MANDATO. PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS, NO ES REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD LA PREVIA INTERPELACIÓN AL MANDATARIO, NI EL TRANSCURSO DE TREINTA DÍAS SIGUIENTES A ÉSTA, CUANDO NO SE ESTIPULÓ PLAZO PARA QUE ÉSTE CUMPLA CON LA OBLIGACIÓN RELATIVA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 19/2003-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. A fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presentes los criterios sustentados por los órganos colegiados involucrados, y que a continuación en la parte que interesa se transcriben:
a) El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el doce de abril de dos mil dos, el juicio de amparo directo número 151/2002 promovido por Magdaleno Larios Sánchez, en su carácter de presidente del Consejo de Administración de Fomento y Desarrollo de Sayula, Asociación Civil, sostuvo lo siguiente:
"CUARTO. Son sustancialmente fundados los conceptos de violación hechos valer, suplidos en sus deficiencias, con base en el artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo. A fin de comprender cabalmente este asunto, resulta necesario precisar que la aquí quejosa demandó la rendición de cuentas, la entrega de muebles, maquinaria, equipo de oficina, títulos de crédito, asuntos litigiosos, libros contables, chequera y estados de cuenta; así como la nulidad del mandato ejercido por el tercero perjudicado y el desconocimiento de lo hecho en uso indebido, además, el pago de daños, perjuicios, gastos y costas, tal como se advierte a fojas 1 y 2 del cuaderno de constancias del juicio natural; señalando en el tercer punto de hechos de la demanda que: ‘En el mes de abril de 1994, mediante asamblea del consejo directivo, fue nombrado el C. Ing. José Manuel González Quintero como gerente administrador, asentándose dicho nombramiento en el libro de actas y acuerdos, cuyo libro obra en poder del ahora demandado, fecha desde la cual se le confirió el manejo y control administrativo y fiscal de Fodesa, A.C., sin que hasta la fecha haya rendido cuentas de su encargo.’; agregando en el punto sexto, que: ‘el señor Ing. José Manuel González Quintero se ostenta como apoderado especial de Fodesa, A.C., mediante escritura pública número 4849 que contiene protocolización de supuesta acta de asamblea del consejo directivo, pasada ante la fe del C. Lic. Carlos Gutiérrez Fernández notario público número uno de esta ciudad’. También debe decirse que el ahora tercero perjudicado al contestar la demanda reconoció haber efectuado actos de administración en favor de la quejosa y, de manera específica, haber ejercido correctamente el mandato indicado. Además, de la lectura de la copia certificada del testimonio de escritura pública cuatro mil ochocientos cuarenta y nueve, levantada en Sayula, Jalisco, el treinta de abril de mil novecientos noventa y siete, ante la fe del notario público titular uno, de dicho lugar, Carlos Gutiérrez Fernández, en el que consta el otorgamiento del poder a favor del tercero perjudicado por parte de la sociedad quejosa; no se advierte que se hubiera estipulado plazo para la rendición de cuentas conforme al artículo 2224 del Código Civil del Estado, que después se transcribirá. Por su parte, la Sala responsable, aplicando los artículos 210, fracción II y 618, fracción III, ambos del Código de Procedimientos Civiles del Estado, relacionados con los arábigos 1595, 2224 y 2225 del Código Civil de la entidad, resolvió en lo medular que: ‘... la interpelación es un requisito previo y necesario para ejercitar la acción de rendición de cuentas a que alude la fracción III del artículo 618 del enjuiciamiento civil del Estado; por tanto, si la asociación civil demandante no justificó en el juicio haber interpelado al demandado en las condiciones y términos ordenados por los invocados preceptos legales, no se encuentra legitimada para ejercitar la acción de rendición de cuentas a que se contrae su libelo actio; no bastando para ello el emplazamiento que se le practicó al demandado aunque surta efectos de interpelación judicial, porque conforme a la ley sustantiva es necesario además, que transcurran treinta días después a la interpelación para que la obligación sea exigible. Por consiguiente si las acciones civiles sólo pueden ejercitarse por aquéllos que detentan el derecho para demandar conforme lo estatuido por los artículos 1o. y 22 del enjuiciamiento civil del Estado, y no ubicarse la demandante en ese supuesto como antes se dijo, no está legitimada para ejercitar las acciones de rendición de cuentas y, por ende, la de nulidad, por haber incumplido con el requisito de procedibilidad contenido por la ley sustantiva civil a que se ha hecho alusión en el cuerpo de este veredicto.’; invocando en apoyo de sus consideraciones la tesis aislada que ella transcribió, de rubro: ‘MANDATARIO, LA INTERPELACIÓN AL, ES UN REQUISITO PREVIO Y NECESARIO PARA EJERCITAR LA ACCIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).’