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Modo: Corpus Pro

INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LA FALTA DE ACREDITAMIENTO, NO DA LUGAR AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, CUANDO ÉSTA SE PROMUEVE POR UN TERCERO EXTRAÑO A JUICIO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 94/2003-PS. · Registro digital (IUS): 18829
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Mayo de 2005, , Pág. 246.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 94/2003-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Los criterios en posible contradicción son los siguientes:

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver la improcedencia 166/2003, promovida por Oulet, Sociedad Anónima de Capital Variable, en sesión de fecha veintidós de mayo de dos mil tres, en la parte que interesa, sostuvo lo siguiente:

"Si bien es verdad que del libelo de garantías se aprecia que la solicitante de amparo reclamó sustancialmente el lanzamiento y, por ende, el desposeimiento de la finca número setecientos veinte de la avenida Santa Ana Tepetitlán del Municipio de Zapopan, Jalisco, de la que expresó ser arrendataria, con motivo de la sentencia dictada por el Juez responsable en el juicio número 350/2000, respecto del cual la quejosa se ostentó tercera extraña, y que el diecisiete de marzo del año en curso el lanzamiento reclamado se suspendió al mostrar el contrato de arrendamiento al personal del Juzgado Primero de lo Civil de esta localidad, no obstante, contra lo que estimó el Juez de Distrito, en el caso no existe certeza de que en un futuro inmediato dicha orden no se llevará a cabo; pues es un hecho notorio que en múltiples ocasiones las autoridades por sí solas no acatan estrictamente la ley como lo aduce el inconforme en el segundo agravio. Además, cabe precisar que por el momento no existe prueba alguna de que aún no se ordene la ejecución forzosa contra cualquier ocupante de la finca, de modo que al no existir certeza de que la quejosa no será lanzada es claro que en el caso no se surte el requisito exigido por el artículo 145 de la Ley de Amparo, consistente en que el motivo de improcedencia para desechar el libelo de garantías debe ser indudable; por tanto, es incuestionable que ante tal duda el Juez de Distrito debió de admitir la demanda de garantías y tramitar el juicio respectivo y en todo caso sobreseer éste en el evento de que posteriormente se configure alguna causal de improcedencia. Por las razones anteriores este Tribunal Colegiado no comparte el criterio sustentado por el Cuarto Tribunal de esta materia y circuito, al resolver el diecisiete de mayo de dos mil dos, la improcedencia número 140/2002, que el Juez de Distrito transcribe en la resolución recurrida y, en consecuencia, procede denunciar la posible contradicción de tesis en términos del artículo 196, fracción III, último párrafo, de la Ley de Amparo. En el anterior contexto, lo debido es revocar la resolución recurrida y ordenar al a quo que admita a trámite la demanda de amparo, de no encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia distinto del aquí examinado."

Similares consideraciones sostuvo al resolver las improcedencias 702/2001 y 73/2002.

El propio Tribunal Colegiado al resolver la improcedencia 862/2001, estimó en lo esencial, lo siguiente:

