PRUEBAS PERICIAL, TESTIMONIAL O DE INSPECCIÓN JUDICIAL. EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY DE AMPARO, AL DISPONER, COMO REGLA GENERAL, QUE EL PLAZO PARA SU OFRECIMIENTO NO PODRÁ AMPLIARSE CON MOTIVO DEL DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO VIOLA EL DERECHO A UNA ADECUADA DEFENSA.
QUEJA 49/2016. 1 DE JUNIO DE 2016. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. AUSENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: NORMA PAOLA CERÓN FERNÁNDEZ.
Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al uno de junio de dos mil dieciséis.
VISTOS;
Y,
RESULTANDO:
PRIMERO.-Demanda de amparo. El nueve de noviembre de dos mil catorce, ********** solicitó -por comparecencia- ante el secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en turno, el amparo y la protección de la Justicia Federal a favor de **********, con motivo de su arresto administrativo, señalando como autoridad responsable al director del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social del Distrito Federal.
En virtud de lo anterior, el secretario encargado del despacho del referido órgano jurisdiccional, concedió la suspensión de plano del acto reclamado y requirió a la parte quejosa para que ratificara su demanda.
SEGUNDO.-Admisión de la demanda amparo. Una vez que fue ratificada la demanda de amparo, mediante proveído de diecinueve de noviembre de dos mil catorce, el Juez la admitió a trámite, registrándola con el número **********, y señaló como fecha para la celebración de la audiencia constitucional, las doce horas con veinte minutos del dieciocho de diciembre de dos mil catorce.
TERCERO.-Ofrecimiento de pruebas. Promovida una serie de ampliaciones de la demanda, el autorizado del quejoso, mediante ocurso presentado el nueve de febrero de dos mil quince, ofreció la prueba pericial médica, designado perito de su parte.
Sin embargo, el Juez del conocimiento, en proveído de diez de febrero de dos mil quince, sólo acordó agregar a los autos el escrito de mérito, toda vez que tal como se desprendía de autos el quejoso únicamente autorizó al oferente de la prueba para oír y recibir notificaciones y documentos.
CUARTO.-Recurso de queja y trámite. En contra de dicha determinación, el quejoso interpuso recurso de queja, el cual fue radicado, por razón de turno, en el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien lo registró bajo el expediente ********** de su índice, y lo resolvió mediante resolución dictada en sesión de treinta y uno de agosto de dos mil quince, en el sentido de declararlo fundado para el efecto de que se dejara insubsistente el auto recurrido y, en su lugar, se emitiera otro en el que se proveyera lo conducente al ofrecimiento de la prueba pericial médica de marras.
QUINTO.-El catorce de septiembre de dos mil quince, el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Colegiado, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, desechó por extemporánea la prueba pericial médica ofrecida por el quejoso.
SEXTO.-Inconforme con lo anterior, la parte quejosa interpuso recurso de queja, del cual correspondió conocer al Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo presidente lo admitió por acuerdo de ocho de octubre de dos mil quince, registrándolo con el número de toca QA. **********.
SÉPTIMO.-No obstante, en sesión celebrada el veinticinco de noviembre de dos mil quince, el tribunal del conocimiento determinó que lo procedente era solicitar a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerciera su facultad de atracción para conocer y resolver del citado recurso, por considerar que revestía las características de importancia y trascendencia, atento al planteamiento de inconstitucionalidad e inconvencionalidad del artículo 119, párrafos tercero y cuarto, de la Ley de Amparo, formulado en los agravios.
OCTAVO.-Mediante proveído de once de diciembre de dos mil quince, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción propuesta y la registró con el número 527/2015; asimismo, ordenó turnar los autos al Ministro Alberto Pérez Dayán, para su estudio y radicar el asunto en la Sala a la que se encuentra adscrito.
NOVENO.-En sesión de veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, esta Segunda Sala determinó ejercer la facultad de atracción para conocer del recurso de queja interpuesto.
DÉCIMO.-Por acuerdo de siete de marzo de dos mil dieciséis, el presidente de este Máximo Tribunal admitió a trámite el recurso de queja y ordenó su registro con el número 49/2016; asimismo, turnó el expediente para su estudio al Ministro José Fernando Franco González Salas y ordenó su envío a la Sala de su adscripción.
