PRUEBA TESTIMONIAL EN EL AMPARO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL PLAZO PARA SU OFRECIMIENTO, CUANDO TENGA LA FINALIDAD DE DESVIRTUAR LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO CONTENIDA EN EL INFORME JUSTIFICADO.
QUEJA 134/2018. 21 DE JUNIO DE 2018. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: GUILLERMINA COUTIÑO MATA. PONENTE: CARLOS ALBERTO ZERPA DURÁN. SECRETARIO: ISRAEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ.
CONSIDERANDO:
15. Estudio. En el escrito de agravios se hacen valer tres argumentos relacionados con las pruebas ofrecidas, en el siguiente sentido:
Respecto de la testimonial. Argumenta que la Jueza de Distrito deja de aplicar el cuarto párrafo del artículo 119 de la Ley de Amparo, pues el ofrecimiento de la testimonial es para desvirtuar la negativa que de los actos reclamados hicieron las autoridades responsables en sus informes justificados.
Respecto de los videos. También se ofrecieron con la finalidad de desvirtuar la negativa de los actos reclamados, pues en ellos se advierte la intervención de las autoridades en los hechos materia de amparo.
Respecto de los documentos. En virtud de que el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México no ha exhibido los documentos solicitados, procede un nuevo requerimiento.
Los agravios sintetizados son parcialmente fundados, pero suficientes para revocar el auto recurrido.
16. Previo a establecer las razones por las cuales se califican de esa forma los agravios que expresó la empresa inconforme, debe decirse que, por cuestión de método y estudio, con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Amparo, los agravios planteados se analizarán en forma conjunta por guardar estrecha vinculación.
17. Como se indicó con antelación, la materia del presente recurso de queja se centra en determinar si fue ajustado a derecho o no el acuerdo recurrido, en el que la Juez de amparo desechó la prueba testimonial, y estimó que la solicitud de videos no guarda relación con la litis en el juicio de amparo, además de considerar innecesario requerir nuevamente ciertas documentales al Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las pruebas ofrecidas deben tener relación inmediata con los hechos, tal como se desprende de la jurisprudencia P./J. 41/2001,(1) de rubro y texto siguientes:
"PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.—De acuerdo a lo que disponen los artículos 150, 151, 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Amparo; así como 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos de aplicación supletoria a los juicios de garantías, por disposición expresa del artículo 2o. de la citada ley, en el amparo indirecto debe admitirse cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la confesional y de las que fueren contra la moral o el derecho; sin embargo, esa facultad de que goza el quejoso para ofrecer pruebas no es plena sino que está limitada al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, que no es otra cosa que el principio de idoneidad de la prueba, el cual si bien no se prevé en la ley de referencia, sí se contempla en el artículo 79 del código adjetivo invocado, que resulta aplicable supletoriamente a los juicios de garantías. Por tanto, si se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su ofrecimiento resulta contrario a derecho y, en esa hipótesis, el juzgador no está obligado a admitirla en términos de lo previsto en los mencionados artículos 150 y 79, sino que desde su anuncio, según se trate de alguno de los medios de convicción de los que requieran previa preparación, como la testimonial, la pericial o la inspección ocular, puede y debe desecharla, sin esperar para ello hasta la celebración de la audiencia constitucional. Empero, para tomar esta decisión el Juez de Distrito debe tener singular cuidado a fin de no dejar sin defensa al oferente, pues tal determinación debe tomarse en cuenta sólo cuando no haya duda razonable de que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia, y en este punto, el Juez debe actuar con amplitud de criterio más que con rigidez."
En la ejecutoria de la que derivó la citada jurisprudencia, se determinó:
"En primer término, cabe precisar que en los artículos 150 a 155 de la Ley de Amparo, se establece:
"...
"El contenido de dichos preceptos permite considerar, entre otras cosas, lo siguiente:
"a) En el juicio de garantías son admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional y las que fueren contra la moral o contra derecho.
"b) Las pruebas deben ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, a excepción de la documental, que puede presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el Juez haga relación de ella y la tenga como recibida durante dicha audiencia.