"Los agravios son fundados, en la medida que este órgano colegiado suple la queja deficiente, en términos de lo dispuesto por el artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de Amparo. De las constancias que integran el expediente auxiliar número 849/2001, las que tienen eficacia probatoria plena al tenor de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, concretamente del escrito de demanda, se deduce que el acto reclamado se emitió dentro del procedimiento y no en etapa de ejecución de sentencia, como erróneamente lo consideró el a quo para establecer la improcedencia del juicio de garantías, por lo que la procedencia del juicio de garantías debe analizarse en términos de lo que establece la fracción IV del artículo 114 y no la fracción III, en la que el a quo federal fundamentó el desechamiento de la demanda; toda vez que el juicio inicia con la presentación de la demanda y concluye con la sentencia firme que se dicte en dicho procedimiento. En efecto, en el escrito de demanda de amparo el quejoso refiere que con fecha veintinueve de enero de dos mil uno, se emitió sentencia de primera instancia en el juicio natural del que emana el acto reclamado; que con fecha dieciséis de febrero de la misma anualidad interpuso recurso de apelación en contra de dicha resolución, misma que fue admitida por acuerdo de veintitrés del mismo mes y año; que con fecha veintisiete de marzo siguiente, se dictó auto que ordenó continuar con la etapa de ejecución y previamente se ordenó correr traslado al quejoso para que ejerciera el derecho a otorgar contrafianza. Que en dicho auto se ordenó notificar personalmente el citado acuerdo, lo que se realizó en lugar diverso; por ello, promovió incidente de nulidad de notificaciones en contra de esa notificación y de otras realizadas a partir del veintisiete de marzo del propio mes y año, medio de defensa que le fue denegado porque el Juez natural señaló que de momento no podía proveer al respecto en razón de que no tenía a disposición los autos del juicio, porque los mismos se habían enviado al tribunal de alzada para que proveyera sobre la apelación. Ahora bien, lo anterior pone de manifiesto que el acto reclamado se dictó dentro de procedimiento, en razón de que no existe constancia de que ya se hubiese dictado sentencia firme, por el contrario, de los datos que proporciona el quejoso en su demanda, se colige que la sentencia de primer grado está sub júdice, en virtud del recurso de apelación que se interpuso en su contra; luego, es evidente que si el acto reclamado se emitió antes de que se dictara sentencia ejecutoria, debe considerarse como acto dentro de juicio para establecer la procedencia del juicio de garantías conforme a lo que establece el artículo 114, fracción IV, de la ley de la materia, y no como acto fuera de juicio a que alude la fracción III del citado precepto, como erróneamente lo consideró el Juez de Distrito. Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado jurisprudencia en el sentido de que procede amparo ante los Jueces de Distrito, respecto de aquellos actos que se dicten dentro del procedimiento y que tengan sobre las personas y las cosas una ejecución de imposible reparación y señaló que producen ‘ejecución irreparable’ los actos dentro de juicio que afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos del individuo, tutelados por las garantías individuales. El citado criterio aparece publicado en la página 219 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo I, que a la letra dice: ‘EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.’ (se transcribe). Luego, si en el caso a estudio, se aduce que el acto reclamado se emitió dentro del procedimiento y tiene relación inmediata con la privación de la posesión del inmueble que venía disfrutando la disconforme; es evidente que, contrario a lo sustentado por el Juez de Distrito, por el momento y con los datos que se disponen, resulta procedente el juicio de amparo indirecto ante el Juez de Distrito, puesto que dicho acto encuadra en la hipótesis a que alude el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: (se transcribe); toda vez que aduce que se dictó dentro del procedimiento y que puede afectar directa e inmediatamente los derechos sustantivos del demandado, tutelados por las garantías individuales, en razón de que según el inconforme, se le privó ilegalmente del derecho de posesión que disfrutaba respecto del inmueble materia del litigio; por tanto, debe revocarse el auto mediante el cual se desechó por notoriamente improcedente la demanda de garantía, toda vez que la causa que se invoca no reúne las características de indubitabilidad, por las razones que ya se adujeron, y en su lugar, ordenar al citado Juez proceda a su admisión; salvo que advierta que en el caso se actualiza alguna causal de improcedencia diversa a la invocada."

Asimismo, al resolver la revisión principal 314/2003, el propio tribunal federal sostuvo, en la parte que interesa que:

