DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. MOMENTO EN EL QUE INICIA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO SE RECLAMA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN EMITIDA EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO.
AMPARO EN REVISIÓN 766/2017. 10 DE MAYO DE 2018. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: DAVID GUSTAVO LEÓN HERNÁNDEZ. PONENTE: MARCO ANTONIO GUZMÁN GONZÁLEZ. SECRETARIO: JUAN CARLOS HERRERA GARCÍA.
CONSIDERANDO:
SEXTO.—Causa de improcedencia.
No procede estudiar los agravios expresados, ni la sentencia recurrida, debido a que se advierte la existencia de una causa de improcedencia no apreciada por la Juez de Distrito, ni fue invocada por alguna de las partes, la cual se examina oficiosamente, con fundamento en el artículo 93, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor, por ser una cuestión de orden público y de análisis preferente, en términos del artículo 62(8) de la citada ley reglamentaria.
En efecto, la causa de improcedencia advertida se encuentra prevista en el numeral 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo en vigor, que establece:
"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:
"...
"XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.—No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. ..."
Ahora, de los preceptos 17 y 18(9) de la ley de la materia, se advierte que el término para promover el juicio de amparo es de quince días, el cual se computa a partir de:
1. El día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acto que se reclama, de acuerdo con la ley que rige el acto reclamado;
2. El día siguiente al en que el quejoso tenga conocimiento de los actos o su ejecución o;
3. Al día siguiente a aquel en que se hubiese ostentado sabedor del mismo.
De ahí que de no promoverse el juicio de amparo dentro del término antes señalado, éste será improcedente, dada su extemporaneidad.
Cabe destacar que si bien el presente asunto se trata de un acto que pudiera ser de aquellos que afecten la libertad personal de los quejosos y que la Ley de Amparo abrogada, en su artículo 22, fracción II, en lo que interesa, establecía que respecto de los actos de esa naturaleza el juicio de amparo podía promoverse en cualquier tiempo; sin embargo, la nueva Ley de Amparo no contempla tal excepción, tratándose de actos que ataquen la libertad personal dentro del procedimiento judicial, pues en su artículo 17, fracción IV, se establece dicho beneficio sólo cuando el acto reclamado implique ataques a la libertad personal fuera de procedimiento.
Máxime que del análisis de la exposición de motivos que originó la nueva ley de la materia, se aprecia que el legislador, al proponer los plazos para la promoción del juicio de amparo, nada expuso sobre alguna excepción tratándose de dichos actos.
Así, la resolución reclamada proviene de un procedimiento judicial, pues fue emitida por el Juez responsable en la causa penal **********, en la cual libró orden de aprehensión en contra de los aquí recurrentes, por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de daños y, por ello, no opera la causa de excepción prevista en el invocado normativo 17, fracción IV, de la ley de la materia.
Además, cabe señalar que del informe justificado rendido por el Juez responsable (foja 22 del expediente de amparo), se advierte que la orden de aprehensión reclamada fue emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo pronunciada en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, en el expediente 2032/2015.
En efecto, del informe justificado rendido por la Juez responsable, se aprecia que convino en que el nueve de febrero de dos mil diecisiete, libró orden de aprehensión en la causa penal **********, en contra de los ahora inconformes, en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo 2032/2015, del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, promovido por los mismos quejosos.
Y, del expediente relativo al juicio de amparo indirecto 2032/2015, del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, remitido por la titular de dicho órgano jurisdiccional, en cumplimiento a lo solicitado en auto de veinte marzo de dos mil dieciocho (fojas 50, 54 y 55 del toca), y que se tiene a la vista como hecho notorio para este órgano colegiado,(10) en términos del artículo 88(11) del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su precepto 2o., se advierte que mediante diverso proveído de trece de febrero de dos mil diecisiete, el a quo ordenó dar vista a las partes con el oficio por el cual la Juez responsable remitió copia certificada de la orden de aprehensión reclamada, en cumplimiento a la ejecutoria, cuyo proveído fue notificado al autorizado de los quejosos, el catorce de febrero de dos mil diecisiete (fojas 376 y 377 del expediente de amparo 2032/2015).
Con base en lo hasta aquí expuesto, para determinar el cómputo del plazo para promover el amparo en este caso particular, se debe estar a la primera de las reglas que se detallaron anteriormente, esto es, en el caso, el plazo para presentar la demanda en contra del acto que se emitió en cumplimiento de una sentencia de amparo, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso, del acuerdo que tiene por recibido el informe de la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento de la sentencia concesoria del amparo, y ordena dar vista al quejoso con el mismo, porque a través de ello adquirió el conocimiento necesario para promover el nuevo juicio de amparo indirecto en contra del nuevo acto reclamado dictado en cumplimiento a la ejecutoria de amparo.
