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PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA POSIBILIDAD EXCEPCIONAL DE OFRECERLAS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 75, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO SE ACTUALIZA CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO ADVIERTA QUE PUEDA VULNERAR ALGÚN PRINCIPIO SUSTANCIAL DEL JUICIO O PROCEDIMIENTO DE ORIGEN, COMO EL DE IGUALDAD PROCESAL DE LAS PARTES. PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA POSIBILIDAD EXCEPCIONAL DE OFRECERLAS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 75, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE ACTUALIZA ANTE LA IMPOSIBILIDAD NORMATIVA O FÁCTICA O MOTIVOS NO IMPUTABLES AL QUEJOSO PARA RENDIRLAS ANTE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL RESPONSABLE.

Tipo de asunto: QUEJA 207/2023. · Registro digital (IUS): 32102
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2024-01-26
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Enero de 2024, Tomo VI, Pág.6096.

QUEJA 207/2023. 23 DE JUNIO DE 2023. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: ADALBERTO EDUARDO HERRERA GONZÁLEZ. PONENTE: ISRAEL FLORES RODRÍGUEZ. SECRETARIA: DANIELA DEL CARMEN SUÁREZ DE LOS SANTOS.

II. CONSIDERANDO:

...

VI. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

33. Con lo anteriormente expuesto tenemos que la resolución del presente asunto implica abordar las siguientes preguntas:

- ¿Cuáles son las generalidades de las pruebas en el juicio de amparo?

- ¿Cuál es la regulación de la prueba pericial en el juicio de amparo?

- ¿Fue correcta la decisión de la Jueza de Distrito en relación con el desechamiento de la prueba pericial en el juicio de origen?

34. Análisis de la primera pregunta. ¿Cuáles son las generalidades de las pruebas en el juicio de amparo?

35. En principio, por su relevancia al caso, resulta necesario referir el contenido de los preceptos 119 y 121 de la Ley de Amparo:

"Artículo 119. Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, salvo que esta ley disponga otra cosa.

"La documental podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional haga relación de ella en la audiencia y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado.

"Las pruebas testimonial, pericial, inspección judicial o cualquier otra que amerite desahogo posterior, deberán ofrecerse a más tardar, cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. Este plazo no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas en el plazo referido, por causas no imputables a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. En estos casos, el plazo para el ofrecimiento de tales pruebas será el señalado para la audiencia constitucional, tomando como indicador la nueva fecha señalada para la audiencia.

"Para el ofrecimiento de las pruebas testimonial, pericial o inspección judicial, se deberán exhibir original y copias para cada una de las partes de los interrogatorios al tenor de los cuales deberán ser examinados los testigos, proporcionando el nombre y en su caso el domicilio cuando no los pueda presentar; el cuestionario para los peritos o de los puntos sobre los que deba versar la inspección. No se admitirán más de tres testigos por cada hecho.

"Cuando falten total o parcialmente las copias a que se refiere el párrafo anterior, se requerirá al oferente para que las presente dentro del plazo de tres días; si no las exhibiere, se tendrá por no ofrecida la prueba.

"El órgano jurisdiccional ordenará que se entregue una copia a cada una de las partes para que puedan ampliar por escrito, en un plazo de tres días, el cuestionario, el interrogatorio o los puntos sobre los que deba versar la inspección, para que puedan formular repreguntas al verificarse la audiencia."

"Artículo 121. A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, los servidores públicos tienen la obligación de expedir con toda oportunidad, las copias o documentos que aquellos les hubieren solicitado. Si no lo hacen, la parte interesada una vez que acredite haber hecho la petición, solicitará al órgano jurisdiccional que requiera a los omisos y difiera la audiencia, lo que se acordará siempre que la solicitud se hubiere hecho cinco días hábiles antes del señalado para su celebración, sin contar el de la solicitud ni el señalado para la propia audiencia. El órgano jurisdiccional hará el requerimiento de que se le envíen directamente los documentos o copias dentro de un plazo que no exceda de diez días.

"Si a pesar del requerimiento no se le envían oportunamente los documentos o copias, el órgano jurisdiccional, a petición de parte, podrá diferir la audiencia hasta en tanto se envíen; hará uso de los medios de apremio y agotados éstos, si persiste el incumplimiento denunciará los hechos al Ministerio Público de la Federación.

"Si se trata de actuaciones concluidas, podrán pedirse originales a instancia de cualquiera de las partes."