DÉCIMO PRIMERO.-Mediante proveído de uno de abril de dos mil dieciséis, el presidente de la Segunda Sala determinó que ésta se avocara al conocimiento del asunto y ordenó remitir el expediente relativo al Ministro ponente para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.
DÉCIMO SEGUNDO.-El proyecto de resolución se hizo público, en términos de lo dispuesto en los artículos 73 y 184 de la Ley de Amparo vigente; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver el presente recurso de queja.(1)
SEGUNDO.-Oportunidad y legitimación. En virtud de que el Tribunal Colegiado del conocimiento se pronunció sobre la oportunidad del recurso y la legitimación del recurrente,(2) es innecesario pronunciarse nuevamente al respecto.
TERCERO.-Antecedentes. Para una mejor comprensión del asunto, conviene destacar los antecedentes más relevantes del caso que se advierten de las constancias que obran en autos del recurso de queja **********, del índice del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito:
1. El nueve de noviembre de dos mil catorce, ********** solicitó -por comparecencia- ante el secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en turno, el amparo y la protección de la Justicia Federal a favor de **********, con motivo de su arresto administrativo, señalando como autoridad responsable al director del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social del Distrito Federal.
2. Admitida que fue la demanda a trámite y después de una serie de ampliaciones, el autorizado del quejoso, mediante ocurso presentado el nueve de febrero de dos mil quince, ofreció la prueba pericial médica, designado perito de su parte.
3. El Juez del conocimiento, en proveído de diez de febrero de dos mil quince, sólo acordó agregar a los autos el escrito de mérito, toda vez que tal como se desprendía de autos, el quejoso únicamente autorizó al oferente de la prueba para oír y recibir notificaciones y documentos.
4. En contra de dicha determinación, el inconforme interpuso recurso de queja, el cual fue radicado, por razón de turno, en el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien lo registró bajo el expediente ********** de su índice, y lo resolvió mediante resolución dictada en sesión de treinta y uno de agosto de dos mil quince, declarándolo fundado para el efecto de que se dejara insubsistente el auto recurrido y en su lugar emitiera otro en el que proveyera lo conducente al ofrecimiento de la prueba pericial médica.
5. El catorce de septiembre de dos mil quince, el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria en mención, se pronunció respecto de la prueba pericial médica ofrecida por la parte quejosa, determinando, sobre el particular, lo siguiente:
"En estricto acatamiento a lo ordenado por la superioridad y por lo que respecta a la prueba pericial médica, en términos de lo dispuesto en el artículo 119, tercer párrafo, de la ley de la materia, dicho medio probatorio deberá ofrecerse cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, debiendo entenderse que la fecha a que se refiere el citado numeral, es la que se señala por primera vez.
"Asimismo, el cuarto párrafo del citado numeral 119 de la ley de la materia precisa que el plazo para la presentación de los medios probatorios que requieren preparación, como es el caso de la prueba pericial, no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas en el plazo referido, por causas no imputables a su descuido o negligencia dentro del procedimiento.
"...
"Como se advierte de lo anterior, desde el nueve de diciembre de dos mil catorce, el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento administrativo incoado en su contra, por tanto, tomando en cuenta que surtió efectos la notificación practicada respecto a la vista por quince días del informe, en dicha fecha no mediaban los cinco días previstos por el artículo 119 de la Ley de Amparo, sin contar el del ofrecimiento y el de la audiencia para que se encontrara en aptitud de ofrecerla en tiempo (pues, como se dijo, estaban fijadas las doce horas con veinte minutos del dieciocho de diciembre de dos mil catorce para su celebración); sin embargo, al haberse diferido para el dieciséis de enero siguiente se estima que contó con tiempo suficiente para su ofrecimiento, máxime que, como se dijo, en la ampliación de demanda recibida el cinco de enero, el quejoso impugnó todos y cada uno de los actos que conformaron el procedimiento administrativo ya citado. De ahí que, si la prueba pericial la ofreció hasta el seis de febrero siguiente, se estima que su ofrecimiento deviene extemporáneo.