Ello es así, pues de las constancias remitidas se aprecia que el auto por el cual se les dio vista con la resolución reclamada se notificó a los quejosos el martes catorce de febrero de dos mil diecisiete, por conducto de su autorizado legal **********, quien fue designado por el representante común, esto es, por **********, como se advierte del auto inicial (fojas 3, 9 y 111 del expediente relativo al juicio de amparo indirecto 2032/2015), en el domicilio que señalaron para recibir notificaciones (fojas 376 y 377 del expediente de amparo 2032/2015).
A continuación, se inserta la imagen relativa a la notificación de que se trata.
Ver imagen relativa a la notificación
Por tanto, tomando en cuenta esta última fecha como punto de partida del cómputo, es evidente que su escrito de demanda es extemporáneo, toda vez que el plazo previsto en el numeral 17 de la Ley de Amparo vigente, comenzó a computarse a partir del día siguiente al en que surtió efectos dicha notificación, por lo que el plazo para presentar la demanda de amparo empezó a contarse a partir del jueves dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, y feneció el miércoles ocho de marzo del mismo año, descontándose los días dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de febrero, así como cuatro y cinco de marzo de dicha anualidad, por ser considerados días inhábiles por ser sábados y domingos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo.
De donde se sigue que, si el escrito original de demanda de amparo fue presentado el lunes trece de marzo de dos mil diecisiete, como se advierte del sello fechador que aparece en el margen superior de la primera página de la demanda de amparo (foja 3 del expediente de amparo), es extemporánea y, por ende, el acto reclamado del Juez responsable, se consintió tácitamente.
Cabe señalar que en el caso no se actualiza alguno de los supuestos de excepción que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo en vigor, puesto que los quejosos:
• No reclamaron una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición;
• Tampoco la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión;
• No se trata de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; y,
Menos aún, se trata de actos que implicaran peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.
Ello es así, pues, como se indicó, la orden de aprehensión reclamada no se encuentra en alguno de los casos de excepción ya referidos.
Además, dicha resolución combatida fue emitida dentro de un procedimiento penal, cuando ya no estaba vigente la anterior legislación de amparo, que permitía la promoción del juicio de amparo en cualquier tiempo; por tanto, los disidentes estaban obligados a ceñirse al término de quince días para la promoción del juicio de amparo, conforme a la ley de la materia en vigor.
En efecto, tratándose de actos privativos de la libertad personal dictados dentro de un procedimiento judicial, son impugnables en cualquier tiempo, sólo aquellos emitidos y notificados durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada (hasta antes del tres de abril de dos mil trece) y que al entrar en vigor la nueva (a partir del tres de abril de dos mil trece), no hubieren sido impugnados en amparo.
Se invoca en apoyo, la tesis de jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente:
"AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal."(12)
Aunado a ello, es dable tomar en consideración que el plazo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo.
En ese sentido se pronunció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2015 (10a.), que es del tenor siguiente:
"DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se sigue que el plazo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo, ya que ese supuesto no está previsto en las disposiciones legales apuntadas y, por tanto, no constituye una salvedad a la regla general para el cómputo del plazo establecido en la ley para presentar la demanda respectiva."(13)
Y, dicha tesis de jurisprudencia se sustentó en la ejecutoria cuyos razonamientos torales a continuación se transcriben:
"...39. De lo anterior se sigue que la Ley de Amparo prescribe como referente para iniciar el cómputo respectivo el momento en el cual, el quejoso tiene noticia del acto reclamado, bien sea por la notificación de este último o porque el propio quejoso tiene conocimiento o se ostenta sabedor del mismo o de su ejecución –supuestos que deben estar plenamente acreditados en el expediente respectivo–, con la única salvedad de aquellos casos en que se reclame una norma general autoaplicativa, en que el plazo respectivo comenzará a partir del día de su entrada en vigor.
"40. Por tanto, en la Ley de Amparo no se estableció una excepción para el cómputo del plazo tratándose de actos emitidos en cumplimiento de sentencias federales que concedieron la protección constitucional, sin que, a juicio de este Tribunal Pleno, resulte posible considerar que en ese supuesto opere una salvedad a la regla general, ya que el legislador federal no lo previó de esa forma.
"41. Siendo esto así, es posible concluir que también en esos casos el plazo transcurre a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación al quejoso del acto reclamado emitido en cumplimiento del fallo protector o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del mismo o de su ejecución, lo que es acorde con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo; sin que pueda tomarse como referencia para iniciar el correspondiente cómputo la notificación de la resolución que tiene por cumplido el fallo protector o la fecha en que el quejoso tiene conocimiento de esta última o se ostenta sabedor de la misma, en razón de que ello sería contrario al texto expreso de la ley.