36. De los preceptos citados podemos extraer que el artículo 119 establece las reglas generales para el desahogo de pruebas en el juicio de amparo. En lo que interesa, para el ofrecimiento de pruebas señala lo siguiente:

1) Por regla general, los medios de prueba deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional.

2) Por excepción, las pruebas testimonial, pericial, inspección judicial o cualquier otra que amerite desahogo posterior, deben ofrecerse a más tardar, cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia.

37. En cuanto a la excepción, el precepto prevé que el plazo para el ofrecimiento no puede ser ampliado con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que se traten de probar o desvirtuar hechos respecto de los cuales las partes no hubieran podido tener conocimiento con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas, por causas no imputables a su descuido o negligencia dentro del procedimiento.

38. Por otro lado, el artículo 121 de la Ley de Amparo contempla que para que las partes puedan rendir sus pruebas, las personas servidoras públicas tienen la obligación de expedir con toda oportunidad las copias o documentos que aquéllas les hubieren solicitado.

39. En caso de que las personas servidoras públicas no lo hagan, la parte interesada, una vez que acredite haber hecho la petición, solicitará al órgano jurisdiccional que requiera a los omisos y difiera la audiencia, lo que se acordará siempre que la solicitud se hubiere hecho cinco días hábiles antes del señalado para su celebración, sin contar el de la solicitud ni el señalado para la propia audiencia.

40. En relación con lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 219/2017(1), analizó si las reglas de los párrafos tercero y cuarto del precepto citado en primer término –que indican las normas de la excepción del ofrecimiento de pruebas– son aplicables o no a la petición formulada a la autoridad jurisdiccional de requerir la expedición de copias o documentos que obren en poder de un servidor público al que se hubieren solicitado previamente, contenida en el segundo precepto señalado.

41. En lo que interesa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que el artículo 121 contempla no una prueba en sí misma, sino una herramienta que permite a las partes garantizar que se rindan las pruebas documentales que estimen pertinentes pues, de no existir esta figura, podría suceder que no se desahogara una prueba ofrecida conforme a derecho, y que se retardara la impartición de justicia o ésta no fuera completa por faltar elementos para conocer la verdad; incumpliendo así, con el principio de plenitud en la impartición de justicia.

42. Así, la Suprema Corte concluyó que, al tratarse de una prueba documental, le aplican las reglas generales de las pruebas en el juicio de amparo, contenidas en el artículo 119, específicamente encuadra en el supuesto del párrafo tercero relativo a "cualquier otra que amerite un desahogo posterior", ya que la solicitud al órgano debe considerarse sólo el ofrecimiento, pero el desahogo de la misma se hará a través del método regulado en el artículo 121 y se concluirá cuando las mismas se incorporen realmente al expediente.

43. Por tanto, la Suprema Corte decidió que la regla prevista en el artículo 119 de la Ley de Amparo, en el sentido de que el plazo no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional respecto de las pruebas testimonial, pericial, de inspección judicial o de cualquiera otra que amerite desahogo posterior, se aplica también a la petición formulada a la autoridad jurisdiccional de requerir la expedición de copias o documentos que obren en poder de la autoridad a la que se le hubiere solicitado previamente, contenida en el artículo 121 del ordenamiento legal aludido pues, en este caso, el desahogo de la prueba documental requiere preparación, ya que la persona juzgadora deberá emplear los medios que tenga a su alcance para que se exhiban tales probanzas.

44. En lo que interesa, la Suprema Corte de Justicia destacó que, por regla general, las pruebas deben desahogarse en la audiencia, y de manera puntual se prevé un esquema en que opera la preclusión como sanción para las partes si no actúan o se manifiestan dentro de los plazos legales, con la pérdida del derecho procesal respectivo. No anunciar oportunamente una prueba da lugar a que no pueda prepararse ni recibirse, porque ello generaría una dilación injustificada.

45. No obstante, refirió que la conclusión esbozada no limita la posibilidad de las partes de ofrecer la prueba con posterioridad cuando se trata de un hecho que es de conocimiento novedoso para las partes, en cuyo caso, el evento que genere su conocimiento será el referente del inicio del periodo dentro del cual puede solicitar a la autoridad la expedición del documento o de la copia de éste, referirlo a la persona juzgadora y solicitar su intervención para que le sea remitido.

46. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que resulta aplicable la tesis de jurisprudencia P./J. 7/96, de rubro y texto siguientes:

"PRUEBAS PERICIAL, TESTIMONIAL Y DE INSPECCIÓN JUDICIAL EN EL AMPARO. SU OFRECIMIENTO DESPUÉS DEL DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA. Este Pleno modifica la jurisprudencia que en la compilación de 1988, Segunda Parte, página 2435, aparece con el número 1533 y que establece ‘PRUEBAS TESTIMONIAL Y PERICIAL EN EL AMPARO, CUANDO SE DIFIERE LA AUDIENCIA’. Es procedente admitir las pruebas testimonial y pericial para la audiencia en el amparo, cuando la inicialmente señalada ha sido diferida de oficio por el Juez de Distrito, y no a petición de las partes; y, asimismo, se aparta del criterio contenido en la última tesis relacionada con dicha jurisprudencia, que establece, esencialmente, que es inexacto que cuando la audiencia se difiere de oficio, se puedan ofrecer dichas pruebas para la audiencia diferida, agregando que cuando no se anuncian oportunamente para la primera audiencia, no pueden ofrecerse para la segunda, porque ya se perdió el derecho. Partiendo de la hipótesis de que las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial no fueron ofrecidas antes de la audiencia inicial, que ésta se difirió y que en el nuevo periodo sí se ofrecieron con la anticipación requerida por el artículo 151 de la Ley de Amparo, en relación con la fecha de la segunda audiencia, el nuevo criterio sostenido por este Pleno se apoya en dos principios básicos: En primer lugar, el de la expeditez del procedimiento de amparo que deriva de su naturaleza sumaria, de acuerdo con el cual, si las mencionadas pruebas no se ofrecen con la anticipación exigida por el citado precepto, ya no pueden ofrecerse con posterioridad por haber precluido ese derecho procesal; y en segundo, el cimentado en el respeto a la garantía de defensa de la parte oferente, lo que significa que ésta, para gozar de la oportunidad de ofrecer las pruebas aludidas, no sólo debe contar con el plazo de cinco días hábiles antes del señalado para la audiencia constitucional, sin incluir el del ofrecimiento ni el señalado para la celebración de la audiencia, sino además, que tal plazo se dé a partir de la fecha en que tenga conocimiento del hecho que trate de probar o desvirtuar con dichas probanzas, conocimiento que puede inferirse de los datos y elementos objetivos de los autos. Así, por ejemplo, cuando la parte oferente ya tenga conocimiento del hecho o situación cuya certeza trata de probar o desvirtuar con tiempo anterior al término señalado en el citado artículo 151, tomando como referencia la audiencia inicial, ya no podrá válidamente ofrecerlas en el periodo posterior, porque ha precluido su derecho por su abandono; en cambio, si el oferente no conocía el hecho con la oportunidad legal suficiente, como cuando el quejoso se entera de él con motivo del informe justificado rendido poco antes de la audiencia, o como cuando el tercero perjudicado es llamado a juicio sin tiempo suficiente para ofrecer esos elementos probatorios, entonces sí pueden proponerse legalmente con posterioridad a la primera fecha de la audiencia, respetando siempre los términos del artículo 151, sólo que tomando como indicador la segunda fecha, ejemplos que pueden multiplicarse teniendo en común, todos ellos, que desde el punto de vista jurídico el oferente no debe quedar indefenso en la materia probatoria examinada, por causas ajenas a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. Conforme a este criterio, por tanto, carece de importancia el hecho de que la audiencia se haya diferido de oficio o a petición de parte, debiendo atenderse a los principios expuestos, cuya aplicación permite dar a cada parte el trato que amerita su propia situación procesal."

47. En cuanto al criterio transcrito, la Suprema Corte explicó que cuando la parte oferente tuviera conocimiento del hecho o situación cuya certeza tratara de probar o desvirtuar, con tiempo anterior al término establecido en la Ley de Amparo, debía tomarse como referencia la fecha inicial señalada para que se llevara a cabo la audiencia constitucional, pues en el caso de que ésta se difiriera, dicho oferente ya no podría válidamente ofrecerlas al haber precluido su derecho para ello.

48. En cambio, si éste no había conocido el hecho con la oportunidad legal suficiente, como sucedía por ejemplo cuando se enterara de él con motivo del informe con justificación rendido poco antes de la audiencia, entonces sí podían proponerse legalmente con posterioridad a la primera fecha de la audiencia, respetando los términos del precepto aludido, sólo que tomando como indicador la fecha de la segunda audiencia.