"Los agravios transcritos son jurídicamente ineficaces para revocar la resolución recurrida. No es verdad, como lo aduce la recurrente, que el Juez del amparo hubiese fundamentado erróneamente su decisión para sobreseer en el juicio de amparo, puesto que el artículo 73, fracción V, en que se apoyó para tal efecto, es exactamente aplicable al caso, en razón de que ésta alude a la improcedencia del juicio de amparo cuando no se prueba que el acto reclamado afecte el interés jurídico de la quejosa; hipótesis que se actualizó en el caso a estudio, porque la promovente del amparo no justificó, con pruebas suficientes, la posesión del inmueble cuya afectación reclama y, por ende, no demostró la afectación a su interés jurídico. Por otra parte, opuesto a lo alegado por la recurrente, el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo sí tiene relación con las jurisprudencias que invocó el a quo en el fallo recurrido, porque tales criterios aluden a la ineficacia del contrato de arrendamiento para acreditar la posesión de un inmueble y ésta es necesario demostrarla para justificar el interés jurídico de quien reclama la privación de la posesión; hipótesis que está regida por dicho precepto, puesto que en su fracción V alude a la improcedencia del juicio de amparo en los casos en que no se justifique el interés jurídico requerido para ese efecto; por tanto, los argumentos así vertidos son jurídicamente ineficaces para revocar la sentencia que por este medio se impugna. Por otra parte, con independencia de que pudiese asistir razón o no a la recurrente en torno a que la jurisprudencia relativa a la fecha cierta de los documentos no es aplicable a los contratos de arrendamiento; lo cierto es que el citado contrato carece de toda eficacia probatoria porque fue objetado por su contraria, mediante escrito que presentó el veintiocho de febrero de dos mil tres y que obra agregado a foja diecisiete del cuaderno de amparo, lo que ocasionó que perdiera toda eficacia probatoria y que su contenido se debiese haber demostrado con otros medios de convicción, en términos de lo que establece el artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, lo que no aconteció, toda vez que el inconforme no desahogó prueba alguna para acreditar la veracidad de la firma que autoriza el contrato o su contenido; circunstancia que debió tomar en consideración el Juez federal y no otorgar valor probatorio al citado documento. Tiene aplicación al caso, el criterio sustentado por la entonces Tercera Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 222, que aparece publicada a foja 182, del Tomo IV, Materia Civil, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los años de 1917-2000, cuya sinopsis reza: ‘DOCUMENTOS SIMPLES PROVENIENTES DE TERCERO, QUE SON OBJETADOS.’ (se transcribe). Por otra parte, no es verdad que el Juez de amparo hubiese omitido valorar la instrumental de actuaciones en términos de lo que establece el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, pues, del análisis de la resolución recurrida se infiere que sí valoró tal probanza en términos del citado precepto, pero razonó que la misma es insuficiente para demostrar la posesión de la quejosa respecto del inmueble cuestionado, porque de tal probanza no se deducen datos que pudiesen probar que ella posee el inmueble en cuestión; inclusive, expuso, que si bien es cierto que de las constancias relativas al juicio natural se deduce que la diligencia de doce de febrero de dos mil tres, se entendió con la quejosa, según se asentó en el acta respectiva levantada por el secretario ejecutor responsable y que la misma se verificó en el domicilio ubicado en la calle San Rafael número 507, en la colonia Chapalita, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, de donde se pudiese derivar la presunción de que ésta sí está en posesión del inmueble materia del litigio; tal probanza únicamente acredita lo en ella asentado, pero resulta insuficiente para demostrar fehacientemente que la promovente del amparo posee el citado inmueble, ya que debieron aportarse otros medios de prueba que enlazados entre sí demostraran tal evento; razonó además el citado Juez de amparo, que las constancias mencionadas son ineficaces para probar la posesión, porque ésta es un hecho que no puede apreciarse por una actuación transitoria o momentánea como fue la citada diligencia, ya que con ella no se acredita la existencia de una posesión continua, pública, pacífica en la que se requiere de una observación de carácter permanente, que no puede realizarse en una diligencia de tan limitada duración como es la que se practicó ante la presencia de la quejosa; razonamientos que por cierto no se advierte que sean contrarios a derecho. No es verdad que el Juez de amparo se hubiese olvidado que en el juicio de amparo no pueden discutirse cuestiones de propiedad, sino de posesión; puesto que no se advierte que en la sentencia recurrida se hubiese resuelto cuestión alguna que ataña a la propiedad, ya que únicamente se determinó que la quejosa no aportó pruebas suficientes para justificar que es poseedora del inmueble en controversia; y ello atañe exclusivamente a la posesión del inmueble en controversia; de ahí la ineficacia de tal motivo de queja. En otro contexto, el hecho de que el contrato de arrendamiento se hubiese estimado suficiente para justificar el interés jurídico para efectos de la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado, no implica que en el procedimiento de fondo deba conferírsele eficacia probatoria plena a tal documento para ese efecto, toda vez que para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, se requiere únicamente que se justifique de manera presuntiva el interés jurídico, mientras que para la procedencia del juicio de amparo es menester que se demuestre en forma plena el citado interés; de ahí que las razones que se consideraron para resolver sobre la suspensión provisional y definitiva sean diferentes a las que deben tomarse en consideración para establecer el interés jurídico en el amparo indirecto. Finalmente, deviene jurídicamente ineficaz el motivo de queja en el que refiere que es contradictoria la decisión del Juez de amparo al dar trámite al juicio de amparo si el Juez consideraba que el contrato de arrendamiento por sí sólo es insuficiente para demostrar su interés jurídico, puesto que de ser así, debió desechar la demanda y con ello evitar el gasto oneroso que representa para las arcas de la Federación; pues cabe precisar que el Juez de Distrito sólo está facultado para desechar la demanda de garantías, cuando advierta que se actualiza una causal manifiesta e indudable de improcedencia; pues, en caso contrario, esto es, de que fuese dudosa la causal, deberá dar trámite a la demanda. Ahora bien, en el caso a estudio no se actualizó la causal manifiesta e indudable de improcedencia para que el Juez procediese a desechar la demanda de mérito, porque al momento de la presentación de la demanda había una presunción de interés jurídico a favor de la promovente, derivada precisamente del contrato de arrendamiento que adjuntó a su libelo de garantías y existía la posibilidad de que durante el procedimiento la quejosa aportara pruebas suficientes tendientes a demostrar plenamente el citado interés requerido para la procedencia del juicio de amparo; de ahí que en ese momento, no se estaba en presencia de una causa indudable para que el Juez de Distrito desechara la demanda, puesto que existía la posibilidad de que ello se acreditara durante la secuela procesal; luego, si la amparista no aportó pruebas suficientes durante el citado procedimiento para robustecer la presunción de posesión que dimana del contrato de locación, es evidente que no acreditó su interés jurídico y ello dio motivo para que el Juez de Distrito declarara improcedente el juicio de amparo y sobreseyera en el mismo, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción III, de la ley de la materia."