"En consecuencia, precluyó el plazo para que el quejoso ofreciera la prueba pericial ofrecida, por lo que se desecha por extemporánea, con fundamento en el artículo 119, párrafos tercero y cuarto, de la Ley de Amparo ..."
6. Inconforme con lo anterior, la parte quejosa interpuso este recurso de queja.
CUARTO.-Agravios. En el escrito de expresión de agravios, la parte inconforme manifiesta lo siguiente:
• Aduce que el precepto 119 de la Ley de Amparo, en sus párrafos tercero y cuarto, es contrario a los derechos de audiencia, debido proceso y justicia completa establecidos en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, al limitar la admisión de la prueba pericial en el juicio de garantías a la circunstancia de que el ofrecimiento se realice a más tardar cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, señalando injustificadamente que ese plazo no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional.
• Para evidenciar lo anterior, el recurrente hace alusión a un criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en esta ciudad y jurisdicción en toda la República, de rubro: "SOLICITUD DE COPIAS O DOCUMENTOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 121 DE LA LEY DE AMPARO. LE ES INAPLICABLE LA CONDICIÓN TEMPORAL SEÑALADA EN EL DIVERSO PRECEPTO 119, CUARTO PÁRRAFO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, PARA EL OFRECIMIENTO DE PRUEBAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", en el que se determinó que no podía hacerse extensivo lo preceptuado en el diverso numeral 119, en relación con la solicitud de copias o documentos, ni aun por analogía o mayoría de razón.
• Señala que, a fin de que pueda desplegar una adecuada defensa, es preciso que los juzgadores permitan al quejoso ofrecer la prueba pericial dentro del juicio de garantías en términos similares al ofrecimiento de la prueba documental cuando ésta requiere de preparación, como lo previene el diverso numeral 121 de la Ley de Amparo.
• Sostiene que la pericial es una probanza que se puede utilizar para acreditar los extremos de sus pretensiones, al igual que lo es la prueba documental, a fin de obtener la protección federal en una genuina protección a sus derechos humanos.
• Que no existe justificación para que en el caso de la preparación de la prueba documental, la ley no distinga que el plazo respectivo no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, tal como lo resolvió el tribunal especializado en cita y, en cambio, la propia Ley de Amparo lo haga indebidamente en el caso de la prueba pericial, por lo cual, solicita la desaplicación del numeral 119 de la ley, al ser contrario al principio establecido en el artículo 1o. constitucional, y no ser favorable a los derechos humanos del justiciable.
• Argumenta que dicha disposición constituye un requisito innecesario, excesivo y carente de razonabilidad, prueba de ello es que el Poder Judicial de la Federación ha sostenido que no debe exigirse la observancia de tal requisito tratándose de la prueba documental.
• El precepto combatido no respeta el derecho fundamental de debido proceso (en sus cuatro etapas) establecido en la Constitución Federal y reconocido por diversos tratados internacionales, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su numeral 14.1., y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8.1.
• Solicita se lleve a cabo el control de convencionalidad ex officio a su favor, toda vez que el precepto combatido es violatorio de los principios fundamentales reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales.
• Indica que el artículo 119, en sus párrafos tercero y cuarto, de la Ley de Amparo vulnera los principios fundamentales de acceso a la justicia pronta, expedita, imparcial y completa que consagra el artículo 17 constitucional, toda vez que provoca un estadio de incertidumbre e inseguridad jurídica, contrario a lo establecido por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de la Naciones Unidas, en cuanto a la Observación General 32, denominada "El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad antes los tribunales y Cortes de Justicia", en cuyos puntos 4 y 6, se determinó que las garantías procesales que deben prever los juicios, no pueden quedar al prudente arbitrio de la legislación nacional, sino que ésta debe ajustarse a los principios de garantías judiciales como normas de aplicación universal.
• Finalmente, solicita, por un lado, la observancia del principio pro persona establecido en el artículo 1o. de la Constitución Federal, y que el recurso sea resuelto de acuerdo a la interpretación conforme a las normas de derechos humanos; y, por otro lado, se le supla la deficiencia de la queja prevista en el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo.