49. Por tanto, se eliminó el criterio de que era trascendente si la audiencia se hubiera diferido de oficio o a petición de parte, y se determinó que cuando el oferente en el juicio de amparo no conociera el hecho con la oportunidad legal suficiente para ofrecer las pruebas relacionadas con éste, el plazo no podía computarse en función de la primera fecha de la audiencia, sino de aquélla en la cual tuvo conocimiento de ese hecho, con el objeto de que no se dejara en estado de indefensión por causas ajenas a su descuido o negligencia dentro del procedimiento.

50. Del precedente en trato interesa que la solicitud de copias o documentos prevista en el artículo 121 de la Ley de Amparo es una herramienta que permite a las partes garantizar que se rindan las pruebas documentales que estimen pertinentes pues, de no existir esta figura, podría suceder que no se desahogara una prueba ofrecida conforme a derecho, y que se retardara la impartición de justicia o ésta no fuera completa por faltar elementos para conocer la verdad; incumpliendo así, con el principio de plenitud en la impartición de justicia.

51. Asimismo, debemos resaltar que a esta solicitud le es aplicable la excepción a la regla general de ofrecimiento de pruebas, por lo que debe ofrecerse a más tardar cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. No obstante, el plazo no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional.

52. Esta última prohibición acepta una excepción tratándose de hechos novedosos. En este supuesto, el evento que genere su conocimiento será el referente del inicio del periodo dentro del cual puede solicitar a la autoridad la expedición del documento o de la copia de éste, referirlo a la persona juzgadora y solicitar su intervención para que le sea remitido.

53. Así, para verificar si una prueba puede ofrecerse después del diferimiento de una audiencia constitucional por hechos novedosos, debe atenderse a lo siguiente:

1) Cuando la parte oferente tenga conocimiento del hecho o situación cuya certeza trata de probar o desvirtuar, con tiempo anterior al término establecido en la Ley de Amparo, debe tomarse como referencia la fecha inicial señalada para que se llevara a cabo la audiencia constitucional, pues en el caso de que ésta se difiriera, dicho oferente ya no podría –válidamente– ofrecerlas, pues precluyó su derecho.

2) En caso de que la parte quejosa no haya tenido conocimiento del hecho con la oportunidad legal suficiente, como sucede cuando se enterara de él con motivo del informe con justificación rendido poco antes de la audiencia, entonces, podrá proponer las pruebas con posterioridad a la primera fecha de la audiencia, respetando los términos de la ley, pero tomando como indicador la fecha de la segunda audiencia.

54. Por otro lado, resulta importante tener presente que cuando sea ofrecido alguno de los medios de convicción de los que requieran previa preparación, como lo es la testimonial, la pericial o la inspección judicial, ha de analizarse inmediatamente si dicha prueba guarda íntima relación con los hechos discutidos en el juicio de amparo, es decir, si es idónea para acreditar las pretensiones constitucionales, para estar en posibilidad de que, en caso de que vaya a ser admitida, se prepare su desahogo.

55. En caso contrario, es decir, de no estimarse eficaz para dilucidar lo pretendido por su oferente, la persona juzgadora podrá desecharla desde su anuncio. No obstante, aclaro el Pleno, tal determinación debe tomarse en cuenta sólo cuando no haya duda razonable de que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia, y en este punto, por lo que se debe actuar con amplitud de criterio más que con rigidez.

56. Las consideraciones anteriores encuentran apoyo en la tesis de jurisprudencia P./J. 41/2001, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente:

"PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De acuerdo a lo que disponen los artículos 150, 151, 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Amparo; así como 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos de aplicación supletoria a los juicios de garantías, por disposición expresa del artículo 2o. de la citada ley, en el amparo indirecto debe admitirse cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la confesional y de las que fueren contra la moral o el derecho; sin embargo, esa facultad de que goza el quejoso para ofrecer pruebas no es plena sino que está limitada al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, que no es otra cosa que el principio de idoneidad de la prueba, el cual si bien no se prevé en la ley de referencia, sí se contempla en el artículo 79 del código adjetivo invocado, que resulta aplicable supletoriamente a los juicios de garantías. Por tanto, si se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su ofrecimiento resulta contrario a derecho y, en esa hipótesis, el juzgador no está obligado a admitirla en términos de lo previsto en los mencionados artículos 150 y 79, sino que desde su anuncio, según se trate de alguno de los medios de convicción de los que requieran previa preparación, como la testimonial, la pericial o la inspección ocular, puede y debe desecharla, sin esperar para ello hasta la celebración de la audiencia constitucional. Empero, para tomar esta decisión el Juez de Distrito debe tener singular cuidado a fin de no dejar sin defensa al oferente, pues tal determinación debe tomarse en cuenta sólo cuando no haya duda razonable de que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia, y en este punto, el Juez debe actuar con amplitud de criterio más que con rigidez." 57. Hasta aquí las generalidades de las pruebas en el juicio de amparo. Ahora bien, como en el presente caso la parte recurrente ofreció en el juicio de origen una prueba pericial, la cual fue desechada, resulta necesario explicar la finalidad, alcances y requisitos para ofrecer esta prueba en el juicio de amparo indirecto. De esto nos ocuparemos en el siguiente apartado.

