DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. EL PLAZO PARA SU PRESENTACIÓN CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO PREVIA, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE LA PARTE QUEJOSA GENERA LA CONSTANCIA DE CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY DE AMPARO, RELATIVA A LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DEL ACUERDO CON EL QUE SE LE DA VISTA CON DICHA SENTENCIA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE LA MATERIA.
AMPARO DIRECTO 340/2021. LUIS FERNANDO OSEGUERA TORRES. 20 DE OCTUBRE DE 2022. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: MOISÉS MUÑOZ PADILLA. PONENTE: CLAUDIA MAVEL CURIEL LÓPEZ. SECRETARIO: ROBERTO VALENZUELA CARDONA.
CONSIDERANDO:
CUARTO.—Sobreseimiento del juicio de amparo directo. No es necesario analizar las consideraciones que sustentan la sentencia reclamada ni los conceptos de violación hechos valer en su contra, ya que este Tribunal Colegiado de Circuito considera que resulta extemporánea la presentación de la demanda de amparo y, por ende, procede decretar el sobreseimiento en el juicio, pues el quejoso consintió tácitamente la sentencia reclamada, ya que realizó la promoción del presente juicio de amparo directo fuera del término previsto por la ley de la materia.
En efecto, el contenido de la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo es del tenor literal siguiente:
"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:
"...
"XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.
"No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso.
"Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquel al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad.
"Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento."
Asimismo, los artículos 17 y 18 de la invocada Ley de Amparo prevén:
"Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:
"I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días;
"II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años;
"III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados;
"IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo."
"Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor."
Como se puede ver, la fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia establece como causa de improcedencia de la acción de amparo que el quejoso haya consentido con su silencio los actos que controvierte vía amparo, produciéndose la aceptación desde el momento en que el afectado por el acto de autoridad no actúa para defenderse de aquél, en los términos de la Ley de Amparo, así como dentro de los términos prejudiciales establecidos en la misma, los cuales varían según las características de la litis que se controvierta.
Lo anterior, traído al caso, significa que para el legislador el hecho de que el quejoso no actúe oportunamente en su defensa contra el acto que refuta como violatorio de garantías, implica una muestra inequívoca de consentimiento del acto que reclama, pues para ello tiene que plantear la demanda de garantías dentro del término de quince días previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo antes transcrito.
Cierto, por regla general, la acción de garantías debe ejercerse en el plazo de quince días contados a partir de aquel en que surta efectos, según lo disponga la ley que regule el acto reclamado, la notificación de este último, a partir del en que el gobernado se ostente sabedor de él, o bien, a partir de aquel en que hubiese tenido conocimiento de tal acto.
La razón de limitar de manera temporal el ejercicio de dicha acción es dar seguridad jurídica al gobernado, permitiendo que los actos de autoridad cobren firmeza; no es factible dejar al libre albedrío del gobernado impugnar en el momento que lo desee los actos de autoridad que considere lesivos de su interés jurídico, pues ello redundaría en la inseguridad del orden jurídico, en tanto que si tales actos adquieren eficacia de cosa juzgada quienes, en su caso, se vean beneficiados de ellos, tendrán la certeza que crea su inmutabilidad.
La temporalidad en el ejercicio de la acción de amparo, sin embargo, encuentra excepciones en la ley de la materia en el numeral 17 citado en líneas anteriores, se contemplan plazos más amplios, como lo es el de treinta días, para el supuesto en que a partir de la vigencia de una ley ésta sea reclamable en la vía de amparo; o bien, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; o aquel cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados.
Existe también la posibilidad de que el juicio pueda ser promovido en cualquier tiempo: cuando el acto que se reclame importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro, desaparición forzada de personas o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, o la incorporación forzosa al servicio del Ejército o Armada.
Excepciones todas que el legislador, considerando la especial entidad de la naturaleza del acto reclamado, estableció para que el gobernado afectado por él contara con un margen temporal mayor y, por ende, se le facilitará el acceso a la justicia constitucional.
En el caso concreto, el acto reclamado lo constituye la sentencia definitiva dictada el uno de septiembre de dos mil veintiuno dentro del juicio contencioso administrativo **********, por la Primera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Guadalajara, Jalisco, la cual fue emitida en cumplimiento de la ejecutoria del amparo directo **********, del índice de este Tribunal Colegiado de Circuito, por lo tanto, el plazo para la presentación de la demanda de amparo es el general de quince días a que se refiere el párrafo primero del artículo 17 de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado fue dictado en un juicio contencioso administrativo; de ahí que no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción a que se refiere ese numeral.
