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Modo: Corpus Pro

ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS DENTRO DE PROCEDIMIENTO. EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, AL EXCLUIRLOS PARA QUE PUEDAN IMPUGNARSE EN EL JUICIO EN CUALQUIER TIEMPO, VULNERA EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD, POR TANTO, EN CUMPLIMIENTO A LA OBLIGACIÓN DE PROMOVER, RESPETAR, PROTEGER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS, CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 1o. CONSTITUCIONAL, LOS TRIBUNALES DEBEN INAPLICARLO AL DETERMINAR EL PLAZO PARA PROMOVER LA DEMANDA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 246/2013. · Registro digital (IUS): 24788
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2014-01-24
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, Pág. 2907.

AMPARO EN REVISIÓN 246/2013. 7 DE NOVIEMBRE DE 2013. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: MA. DEL PILAR NÚÑEZ GONZÁLEZ. PONENTE: CARLOS HINOSTROSA ROJAS. SECRETARIO: ALEJANDRO BALTAZAR CHÁVEZ.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Estudio. Los agravios que hace valer el recurrente son parcialmente fundados, aunque suplidos en su deficiencia, de conformidad con lo que dispone el numeral 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo.(11)

En efecto, el Juez de Distrito decretó el sobreseimiento del juicio de amparo promovido por el quejoso **********, en contra de la resolución de fecha uno de abril de dos mil trece, dictada por el Juez Quinto de Primera Instancia Penal del Estado de Querétaro, en la que se le revocó el beneficio de suspensión a prueba del procedimiento penal, bajo el argumento de que lo hizo fuera del plazo genérico de quince días que para tal efecto se prevé en el artículo 17 de la Ley de Amparo, razón por la cual estimó actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, del propio ordenamiento legal.(12)

Criterio del que difiere este Tribunal Colegiado de Circuito, ya que en sesión de fecha diecinueve de septiembre de dos mil trece, se resolvió por mayoría de votos de este propio tribunal la queja número 64/2013, en donde sostuvo:

"... La Juez de Distrito desechó de plano la demanda de amparo que promovió el quejoso contra la resolución de veintiséis de abril de dos mil trece, que confirmó el auto de formal prisión dictado en su contra por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo calificado, bajo el argumento de que lo hizo fuera del plazo genérico de quince días que para tal efecto se prevé en el artículo 17 de la Ley de Amparo, razón por la cual estimó actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, del propio ordenamiento legal.

"Con tal determinación, la Juez Federal inobservó la obligación consignada en el tercer párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; pues la fracción IV del artículo 17 de la Ley de Amparo, al excluir la impugnación del auto de formal prisión en el juicio de amparo, del plazo privilegiado ahí consignado, vulnera el principio de progresividad que rige el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en particular el acceso a la justicia constitucional, razón por la cual su contenido en cuanto restringe ese plazo, debió ser inaplicado oficiosamente por la Juez de Distrito al proveer sobre la demanda de amparo.

"En efecto, mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, se modificó el título del capítulo I de la Constitución que antes se denominaba ‘De las garantías individuales’ para llamarse ‘De los derechos humanos y sus garantías’; con lo que no sólo se cambió su denominación, sino el concepto jurídico que se tenía de ‘garantías’ como sinónimo de derechos, para hacerse una distinción entre ‘derecho humano’ y sus ‘garantías’ entendidas ahora ya no como derecho sino como restricciones al poder público para la protección de los derechos.

"En concordancia con ello, en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(13) se dispuso que en el territorio nacional todas las personas gozarían de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forme parte;(14) de igual forma, se incorporó a la Constitución el principio de interpretación pro persona que consiste en interpretar las normas relativas a los derechos humanos favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia;(15) por último, se impuso a todas las autoridades la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.(16)

"En relación con la citada reforma, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el expediente varios 912/2010 derivado de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla Pacheco contra nuestro país, determinó que las sentencias que emita dicho órgano internacional son obligatorias si el Estado hubiese sido parte en el litigio, y son orientadoras si deriva de sentencias en donde el Estado Mexicano no intervino como parte.(17)

"Por otro lado, nuestro Máximo Tribunal determinó que procedía en México el control de convencionalidad ex officio, lo que implica que los Jueces deben preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario establecidas en cualquier norma interior. En otras palabras los órganos jurisdiccionales están obligados a no aplicar una norma que contravenga derechos humanos, por supuesto, sin realizar una declaración de validez sobre la misma, ya que ello está reservado a los medios de control constitucional.