58. Análisis de la segunda pregunta ¿Cuál es la regulación de la prueba pericial en el juicio de amparo?

59. La prueba pericial constituye la actividad procesal desarrollada en virtud del encargo judicial por personas distintas de las partes del proceso, especialmente calificadas por sus conocimientos técnicos, clínicos, artísticos, prácticos o científicos, mediante la cual se suministran al juzgador argumentos o razones para la formación de su convicción respecto de ciertos hechos cuya percepción, entendimiento o alcance escapa a la aptitudes del común de la gente, por lo que se requiere esa capacidad particular para su adecuada percepción y la correcta verificación de sus relaciones con otros hechos, de sus causas, de sus efectos o simplemente para su apreciación e interpretación.

60. De esta manera, el perito se constituye como un auxiliar de los tribunales en determinada materia y, como tal, su dictamen constituye una opinión ilustrativa sobre cuestiones técnicas emitidas bajo el leal saber y entender de personas diestras y versadas en materias que requieren conocimientos especializados, expresados en forma lógica y razonada, de tal manera que proporcionen al juzgador elementos suficientes para orientar su criterio en materias que éste desconoce.

61. Ese carácter ilustrativo u orientador de los dictámenes periciales es lo que ha llevado a sostener que el juzgador disfruta de la más amplia facultad para justipreciarlos, asignándoles la eficacia demostrativa que en realidad merezcan, desde luego, con base en la valoración de la claridad, completitud, sustento y justificación de la opinión, la apreciación adminiculada e integral de todos los dictámenes que se rindan, y el resto de los elementos que alleguen las partes, a partir de los cuales pueda determinar el grado de verosimilitud y certeza que cada dictamen tenga.

62. En la misma lógica se pronunció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 97/2015 (10a.), de título, subtítulo y contenido siguientes:

"PRUEBA PERICIAL. SU VALORACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 151, párrafo último, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, establece que la prueba pericial será calificada por el Juez según prudente estimación, lo que significa que, para su valoración, no está sujeto a un método legal o tasado, sino que es libre, lo que no implica que la que lleve a cabo esté exenta de una exposición razonada que desarrolle las conclusiones a las que arribe, porque ese ejercicio de razonabilidad, que involucra la valoración de una prueba pericial según su prudente estimación, también exige el respeto al principio de legalidad que obliga, en el ejercicio jurisdiccional, a motivar las conclusiones que expliquen por qué el dictamen pericial provoca convicción para el dictado de la sentencia, por lo que sólo llevando a cabo el ejercicio que se indica podrá calificarse como debidamente valorada una prueba pericial en el juicio de amparo."

63. Así, el juicio constitucional tiene una regulación especial, según se aprecia de los artículos 119 –ya transcrito– y 120(2) de la actual Ley de Amparo, que dice:

"Artículo 120. Al admitirse la prueba pericial, se hará la designación de un perito o de los que estime convenientes para la práctica de la diligencia, sin perjuicio de que cada parte pueda designar a uno para que se asocie al nombrado por el órgano jurisdiccional o rinda dictamen por separado, designación que deberá hacer dentro de los tres días siguientes a aquel en que surta sus efectos la notificación del auto admisorio de la prueba.

"Los peritos no son recusables, pero el nombrado por el órgano jurisdiccional de amparo deberá excusarse de dictaminar cuando exista alguna de las causas de impedimento a que se refiere el artículo 51 de esta ley. Al aceptar su nombramiento manifestará bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en la hipótesis de esos impedimentos."