"42. Desde esta perspectiva, resulta intrascendente el que exista la posibilidad de que en los hechos, la resolución por la que se tenga por cumplido el fallo protector se llegue a emitir ya fenecido el plazo para la presentación de la nueva demanda de amparo, puesto que en la ley no se estableció una excepción a la regla general en tal supuesto.
"43. Cierto es que podría darse el caso de que, de las constancias agregadas en autos, se desprenda que el quejoso no tuvo conocimiento del acto reclamado, sino hasta que se llevó a cabo el procedimiento de cumplimiento de la sentencia de amparo o, incluso, hasta que se dictó el auto de cumplimiento respectivo; sin embargo, también en ese supuesto hipotético el referente para realizar el cómputo del plazo para la presentación de la demanda lo será el conocimiento del acto reclamado y no así del auto de cumplimiento propiamente.
"44. Cabe reiterar que el artículo 18 de la Ley de Amparo, se funda en un principio de conocimiento de los actos reclamados y desarrolla a través de tres supuestos la forma de computar el plazo para solicitar el amparo, en la inteligencia de que, en el caso que nos ocupa, dichos supuestos deberán entenderse referidos, no a las resoluciones por las que el juzgador de amparo tenga por cumplida su sentencia protectora (auto de cumplimiento), sino a los actos emitidos en cumplimiento de dicha sentencia de amparo por la autoridad responsable. Consecuentemente, una interpretación en la que se asumiera que el plazo a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, debe computarse a partir del día siguiente al en que el quejoso adquiere conocimiento de la resolución que tiene por cumplida la sentencia de amparo, es decir, tomando como referente un supuesto no previsto en el artículo 18 del mismo ordenamiento, traería consigo, como consecuencia, alterar el contenido de esa norma jurídica –cuya racionalidad descansa en el conocimiento del acto reclamado–, ampliando, sin tener fundamento legal para ello, los plazos establecidos por el legislador democrático.
"45. Así, desde el momento en que se actualice la hipótesis que corresponda del artículo 18 de la Ley de Amparo –la cual, se insiste, debe estar acreditada plenamente en autos–, la parte agraviada está en aptitud de formular conceptos de violación en su contra, ya que es cuando adquiere conocimiento del acto reclamado. Circunstancia que de ninguna forma deja al quejoso en estado de indefensión, en tanto no se le impide promover el juicio constitucional, ni mucho menos acudir a algún otro medio de defensa en vía de ejecución de la sentencia federal, tal como puede ser el recurso de inconformidad, en caso de que el órgano de amparo dicte la resolución en la que tenga por cumplido el fallo protector y el quejoso considere que no es así, o bien, la denuncia de repetición del acto reclamado, cuando estime que la autoridad responsable ha incurrido en esta conducta.
"46. Por tanto, este Tribunal Pleno considera que computar el plazo para la promoción del juicio de amparo en contra de un acto emitido en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional a partir de que el quejoso es notificado, tiene conocimiento o se ostenta sabedor del mismo, es acorde con el principio de seguridad jurídica, pues este criterio tiene su fundamento en los referentes normativos determinados de manera general, abstracta e impersonal en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo.
"47. Sin que pueda considerarse que este último criterio deje a los quejosos en estado de indefensión e incertidumbre, puesto que ellos saben cuáles son las posibles violaciones del acto dictado en cumplimiento que pueden combatir en una nueva demanda de amparo desde el momento en que tienen conocimiento del mismo, aun cuando la declaración de cumplimiento del fallo protector sea posterior.
"48. Así las cosas, este Alto Tribunal considera que de la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, se sigue que el plazo para promover la demanda de amparo cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concede la protección constitucional debe computarse a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución. Supuestos que, desde luego, deben quedar plenamente acreditados en el expediente respectivo..."
En el entendido de que conforme a lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo,(14) la regla que rige la notificación del auto por el cual, se tiene a la autoridad responsable, informando al Juez de Distrito, que ya cumplió la ejecutoria, consiste en dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado con dicho informe, para que en el plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga.
Lo que significa que tales constancias quedan en el órgano jurisdiccional para que se impongan de ellas los interesados, sin que dicho precepto legal exija que deba correrse traslado con copia certificada del nuevo acto reclamado, en el caso de que fuera materialmente factible conforme a la naturaleza de tal acto.
En ese sentido, es lógico y jurídico considerar que, conforme a la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2015 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el plazo para presentar la demanda en contra del acto que se emitió en cumplimiento de una sentencia de amparo, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso, del acuerdo que tiene por recibido el informe de la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento de la sentencia concesoria del amparo, y ordena dar vista al quejoso con el mismo.
