AMPARO INDIRECTO. PLAZO PARA PROMOVERLO CONTRA ACTOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO PENAL QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL, DICTADOS A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, EN CUMPLIMIENTO A UNA EJECUTORIA DE AMPARO ANTERIOR.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS DEL VIGÉSIMO NOVENO CIRCUITO. 21 DE ABRIL DE 2015. UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS FERNANDO HERNÁNDEZ PIÑA, ANÍBAL LAFRAGUA CONTRERAS, JOSÉ GUADALUPE SÁNCHEZ GONZÁLEZ, GUILLERMO ARTURO MEDEL GARCÍA Y MIGUEL VÉLEZ MARTÍNEZ. PONENTE: ANÍBAL LAFRAGUA CONTRERAS. SECRETARIO: JAVIER VARGAS BRITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. El Pleno del Vigésimo Noveno Circuito, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo vigente; 41-Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, 3, 9, 10, 17, 23, 26 y 27 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, vigente a partir del primero de marzo de dos mil quince, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero del mismo año, toda vez que se trata de una denuncia de contradicción de tesis entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primer y Segundo del Vigésimo Noveno Circuito.
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 227, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, toda vez que fue formulada por un Juez de Distrito con sede en Pachuca, Hidalgo, cuya resolución motivó uno de los criterios considerados contrastantes por los aludidos Tribunales Colegiados de Circuito.
TERCERO.-Criterios contendientes. A fin de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es útil transcribir los razonamientos sostenidos por los órganos colegiados que la motivaron.
I. El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, el diez de octubre de dos mil trece, al resolver el amparo en revisión penal **********, de su registro, interpuesto por **********, por conducto de su defensor particular, en contra de la resolución de veinticinco de junio de dos mil trece, concluida el veintiocho siguiente, recaída en el juicio de amparo indirecto **********, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, sustentó las consideraciones siguientes:
"... CUARTO.-Los agravios hechos valer son infundados, sin que se advierta deficiencia que suplir de conformidad con lo establecido en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, de acuerdo con las siguientes consideraciones.-En efecto, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, en el caso concreto sobreseyó en el juicio de garantías (sic), por considerar se actualiza la causa de improcedencia prevista en el diverso numeral 61, fracción XIV, en relación con el numeral 17, ambos de la propia ley.-Así lo estimó, al precisar, los actos de autoridad que tengan como finalidad o efecto inmediato una afectación a la libertad personal, pueden reclamarse en cualquier tiempo mediante el juicio de amparo, siempre y cuando se hayan emitido fuera de procedimiento, el cual, en materia penal, inicia con la denuncia o querella en la averiguación previa y termina con la consumación de la ejecución de la pena que la autoridad judicial llegara a imponer.-En este sentido indicó, si el auto de formal prisión está comprendido dentro de las etapas que conforman el procedimiento penal, pese a que afecta la libertad personal del individuo, no puede considerarse emitido fuera de procedimiento, por lo que para ese acto rige la regla genérica contenida en la primera parte del artículo 17 de la Ley de Amparo.-Bajo este panorama, el Juez de Distrito señaló, en el caso concreto el plazo aludido feneció el dieciséis de mayo de dos mil trece, en tanto la demanda fue presentada el veinte del mismo mes y año, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, por lo que resulta extemporánea, decretando el sobreseimiento en el juicio de conformidad con lo establecido en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo.-En contra de las anteriores determinaciones, se esgrime, en síntesis: El Juez de Distrito al realizar el cómputo para la presentación de la demanda tomó como punto de partida la notificación del nuevo auto de término constitucional que se efectuó el veinticuatro de abril de dos mil trece; sin embargo, en esa fecha no existía certeza ni definitividad respecto de ese nuevo auto, pues incluso el Juez ordenó dar vista al quejoso respecto de ese nuevo acto por acuerdo de veintiséis de abril de dos mil trece.