"c) En el caso de las pruebas testimonial, pericial e inspección ocular, para su debida preparación deben anunciarse cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento, ni el señalado para la audiencia, exhibiendo el interrogatorio y el cuestionario para el desahogo de las dos primeras, y precisando los puntos sobre los que deberá versar la última.
"d) La audiencia constitucional y la recepción de pruebas son públicas.
"e) Una vez abierta la audiencia constitucional se procede a recibir, por su orden, las pruebas, los alegatos por escrito y, en su caso, el pedimento del Ministerio Público, dictándose a continuación el fallo respectivo.
"Por otra parte, los artículos 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2o. de la Ley de Amparo, disponen:
"...
"Del contenido de estos preceptos legales, se desprende que para conocer la verdad, el juzgador puede valerse de cualquier prueba que esté reconocida por la ley y tenga relación inmediata con los hechos controvertidos. Esto último, es decir, la necesidad de que la prueba ofrecida tenga relación inmediata con los hechos litigiosos constituye una regla lógica que cabe aplicar supletoriamente en el juicio de amparo porque en éste, existiendo sistema probatorio, no aparece el principio de pertinencia o idoneidad de la prueba, ya que el artículo 150 de la Ley de Amparo solamente se refiere a los medios o instrumentos de prueba.
"En efecto, cuando el mencionado artículo 150 establece que en el juicio de amparo son admisibles ‘toda clase de pruebas...’, esta regla se está refiriendo a los medios, elementos o instrumentos probatorios, como las documentales, testimonios, periciales, etcétera, consideración que se confirma porque la parte final del precepto, al señalar como excepciones a dicha regla ‘...la de posiciones y las que fueren contra la moral o contra derecho’, alude a tales medios.
"Dicho artículo 150, por tanto, no es apto para aclarar la duda que deriva de la contradicción, porque ninguno de los Tribunales Colegiados se vio en la tesitura de resolver si los medios de prueba ofrecidos –testimonial o pericial– están permitidos por la ley, o no lo están; es obvio que la ley los admite.
"Lo que tuvieron los Tribunales Colegiados que decidir fue otra cosa, esto es, si las referidas pruebas eran adecuadas para motivar la convicción del Juez de Distrito sobre lo pretendido por el oferente en relación con la litis constitucional.
"Hernando Devis Echandia, dice al respecto:
"‘Principio de la pertinencia, idoneidad o conducencia y utilidad de la prueba. Puede decirse que éste representa una limitación al principio de la libertad de la prueba, pero es igualmente necesario, pues significa que el tiempo y el trabajo de los funcionarios judiciales y de las partes en esta etapa del proceso no debe perderse en la práctica de medios que por sí mismos o por su contenido no sirvan en absoluto para los fines propuestos y aparezcan claramente improcedentes o inidóneos. De esta manera se contribuye a la concentración y a la eficacia procesal de la prueba.’ (Teoría general de la prueba, 5a. ed., tomo I, página 133)
"Pues bien, este principio de la idoneidad de la prueba, aunque falta en la Ley de Amparo, es recogido por el ya transcrito artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que resulta supletoriamente aplicable en este examen. Por tanto, debe considerarse que toda prueba, de las permitidas por el artículo 150 de la Ley de Amparo, para ser admitida, debe ‘tener relación inmediata con los hechos controvertidos’, como establece el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues sería contrario a la lógica y aun al sentido común que se admitieran y mandaran preparar en el amparo pruebas como la pericial, la testimonial y la de inspección, cuando del cuestionario, del interrogatorio o de los puntos sujetos a la fe judicial que deben acompañarse desde el ofrecimiento, se viera, desde luego y sin dudas, que nada tiene que ver con la litis.
"Al respecto cabe invocar la tesis sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 81, Volumen 18, Primera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice:
"‘PRUEBAS INCONGRUENTES.—Es cierto que el tribunal debe recibir las pruebas que le presenten las partes, siempre que estén reconocidas por la ley, según lo establece en su primera parte el artículo 87 del Código Federal de Procedimientos Civiles; pero también lo es que sólo deberán de recibirse aquéllas que conforme a la ley tengan tal carácter, es decir, procedentes para el objeto que se propusieron y no las que sean incongruentes con los hechos que se controvierten o se promuevan de modo indebido.’