CUARTO. Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver la improcedencia 140/2002, promovida por Luis Sánchez Sánchez, en sesión de diecisiete de mayo de dos mil dos, sostuvo esencialmente lo siguiente:

"CUARTO. Los anteriores motivos de inconformidad son infundados, mismos que se analizarán en su conjunto por la relación que guardan entre sí. El Juez de Distrito desechó la demanda de garantías por notoria y manifiesta improcedencia, con el argumento de que el acto reclamado, consistente en el proveído de fecha quince de febrero del año dos mil dos, dictado dentro de los autos del juicio mercantil ejecutivo número 1976/94, mediante el cual se ordenó el desalojo o lanzamiento de la parte demandada o tercero que no tuviere contrato de uso, respecto del predio ubicado a doce kilómetros al norte de La Barca, Jalisco, con una superficie aproximada de 30-50-96 con las siguientes medidas y linderos: ‘Al norte en 265.00 metros con ejido de La Barca, al sur en 272.00 metros con camino viejo a Jamay, al oriente en 1,115.00 metros con Juan López, al poniente en 1,115.00 metros con camino a San José de las Moras’ por parte de las autoridades señaladas como responsables, así como la probable desposesión de dicho inmueble, que el quejoso aduce ostentar como arrendatario, resultaba ser un acto futuro e incierto, en razón de que la referida orden de desocupación no se encontraría dirigida en su contra, además que de conformidad con el artículo 689 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, la diligencia de lanzamiento y entrega del inmueble, solamente se debe de entender con el ejecutado u obligado del juicio natural; asimismo que si el propio quejoso refirió en su demanda de garantías que el auto reclamado ordenó respetar derechos de terceros al momento de la diligencia, esa circunstancia en su momento debe ser acatada por la diversa autoridad señalada como ejecutora, en atención a lo dispuesto por el artículo 511, fracción I, del código antes citado, y que por esa razón el solicitante de garantías, carecía de legitimación para intentar la acción constitucional de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 4o. de la Ley de Amparo. Así también, señaló que apoyaba su determinación en el criterio sustentado por este Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver la improcedencia 604/2001. Por su parte, el inconforme sostiene en sus conceptos de agravio, en esencia, que de manera equívoca el Juez de Distrito, invoca la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción V, de la ley de la materia, ya que según dice, el acto reclamado, sí afecta su interés jurídico, toda vez que constituye un acto de inminente ejecución y de imposible reparación, por ser la consecuencia lógica y necesaria de otro distinto, por el cual se ordenó el lanzamiento contra los demandados en el juicio natural del inmueble que el aquí recurrente aduce tener en posesión. Asimismo aduce, que es errónea la consideración del a quo, al referir que como la orden de lanzamiento está dirigida únicamente contra los demandados en el juicio de origen, y ordenó respetar derechos de terceros, el acto reclamado no afecta el interés jurídico del promovente, porque dice, por esa situación está solicitando el amparo, para que se le respete el derecho como tercero extraño, en virtud de que de lo contrario, de llegarse a ejecutar la orden de lanzamiento, se convertiría en un acto de imposible reparación; y finalmente, que el Juez responsable al invocar la causal de improcedencia, debió de tenerla por acreditada plenamente y no con base en simples apreciaciones, y que al apoyarse en un simple criterio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil de este circuito, no tomó como base la Constitución, la Ley de Amparo y mucho menos los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. DEBE PROBARSE PLENAMENTE Y NO APOYARSE EN PRESUNCIONES.’, son infundados. En efecto, tal como lo adujo el Juez Federal, este tribunal al resolver la improcedencia 604/2001, en sesión de veintinueve de junio de dos mil uno, sustentó el criterio de que la orden de lanzamiento emitida en el juicio natural, no es susceptible de ser reclamada en amparo indirecto, por el que aduce ocupar el inmueble y se ostente como tercero extraño, por no constituir un acto de ejecución inminente. Bajo esa tesitura, es evidente, que como lo estimó el a quo, el acto reclamado sí es futuro e incierto y, por tanto, de momento no afecta al ahora recurrente, en su esfera jurídica, en virtud de que la indicada orden de desalojo o lanzamiento, así como la de desposesión, la hace depender de que el inmueble que posee en su calidad de arrendatario, es materia del juicio de origen, del que se dice ajeno. Esto es así, porque no puede afirmarse, que la precitada orden se va a ejecutar en perjuicio del hoy inconforme; primero, porque, como se advirtió por el Juez Federal, dicha orden se dirige contra Rafael Vázquez Sahún y Ana María Godínez Zaragoza de Vázquez, demandados en el procedimiento natural, o bien contra terceros que no tuvieren contrato de uso respecto del bien controvertido, y no así contra el recurrente, pues éste afirma poseer el inmueble en virtud de un