Ello es así, tomando en consideración que en el caso a estudio, el acto reclamado se trata de una orden de aprehensión y, por ello, es evidente que la autoridad responsable no le notificará la misma a la parte quejosa, por lo que a partir de tal notificación, el quejoso se encuentra en aptitud de comparecer al órgano jurisdiccional a imponerse del acto reclamado y realizar las manifestaciones que a su interés convenga, en torno al cumplimiento de la ejecutoria, o bien, para promover un nuevo juicio de amparo.
Estimar lo contrario, sería tanto como esperar a que el quejoso acuda al Juzgado de Distrito a enterarse del nuevo acto emitido en cumplimiento de la sentencia, para que empiece a correr el plazo de tres días para contestar la vista, o bien, para promover una demanda de amparo pues, como se indicó, en el caso a estudio la autoridad responsable no tiene facultades legales para notificarle la nueva orden de aprehensión.
Al efecto, se invoca en apoyo, en la parte conducente, la tesis de jurisprudencia P./J. 8/2018 (10a.),(15) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el título, subtítulo y texto siguientes:
"DEMANDA DE AMPARO. MOMENTO EN EL QUE INICIA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR SU AMPLIACIÓN, CON MOTIVO DE LA RENDICIÓN DEL INFORME JUSTIFICADO. El artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo incorpora expresamente la figura de la ampliación de la demanda de amparo, para los casos en que no hayan transcurrido los plazos para su presentación, o bien, cuando el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los reclamados en la demanda inicial, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional. Este segundo supuesto se actualiza cuando el quejoso tiene conocimiento de nuevos actos reclamados o autoridades responsables, o la necesidad de presentar conceptos de violación novedosos derivados de la fundamentación y motivación que no se conocía con anterioridad, siempre que exista una estrecha relación con los actos impugnados inicialmente. Ahora, si bien el supuesto es abierto, por lo regular el referido conocimiento deriva directamente de las constancias y del contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. En este caso, el cómputo del plazo para presentar la ampliación de demanda inicia al día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que tiene por recibido el informe justificado y ordena dar vista al quejoso, excepto cuando se acredite plenamente, que antes de la mencionada notificación, éste se ubicó en alguno de los supuestos previstos en el artículo 18 de la Ley de Amparo, esto es, que conoció con anterioridad la materia novedosa, en cuyo caso el cómputo inicia a partir del día siguiente a ese conocimiento; sin que lo anterior esté vinculado con la vista que se otorga a las partes para imponerse del contenido del informe justificado, por ser actos procesales diferentes con finalidades también distintas, esto es, por un lado se encuentra la posibilidad de: (i) ampliar la demanda ante el conocimiento de actos, autoridades o aspectos novedosos relacionados –incorporando a la litis del amparo elementos que no habían sido integrados al juicio y, por ende, es necesario solicitar un nuevo informe justificado, ya sea a la propia autoridad o a una nueva–; y, por otro, (ii) imponerse del contenido del informe justificado respecto de argumentos y pruebas relacionados con el acto reclamado por el que originalmente se admitió la demanda. Una interpretación en la que se asumiera que el plazo para ampliar la demanda debe computarse a partir del día siguiente al del fenecimiento de la vista para imponerse del informe justificado, traería consigo, como consecuencia, alterar el contenido del artículo 18 invocado, ampliando sin fundamento legal los plazos establecidos por el legislador."
Es importante destacar que tal hipótesis de notificación es aplicable, excepto cuando se acredite plenamente que antes de la mencionada notificación, el quejoso conoció de ese nuevo acto emitido en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en cuyo supuesto, el cómputo inicia a partir del día siguiente a ese conocimiento.
No pasa inadvertida la tesis de jurisprudencia P./J. 115/2010,(16) del Pleno del Más Alto Tribunal de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente:
"DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ.—Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar."
De la cual, se advierte que se refiere al supuesto en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado, antes de la notificación, es decir, cuando se actualiza la segunda hipótesis del numeral 18 de la ley de la materia (cuando haya tenido conocimiento del acto reclamado), lo cual no se actualiza en la especie.
Ello es así, pues obra la notificación en el juicio de amparo 2032/2015, del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, del auto por el cual el Juez de Distrito ordenó dar vista a los quejosos con la nueva orden de aprehensión que libró la autoridad responsable en cumplimiento a dicha ejecutoria.
Además, como el acto reclamado consiste en una orden de aprehensión, es evidente que
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27987-f87ca16f/demanda-de-amparo-indirecto-momento-en-el-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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