-Ahora bien, el quejoso impugna, en lo sustancial, el hecho de que la Sala responsable, aunque dejó a salvo sus derechos, según se vio, consideró la rendición de cuentas como una obligación de dar, cuando es de hacer, señalando en los conceptos de violación, que: ‘... la responsable aplicando en forma imprecisa una tesis o criterio jurisprudencial cambia todo el sentido gramatical de la ley adjetiva y sustantiva civil del Estado para el juicio que nos ocupa, pues aun cuando se desprende de dicha tesis jurisprudencial el artículo 1595 de la ley sustantiva civil del Estado, este artículo se encuentra dentro del capítulo relativo a las obligaciones, y los diversos artículos 2224 y 2225 del mismo cuerpo de leyes se refieren a las obligaciones del mandatario con respecto al mandante, y en estos últimos preceptos su interpretación gramatical es clara, y ajustable a las acciones intentadas por mi representada, mas no así la interpretación gramatical que la responsable pretende darle al diverso artículo 1595 de la ley sustantiva de la materia, aun cuando el demandado no recibió contrato, convenio o poder alguno por parte de mi representada, y en todo caso las funciones administrativas que desempeñaba el señor José Manuel González Quintero resultan una obligación de hacer y no de dar como lo pretende interpretar la responsable, pues dado que el diccionario para Juristas de Ediciones Mayo, nos dilucida que la obligación de dar es aquélla que consiste en la entrega de una cosa a otro o en la transmisión de un derecho, conforme a los actos conducentes. Y con ello se llega a la conclusión que la obligación de rendir cuentas por un administrador es una obligación de hacer, porque impone realizar un acto o prestar algún servicio por el obligado, como en el caso específico lo es el demandado en su carácter de gerente administrador.’; a lo que debe decirse que el ad quem resolvió incorrectamente al exigir un requisito de procedibilidad que no es aplicable a la rendición de cuentas en el caso, dado que, en primer lugar, el mandato, siendo un contrato intuitu personae, establecido por regla general a favor del mandante y en función de la confianza y la buena fe, le son aplicables normas especiales sobre la rendición de cuentas, que lo exceptúan del tratamiento general de las obligaciones, conforme al artículo 14 del Código Civil del Estado, que dice: ‘Las leyes que establecen excepción a las reglas generales, no son aplicables a caso alguno que no esté expresamente especificado en las mismas leyes.’; pues el título noveno del ordenamiento citado, que comprende los artículos 2197 al 2253, no hace referencia a la necesidad de interpelar ni conceder treinta días para exigir la rendición de cuentas al mandatario, sino más bien establece una regla especial para el caso de que, a falta de pacto, el mandatario rinda cuenta cuando lo solicite el mandante, según el artículo 2224 del mismo ordenamiento, que dice: ‘El mandatario está obligado a dar al mandante cuentas exactas de su administración, conforme al convenio, si lo hubiere. No habiendo convenio, cuando el mandante lo pida; y en todo caso al fin del contrato.’; de lo que se sigue que la regla especial aplicable para solicitar la rendición de cuentas en el mandato escapa a la norma general prevista en el numeral 1595 ya citado. Por otra parte, de acuerdo al artículo 2197 del mismo cuerpo de leyes en cita: ‘El mandato es un contrato por el cual una persona llamada mandante otorga a otra denominada mandatario, la facultad de realizar por el otorgante un acto jurídico. Cuando el mandato tenga efectos patrimoniales, deberá entenderse que su finalidad es, la de conservar ese patrimonio.’, siendo así que, siguiendo la opinión del tratadista Bernardo Pérez Fernández del Castillo, dicho contrato ‘tiene como objeto obligaciones de hacer, consistentes en la celebración de actos jurídicos.’ (Contratos Civiles, Bernardo Pérez Fernández del Castillo, Editorial Porrúa, México, cuarta edición, 1996, página 225); de lo que se deduce que la noticia y cuenta que debe rendir el mandatario sobre el estado y la marcha de los asuntos encomendados, constituyen esencialmente obligaciones de hacer, pues, según el Diccionario de la Lengua Española (vigésima edición, tomo I, Madrid, 1984), en el vocablo ‘cuenta’ se obtiene que, entre otras muchas acepciones, pedir o rendir cuenta atiende a conocer ‘la razón o el motivo de lo que se ejecuta o se dice.’, mientras que ‘rendición’, significa producto o utilidad que rinde o da una cosa.’; así mismo, se tiene que el verbo ‘dar’, cuando se emplea junto con otros sustantivos significa hacer, practicar, ejecutar la acción que éstos significan, de ahí que las expresiones de ‘dar oportunamente noticia’ o ‘dar al mandante cuentas exactas’, a que se refiere el artículo 2221 del Código Civil citado, que dice: ‘El mandatario está obligado a dar oportunamente noticia al mandante de todos los hechos o circunstancias que puedan determinarlo a revocar o modificar el encargo. Asimismo, debe dársele sin demora de la ejecución de dicho encargo.’, así como el numeral 2224 ya transcrito; acarrean por consecuencia que efectivamente la naturaleza jurídica de tales obligaciones sean fundamentalmente de hacer, consistentes en poner del conocimiento, comunicar o exponer a su mandante las razones, los motivos, el estado, marcha y conclusión de aquellos actos jurídicos encomendados; de ahí que no sea aplicable a la rendición de cuentas en el mandato el artículo 1595 del mencionado código, que dice: ‘Si no se ha fijado el tiempo en que deba hacerse el pago y se trata de obligaciones de dar, no podrá el acreedor exigirlo sino después de los treinta días siguientes a la interpelación que se haga, ya judicialmente, ya en lo extrajudicial, ante un notario o ante dos testigos. Tratándose de obligaciones de hacer, el pago debe efectuarse cuando lo exija el acreedor, siempre que haya transcurrido el tiempo necesario para el cumplimiento de la obligación.’; pues no resulta justificado exigir la interpelación y el transcurso del plazo indicado en el numeral recién transcrito, ya que se trata, según se dijo, de obligaciones de hacer y, además, porque las reglas especiales del mandato no lo prescriben así; más aún, el Código de Procedimientos Civiles del Estado dispone en el artículo 494, que: ‘Cuando la sentencia condene a rendir cuentas, el Juez señalará un término prudente al obligado para que las rinda y le indicará a quién deba rendirlas.’; de lo que se sigue que, si el resultado normal del juicio natural es la condena o no, a la rendición de cuentas y en su caso para la ejecución ha de concederse un término prudente para hacerlo, el cual a su vez es susceptible de prórroga, no cabe considerar que sean requisitos de procedibilidad la interpelación y el plazo antes mencionados, pues el artículo 495 del mismo enjuiciamiento, al respecto dispone: ‘El obligado, en el término que se le fije y que no podrá prorrogarse sino por una vez por causa grave, a juicio del tribunal, rendirá su cuenta presentando los documentos que tenga en su poder y los que el acreedor tenga en el suyo y que debe presentar poniéndolos a la disposición del deudor en la secretaría. Las cuentas deberán contener un preámbulo en el que se expongan sucintamente los hechos que dieron lugar a la gestión y la resolución judicial que ordene la rendición de cuentas, la indicación de las sumas recibidas y gastadas y el balance de las entradas y salidas, acompañando los documentos justificativos, como recibos, comprobantes de gastos y demás.’. En virtud de lo anteriormente considerado, no se comparte el criterio de la tesis en que se sustentó la Sala responsable, identificada como III.1o.C.56 C, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en la página setecientos cincuenta y siete del Tomo VI, agosto de mil novecientos noventa y siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: ‘MANDATARIO, LA INTERPELACIÓN AL, ES UN REQUISITO PREVIO Y NECESARIO PARA EJERCITAR LA ACCIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).’; por lo que, conforme al artículo 197 de la Ley de Amparo es procedente hacer la denuncia de contradicción de tesis correspondiente. ... En consecuencia, procede otorgar la protección federal impetrada a fin de que se deje insubsistente el fallo combatido sólo en la parte que declaró que la actora aquí quejosa no se encuentra legitimada para ejercitar la acción de rendición de cuentas, siguiendo los lineamientos de este fallo y, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho proceda sobre la litis planteada en el juicio natural." (fojas 14 anverso a 20 reverso del cuaderno de contradicción).