contrato de arrendamiento, lo cual revela sin lugar a equívocos, que no existe orden dirigida contra él, pues su contenido de ninguna manera le afecta, razón por la cual, no está justificado que se haya ordenado la ejecución forzosa de dicho acuerdo contra cualquier ocupante de dicha finca; y, segundo, porque nada impide pensar que el funcionario que en su caso, vaya a practicar la diligencia relativa, solamente lance del inmueble a la parte demandada y se respeten los derechos del peticionario. Tampoco puede aseverarse ni considerarse, que el acto sea de naturaleza inminente, porque la inminencia de un acto deriva de que sea la consecuencia lógica, jurídica y necesaria de otro distinto, de tal suerte que, de manera indefectible, tenga como resultado el que este último anuncia; así, por ejemplo, será inminente la desposesión de un bien, la clausura de un negocio, el arresto de una persona, cuando ya existe la orden en tal sentido, pues es evidente que ésta tendrá que cumplirse en breve y sin lugar a dudas en perjuicio del individuo al que va dirigida y no de otro distinto; luego, se insiste, si en la especie la orden es contra la parte demandada y no contra el disconforme, no puede desprenderse inminencia alguna. Por esa razón, la orden de lanzamiento decretada, de ninguna manera faculta al aquí recurrente, a intentar el juicio de garantías, desde ahora, ya que sólo lo puede hacer a partir de que dicha orden se dirija en su contra, pues como tercero extraño al juicio, es la que lo legítima y le da interés para promover la acción constitucional. Como corolario, no puede estimarse que el acto reclamado sea de naturaleza inminente y, por consecuencia, que vaya a afectar el interés jurídico del inconforme pues, para que esto ocurra, es menester que suceda el hecho concreto, esto es, la materialización de la orden de lanzamiento, o desposesión precisamente en su contra; mientras no acontezca esto, no puede, se reitera, afectar su esfera jurídica, de ahí que se actualice la causal de improcedencia a que se contrae el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo anterior, no son aplicables las tesis que invoca. Conviene agregar, que si bien, en términos de los artículos 192 y 193, ambos de la Ley de Amparo, sólo la jurisprudencia que establezca la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas, es de observancia obligatoria para todos los tribunales de menor jerarquía y, asimismo, la jurisprudencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, es obligatoria para los Tribunales Unitarios, Juzgados de Distrito, tribunales militares y judiciales del fuero común, tribunales administrativos y del trabajo locales o federales, sobre los que ejerzan jurisdicción; sin embargo, este último precepto no prohíbe que tales juzgadores, orienten su criterio con los precedentes del Tribunal Colegiado del Circuito sobre el que ejercen jurisdicción, ya que es práctica generalmente reconocida la de que los tribunales inferiores adecuen su criterio al de mayor jerarquía, pues esta práctica es con la finalidad de ajustar su criterio al de la superioridad. Máxime cuando en la especie, el criterio sustentado en la referida improcedencia 604/2001, es reiteración de los invocados en las diversas números 887/99, 161/2000, 1062/2000, 1884/2000 y 477/2001, según se aprecia de la lectura de la primera de las anunciadas. En apoyo a lo anterior, se comparte por analogía la tesis de jurisprudencia VI.1o. J/3, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se comparte, visible a foja 470, del Tomo II, diciembre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: ‘TESIS DE LA SUPREMA CORTE QUE NO INTEGRAN JURISPRUDENCIA. ES CORRECTO APOYARSE EN LOS CRITERIOS SUSTENTADOS EN ELLAS.’. Así como la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, número VIII.1o.7 K, que también se comparte, publicada en la página 645, del Tomo II, octubre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro: ‘TESIS QUE NO CONSTITUYEN JURISPRUDENCIA. SU APLICACIÓN POR LOS TRIBUNALES INFERIORES, NO CAUSA AGRAVIO.’. Aunado a lo anterior, debe señalarse que al apoyarse el a quo en el criterio sustentado por este tribunal al resolver la improcedencia 604/2001, referido con anterioridad, no se olvidó de aplicar la Ley de Amparo, la Constitución y los criterios de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que invoca, si se toma en consideración que en la ejecutoria de este tribunal, además de que se aplicaron diversos preceptos de la Ley de Amparo, se citaron las jurisprudencias por contradicción publicadas en las páginas 281 a 283 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 y sustentadas por el Máximo Tribunal, mismas que también aluden a diversos preceptos de la ley de la materia y que son de los rubros siguientes: ‘PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EN EL AMPARO QUE PROMUEVA, SON AUTORIDADES RESPONSABLES LAS QUE DICTAN, ORDENAN, EJECUTAN O TRATAN DE EJECUTAR, LOS ACTOS QUE AFECTAN EL BIEN O DERECHO DEL QUE AQUÉLLA ES TITULAR.’. En estas condiciones, ante la ineficacia de los agravios hechos valer, procede confirmar, por las razones y los fundamentos que se citan en esta ejecutoria, el auto recurrido."