-Por ende, el Juez Federal bien pudo haber resuelto el incumplimiento de la ejecutoria y ordenar se emitiera otro auto de plazo constitucional, hipótesis en la cual de haberse promovido demanda de amparo se hubiera sobreseído, o en aras de la economía procesal el quejoso tendría que haberse desistido de la misma.-Ante esa incertidumbre el Juez no podía sobreseer en el juicio, máxime que el quejoso está en un inminente peligro de la libertad.-El Juez tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo referida hasta el trece de mayo de dos mil trece, fecha en que adquirió certidumbre el auto de bien preso reclamado y es a partir de ésta, cuando debe comenzar a computar el plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente.-Como se adelantó, los resumidos agravios son infundados.-En efecto, del análisis de los autos del expediente de amparo indirecto de origen, se desprende que el aquí recurrente promovió el juicio el veinte de mayo de dos mil trece, según consta en el sello de recibo de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, y en la papeleta respectiva (fojas 1 y 2).-Esto es, instó la acción constitucional dentro de la vigencia de la nueva Ley de Amparo (a partir del tres de abril), publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de esta anualidad, según se establece en el artículo primero que dice: ‘PRIMERO.-La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.’.-Por ende, tal y como lo consideró el Juez Federal, en la especie resulta aplicable al quejoso el citado ordenamiento legal.-Asimismo, se advierte el recurrente señaló en su demanda como acto reclamado, el auto de formal prisión de veintitrés de abril de dos mil trece, pronunciado por el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tizayuca, Hidalgo, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de lesiones dolosas y abuso de autoridad, cometidos en agravio el primero de **********, y el segundo, de la administración pública, en la causa penal **********, y su ejecución.-Resolución de plazo constitucional que le fue notificada de forma personal, el veinticuatro de abril de dos mil trece, (foja 486 de la causa penal).-En este contexto, como lo refirió el Juez de Distrito, la oportunidad de la presentación de la demanda de amparo indirecto debió sujetarse al término genérico de quince días dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, que establece: ‘Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.’.-Del precepto transcrito, se aprecia que en el primer párrafo, se prevé la regla general sobre la presentación de la demanda de amparo, el cual dispone que será de quince días.-Asimismo, ninguna de las fracciones del numeral en cita contempla, expresamente, el plazo para la promoción de la demanda de garantías (sic) contra el auto de formal prisión.-Al respecto, en las fracciones que contiene dicho precepto, se fijan las excepciones a la citada regla general; en el caso que interesa, la fracción IV prevé que se podrá presentar la demanda de amparo en cualquier tiempo, cuando: 1. El acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional; y,-2. Se trate de la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales.-Del contenido de dicha disposición, se advierte el legislador estableció, como excepción a la regla general de los quince días para la promoción del juicio de garantías (sic), entre otros, la circunstancia de que el acto reclamado implique ataques a la libertad personal, pero lo condicionó a que esta afectación tenga que llevarse a cabo fuera de procedimiento.-Es decir, si bien en la fracción IV del numeral 17 de la nueva Ley de Amparo, se reitera la excepción de que la demanda de amparo se podrá presentar en cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique ataques a la libertad personal; empero, a diferencia del numeral 22, fracción II, de la Ley de Amparo abrogada, en la nueva ley se establece la condición de que dicho acto debe ser fuera de procedimiento.