"El parámetro de análisis de este tipo de control que deberán ejercer todos los Jueces del país, se integra de la manera siguiente:

"• Todos los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal,(18) así como la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación.

"• Todos los derechos humanos contenidos en tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte.

"• Criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecidos en las sentencias en las que el Estado Mexicano haya sido parte, y criterios orientadores de la jurisprudencia y precedentes de la citada Corte, cuando el Estado Mexicano no haya sido parte.

"Esta posibilidad de inaplicación por parte de los Jueces del país en ningún momento supone la eliminación o el desconocimiento de la presunción de constitucionalidad de las leyes, sino que, precisamente, parte de esta presunción al permitir hacer el contraste previo a su aplicación.

"De este modo, este tipo de interpretación por parte de los Jueces presupone realizar tres pasos:

"a) Interpretación conforme en sentido amplio. Ello significa que los Jueces del país, al igual que todas las demás autoridades del Estado Mexicano, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

"b) Interpretación conforme en sentido estricto. Ello significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los Jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que hace a la ley acorde a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos.

"c) Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles. Ello no afecta o rompe con la lógica del principio de división de poderes y del federalismo, sino que fortalece el papel de los Jueces, al ser el último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte.

"Así pues, actualmente existen dos grandes vertientes dentro del modelo de control de constitucionalidad en el orden jurídico mexicano que son acordes con un modelo de control de convencionalidad en los términos apuntados:

"En primer término, el control concentrado en los órganos del Poder Judicial de la Federación con vías directas de control: acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparo directo e indirecto.

"En segundo término, el control por parte del resto de los Jueces del país en forma incidental durante los procesos ordinarios en los que son competentes, esto es, sin necesidad de abrir un expediente por cuerda separada.

"Las consideraciones anteriores, se reflejan en los criterios P. LXVII/2011(9a.), P. LXVIII/2011 (9a.), P. LXIX/2011 (9a.) y P. LXX/2011 (9a.), que dicen:

"‘CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD. (Se transcribe texto). De conformidad con lo previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no solo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio pro persona. Estos mandatos contenidos en el artículo 1o. constitucional, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011, deben interpretarse junto con lo establecido por el diverso 133 para determinar el marco dentro del que debe realizarse el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial, el que deberá adecuarse al modelo de control de constitucionalidad existente en nuestro país. Es en la función jurisdiccional, como está indicado en la última parte del artículo 133 en relación con el artículo 1o. constitucionales, en donde los Jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior. Si bien los Jueces no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados (como sí sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución), sí están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores dando preferencia a las contenidas en la Constitución y en los tratados en la materia.’(19)

"‘PARÁMETRO PARA EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.’ (se transcribe texto).

"‘PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.’ (se transcribe texto).

"‘SISTEMA DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO.’ (se transcribe texto).

"También así deriva, de la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 1a./J. 18/2012 (10a.), que dice:

"‘CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 10 DE JUNIO DE 2011).’ (Se transcribe texto).

"En este orden, atento a la reforma al artículo 1o. constitucional de diez de junio de dos mil once, todos los órganos jurisdiccionales tienen no sólo la facultad, sino la obligación de verificar la congruencia entre las leyes locales y los derechos humanos consagrados en la Constitución y los tratados internacionales suscritos por México, realizando la confrontación correspondiente de manera oficiosa, e incluso de considerarlas inconvencionales, están facultados para inaplicar la norma ordinaria que sea contraria a los derechos humanos; obligaciones estas últimas que corresponden con mayor intensidad a los Jueces cuya función es la tutela de la regularidad constitucional de los actos de autoridad y cuya obligación primordial es garantizar el respeto a los derechos humanos consignados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales, como es la Juez de Distrito y este Tribunal Colegiado de Circuito en el marco de su competencia, aun cuando la parte demandante del amparo o recurrente no lo hubiere hecho valer.

"Ahora, en cumplimiento de esas obligaciones, debe destacarse que en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(20) se establece el derecho de acceso a la justicia, conforme al cual cuando alguna persona vea conculcado alguno de sus derechos, puede acudir ante los tribunales a fin de que se le administre justicia conforme a los términos y plazos que establezcan las leyes, la cual deberá ser pronta, completa, imparcial y gratuita.