Una vez establecido el plazo que aplica al caso particular, para la presentación de la demanda de amparo directo se debe determinar a partir de qué momento inicia el mismo.
Para ese efecto, debe tenerse presente que, como se vio, el arábigo 17 de la Ley de Amparo dispone, como regla general, que el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días y el diverso numeral 18 prevé que el aludido plazo se computará a partir del día siguiente:
• Al en que surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame;
• Al en que haya tenido conocimiento del mismo; o,
• Al en que se haya ostentado sabedor del acto reclamado o de su ejecución.
De lo anterior se infiere que existen tres distinciones para el cómputo del plazo de quince días dentro de los cuales se debe presentar la demanda de amparo; cabe decir que los supuestos mencionados son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno y, por tanto, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de aquellos supuestos.
En el caso particular, cobra especial relevancia el supuesto que establece el artículo 18 de la Ley de Amparo, que prevé que el aludido plazo se computará a partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto reclamado, pues es la hipótesis que a juicio de este Tribunal Colegiado se actualizó en el caso.
Sobre este tópico el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 115/2010,(7) que será citada íntegramente con posterioridad, determinó que conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo abrogada (cuyo texto ahora se encuentra distribuido sustancialmente en los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo vigente), el plazo para promover la demanda de garantías será de quince días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito.
Que esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo y que lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V (175, fracción V, de la ley vigente), del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido.
En congruencia con lo anterior, precisó el Pleno del Alto Tribunal, que si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar.
La jurisprudencia de que se habla es de texto y rubro siguientes:
"DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar."
Precisado lo anterior, en el caso concreto existe prueba fehaciente de que el quejoso ********** tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, esto es, desde el veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, cuando su autorizado ********** ingresó a consultar el expediente electrónico relativo al juicio de amparo directo **********, del índice de este Tribunal Colegiado de Circuito y se notificó de manera electrónica del proveído de veintidós de ese mes y año, a través del cual, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se dio vista al citado quejoso con copia autorizada del citado proveído, del oficio ********** y de la copia certificada de la sentencia aquí reclamada, de fecha uno de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en el juicio contencioso administrativo número **********, con la cual se aludió dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el citado juicio de amparo para el efecto de que dentro del término de diez días manifestara lo que a su derecho conviniera.
En efecto, para poner en evidencia lo anterior, debe decirse que de los autos, resoluciones y constancias que integran el expediente electrónico relativo al juicio de amparo directo **********, del índice de este órgano jurisdiccional, a las cuales se da valor probatorio pleno a su contenido, al tenor de lo dispuesto por los artículos 129 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles(8), de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2o., en relación con el artículo 3, fracción VII,(9) del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se desprende que por acuerdo de presidencia de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el escrito signado por **********, autorizado en amplios términos del quejoso **********, mediante el cual solicita que se autorice la consulta del expediente electrónico, así como la práctica de notificaciones por la misma vía, por lo que toda vez que proporcionó el nombre de usuario (**********) y que el mismo se encontraba registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se autorizó la consulta del amparo directo ********** de marras, a través de la modalidad del expediente electrónico, así como la práctica de notificaciones por la misma vía, en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo.
De ahí que a partir de esa fecha, su autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo tenía acceso al expediente electrónico relativo al juicio de amparo directo **********, del índice de este Tribunal Colegiado, así como para la práctica de notificaciones electrónicas.
Asimismo, se advierte de dicho expediente electrónico, que por acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno la presidencia de este Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito tuvo por recibido el oficio **********, suscrito por el Magistrado de la segunda ponencia en suplencia del Magistrado presidente y la secretaria de Acuerdos, ambos adscritos a la Primera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mediante el cual remitió copia certificada de la sentencia de uno de septiembre de dos mil veintiuno –aquí reclamada–, dictada en el juicio contencioso administrativo número **********, con la cual se aludió dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo directo **********, razón por la cual, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se dio vista al citado quejoso con copia autorizada de dicha sentencia, para el efecto de que dentro del término de diez días manifestara lo que a su derecho conviniera.