-Por tanto, el auto de formal prisión reclamado no queda comprendido dentro de la excepción establecida en dicha disposición (fracción IV del numeral 17), ya que fue emitido dentro de un procedimiento penal; esto es, la etapa de preinstrucción, en términos del artículo 2o., fracción II, párrafo segundo del Código de Procedimientos Penales para el Estado, que establece: ‘Artículo 2o. El procedimiento penal ordinario que regula este Código, comprende los siguientes períodos: ... II. El de averiguación procesal, que a su vez se subdivide en preinstrucción e instrucción. El primero comprende del auto de radicación a la resolución que decide la situación jurídica del inculpado en el plazo constitucional de setenta y dos horas o, en su caso, de la prórroga del mismo, a partir de que esté se encuentre a disposición del Juez. Tiene por objeto la realización de las actuaciones que permitan determinar los hechos materia del proceso, la clasificación de éstos conforme al tipo penal aplicable y la probable responsabilidad, para decretar el auto de procesamiento que corresponda; o bien en su caso, decretar la libertad del inculpado por falta de elementos para procesar, o la resolución que legalmente proceda ... .’.-Atento a lo anterior, el auto de plazo constitucional impugnado emana del procedimiento penal mencionado, por ende, no se actualiza la excepción contenida en la fracción IV del artículo 17 de la Ley de Amparo, pues para ello se requiere que el acto reclamado implique ataques a la libertad personal pero fuera de procedimiento.-En mérito de ello, el Juez de Distrito estuvo en lo correcto al aplicar el artículo 17 de la nueva Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece.-Por ende, si el auto de plazo constitucional reclamado se notificó el veinticuatro de abril de dos mil trece, notificación que surtió sus efectos en la referida data, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59 del Código de Procedimientos Penales para el Estado, que dice: ‘Artículo 58. Los plazos son improrrogables y empezarán a correr desde el día siguiente al de la fecha de la notificación, salvo los casos que este Código señale expresamente. No se incluirán en los plazos los días inhábiles, a no ser que se trate de rendir el inculpado su declaración preparatoria o de resolver su situación jurídica constitucional dentro del plazo de setenta y dos horas o de la prórroga del mismo, en su caso. Cuando este Código no señale plazo específico para la práctica de una actuación judicial o para el ejercicio de un derecho, se tendrá por señalado el de tres.’.-Por tanto, el término de quince días para impugnar el auto de formal prisión recurrido, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo, transcurrió a partir del día hábil siguiente de que surtió efectos su notificación; es decir, del veinticinco de abril al dieciséis de mayo de dos mil trece.-Sin contarse por inhábiles los días veintisiete y veintiocho de abril, uno, cuatro, cinco, once y doce de mayo de la presente anualidad, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 19 de aquella codificación y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.-En este sentido, si la demanda de amparo se presentó el veinte de mayo de dos mil trece, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, resulta extemporánea.-En las relatadas circunstancias, al advertirse la extemporaneidad en la presentación de la demanda de garantías (sic), fue correcto el Juez Federal estimara la actualización de la causal de improcedencia a que se contrae la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, que en su parte conducente, establece: ‘Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos...’.-Lo anterior así se afirma, dado que la falta de oportunidad en la presentación del escrito de demanda, como se expresa en dicho dispositivo, indica su consentimiento. Por ende, fue correcto sobreseyera en el juicio, conforme lo dispone el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo.-Ahora, no puede estimarse que la circunstancia de que se haya dado vista al quejoso con el cumplimiento del amparo que previamente le fue concedido, interrumpa el término de la presentación de su demanda de garantías (sic), pues el propio quejoso reconoce que a éste sí le fue notificado el auto de formal prisión reclamado; por tanto, en su contra corrió a partir de su notificación el plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la presentación de su demanda.-Máxime que en el artículo 18 de la Ley de Amparo, inclusive se prevé que los plazos a que se refiere el artículo anterior, se computarán a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación, conforme a la ley del acto, o aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del mismo, sin que haga alusión, como pretende interpretar el quejoso, a que el término deberá correr, una vez el nuevo auto de formal prisión quedara firme.-En mérito de lo analizado, ante lo infundado de los agravios, y sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir, lo procedente es confirmar en sus términos el fallo sujeto a revisión y sobreseer en el juicio de garantías (sic).
II. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, en sesión de treinta y uno de octubre de dos mil trece, al emitir ejecutoria en la queja penal **********, de su índice, interpuesta por **********, contra el auto de diecinueve de agosto de dos mil trece, dictado por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, dentro del juicio de amparo indirecto **********, sustentó las siguientes consideraciones:
"TERCERO. El auto de diecinueve de agosto de dos mil trece, textualmente dice: ‘Pachuca, de Soto, Hidalgo, diecinueve de agosto de dos mil trece.-Vista la demanda de garantías (sic) promovida por **********, contra actos del Juez Segundo Penal del Distrito Judicial de Pachuca, Hidalgo, y otras autoridades, que hace consistir en la orden de aprehensión decretada en su contra, así como su ejecución.-Fórmese juzgado (sic), quedando registrado bajo el número **********.-Con fundamento en lo dispuesto en el artículo primero del Decreto Promulgatorio Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, en relación con el artículo primero transitorio de aquel numeral, el presente juicio se tramitará bajo las reglas establecidas en la nueva Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.-Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, se desecha de plano la demanda de amparo, al advertirse que en el caso, respecto del acto reclamado, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el 17, ambos de la Ley de Amparo vigente, en virtud de que el quejoso consintió tácitamente el referido acto.-Al caso encuentra apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número XVII.2o. J/11, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, enero de 1999, página 648, Novena Época, que dice: «DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.»-Los citados artículos 17, 18, 19 y 61, fracción XIV, de la ley de la materia son del tenor literal (sic) siguiente: «Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.».-«Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.».-«Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor.».-«Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.-No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso.-Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquel al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad.-Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento ... .».-De los preceptos antes transcritos, se desprenden los lineamientos básicos en cuanto a la oportunidad para la presentación de la demanda de amparo, siendo la regla genérica el término de quince días hábiles, los cuales deben comenzar a computarse a partir de tres momentos, a saber: a) Desde el día siguiente a aquel en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución reclamada.-b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución.-c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor del acto o su ejecución.-En el entendido que de no promoverse el juicio de amparo en dicho término, se reputará consentido el acto de que se trate. Sin embargo, existen diversas hipótesis de excepción, las cuales se encuentran contenidas en las cuatro fracciones del artículo 17, de la Ley de Amparo, pues en esos casos el término será de treinta días, ocho años o siete años, incluso en cualquier tiempo.-De manera que, cuando el acto reclamado consista en una norma general autoaplicativa o en un proceso de extradición, la parte quejosa cuenta con treinta días para acudir a la tutela constitucional.-En cambio, en materia penal, las únicas excepciones al plazo de quince días, se actualizan cuando se trate de una sentencia definitiva condenatoria, en cuyo caso el amparo podrá promoverse dentro del plazo de ocho años; y, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas, alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional o la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacional, supuestos en los que el amparo podrá promoverse en cualquier tiempo.-Por último, en los supuestos específicos de la materia agraria, el plazo será de siete años.-En ese contexto, atendiendo al sentido de la norma legal invocada, es claro que las oportunidades legales para la incoación del juicio de amparo, son las establecidas de manera específica por el legislador federal, por lo que en atención al principio lógico supremo de tercero excluido, si algún acto de autoridad no se encuentra específicamente previsto en cualquiera de las porciones normativas que integran el artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para acudir a la tutela constitucional siempre será el genérico de quince días.-Cabe aclarar, que este juzgador de amparo no soslaya que, anteriormente, durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, en el segundo artículo transitorio del decreto por el que se expide la nueva Ley de Amparo, publicado el dos de abril de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación, la promoción del juicio de amparo en los casos en que el acto reclamado afectara la libertad personal del individuo, podía verificarse en cualquier tiempo, en términos de lo dispuesto en el artículo 22, fracción II, de la ley de la materia.