aun cuando los antecedentes del caso no son idénticos, sí hubo un pronunciamiento respecto al problema de fondo, esto es, si la figura del aval puede o no cobrar aplicación fuera de los títulos de crédito y la forma como debe responder quien se obliga con tal carácter en un contrato mercantil, siendo ambas ejecutorias discrepantes.

Lo anterior encuentra apoyo en la tesis plenaria que enseguida se transcribe con sus respectivos datos de consulta:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"Página: 76

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

"Contradicción de tesis 1/97. Entre las sustentadas por el Segundo y el Primer Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito. 10 de octubre de 2000. Mayoría de ocho votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Disidentes: José Vicente Aguinaco Alemán y Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Francisco Olmos Avilez.

"Contradicción de tesis 5/97. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 10 de octubre de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame.

"Contradicción de tesis 2/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito. 24 de octubre de 2000. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: José Carlos Rodríguez Navarro.

"Contradicción de tesis 28/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 16 de noviembre de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Rubén D. Aguilar Santibáñez.

"Contradicción de tesis 44/2000-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 18 de enero de 2001. Mayoría de diez votos. Disidente: Humberto Román Palacios. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: José Luis Vázquez Camacho."

SEXTO. La materia de la presente contradicción de tesis estriba, de modo fundamental, en determinar si conforme a derecho la institución jurídica del aval, regulada en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, resulta una garantía mercantil de aplicación única en los títulos de crédito o puede válidamente, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, tener aplicación dentro de una relación contractual y, en su caso, la forma en como ha de responder quien así se obliga dentro de un documento distinto a los títulos de crédito.

El contrato es el acuerdo de voluntades por virtud del cual se crean y transmiten obligaciones o derechos, y constituye la fuente por excelencia de las obligaciones. La legislación mercantil, en específico el Código de Comercio, no cuenta con una regulación integral respecto del régimen jurídico de los contratos mercantiles, debido no sólo al reconocimiento en esta materia de la supletoriedad del derecho civil, sino también al fraccionamiento de la codificación mercantil que ha derivado en la existencia de múltiples ordenamientos especiales que regulan multitud de actos y contratos mercantiles, algunos contemplados antiguamente en el propio Código de Comercio. Basta recordar los casos previstos en la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, etcétera.

Sin embargo, en la sustanciación de las controversias relativas a actos mercantiles, la parte adjetiva del Código de Comercio, contenida en su libro V, sigue siendo el ordenamiento procesal aplicable, a través de los juicios ordinarios, ejecutivos y especiales, siempre que la legislación mercantil especial no contenga normas procesales contradictorias, pues en este último caso deberán prevalecer las de la ley especial, en términos de lo dispuesto por el artículo 1054 del Código de Comercio.

El Código de Comercio postula de modo fundamental dos vías procesales distintas para obtener justicia: el juicio ejecutivo y el juicio ordinario. La primera es una vía privilegiada de cobro que tiene lugar cuando la demanda se funda en un documento que traiga aparejada ejecución; mientras que la segunda es una vía general para todos aquellos casos en que no se prevea una tramitación especial. De esta forma la vía ejecutiva tiene como presupuesto indispensable la existencia de un documento al que la ley otorga carácter ejecutivo, reconociéndole pleno valor probatorio, el cual debe contener un crédito líquido y exigible ¿Qué documentos traen aparejada ejecución? El artículo 1391 del Código de Comercio enumera a los siguientes:

"Artículo 1391. El procedimiento ejecutivo tiene lugar cuando la demanda se funda en documento que traiga aparejada ejecución.

"Traen aparejada ejecución:

"I. La sentencia ejecutoriada o pasada en autoridad de cosa juzgada y la arbitral que sea inapelable, conforme al artículo 1346, observándose lo dispuesto en el 1348;

"II. Los instrumentos públicos;

"III. La confesión judicial del deudor, según el artículo 1288;

"IV. Los títulos de crédito;

"V. Las pólizas de seguros conforme a la ley de la materia;

"VI. La decisión de los peritos designados en los seguros para fijar el importe del siniestro, observándose lo prescrito en la ley de la materia;

"VII. Las facturas, cuentas corrientes y cualesquiera otros contratos de comercio firmados y reconocidos judicialmente por el deudor, y

"VIII. Los demás documentos que por disposición de la ley tienen el carácter de ejecutivos o que por sus características traen aparejada ejecución."