QUINTO.-Cuestión previa. En principio, debe precisarse que el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de reclamación 130/2011, en sesión de veintiséis de enero de dos mil doce, determinó que a través de los recursos previstos en la Ley de Amparo, a instancia de parte, procede excepcionalmente que este Alto Tribunal examine la constitucionalidad de las disposiciones de ese ordenamiento aplicadas dentro del juicio constitucional, siempre que se actualicen las siguientes condiciones:
1. La emisión de autos o resoluciones concretas de los órganos que conozcan del juicio de amparo.
Condición que se surte en el caso, porque se impugna un acuerdo dictado por el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a través del cual desechó la prueba pericial médica ofrecida por la parte quejosa en el juicio de amparo.
2. La impugnación de normas de la Ley de la Amparo cuya aplicación se actualice efectivamente dentro de los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales que conocen de ese juicio y que trasciendan al sentido de la decisión adoptada.
Dicha condición también se actualiza, porque en el acuerdo recurrido se aplicó el artículo 119, tercer y cuarto párrafos, de la normativa mencionada, lo que trascendió al sentido de la decisión adoptada, porque con fundamento en esa disposición se desechó la prueba pericial ofrecida.
3. La existencia de un recurso procedente contra el acto de aplicación de los preceptos de esa ley tildados de inconstitucionales, en el cual pueda analizarse tanto la legalidad de su acto de aplicación, como la regularidad constitucional de esas normas, en su caso.
Tal requisito también se colma, puesto que en contra de la determinación impugnada procede el recurso de queja en términos del artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, y es donde se puede analizar la constitucionalidad de los preceptos de la Ley de Amparo que sirvieron de fundamento para desechar la pericial ofrecida por el inconforme.
Sirve de apoyo a lo anterior, aplicada por analogía, el criterio que se contiene en la jurisprudencia 2a./J. 39/2014 (10a.),(3) de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro informa: "REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. PROCEDE ANALIZAR LOS PLANTEAMIENTOS SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AMPARO APLICADAS POR EL JUEZ DE DISTRITO EN LA SENTENCIA RECURRIDA."
SEXTO.-Estudio. Precisado lo anterior, esta Segunda Sala advierte que los agravios antes sintetizados son infundados.
El precepto 119 de la Ley de Amparo, de cuya inconstitucionalidad se duele el recurrente, dispone:
"Artículo 119. Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, salvo que esta ley disponga otra cosa.
"La documental podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional haga relación de ella en la audiencia y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado.
"Las pruebas testimonial, pericial, inspección judicial o cualquier otra que amerite desahogo posterior, deberán ofrecerse a más tardar, cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia.
"Este plazo no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas en el plazo referido, por causas no imputables a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. En estos casos, el plazo para el ofrecimiento de tales pruebas será el señalado para la audiencia constitucional, tomando como indicador la nueva fecha señalada para la audiencia.
"Para el ofrecimiento de las pruebas testimonial, pericial o inspección judicial, se deberán exhibir original y copias para cada una de las partes de los interrogatorios al tenor de los cuales deberán ser examinados los testigos, proporcionando el nombre y en su caso el domicilio cuando no los pueda presentar; el cuestionario para los peritos o de los puntos sobre los que deba versar la inspección. No se admitirán más de tres testigos por cada hecho.
"Cuando falten total o parcialmente las copias a que se refiere el párrafo anterior, se requerirá al oferente para que las presente dentro del plazo de tres días; si no las exhibiere, se tendrá por no ofrecida la prueba.
"El órgano jurisdiccional ordenará que se entregue una copia a cada una de las partes para que puedan ampliar por escrito, en un plazo de tres días, el cuestionario, el interrogatorio o los puntos sobre los que deba versar la inspección, para que puedan formular repreguntas al verificarse la audiencia."
El artículo transcrito, en las porciones que le causan agravio a la parte quejosa, establece que las pruebas testimonial, pericial, inspección judicial o cualquier otra que amerite desahogo posterior, deberán ofrecerse a más tardar, cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia.
Aclara la disposición, que dicho plazo no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que se trate de hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas, por causas no imputables a su descuido o negligencia dentro del procedimiento, casos en que el plazo será el establecido para la audiencia constitucional, tomando como indicador la nueva fecha que se señale.