Luego, dicho proveído fue notificado de manera electrónica, ya que fue el propio **********, autorizado en amplios términos del quejoso **********, quien ingresó a consultar el expediente electrónico y se notificó del proveído de referencia, en cumplimiento a la obligación que le impone el primer párrafo de la fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo,(10) razón por la cual, se generó la constancia de consulta a que hace referencia el primer párrafo de la fracción III del artículo 31(11) de la ley de la materia, la cual se inserta a continuación para mayor ilustración:
Ver constancia
Como puede verse del anterior acuse, el veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno el quejoso, por conducto de su autorizado, ingresó al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación a consultar el expediente electrónico relativo al juicio de amparo directo ********** y se notificó del acuerdo de veintidós de ese mes y año, lo que implica que tuvo pleno conocimiento y de forma íntegra de la sentencia de uno de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en el juicio contencioso administrativo número **********, ahora reclamada, pues mediante dicho acuerdo se le corrió traslado con su copia certificada y tal sentencia se encuentra agregada en su totalidad al expediente electrónico relativo a ese juicio de garantías, como puede advertirse de las siguientes capturas de pantalla del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, correspondientes a la primera y última páginas de la sentencia, que de manera ilustrativa se insertan a continuación, dado que su contenido total es de 109 fojas, sin contar el oficio por el que se remitieron a este tribunal: Ver capturas de pantalla
Para mayor claridad de que el documento que se advierte del expediente electrónico se trata de la sentencia de uno de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en el juicio contencioso administrativo número **********, la cual constituye el acto aquí reclamado, a continuación se inserta la imagen digitalizada ampliada de la primera y última páginas de dicha sentencia:
Ver imagen digitalizada 1
En esas condiciones, dado que **********, autorizado en amplios términos del quejoso **********, el veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno ingresó a consultar el expediente electrónico relativo al juicio de amparo directo **********, del índice de este Tribunal Colegiado de Circuito y se notificó de manera electrónica del proveído de veintidós de ese mes y año, a través del cual, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se dio vista al quejoso con copia autorizada del citado proveído, del oficio ********** y, concretamente, con la copia certificada de la sentencia de uno de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en el juicio contencioso administrativo número **********, con la cual se aludió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo de referencia, incontrovertible resulta que en esa fecha tuvo conocimiento pleno de la sentencia reclamada en el presente juicio de amparo, pues al ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación a consultar el expediente electrónico tiene acceso a la totalidad de las constancias que lo integran, por lo que en ese momento tuvo la facilidad de visualizar la sentencia reclamada e, incluso, descargarla en su equipo de cómputo.
En efecto, lo anterior es así, pues de conformidad con el artículo 3o. de la Ley de Amparo(12) la firma electrónica que regula el Poder Judicial de la Federación es el medio de ingreso a su sistema electrónico, como opción para enviar y recibir demandas, promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como para consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales, y producirá los mismos efectos que la firma autógrafa, además, se dispone que el expediente físico y el electrónico deben coincidir íntegramente para la consulta de las partes; de modo que debe entenderse referida al contenido de las constancias que los integran en su totalidad y no sólo los autos o resoluciones emitidas por el órgano jurisdiccional, sino también los oficios, promociones, resoluciones o cualquier otro exhibido al expediente por cualquiera de las partes.
Respecto del expediente electrónico, los artículos 1, 6, 9, 35, 36, 38, 39, 40 y 58 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo,(13) se desprende que mediante el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, las partes podrán promover y acceder a los expedientes electrónicos mediante el uso de la firma electrónica, teniendo la posibilidad de consultar los expedientes electrónicos, siempre y cuando se haya solicitado el acceso al expediente electrónico y que las notificaciones se realicen de manera electrónica y que ésta sea autorizada por las Juezas, Jueces, Magistradas y Magistrados de los órganos jurisdiccionales.
Incluso, del artículo 36 del acuerdo de referencia se desprende que las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico en los asuntos de la competencia del Poder Judicial de la Federación podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél.
Asimismo, de su artículo 58 se desprende que las partes cuya solicitud para recibir notificaciones electrónicas se haya acordado favorablemente, tendrán derecho a consultar por esta vía todos los proveídos que se dicten en lo subsecuente, incluso, el acuerdo que autorice esa solicitud y las constancias relacionadas con éste, desde el momento en que el mismo se ingrese al expediente electrónico.