El mismo Tribunal Colegiado sostuvo similares consideraciones al resolver las improcedencias 1062/2000, 161/2000, 887/99, 1884/2000, 477/2001, 604/2001, 804/2001 y 34/2002.

Mientras que al resolver el recurso de revisión 1529/2000, sostuvo en lo conducente:

"QUINTO. No se examinarán los agravios propuestos, porque la causal de improcedencia que invocó el Juez de Distrito, si bien se actualiza, lo es por razones diversas a las advertidas, por tanto, se procede enseguida a su estudio, que es de orden público y oficioso de acuerdo con el artículo 73, última parte, de la Ley de Amparo. Sobre el particular, tiene aplicación, por las razones que informa, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia que se consulta en la página 244, del Tomo VIII, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, que es del texto siguiente: ‘IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA.’. Adrián Morones Guisar, ostentándose tercero extraño, reclama la orden de desocupación de la finca marcada con el número 197 de la calle Morelos en Ocotlán, Jalisco, contenida en auto de dos de junio de mil novecientos noventa y nueve, dictado en el juicio civil sumario número 06/98, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Sexto Partido Judicial del Estado, promovido por Francisco Íñiguez Torres, contra J. Jesús Navarro Ornelas y Jesús Navarro Oregel, así como la posible desposesión que de dicho inmueble se lleve a cabo, en ejecución del citado acuerdo, que es del tenor literal que enseguida se transcribe: (se transcribe). Por otra parte, en los antecedentes del acto reclamado, el ahora recurrente, precisó: (se transcribe). En esa tesitura, debe precisarse que el acto materia de reclamo es futuro y, por ello, que de momento no afecta al quejoso, ahora recurrente, en su esfera jurídica, en virtud que de la orden de lanzamiento la hace depender, de que el inmueble que posee, es materia del juicio de origen, del que se dice ajeno y, que en éste, se ordenó hacer entrega del bien raíz a la actora a través del lanzamiento que reclama; por lo que en ese sentido, no puede afirmarse, sin dar lugar a equivocación, que se va a ejecutar en su perjuicio; primero, porque, como se advirtió, la orden de restitución del inmueble en conflicto que emana de la sentencia ejecutoria, se dirige contra el enjuiciado y no contra el quejoso; además de que no está justificado, que se haya ordenado la ejecución forzosa de dicho fallo en contra de cualquier ocupante de aquél y, segundo, porque nada impide pensar que el funcionario que, en su caso, vaya a practicar la diligencia relativa, solamente lance del inmueble al demandado y se respeten los derechos del peticionario. Tampoco puede afirmarse ni considerarse que el acto sea de naturaleza perentoria porque la inminencia de un acto deriva de que sea la consecuencia lógica, jurídica y necesaria de otro dis

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18829-a11967e6/interes-juridico-en-el-amparo-la-falta-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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