"Por tanto, es cierto que de acuerdo a las disposiciones transcritas, en el juicio de garantías debe admitirse cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la confesional y las que fueren contra la moral o contra derecho; que las pruebas deben rendirse en la audiencia constitucional, salvo la documental que puede presentarse con anterioridad y que, tratándose de la testimonial, pericial e inspección ocular, a fin de prepararlas debidamente deben anunciarse u ofrecerse con cinco días hábiles de anticipación a la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para dicha audiencia; sin embargo, también es verdad que esa facultad de que goza el quejoso para ofrecer pruebas no es plena, sino que debe cumplir con ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, como lo dispone el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles antes transcrito, de tal manera que si en un caso se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su ofrecimiento es contrario a derecho y, en esa hipótesis, el juzgador no está obligado a admitirla, en términos del artículo 150 de la Ley de Amparo y 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, sino que desde su anuncio, según se trate de alguno de los medios de convicción de los que requieran previa preparación, como la testimonial, la pericial o la inspección ocular, puede y debe desecharla, sin esperar para ello hasta la celebración de la audiencia constitucional.
"En relación a la idoneidad de la prueba debe subrayarse especialmente que en esta materia el Juez de Distrito debe tener singular cuidado a fin de que al decidir la no admisión de un elemento probatorio, no vaya a dejar sin defensa al oferente, pues tal determinación debe tomarse sólo cuando es claro, patente y sin lugar a dudas, que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia, y en este punto más vale que el Juez actúe con amplitud de criterio que con rigidez.
"Sobre este mismo tema debe señalarse que el momento de resolver sobre la admisión de probanzas tiene características diferentes a las que se dan a la hora de valorarlas, que es cuando se dicta sentencia. Se dice lo anterior, porque la Suprema Corte y los Tribunales Colegiados han establecido algunos criterios sobre idoneidad o inidoneidad probatoria, pero deben aplicarse con prudencia porque algunas de ellas sólo son aplicables en el momento de su valoración y en determinadas circunstancias, pero no podrían fundar la no admisión."
18. De la transcripción que antecede tenemos que el Pleno del Alto Tribunal estableció que si bien es cierto, en el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional y las que fueren contra la moral y el derecho, dicha facultad del quejoso no es ilimitada, pues además es necesario que las pruebas ofrecidas tengan relación inmediata con los hechos (idoneidad).
19. Sin embargo, el Máximo Tribunal del País también puntualizó que el Juez de Distrito debe tener singular cuidado, a fin de que, al decidir la no admisión de un elemento probatorio, no vaya a dejar sin defensa al oferente, pues tal determinación debe tomarse sólo cuando es claro, patente y sin lugar a dudas, que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia.
Esto último es lo que conduce a este Tribunal Colegiado a declarar fundados los agravios que hizo valer la empresa recurrente.
20. Para dar contexto a lo anterior, es conveniente traer a colación los antecedentes derivados de la demanda de amparo.
**********, en su escrito inicial de demanda señaló como actos reclamados:
"IV. Norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame: a) Del jefe de Gobierno del Distrito Federal, titular del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal y subdirectora de Atención Ciudadana y Conciliación del mismo instituto, la orden de retención ilegal de cuatro bicicletas con estructura metálica desde el día 14 de septiembre de 2017, así como el silencio administrativo de resolver la situación jurídica de las mismas, que sin fundamento legal alguno se ejecutaron dichos actos en perjuicio de mi representada, la hoy quejosa **********, al no existir fundamento legal alguno para su retención y prohibición del libre ejercicio de trabajo en el uso de publicidad en bicicletas, estructuras metálicas o remolques jalados por las mismas.
"b) Del titular de la Secretaría de Movilidad, la retención ilegal de cuatro bicicletas con estructura metálica desde el día 14 de septiembre de 2017, así como las consecuencias de los daños y perjuicios que se les hayan causado a las citadas bicicletas por el tiempo transcurrido desde la ilegal retención hasta la entrega de las mismas."