Por lo tanto, se insiste, si la parte quejosa solicitó el acceso al expediente electrónico relativo al amparo directo **********, así como que las notificaciones derivadas de éste se le practicaran electrónicamente, petición que se acordó favorablemente como quedó evidenciado y existe prueba –concretamente la constancia de consulta a que se refiere la fracción III del artículo 31 de la Ley de Amparo– que demuestra que el veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, **********, autorizado en amplios términos del quejoso **********, ingresó a consultar el expediente electrónico relativo al juicio de amparo directo **********, del índice de este Tribunal Colegiado de Circuito y se notificó de manera electrónica del proveído de veintidós de ese mes y año, a través del cual se dio vista al citado quejoso con la copia certificada de la sentencia de uno de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en el juicio contencioso administrativo número **********, con la cual se aludió dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el citado juicio de amparo, incontrovertible resulta que en esa fecha tuvo conocimiento pleno de la sentencia reclamada en el presente juicio de amparo, pues en el expediente electrónico relativo a dicho amparo directo obra la sentencia aquí reclamada en su integridad.
Cabe señalar que la notificación electrónica implica que las partes estén pendientes de su consulta, lo cual no representa una obligación excesiva que impida el acceso a la justicia; máxime que con la disposición continua del expediente electrónico, al que pueden acceder en cualquier momento del día y éste conformado por todas las constancias que integran el expediente físico, se auxilia a las partes en esta obligación.
Además, la normativa que regula esta forma de notificación, prevista tanto en la Ley de Amparo como en los acuerdos administrativos del Consejo de la Judicatura Federal, genera certeza en los justiciables respecto de su acceso, la forma en que opera ésta y sus consecuencias, por lo que no existe motivo alguno para que las partes incumplan con la carga procesal que válidamente se les impone de consultar el expediente electrónico cuando en el acuerdo que se notifica se da cuenta, como en el caso, de la recepción de la sentencia con que se da cumplimiento a una ejecutoria de amparo.
Bajo esas premisas, no se transgreden los derechos de acceso a la justicia y debido proceso por la circunstancia de que no haya una constancia, como ocurría cuando imperaba el manejo exclusivo del expediente físico y las notificaciones personales en esa modalidad, en la que se asiente que se entregó al justiciable la copia de la aludida sentencia, ya que de la interpretación sistemática y funcional de la regulación que subyace en este nuevo sistema electrónico, se les informa a las partes de que la misma está a su disposición dentro del propio expediente electrónico al que tienen derecho a accesar en el momento que así lo dispongan, por lo que los interesados tienen la certeza de que ahí está a su alcance esa resolución que forma parte de lo que se les notifica.
De manera que las partes tienen el deber de estar atentos a su juicio y la autoridad jurisdiccional a integrar coincidentemente tanto el expediente físico como el electrónico, para su debida consulta por los interesados, lo que permite que se cumplan las debidas formalidades en el procedimiento, incluyendo lo atinente a las debidas notificaciones y traslados; de suerte que, bajo estas circunstancias, no se transgreden los derechos de acceso a la justicia y debido proceso, ya que los justiciables tienen el deber de vigilar la tramitación del juicio de amparo a través de la consulta respectiva no sólo del acuerdo que se notifica, sino de todo aquello que forma parte de éste, como es cualquier constancia, oficio, documento o resolución que hubiera conducido a la emisión del proveído que se comunica, con lo que se le da sentido jurídico y ejecutividad a esta modalidad de notificación prevista legalmente.
Además, cabe destacar que el artículo 39 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, anteriormente reproducido, señala que el acceso otorgado a las partes o a sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos no implicará permisos para notificarse electrónicamente de resoluciones judiciales, salvo que se hubiere solicitado expresamente autorización para recibir notificaciones electrónicas y la misma se haya acordado favorablemente, por lo que cuando no esté autorizada la realización de notificaciones electrónicas, la persona específicamente carezca de dicha autorización o si la misma ha sido revocada, la usuaria o usuario podrá consultar los acuerdos y las constancias relacionadas con éste, con posterioridad a que se haya practicado la notificación respectiva.
Lo anterior implica que si bien la implementación del juicio en línea y del expediente electrónico se originó como una herramienta tecnológica que facilita el acceso a la justicia, lo cierto es que también con su implementación se establecieron medidas para no generar desequilibrios o desventajas procesales entre las partes.
En efecto, el citado n
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31157-fbc6f138/demanda-de-amparo-directo-el-plazo-para-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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