Asimismo, el mencionado Tribunal Colegiado al resolver el veinticuatro de octubre de dos mil dos, el juicio de amparo directo número 588/2002 promovido por Adolfo Medina Rincón, señaló lo siguiente:
"CUARTO. Es sustancialmente fundado el concepto de violación que se analizará, en la medida en que se suple la deficiencia de la queja en términos del artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, lo hará innecesario el estudio de los restantes según lo que establece la jurisprudencia 107 del Tomo VI del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS.’ (se transcribe). En primer término es conveniente precisar, por las razones que más adelante se expondrán, que conforme a lo dispuesto por el artículo 618, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles, en el caso es procedente la vía civil sumaria debido que la acción intentada fue la de rendición de cuentas. Así, la Sala responsable incorrectamente declaró improcedente la acción principal intentada en el juicio natural con fundamento en el artículo 1595 del Código Civil del Estado de Jalisco vigente, en relación con el diverso 27 del Código de Procedimientos Civiles de esta entidad federativa, al exigir un requisito de procedibilidad que no es aplicable a la rendición de cuentas del mandatario, como se verá a continuación. Del análisis de las constancias que se remitieron en vía de informe justificado, las cuales por ser documentales públicas tienen pleno valor probatorio atento a lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como lo estatuye el segundo numeral de esta última, se advierte que en la demanda natural el aquí quejoso reclamó: ‘A) El informe detallado, que bajo protesta de decir verdad, y en razón de la sentencia definitiva, en la que resulte condenado para que rinda el informe de todos y cada uno de los contratantes (sic) de compraventa que haya suscrito en mi representación ante el notario público No. 79 de esta ciudad, Lic. José Guillermo Vallarta Plata relativos a los lotes de terreno resultantes del fraccionamiento «La Loma» ubicado en el Municipio de «El Salto» de este Estado de Jalisco, en consecuencia a lo anterior: B) La fecha individual de cada operación de compraventa en donde haya intervenido el demandado, nombre y domicilio del adquiriente, ubicación del terreno, objeto del contrato, superficie del mismo, importe de compraventa o valor consignado y para el caso de haber recibido el pago de intereses que se hayan ocasionado al tipo bancario, y nombre de la persona que los recibió, y la que otorgó recibo de pago correspondiente. C) La cantidad que por concepto de impuestos se generaron, a cargo del adquiriente, y en su caso, el comprobante del pago del impuesto sobre la renta a cargo del vendedor, los comprobantes del pago de impuestos por concepto de certificados de no adeudos fiscales y la libertad de gravámenes de cada lote escriturado; así como el comprobante por concepto del pago de honorarios notariales, del pago de avalúos efectuado en cada uno de ellos, ya sea de institución bancaria o perito valuador. D) Como resultado del cumplimiento a la anterior reclamación demandada en el punto que antecede, en su caso del pago de los daños y perjuicios que me haya ocasionado con motivo de la abstención de lo requerido. E) La entrega de todas y cada una de las cantidades recibidas, con motivo de las operaciones de compraventa respecto de todos y cada uno de los lotes que hayan sido vendidos, correspondientes al fraccionamiento «La Loma» ubicado en el Municipio de El Salto, Jalisco. F) El informe detallado, de la situación que guardan los 1,970 lotes resultantes del referido fraccionamiento de objetivo social denominado «La Loma», ubicado en el Municipio de El Salto, Jalisco; precisando el comprador o adjudicatario, fecha de la compra-venta, importe de la misma, en su caso, saldo pendiente de pago y cantidad de interés que se cargan por concepto de mora, y forma de garantizar su cobro. G) Toda la documentación relativa a todos y cada uno de los lotes resultantes del fraccionamiento antes mencionado, en la