66. Como puede apreciarse, la prueba pericial constituye un medio probatorio de preparación compleja, cuya debida integración está sujeta a la presentación del dictamen o dictámenes periciales que se hubiesen anunciado, por lo que su desahogo no puede realizarse hasta la audiencia, sino que ocurre a través de la rendición de esos dictámenes, conforme a las formalidades siguientes:

I. Una vez que se ofrece la prueba, presentando el cuestionario que contiene las preguntas específicas que desarrollará el o los expertos, al admitirse la prueba, el Juez debe designar a un perito oficial –o a los que estime pertinentes– y ordenar que se entregue copia del cuestionario a cada una de las partes.(3)

II. Las partes, ya sea al ofrecer la prueba o, en su caso, dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del auto de admisión de la prueba, podrán adherirse al dictamen que en su momento rinda el perito oficial o, en su defecto, designar a uno que se asocie al nombrado por el órgano jurisdiccional o rinda dictamen por separado.

III. Designados el perito oficial y, en su caso, los de las partes, deberán aceptar su nombramiento frente a la autoridad jurisdiccional y, a continuación, procederán a elaborar y a rendir su dictamen, cuya presentación ante el órgano jurisdiccional de amparo implica el desahogo de la prueba.

67. Además, con fundamento en los artículos 6 y 9(4) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración de la lista de personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, esta designación del perito oficial debe intentarse, en principio, mediante la solicitud que se haga a dos instituciones públicas, educativas o colegios de profesionistas para que proporcionen el auxilio de un experto gratuito y, en su defecto, el órgano jurisdiccional respectivo deberá acceder al directorio de peritos acreditados ante el indicado Consejo de la Judicatura Federal.

68. Sobre este trámite de preparación y desahogo de la prueba pericial en el juicio constitucional, el Tribunal Pleno ha establecido que no es aplicable el Código Federal de Procedimientos Civiles, ni aun de manera supletoria, a través de la tesis de jurisprudencia P./J. 33/2018 (10a.), de título, subtítulo y texto siguientes:

"INCIDENTE DE FALSEDAD DE FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. PARA LA ADMISIÓN, PREPARACIÓN Y DESAHOGO DE LA PRUEBA PERICIAL GRAFOSCÓPICA, ES APLICABLE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a la Ley de Amparo abrogada, estableció que al ser la demanda de amparo un documento privado, es susceptible jurídicamente de ser objetado de falso, en términos de su artículo 153 –correlativo del 122 de la Ley de Amparo vigente–, por lo que la prueba pericial grafoscópica –que es la idónea para demostrar la falsedad de la firma que calza una demanda de amparo– es una institución que se encuentra suficientemente reglamentada en la Ley de Amparo y, por tanto, conforme a ésta deben regirse su admisión, preparación y desahogo, sin que deba acudirse a la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que las diferencias sustanciales en el desahogo de esa prueba tanto en la Ley de Amparo como en el código adjetivo procesal, hacen que lo establecido en dicha codificación (prueba colegiada), resulte incompatible e incongruente con los principios y bases que rigen el medio de control constitucional; máxime que en la segunda parte del artículo 122 referido, se previó expresamente que tratándose del incidente de objeción de documentos, en relación con las pruebas relativas a demostrar su autenticidad, como son la testimonial, la pericial o la de inspección judicial, debe estarse a lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, con excepción del plazo de ofrecimiento que será de 3 días contados a partir del siguiente al de la fecha de suspensión de la audiencia."(5)

69. En la contradicción de tesis 80/2018 se indicó que la pericial es una institución que se encuentra suficientemente reglamentada en la Ley de Amparo y, por tanto, conforme a ésta deben regirse su admisión, preparación y desahogo, sin que deba acudirse a la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que las diferencias sustanciales en el desahogo de esa prueba tanto en la Ley de Amparo como en el código adjetivo procesal, hacen que lo establecido en dicha codificación resulte incompatible e incongruente con los principios y bases que rigen el medio de control constitucional.

70. En cambio, como se ha analizado en párrafos precedentes, dados los principios de economía procesal, concentración y expeditez del trámite del juicio constitucional, la Ley de Amparo impone al Juez de Distrito la obligación de nombrar al especialista que estime conveniente para la práctica de la diligencia pericial, cuyo dictamen es el único indispensable para su debida integración y desahogo, sin perjuicio del derecho que tiene cada parte para designar un perito que se asocie al nombrado por el Juez o rinda su dictamen por separado lo que, en todo caso, constituye una posibilidad pero no una obligación, según lo ha reconocido la Segunda Sala en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 81/2011, de rubro:

"PERICIAL EN AMPARO. ANTE LA DIVERGENCIA DE LAS CONCLUSIONES EN LOS DICTÁMENES, ES INDEBIDO NOMBRAR A

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32102-f3261040/pruebas-en-el-juicio-de-amparo-indirecto-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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