De las iniciativas, dictámenes y discusiones por parte de las Cámaras de Senadores y Diputados, referentes a la Ley de Amparo vigente, no se advierte referencia expresa a las razones que llevaron a establecer el texto del artículo 119 -salvo una reserva que proponía un texto distinto, la cual no fue admitida a discusión-; empero, de su contenido puede advertirse que es resultado de la integración de diversas interpretaciones por parte de este Alto Tribunal relativas al artículo 151 de la Ley de Amparo abrogada, el cual era de contenido muy similar a aquel precepto legal.(4)
Tal es el caso de la contradicción de tesis 25/93, fallada por el Pleno de este Alto Tribunal, en sesión de siete de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, de la cual derivó la siguiente jurisprudencia P./J. 7/96: "PRUEBAS PERICIAL, TESTIMONIAL Y DE INSPECCIÓN JUDICIAL EN EL AMPARO. SU OFRECIMIENTO DESPUÉS DEL DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA."(5)
El criterio al que se hace referencia atendió, por un lado, al principio de expeditez del procedimiento de amparo, al considerar que si las pruebas no se ofrecían con la anticipación exigida ya no podrían ofrecerse con posterioridad por haber precluido ese derecho procesal y, por otro lado, atendió también al debido respeto de la garantía de defensa de la parte oferente, conforme al cual ésta, para gozar de la oportunidad de ofrecer las pruebas, no sólo debe contar con el plazo de cinco días hábiles antes del señalado para la audiencia constitucional, sin incluir el del ofrecimiento ni el señalado para la celebración de la audiencia, sino, además, se precisa que el plazo empieza a correr a partir de la fecha en que tenga conocimiento del hecho que trate de probar o desvirtuar con las pruebas de que se trata.
Por tanto, se determinó que cuando la parte oferente ya hubiera tenido conocimiento del hecho o situación cuya certeza trataba de probar o desvirtuar con tiempo anterior al término señalado en el artículo 151 de la abrogada Ley de Amparo, tomando como referencia la audiencia inicial, ya no podría válidamente ofrecerlas en el periodo posterior porque había precluido su derecho por el abandono de la conducta procesal exigida.
No obstante, se exceptuaron los casos en que el oferente no tuviera conocimiento del hecho con la oportunidad legal suficiente para ofrecer las pruebas, supuesto en el que sí podría proponer legalmente los medios de convicción con posterioridad a la primera fecha de la audiencia, respetando siempre el término legal, sólo que tomando como indicador la segunda fecha señalada para la audiencia del juicio.
Como se dijo, aun cuando tal criterio se refiere a la interpretación del artículo 151 de la Ley de Amparo abrogada, resulta coincidente y plenamente aplicable a lo que prevén los párrafos tercero y cuarto del artículo 119 de la Ley de Amparo vigente,(6) en el sentido de que el plazo para ofrecer las pruebas no puede ampliarse tratándose de hechos conocidos, exceptuando los casos antes referidos.
Ahora bien, como se precisó, el recurrente se duele de la inconstitucionalidad del artículo 119, tercer y cuarto párrafos, de la Ley de Amparo, por ser violatorio de los artículos 1o., 14 y 17 constitucionales, al limitar la admisión de la prueba pericial en el juicio de garantías a la circunstancia de que el ofrecimiento se realice a más tardar cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, sin importar que ésta se difiera, lo cual -afirma- atenta contra las garantías de audiencia, debido proceso y justicia completa, así como del principio pro persona, por no dar oportunidad de ofrecerlas con posterioridad a tal diferimiento.
No asiste razón al recurrente.
Conforme a lo previsto por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho de audiencia consiste en la defensa de que dispone todo gobernado frente a actos que tiendan a privarlo de sus derechos, y se integra, a su vez, con cuatro elementos específicos de seguridad jurídica, que son:
a) Que en contra de la persona a quien se pretenda privar de alguno de los bienes jurídicos tutelados por la disposición constitucional, se siga un juicio;
b) Que el juicio se sustancie ante tribunales previamente establecidos;
c) Que en el juicio se observen las formalidades esenciales del procedimiento; y,
d) Que el fallo respectivo se dicte conforme a las leyes existentes con anterioridad al hecho.