21. Entre los hechos narrados en la demanda de amparo se mencionó, esencialmente, que:
• Con fecha 14 de septiembre de 2017, aproximadamente a las 14:00 horas, al circular un equipo de cuatro personas de mi representada **********, en el crucero de las calles 20 de Noviembre esquina con Chimalpopoca, (sic) llevando las cuatro bicicletas del punto de publicidad de la Delegación Benito Juárez para su resguardo en el centro de esta ciudad.
• Es el caso que una persona vestida de civil detuvo en forma grotesca a los cuatro trabajadores de mi representada, quienes llevaban las bicicletas, quien, sin identificarse, los privó de su libertad al no dejarlos retirarse del lugar, arribando una patrulla con número económico **********, la cual se llevó las unidades por instrucciones de la persona no identificada; una vez retiradas las bicicletas, la persona que no se identificó después dijo llamarse **********, y dijo pertenecer a la Secretaría de Movilidad.
• En el corralón en donde se encontraban las bicicletas nos dijeron que desconocían por qué estaban retenidas, indicándonos que nos presentáramos en la Secretaría de Seguridad Pública; de ahí nos enviaron a la Secretaría de Movilidad y, posteriormente, al Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal (INVEA) (hoy Ciudad de México), en donde estuvimos el 15 de septiembre pasado, sin tener respuesta alguna, únicamente que era la primera vez que se presentaba esta situación, siendo un caso atípico porque no son vehículos motorizados sin que estén regulados en el Reglamento de Publicidad de la Ciudad de México.
• Así, hemos estado acudiendo al Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal (INVEA) (hoy Ciudad de México), sin tener respuesta alguna y, en consecuencia, sin ordenar la liberación de nuestras cuatro bicicletas retenidas ilegalmente. La asistencia a dicho instituto lo acreditamos con los registros de entrada del 15 de septiembre, 12 y 24 de octubre y 9 de noviembre de 2017.
• Con fechas 18 de octubre y 9 de noviembre de 2017, acreditamos ante el INVEA la propiedad de las cuatro bicicletas, siguiendo igual sin resolución alguna que funde y motive la privación ilegal de nuestros bienes, consistente en las cuatro bicicletas.
22. Anexo a la demanda se exhibieron los siguientes medios de prueba:
1. Copia certificada del instrumento notarial **********, pasado ante la fe del notario público cuatro de la Ciudad de México.
2. Copia simple del "resguardo de vehículo en el depósito Renovación", folio del acta **********.
3. Copia simple del "resguardo de vehículo en el depósito Renovación", folio del acta **********.
4. Copia simple del "resguardo de vehículo en el depósito Renovación", folio del acta **********.
5. Copia simple del "resguardo de vehículo en el depósito Renovación", folio del acta **********.
6. Copias simples de cuatro acuses de recibo de los escritos presentados ante la autoridad responsable el dieciocho de octubre de dos mil diecisiete.
7. Impresión, con sello digital, de dos facturas emitidas a favor de la parte quejosa.
23. Al rendir los informes justificados, las autoridades señaladas como responsables negaron los actos reclamados.
24. Con motivo de ello, la empresa quejosa presentó ante el Juzgado de Distrito, un escrito de ofrecimiento de pruebas, con la finalidad de desvirtuar la negativa de actos.
25. Ante ese panorama, se colige que la no admisión de la prueba testimonial y de los videos no se ajusta a derecho.
En efecto, respecto de la testimonial, se debe tener presente el contenido del artículo 119 de la Ley de Amparo:
"Artículo 119. Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, salvo que esta ley disponga otra cosa.
"La documental podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional haga relación de ella en la audiencia y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado.
"Las pruebas testimonial, pericial, inspección judicial o cualquier otra que amerite desahogo posterior, deberán ofrecerse a más tardar, cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia.
"Este plazo no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas en el plazo referido, por causas no imputables a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. En estos casos, el plazo para el ofrecimiento de tales pruebas será el señalado para la audiencia constitucional, tomando como indicador la nueva fecha señalada para la audiencia.