"La tutela jurisdiccional efectiva es un derecho fundamental de la persona para defender a través de un proceso jurisdiccional sus derechos sustantivos, y comprende los siguientes derechos:

"- Derecho de acceso a la justicia; es la posibilidad de acudir a los órganos jurisdiccionales.

"- Derecho a un proceso con las garantías mínimas; entendido como el derecho al debido proceso.

"- Derecho a una resolución fundada en derecho; y

"- Derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales.

"El derecho de acceso a la justicia se satisface no por el mero hecho de que algún recurso jurisdiccional esté previsto en la legislación del Estado, sino que ese recurso debe ser efectivo en la medida en que el justiciable, de cumplir con los requisitos justificados constitucionalmente, pueda obtener una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos cuya tutela jurisdiccional ha solicitado.

"Al respecto es aplicable, el criterio 2a./J. 192/2007, del tenor siguiente:

"‘ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.’ (se transcribe texto).

"Además, la impartición de justicia debe sujetarse a los plazos y términos que fijen las leyes, es decir, la regulación de los respectivos procedimientos jurisdiccionales, deben garantizar a los gobernados un efectivo acceso a la justicia, por lo que los requisitos o presupuestos que condicionan la obtención de una resolución sobre el fondo de lo pedido deben encontrarse justificados constitucionalmente, lo que sucede, entre otros casos, cuando tienden a generar seguridad jurídica a los gobernados que acudan como partes a la contienda, o cuando permiten la emisión de resoluciones prontas y expeditas, siempre y cuando no lleguen al extremo de hacer nugatorio el derecho cuya tutela se pretende.

"Asimismo, si bien conforme al artículo 17 constitucional, el legislador cuenta con la facultad exclusiva de fijar los plazos y términos en que debe impartirse la justicia, y por ese motivo puede restringir esa prerrogativa fundamental, ello es siempre y cuando la limitación o restricción tenga como fin lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan y, además, esas restricciones deben encontrar sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; tal como se estableció en las jurisprudencias P./J. 113/2001 y 1a./J. 42/2007, que dicen:

"‘JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUELLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe texto).

"‘GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.’ (se transcribe texto).

"Además, conforme a lo previsto en el tercer párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades, entre ellas la legislativa, tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; razón por la cual, al expedir las normas procesales que regulen el acceso a los medios de defensa, el legislador debe garantizar el derecho de acceso a la jurisdicción, entre otros, conforme al principio de progresividad.

"El referido principio implica tanto gradualidad como progreso; la primera, se refiere a que la efectividad de los derechos no va a lograrse de una vez y para siempre, sino que se trata de un proceso que supone definir metas a corto, mediano y largo plazo; en tanto que el progreso patentiza que el disfrute de los derechos siempre debe mejorar. Por tanto, la progresividad requiere del diseño de planes para avanzar hacia el mejoramiento de las condiciones de los derechos mediante el cumplimiento de dichos planes.

"Como consecuencia del principio de progresividad, se encuentra la prohibición de regresividad, que indica que una vez logrado el avance en el disfrute de los derechos, el Estado no podrá, salvo en ciertas circunstancias, disminuir el nivel alcanzado. Este principio debe observarse en las leyes, políticas públicas, decisiones judiciales y, en general, en toda conducta estatal que afecte derechos. Se trata de un análisis sustantivo sobre las decisiones estatales; es decir, que los contenidos asignados a su actividad no decrezcan lo ya logrado en cuanto al contenido y alcance del derecho. Se trata de evaluar a quién beneficia la medida, a quién perjudica, en qué medida cumple el derecho y, en su caso, cómo lo amplía. De disminuir su alcance en alguna forma estaremos frente a una regresión prohibida.

"Ahora, en el artículo 22, fracción II, de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, en relación con el plazo para promover el juicio de amparo contra actos que afectaran la libertad personal, como el auto de formal prisión, se establecía que podía promoverse en cualquier tiempo, pues disponía:

"‘Artículo 22. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior:

"‘I. Los casos en que a partir de la vigencia de una ley, esta sea reclamable en la vía de amparo, pues entonces el término para la interposición de la demanda será de treinta días.

"‘II. Los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales.

"‘En estos casos la demanda de amparo podrá interponerse en cualquier tiempo. ...’

"Así pues, en su libertad de configuración normativa, al regular el derecho de acceso a la justicia constitucional tratándose de actos que afectaran la libertad personal, el legislador federal estableció una tutela especial al considerar que el juicio de amparo podía promoverse en cualquier tiempo; precepto respecto del cual la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que protegía los valores fundamentales del ser humano como son la vida, la libertad o la integridad personal y que precisamente en función de esa relevancia no debían quedar sujetos a requisitos de temporalidad tratándose del juicio de amparo.