Al respecto, resulta conveniente tener en cuenta lo sostenido por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, de rubro siguiente: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO."(7)
En términos de la jurisprudencia transcrita, los cuatro requisitos que se señalan -la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas en que se finque la defensa; la posibilidad de alegar y el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas- constituyen, en sí mismos, parte del derecho fundamental de audiencia y no se pueden dar uno aislado del otro, porque son los elementos esenciales e insubstituibles que conforman el marco de actuación de las autoridades, de forma que cuando cualquiera de ellos se ve afectado o se omite, se violenta, en esencia, el principio de seguridad jurídica que tutela la Constitución.
En ese sentido, las formalidades esenciales del procedimiento son aquellas que resultan necesarias e indispensables para garantizar una adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo, de tal suerte que su omisión o infracción produzca indefensión al afectado, o lo coloque en una situación que afecte gravemente su defensa.
El recurrente aduce, en una parte sus agravios, que se sitúa en el segundo de los requisitos enunciados; es decir, que el artículo 119 de la Ley de Amparo en vigor, le impide la oportunidad de ofrecer pruebas aun cuando la audiencia constitucional se hubiere diferido.
Al respecto, cabe precisar que el derecho de audiencia se constituye no sólo frente a las autoridades judiciales y administrativas que en todo caso deben ajustar sus actos a las leyes aplicables, sino también frente a las legislativas que están obligadas a cumplir el mandato constitucional, consignando en sus leyes los procedimientos necesarios para que se escuche a los interesados y se les dé la oportunidad de defenderse en todos aquellos casos en que puedan resultar afectados sus derechos, lo que significa que las leyes que expidan deben establecer los mecanismos de defensa u oposición al potencial acto privativo.
En esa línea de pensamiento, la garantía de audiencia se hace efectiva a los gobernados, a través de leyes secundarias que deben respetar los principios mencionados. Entonces, cada ordenamiento debe establecer cómo satisfacer la garantía de audiencia del destinatario de la ley, para que éste se encuentre en posibilidad de defenderse antes de que se lleve a cabo un acto privativo en su perjuicio, sin que ello implique que puedan excederse en el marco previsto por la propia garantía individual.
Ahora bien, una adecuada y oportuna defensa requiere -en todo procedimiento previo al acto privativo- de las etapas procesales referidas, independientemente de la materia de que se trate y de la autoridad ante la cual se ventile.
Estas etapas se desarrollan a través de formas, requisitos o actos específicos, tales como notificaciones, emplazamientos, términos para contestar o para oponerse a las pretensiones de privación, plazos para ofrecer pruebas, modo de desahogarlas y valorarlas, y conviene precisar que estas formas o requisitos pueden variar en los diferentes juicios o procedimientos, según el acto de privación de que se trate, siempre que resulten razonables y proporcionales para satisfacer plenamente la oportunidad de defensa del afectado. En el caso concreto de la garantía de defensa, en relación con la actividad probatoria, debe apuntarse que ésta se ha traducido en el otorgamiento de una serie de facultades en favor de las partes en un juicio, entre las que destacan:
a) Que se conceda un término probatorio suficiente.
b) Que se propongan medios de prueba.
c) Que los medios de prueba sean admitidos.
d) Que la prueba admitida sea practicada.
e) Que la prueba practicada sea valorada.
Por su parte, el artículo 119 de la Ley de Amparo vigente, en el aspecto controvertido por la parte recurrente, prevé que en el caso de las pruebas pericial, testimonial o de inspección judicial, deben ofrecerse a más tardar cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia; plazo que no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que se trate de hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas, por causas no imputables al descuido o negligencia dentro del procedimiento, supuesto en que el plazo será el señalado para la audiencia constitucional, pero tomando como indicador la nueva fecha de la audiencia.
Cabe destacar que el artículo 107, fracción VII, de la Constitución establece las bases para la procedencia y tramitación del amparo indirecto, de donde se desprende que la intención del Constituyente fue que el juicio de amparo fuera un procedimiento sumario en el q
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26494-0ab2c249/pruebas-pericial-testimonial-o-de-inspeccion-judicial-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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