"Para el ofrecimiento de las pruebas testimonial, pericial o inspección judicial, se deberán exhibir original y copias para cada una de las partes de los interrogatorios al tenor de los cuales deberán ser examinados los testigos, proporcionando el nombre y en su caso el domicilio cuando no los pueda presentar; el cuestionario para los peritos o de los puntos sobre los que deba versar la inspección. No se admitirán más de tres testigos por cada hecho.
"Cuando falten total o parcialmente las copias a que se refiere el párrafo anterior, se requerirá al oferente para que las presente dentro del plazo de tres días; si no las exhibiere, se tendrá por no ofrecida la prueba.
"El órgano jurisdiccional ordenará que se entregue una copia a cada una de las partes para que puedan ampliar por escrito, en un plazo de tres días, el cuestionario, el interrogatorio o los puntos sobre los que deba versar la inspección, para que puedan formular repreguntas al verificarse la audiencia."
Del precepto legal transcrito se desprende, en la parte que interesa, que:
26. En el caso de las pruebas testimonial, pericial e inspección ocular, para su debida preparación, deben ofrecerse a más tardar cinco días hábiles antes de la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la audiencia.
27. Igualmente, que tal plazo no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes, con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas en el plazo referido, por causas no imputables a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. En estos casos, el plazo para el ofrecimiento de tales pruebas será el señalado para la audiencia constitucional, tomando como indicador la nueva fecha señalada para la audiencia.
28. Robustece lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 107/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 33, Tomo II, agosto de 2016, página 1029 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 26 de agosto de 2016 a las 10:34 horas», de título, subtítulo y texto siguientes:
"PRUEBAS PERICIAL, TESTIMONIAL O DE INSPECCIÓN JUDICIAL. EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY DE AMPARO, AL DISPONER, COMO REGLA GENERAL, QUE EL PLAZO PARA SU OFRECIMIENTO NO PODRÁ AMPLIARSE CON MOTIVO DEL DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO VIOLA EL DERECHO A UNA ADECUADA DEFENSA. El citado precepto establece que el plazo para el ofrecimiento de las pruebas pericial, testimonial o de inspección judicial no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que se trate de hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas. Por tanto, si la oferente conocía el hecho cuya certeza trata de probar o impugnar con anterioridad a la audiencia constitucional, entonces tuvo la oportunidad de ejercer tal derecho y, de no haberlo hecho así, opera la preclusión en su perjuicio. Lo anterior no viola el derecho a una adecuada defensa reconocido por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que no limita la capacidad probatoria, ya que la norma concede a las partes la oportunidad de ofrecer, aportar y rendir las pruebas que estimen pertinentes, mientras que fijar un plazo prudente o periodo determinado para ejercer tal derecho, obedece al principio de expeditez procesal que rige en el juicio de amparo. Además, el precepto legal indicado también es congruente con el principio de igualdad procesal, el cual implica que se deben dar a las partes las mismas oportunidades para hacer valer sus derechos y ejercitar sus defensas, por lo que permitir el ejercicio de un derecho después del momento procesal oportuno para ello, redundaría directamente en perjuicio de las demás partes."
29. En el presente asunto, se pone de manifiesto que le asiste razón a la recurrente, al ubicarse en el supuesto de excepción previsto en el numeral 119 de la ley de la materia, consistente en que pretenden probar o desvirtuar hechos que no pudieron conocerse con la oportunidad legal suficiente para ofrecer las pruebas respectivas en el plazo legal, por causas no imputables a su descuido o negligencia dentro del procedimiento, siendo que en esas hipótesis el periodo para su ofrecimiento sería el señalado para la audiencia constitucional, tomando como indicador la nueva fecha señalada para esa audiencia.
30. En efecto, la Jueza de Distrito pierde de vista que la testimonial ofrecida se detona con motivo de la negativa de actos expuesta en los informes justificados, de modo que la quejosa no podía conocer esa circunstancia con anterioridad.
31. Por otra parte, respecto de los videos ofrecidos por la quejosa, no se tiene la certeza absoluta de que nada tienen que ver con la controversia materia del juicio de amparo, dado que parcialmente sí guardan relación con ésta, pues tratan de desvirtuar la negativa de las autoridades en la comisión de los actos reclamados.