"Lo anterior así se desprende, entre otros, de los criterios P./J. 13/96, 1a./J. 11/97, 1a./J. 101/2012 (10a.), 1a./J. 17/2013 (10a.) y 1a./J. 3/2013 (10a.), que dicen:

"‘ARRESTO. LA LEY QUE LO ESTABLECE COMO MEDIDA DE APREMIO, PUEDE SER COMBATIDA TANTO CON MOTIVO DEL PROVEÍDO EN QUE SE APERCIBE CON SU IMPOSICIÓN, COMO CON MOTIVO DEL AUTO EN QUE SE ORDENA HACERLO EFECTIVO.’ (se transcribe texto).

"‘AUTO DE SUJECIÓN A PROCESO. DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA. PUEDE INTERPONERSE EN CUALQUIER TIEMPO.’ (se transcribe texto).

"‘AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL AFECTAR TEMPORALMENTE LA LIBERTAD DEL INCULPADO SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.’ (se transcribe texto).

"‘ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. AL AFECTAR INDIRECTAMENTE LA LIBERTAD PERSONAL DEL PROCESADO O SENTENCIADO, LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA CONTRA AQUELLA PUEDE PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 22, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO.’ (se transcribe texto).

"‘AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. PUEDE PROMOVERSE EN CUALQUIER TIEMPO CONTRA LA SENTENCIA CONDENATORIA POR LA QUE SE IMPONE UNA PENA DE PRISIÓN, NO OBSTANTE QUE ESTA HUBIERA SIDO COMPURGADA.’ (se transcribe texto).

"No obstante esa regulación privilegiada del acceso a la justicia constitucional tratándose de actos que afectaran la libertad personal, entre ellos el auto de formal prisión; en el artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor se restringió dicha prerrogativa, pues se estableció como excepción al plazo genérico de quince días tratándose de actos que afecten la libertad personal, solo cuando dicha afectación se dé fuera de un procedimiento, pues en éste se dispone:

"‘Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:

"‘I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días;

"‘II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años;

"‘III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados;

"‘IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.’

"De la confrontación del texto de la fracción II del artículo 22 de la Ley de Amparo abrogada, y la fracción IV del artículo 17 de la Ley de Amparo en vigor, se advierte que este último restringe la tutela privilegiada del acceso a la justicia constitucional cuando se involucra el derecho a la libertad personal, pues con anterioridad a su vigencia, el juicio de amparo podía promoverse en cualquier tiempo con independencia de que esa afectación se diera dentro o fuera de un procedimiento, en tanto que en la norma vigente, sólo cuando la afectación no provenga de un procedimiento judicial.

"Luego, de un análisis inicial puede afirmarse que el artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, no respeta el principio de no regresividad de los derechos, ya que disminuyó el nivel de protección dado al acceso a la justicia constitucional, en lo que toca al plazo, tratándose de actos que afecten la libertad personal.

"Sin embargo, dado que ningún derecho fundamental es absoluto, sino que todos admiten restricciones; debe analizarse si esa restricción es constitucionalmente válida.

"Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que las restricciones a un derecho no pueden ser arbitrarias, sino que para que sean constitucionalmente válidas, deben satisfacer al menos los siguientes requisitos:

"a) Estar prevista en ley formal y material, dictada en razón del interés general o público, en aras de garantizar los diversos derechos de igualdad y seguridad jurídica (requisitos formales);

"b) Ser admisibles dentro del ámbito constitucional, esto es, el legislador ordinario solo puede restringir o suspender el ejercicio de los derechos fundamentales con objetivos que puedan enmarcarse dentro de las previsiones de la Carta Magna (requisito material);

"c) Ser necesarias para asegurar la obtención de los fines que fundamentan la restricción constitucional, es decir, no basta que la restricción sea en términos amplios útil para la obtención de esos objetivos, sino que debe ser la idónea para su realización, lo que significa que el fin buscado por el legislador no se pueda alcanzar razonablemente por otros medios menos restrictivos de derechos fundamentales (requisito material); y,

"d) Ser proporcional, esto es, la medida legislativa debe respetar una correspondencia entre la importancia del fin buscado por la ley, y los efectos perjudiciales que produce en otros derechos e intereses constitucionales, en el entendido de que la persecución de un objetivo constitucional no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida a otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos (requisito material).