que se deberá incluir: la solicitud de compra, el contrato de transmisión (venta, donación, adjudicación, cesión de derechos, etc.), los finiquitos, recibos de pago, recibos de depósitos bancarios, órdenes de escrituración, cambios de propietarios y comprobantes de pago de impuestos, gastos honorarios; misma que deberá entregarse en forma separada para todos y cada uno de los lotes de terreno. I) Los intereses al tipo legal, que se hayan ocasionado sobre todas y cada una de las cantidades recibidas con motivo de las operaciones de compraventa de lotes de todo el fraccionamiento, los que deberán computarse a partir de la fecha en que se le otorgó el poder notarial materia de este juicio, hasta la total solución del presente juicio. J) El pago de los gastos y costas que se originen del presente juicio.’. En esa tesitura, de lo antes transcrito se colige que el demandante reclamó principalmente la rendición de cuentas y las prestaciones económicas que exigió como consecuencia de ello en el supuesto de que éstas se hubiesen ocasionado, circunstancia que sólo es posible conocer a través precisamente del informe que rinda el reo. El fundatorio de la acción consiste en la escritura pública 19,915, de quince de diciembre de mil novecientos noventa y tres, otorgada ante la fe del notario público cincuenta y siete de México, Distrito Federal, en la que se asentó: ‘Única. Por este acto el licenciado Adolfo Medina Rincón otorga a favor del licenciado Guillermo de Jesús Hernández Aceves, Poder General Limitado para Pleitos, Cobranzas, Actos de Administración y de Dominio, con todas las facultades generales y aun las especiales que conforme a la ley requieran poder o cláusula especial, en los términos de los tres primeros párrafos del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, así como del dos mil quinientos ochenta y siete del mismo ordenamiento y los correlativos de ambos en las demás entidades federativas en donde se ejercite el mandato.’ ... ‘En cuanto las facultades de administración, el apoderado tiene todas las de un administrador general; podrá realizar todos los actos y otorgar cualesquier tipo de contratos o convenios tendientes a la conservación del patrimonio del poderdante; igualmente administrar toda clase de bienes muebles o inmuebles, cobrar sus rentas o productos y su guarda en la forma que estime necesario. Por lo que se refiere a las facultades de dominio, el apoderado gozará de todas las de dueño; podrá enajenar y gravar el bien inmueble propiedad del mandante que más adelante se señala, en el valor o precio y condiciones que estime convenientes. Este poder, para las categorías que es conferido, no tiene limitación alguna. Limitación. El cúmulo de facultades establecidas anteriormente, sólo podrán ser ejercitadas en relación con la venta de terrenos del fraccionamiento ‘La Loma’, ubicado en el Municipio de Tlaquepaque, Jalisco, mismos que cuentan con las superficies, medidas y colindancias conocidas por el mandatario.’. Es importante precisar que si el mandato se confirió el quince de diciembre de mil novecientos noventa y tres, el ad quem incorrectamente aplicó el Código Civil que entró en vigor hasta el catorce de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, conforme lo establece su artículo tercero transitorio, puesto que en razón de la fecha de su conferimiento debió citarse la legislación sustantiva civil anterior. Ahora bien, al mandato, siendo un contrato intuitu personae, establecido por regla general a favor del mandante y en función de la confianza y la buena fe, le son aplicables normas especiales sobre la rendición de cuentas que lo exceptúan del tratamiento general de las obligaciones, conforme al artículo 9o. del Código Civil del Estado anterior, que dice: ‘Las leyes que establecen excepción a las reglas generales, no son aplicables a caso alguno que no esté expresamente especificado en las mismas leyes.’; pues el título noveno de la segunda parte del libro cuarto del ordenamiento citado, relativo al mandato, que comprende los artículos 2467 a 2526, no hace referencia