-De esta norma, derivaron muchos criterios jurisprudenciales, conforme a los cuales, partiendo de la inexistencia de límites temporales para la promoción del juicio constitucional, en todos los casos en que el acto reclamado afectara directa o indirectamente la libertad personal, el amparo también podía pedirse en cualquier tiempo.-Sin embargo, al tenor de las disposiciones de la nueva Ley de Amparo, la regla apuntada ya no rige más que para aquellos casos en que el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas, alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional o la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacional, dentro de los cuales no se encuentra la orden de aprehensión y el auto de formal prisión.-Sobre esto último, conviene apuntar que los actos de autoridad que tengan como finalidad o efecto inmediato una afectación a la libertad personal, pueden reclamarse en cualquier tiempo mediante el juicio de amparo, siempre y cuando se hayan emitido fuera de procedimiento, el cual, en materia penal, inicia con la denuncia o querella en la averiguación previa y termina con la consumación de la ejecución de la pena que la autoridad judicial llegara a imponer.-En ese sentido, si la orden de aprehensión y el auto de plazo constitucional se encuentran comprendidos dentro de las etapas que conforman el procedimiento penal mexicano, cuyo modelo anterior a las reformas constitucionales de dos mil ocho, continúa vigente en esta entidad, es evidente que, pese a que afectan la libertad personal del individuo, no pueden considerarse emitidos fuera de procedimiento, motivo por el cual, para esos actos, rige la regla genérica contenida en la primera parte del artículo 17 de la Ley de Amparo, conforme a la cual, la acción constitucional debe ejerce
se dentro del plazo de quince días.-Además, se reitera, contra actos de esa naturaleza el amparo ya no puede promoverse en cualquier tiempo, como ocurría anteriormente, porque el legislador ha plasmado su voluntad en el sentido de establecer de manera específica las oportunidades para la incoación del juicio de amparo, de acuerdo a la naturaleza y efectos de los actos de autoridad, tan es así que, en materia penal, pese a la posible afectación de la libertad, en los casos de sentencia condenatoria, impuso como límite del ejercicio de la acción de amparo el de ocho años, dejando únicamente sin límites temporales los supuestos a que alude la fracción IV, del artículo 17 de la Ley de Amparo.-Bajo estas reflexiones, si en el caso a estudio el acto reclamado consiste en la orden de aprehensión dictada el diecinueve de julio de dos mil trece, en la causa penal **********, del índice del Juzgado Segundo Penal del Distrito Judicial de Pachuca, Hidalgo, dicho acto, por haberse emitido dentro del procedimiento penal, debe ceñirse a la regla genérica de promoción del juicio de amparo, es decir, al plazo de quince días.-Ahora, del escrito de cuenta, se advierte que **********, manifiesta bajo protesta de decir verdad que la orden de aprehensión reclamada le fue notificada el veinticuatro de julio de dos mil trece.-La mencionada notificación tiene la presunción de ser válida, pues no es combatida, impugnada o desvirtuada por el promovente. Además, de acuerdo con el artículo 7, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, los actuarios de los juzgados tienen fe pública en el ejercicio de sus funciones, de ahí que dicha notificación tiene la presunción legal de ser real.-Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia I.6o.C. J/17 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, 77, mayo de mil novecientos noventa y cuatro, página 56, que establece: «NOTIFICACIÓN. VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES DE LOS ACTUARIOS.».-Entonces, de acuerdo con el artículo 17, de la Ley de Amparo, el término para la interposición de la demanda de amparo debe iniciar a computarse desde el día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del acto reclamado, conforme a la ley que lo rige, dato que deriva de la propia confesión del demandante del amparo.-Tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 27/96 del Tribunal Pleno, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, página 57, que establece: «DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVÓ EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO.».-En ese sentido, el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Hidalgo, no contempla expresamente el momento preciso a partir del cual surten efectos las notificaciones que se practiquen conforme a dicha legislación.-Es por ello, que se debe acudir a la regla que establece el artículo 59 de dicho ordenamiento, conforme a la cual los plazos son improrrogables y empezarán a correr desde el día siguiente al de la fecha de la notificación.-Luego, si la orden de aprehensión reclamada, según la confesión del quejoso, fue notificada el veinticuatro de julio de dos mil trece, entonces el término para la presentación de la demanda de amparo inició al día hábil si
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25740-3263ea9b/amparo-indirecto-plazo-para-promoverlo-contra-actos-dentro · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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