32. Además, debe decirse que la Ley de Amparo actualmente en vigor, también se rige por los mismos parámetros.
En efecto, los artículos 119, primer párrafo, de la Ley de Amparo y 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, establecen:
"Artículo 119. Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, salvo que esta ley disponga otra cosa."
"Artículo 79. Para conocer la verdad, puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitaciones que las de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos.—Los tribunales no tienen límites temporales para ordenar la aportación de las pruebas que juzguen indispensables para formar su convicción respecto del contenido de la litis, ni rigen para ellos las limitaciones y prohibiciones, en materia de prueba, establecidas en relación con las partes."
33. El primer precepto citado establece que en el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones; mientras que el segundo numeral transcrito refiere que para conocer la verdad en los asuntos sometidos a su consideración, el juzgador puede valerse de cualquier persona y de cualquier cosa o documento, sin más limitación de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos.
34. Se insiste, en el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas (excepto la confesional por posiciones); sin embargo, el derecho del quejoso al respecto no es irrestricto, pues el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, dispone que los medios de convicción ofrecidos deben tener relación inmediata con los hechos controvertidos y ser un medio que efectivamente sirva para demostrar lo que se pretende (principios de pertinencia e idoneidad), lo que tiene por objeto evitar el desarrollo de diligencias innecesarias que contravengan el principio de pronta impartición de justicia.
35. Ahora bien, como se puntualizó, del análisis efectuado a las constancias del juicio, específicamente a la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, se advierte que la quejosa alegó la retención ilegal de cuatro bicicletas de su propiedad; al respecto, todas las autoridades señaladas como responsables negaron los actos reclamados.
36. De esta manera, si a través de la testimonial y de los videos, la parte accionante del amparo pretende desvirtuar tal negativa, es dable concluir que, contrario a lo considerado por la Jueza de amparo, dichas pruebas sí se encuentran relacionadas con la litis del juicio.
37. Finalmente, no tiene razón la empresa quejosa para solicitar nuevamente al Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (sic) ciertas documentales, pues si ya negó la existencia de los actos reclamados, es claro que no exhibirá lo solicitado; sin embargo, si se logra desvirtuar la negativa de actos, la Jueza de Distrito deberá pronunciarse al respecto con la finalidad de que aquélla actúe conforme a los parámetros previstos en el artículo 16 constitucional.
38. En esas condiciones, al resultar parcialmente fundados los argumentos propuestos, lo que procede es declarar fundado el presente recurso de queja.
39. Tesis. Conforme a las anteriores consideraciones se propone, con carácter de tesis aislada, de acuerdo con lo expuesto por el artículo 218 de la Ley de Amparo, el siguiente criterio:
PRUEBA TESTIMONIAL. EXCEPCIÓN AL PLAZO PARA SU OFRECIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY DE AMPARO. El citado precepto establece que el plazo para el ofrecimiento de la prueba testimonial, no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que se trate de hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas. Por tanto, si en el informe justificado, se niega el acto reclamado, y la parte quejosa pretende desvirtuar su negativa mediante el ofrecimiento de la prueba testimonial, se actualiza una excepción al plazo de cinco días que prevé el artículo 119 de la Ley de Amparo, para su ofrecimiento.
Por tanto, deberán hacerse los trámites correspondientes para la publicación del criterio antes mencionado.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.—Es fundado el recurso de queja a que este toca se refiere.
SEGUNDO.—Háganse los trámites necesarios para la publicación del criterio sustentado en esta ejecutoria.
Notifíquese; y con testimonio de esta ejecutoria, devuélvanse los autos al juzgado de origen y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.
Así, por mayoría de votos de los Magistrados Carlos Alberto Zerpa Durán (presidente) y María Alejandra de León González, y el voto particular de la Magistrada Guillermina Coutiño Mata, lo resolvió este Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, siendo ponente el primero de los nombrados.
En términos de lo previsto en los artículos 68, 71, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión públic
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28072-82d01524/prueba-testimonial-en-el-amparo-se-actualiza-una · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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