a la necesidad de interpelar ni conceder treinta días para exigir la rendición de cuentas al mandatario, sino más bien establece una regla especial para el caso de que, a falta de pacto, el mandatario rinda cuenta cuando lo solicite el mandante, según el artículo 2490 del mismo ordenamiento (correlativo al 2569 de la legislación sustantiva civil para el Distrito Federal), que dice: ‘El mandatario está obligado a dar al mandante cuentas exactas de su administración, conforme al convenio, si lo hubiere; no habiéndolo, cuando el mandante lo pida, y en todo caso al fin del contrato.’: de lo que se sigue que la regla especial aplicable para solicitar la rendición de cuentas en el mandato escapa a la norma general prevista en el artículo 1999 de la ley aplicable en cita, redactado en idénticos términos que el numeral 1595 de la ley vigente, citado por el ad quem. Por otra parte, de acuerdo al artículo 2467 del Código Civil anterior: ‘El mandato o procuración es un contrato por el cual una persona da a otra la facultad de hacer en su nombre alguna cosa’, siendo así que, siguiendo la opinión de Bernardo Pérez Fernández del Castillo, citado por el propio tribunal de alzada, dicho contrato ‘tiene como objeto obligaciones de hacer, consistentes en la celebración de actos jurídicos.’ (Contratos Civiles, Bernardo Pérez Fernández del Castillo, Editorial Porrúa, México, cuarta edición, 1996, página 225); de lo que se deduce que la noticia y cuenta que debe rendir el mandatario sobre el estado y la marcha de los asuntos encomendados, constituyen esencialmente obligaciones de hacer, pues, además, según el Diccionario de la Lengua Española (vigésima edición, tomo I, Madrid, 1984), en el vocablo ‘cuenta’ se obtiene que, entre otras muchas acepciones, pedir o rendir cuenta atiende a conocer ‘la razón o el motivo de lo que se ejecuta o se dice.’, mientras que ‘rendición’ significa ‘producto o utilidad que rinde o da una cosa.’; asimismo, se tiene que el verbo ‘dar’, cuando se emplea junto con otros sustantivos, se entiende como hacer, practicar, ejecutar la acción que éstos significan, de ahí que las expresiones de ‘dar oportunamente noticia’ o ‘dar al mandante cuentas exactas’, a que se refiere el artículo 2487 del Código Civil citado, que dice: ‘El mandatario está obligado a dar oportunamente noticia al mandante de todos los hechos o circunstancias que puedan determinarlo a revocar o modificar el encargo.’, así como el numeral 2490 ya transcrito, acarrean por consecuencia que efectivamente la naturaleza jurídica de tales obligaciones sea fundamentalmente de hacer, consistentes en poner del conocimiento, comunicar o exponer a su mandante las razones, los motivos, el estado, marcha y conclusión de aquellos actos jurídicos encomendados; de ahí que no sea aplicable a la rendición de cuentas en el mandato el artículo 1999 del mencionado código (correlativo al 1595 citado por el ad quem), que dice: ‘Si no se ha fijado el tiempo en que deba hacerse el pago y se trata de obligaciones de dar, no podrá el acreedor exigirlo sino después de los treinta días siguientes a la interpelación que se haga, ya judicialmente, ya en lo extrajudicial, ante un notario o ante dos testigos. Tratándose de obligaciones de hacer, el pago debe efectuarse cuando lo exija el acreedor, siempre que haya transcurrido el tiempo necesario para el cumplimiento de la obligación.’; pues no resulta justificado exigir la interpelación y el transcurso del plazo indicado en el numeral recién transcrito, ya que se trata, según se dijo, de obligaciones de hacer y, además, porque las reglas especiales del mandato no lo prescriben así; más aún, el Código de Procedimientos Civiles del Estado dispone en el artículo 494 que: ‘Cuando la sentencia condene a rendir cuentas, el Juez señalará un término prudente al obligado para que las rinda y le indicará a quién deba rendirlas.’; de lo que se sigue que si el resultado normal del juicio natural es la condena o no a la rendición de cuentas y en su caso para la ejecución ha de concederse un término prudente para hacerlo, el cual a