Ahora bien, en materia civil, ordenamientos adjetivos como el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, reconocen como títulos ejecutivos los siguientes:

"Artículo 443. Para que el juicio ejecutivo tenga lugar se necesita un título que lleve aparejada ejecución.

"Traen aparejada ejecución:

"I. La primera copia de una escritura pública expedida por el Juez o notario ante quien se otorgó;

"II. Las ulteriores copias dadas por mandato judicial, con citación de la persona a quien interesa;

"III. Los demás instrumentos públicos que conforme al artículo 333 hacen prueba plena;

"IV. Cualquier documento privado después de reconocido por quien lo hizo o lo mandó extender; basta con que se reconozca la firma aun cuando se niegue la deuda;

"V. La confesión de la deuda hecha ante Juez competente por el deudor o por su representante con facultades para ello;

"VI. Los convenios celebrados en el curso de un juicio ante el Juez, ya sea de las partes entre sí o de terceros que se hubieren obligado como fiadores, depositarios o en cualquier otra forma;

"VII. Las pólizas originales de contratos celebrados con intervención de corredor público;

"VIII. El juicio uniforme de contadores si las partes ante el Juez o por escritura pública o por escrito privado reconocido judicialmente se hubieren sujetado a él expresamente o lo hubieren aprobado."

"Artículo 444. Las sentencias que causen ejecutoria y los convenios judiciales, los convenios celebrados ante la Procuraduría Federal del Consumidor, los laudos que emita la propia procuraduría y los laudos o juicios de contadores, motivarán ejecución, si el interesado no intentare la vía de apremio."

Es oportuno señalar que el legislador, a fin de acelerar la recuperación del capital administrado por las instituciones financieras y fortalecer su liquidez, ha otorgado el carácter de títulos ejecutivos a ciertos contratos mercantiles cuando son adminiculados en juicio con otros documentos, tal es el caso de los contratos de factoraje y habilitación.

El factoraje, en términos del artículo 45-A de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, es aquel contrato que celebra una empresa autorizada de factoraje financiero con sus clientes, personas morales o personas físicas que realicen actividades empresariales, por virtud del cual la primera adquiere de los segundos derechos de crédito relacionados a proveeduría de bienes, de servicios o de ambos, con recursos provenientes de las operaciones pasivas. El carácter ejecutivo de este contrato se desprende de lo dispuesto por el artículo 48 de aquel ordenamiento, el cual se transcribe a continuación:

"Artículo 48. El contrato o documento en que se hagan constar los créditos, arrendamientos financieros o factoraje financiero que otorguen las organizaciones auxiliares del crédito correspondientes, así como los documentos que demuestren los derechos del crédito transmitidos a empresas de factoraje financiero, notificados debidamente al deudor, junto con la certificación del estado de cuenta a que se refiere el artículo anterior, serán título ejecutivo mercantil, sin necesidad de reconocimiento de firma ni de otro requisito alguno."

La habilitación, por su parte, encuentra su regulación en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, artículos 323 a 333, y se define como el contrato en virtud del cual un sujeto, llamado acreditado, queda obligado a invertir el importe del crédito otorgado por el acreditante, en la adquisición de las materias primas y en el pago de los jornales, salarios y gastos directos de explotación indispensables para los fines de su empresa. El carácter de título ejecutivo viene dado por los artículos 66 y 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, mismos que se transcriben:

"Artículo 66. Los contratos de crédito refaccionario y de habilitación o avío, que celebren las instituciones de crédito, se ajustarán a lo dispuesto por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y a las bases siguientes:

"I. Se consignarán, según convenga a las partes y cualquiera que sea su monto, en póliza ante corredor público titulado, en escritura pública o en contrato privado, que en este último caso se firmará por triplicado ante dos testigos y se ratificará ante notario público, corredor público titulado, Juez de primera instancia en funciones de notario o ante el encargado del Registro Público correspondiente;

"II. Sin satisfacer más formalidades que las señaladas en la fracción anterior, se podrán establecer garantías reales sobre bienes muebles o inmuebles, además de los que constituyen la garantía propia de estos créditos, o sobre la unidad industrial, agrícola, ganadera o de servicios con las características que se mencionan en e

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17112-aed1cc7c/aval-al-constituir-una-garantia-mercantil-de-aplicacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.