"Lo anterior así se advierte, de los criterios 1a./J. 2/2012 (9a.) y 1a. CCXV/2013 (10a.), que dicen:

"‘RESTRICCIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. ELEMENTOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE TOMAR EN CUENTA PARA CONSIDERARLAS VÁLIDAS.’ (se transcribe texto).

"‘DERECHOS HUMANOS. REQUISITOS PARA RESTRINGIRLOS O SUSPENDERLOS CONFORME A LOS ARTÍCULOS 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 30 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.’ (se transcribe texto).

"Ahora, la restricción al derecho al acceso a la justicia constitucional tratándose de afectaciones a la libertad personal dentro de procedimiento judicial, está prevista en el artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo (requisito formal); además de que la limitación al plazo para el acceso a un medio de defensa es admisible dentro del ámbito constitucional (requisito material), pues conforme al segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho de acceso a la justicia debe ejercerse dentro de los plazos y en los términos que fije el legislador ordinario.

"Sin embargo, la restricción de mérito no cumple con el resto de los requisitos que para su validez constitucional requiere la limitación de un derecho a que antes se hizo alusión.

"Ello, pues en el proceso de creación de la norma el legislador no expuso cuál fue el objetivo de la restricción que estableció, ni por qué ésta sería útil para la consecución de aquél, de ahí que ni siquiera pueda someterse la limitación del derecho a un test de proporcionalidad.

"En efecto, en la iniciativa de reforma presentada por diversos grupos parlamentarios de senadores, el quince de marzo de dos mil once, se expuso en relación con los plazos para promover el juicio de amparo en materia penal, y se propuso como texto del artículo 17, lo siguiente:

"‘... Plazos de promoción del juicio de amparo.

"‘El tema relativo a los plazos de promoción del juicio de amparo es de suma importancia, pues se modifican por completo los supuestos de la ley en vigor. En términos generales se busca ampliarlos, lo cual resulta paradójico con el sentir general de que es necesario lograr la más pronta tramitación y resolución de los juicios. La ampliación obedece, sin embargo, a razones mucho más complejas e instrumentales que la rápida tramitación por virtud de la disminución de los plazos.

"‘Debe sostenerse que una correcta impartición de justicia requiere de una colaboración amplia y constante entre el juzgador y las partes, debido a que son estas las que, en principio, presentan los argumentos y fijan los hechos y puntos de derecho sobre los que aquel habrá de resolver. En ese sentido, existen argumentos de peso para considerar la ampliación de los plazos que rigen el juicio de amparo. La Comisión coincidía con las mismas preocupaciones, por ello explica que ampliar los plazos permite otorgar el tiempo necesario que haga factible que las partes preparen con mayor cuidado y calidad la exposición de los argumentos en que basan sus pretensiones. Lo anterior logrará que la calidad de los litigios se eleve y, con ello, se facilite la función del juzgador sobre los puntos de derecho que habrá de resolver. Asimismo, la ampliación de los plazos, no solo para la presentación de la demanda sino de aquellos establecidos para la tramitación del juicio, permitirá un cabal acceso a la justicia y que la calidad de ésta se incremente>. Éstas son razones contundentes que soportan la intención de ampliar los plazos.

"‘En cuanto a los plazos en lo particular, la regla general consistió en aumentarlo de quince a treinta días y se establecieron como excepciones las siguientes: de cuarenta y cinco días tratándose del amparo contra normas generales autoaplicativas; de dos años naturales cuando se trate de sentencias condenatorias en un proceso penal o de actos de privación de los derechos agrarios, y en cualquier tiempo, cuando se trate de ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional y la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales.

"‘Además de la simple ampliación de los plazos, la innovación más relevante tiene que ver con las sentencias condenatorias en materia penal. La razón de su previsión es, ante todo, por el hecho de que en el país han cambiado las circunstancias que hacían necesaria su falta de fijación, sobre todo en lo que hace a la dificultad de obtener defensor o contar con las defensas adecuadas en el juicio de amparo. En adelante, se contará con un plazo de dos años naturales para la promoción de amparo, mismo que se estima más que suficiente para permitir una debida defensa pero, también, para lograr una adecuada definición sobre la situación de las partes sometidas a un proceso penal.

"‘...

"‘Plazos

"‘<Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de am

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24788-01d93dd5/actos-que-afectan-la-libertad-personal-dictados-dentro · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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