su vez es susceptible de prórroga, no cabe considerar que sean requisitos de procedibilidad la interpelación y el plazo mencionados, pues el artículo 495 del mismo enjuiciamiento, al respecto dispone: ‘El obligado, en el término que se le fije y que no podrá prorrogarse sino por una vez por causa grave, a juicio del tribunal, rendirá su cuenta presentando los documentos que tenga en su poder y los que el acreedor tenga en el suyo y que debe presentar poniéndolos a disposición del deudor en la secretaría. Las cuentas deberán contener un preámbulo en el que se expongan sucintamente los hechos que dieron lugar a la gestión y la resolución judicial que ordene la rendición de cuentas, la indicación de las sumas recibidas y gastadas y el balance de las entradas y salidas, acompañando los documentos justificativos, como recibos, comprobantes de gastos y demás.’. En virtud de lo anteriormente considerado, no se comparte el criterio de la tesis en que se sustentó la Sala responsable, identificada como III.1o.C.56 C, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en la página setecientos cincuenta y siete del Tomo VI, agosto de mil novecientos noventa y siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: ‘MANDATARIO, LA INTERPELACIÓN AL, ES UN REQUISITO PREVIO Y NECESARIO PARA EJERCITAR LA ACCIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).’; por lo que conforme al artículo 197 de la Ley de Amparo es procedente hacer la denuncia de contradicción de tesis correspondiente. Finalmente, es desafortunada la opinión de la Sala responsable en el sentido de que como se demandaron prestaciones de hacer y de dar, siendo las segundas de carácter indeterminado, era menester que primero se interpelara al demandado y luego se instaurara el juicio. Lo anterior es así, porque precisamente el objetivo perseguido en el procedimiento judicial era la obligación de hacer consistente en la propia rendición de cuentas, de ahí que resultaría contradictorio pedir que ello se hiciera previamente a la interposición de la demanda, puesto que no es factible exigir antes del juicio lo que será materia del mismo, sin que se pueda demandar lo que se desconoce; máxime si, como se dijo en párrafos anteriores, el actor solicitó el importe de las compraventas, así como el pago de daños y perjuicios como accesorias a la acción principal ejercida y en la hipótesis de que de la rendición de cuentas arrojara datos que permitieran establecer que el mandatario recibió dinero en virtud del ejercicio del contrato respectivo; por lo que una vez que, en caso de proceder, el reo cumpla con la multirreferida rendición de cuentas, el demandante estará en aptitud de reclamar lo que considere pertinente a través de las acciones correspondientes según quede conforme o no con el cumplimiento dado por su apoderado. El presente criterio se sostuvo por este Tribunal Colegiado en el amparo directo 151/2002, fallado en la sesión de doce de abril de dos mil dos. Consecuentemente, se concede la protección federal impetrada para que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y dicte una nueva en la que analice en su integridad los planteamientos elaborados en los agravios que integran el recurso de apelación." (fojas 36 reverso a 43 anverso del cuaderno de contradicción).
De las anteriores resoluciones se derivó la tesis aislada, cuyos datos de identificación rubro y texto son del tenor siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XVII, febrero de 2003
"Tesis: III.5o.C.20 C
"Página: 1087
"MANDATO, ACCIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL. IMPLICA OBLIGACIONES DE HACER Y DE DAR; NO SON REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD LA PREVIA INTERPELACIÓN NI EL TRANSCURSO DE TREINTA DÍAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Siendo el mandato un contrato intuitu personae que tiene como objeto o
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18563-da578472/mandato-para-el-ejercicio-de-la-accion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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