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Modo: Corpus Pro

AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 248/2014. · Registro digital (IUS): 25712
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO Y TERCERO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, Pág. 87.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 248/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO Y TERCERO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. 13 DE NOVIEMBRE DE 2014. MAYORÍA DE SEIS VOTOS DE LOS MINISTROS MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, ALBERTO PÉREZ DAYÁN Y JUAN N. SILVA MEZA; VOTARON EN CONTRA ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA Y OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. AUSENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. ENCARGADA DEL ENGROSE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIO: ALFREDO VILLEDA AYALA.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al trece de noviembre de dos mil catorce.

VISTOS; y,

RESULTANDO:

1. PRIMERO.-Mediante oficio ********** de veintiuno de julio de dos mil catorce, el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, hizo del conocimiento a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación la contradicción de criterios entre el sustentado por ese Tribunal Colegiado de Circuito al resolver el recurso de queja ********** y el emitido por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, al fallar el recurso de queja **********.(1)

2. SEGUNDO.-Recibidos los autos, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante proveído de siete de agosto de dos mil catorce, admitió a trámite la denuncia de posible contradicción de criterios, formándose el expediente 248/2014, y solicitó a los tribunales contendientes la información necesaria para la integración de la presente contradicción; por último, se turnó el asunto a la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas para la elaboración del respectivo proyecto de resolución.(2)

3. TERCERO.-Por acuerdo de quince de agosto de dos mil catorce la presidencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se avocó al conocimiento del presente asunto y ordenó que una vez que estuviera debidamente integrado el expediente se enviaran los autos para su estudio y resolución a la señora Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas.(3)

4. CUARTO.-Por oficio **********, de veintiocho de agosto de dos mil catorce, recibido en este Alto Tribunal el cuatro de septiembre siguiente, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, informó que reiteró el criterio emitido en el recurso de queja **********, a que se refiere la contradicción de tesis 248/2014, pero con la variante de que debe desaplicarse del orden jurídico la porción normativa de la fracción IV del artículo 17 de la Ley de Amparo, en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, específicamente en la parte que señala "fuera del procedimiento". Asimismo, remite la ejecutoria dictada en el amparo en revisión **********.

5. QUINTO.-Una vez integrado el presente expediente, el presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por acuerdo de cinco de septiembre de dos mil catorce, ordenó que se enviaran los autos para su estudio y resolución a la ponencia de la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas.(4)

6. Previo dictamen de fecha trece de octubre del dos mil catorce la Ministra ponente solicitó que la presente contradicción se radicara en el Pleno de este Alto Tribunal.

7. Finalmente, por acuerdo del veinte de octubre de dos mil catorce se radicó en el Pleno el expediente de la presente contradicción de tesis.

CONSIDERANDO:

8. PRIMERO.-Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece; y, 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como, en el punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, al haberse suscitado entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes circuitos.

9. Lo anterior con apoyo en el criterio establecido por el Pleno de este Alto Tribunal contenido en la tesis P. I/2012 (10a.),(5) cuyos rubro y texto, son del tenor siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011).-De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo Circuito, y si bien en el texto constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes Circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso Circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo Circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes Circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo Circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes Circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un Circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente Circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente Circuito."

10. SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legitimada, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción II, de la nueva Ley de Amparo, ya que fue formulada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito.

11. TERCERO.-Criterios sustentados en las sentencias materia de la denuncia de contradicción de tesis. La denuncia que dio origen a esta contradicción de tesis, se refiere a sentencias emitidas por los Tribunales Colegiados Segundo en Materia Penal del Sexto Circuito y Tercero del Vigésimo Circuito, al resolver los recursos de queja **********, así como ********** y el amparo en revisión **********, respectivamente, las cuales se transcriben a continuación:

12. 1. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver el recurso de queja **********, interpuesto en contra del auto de diecinueve de febrero de dos mil catorce, emitido dentro del amparo indirecto **********, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla, por el que se desechó la demanda de amparo instaurada en contra del auto de formal prisión notificado el dos de diciembre de dos mil trece, dentro del proceso penal **********.

"SÉPTIMO.-Son infundados los agravios anteriores, sin que se advierta deficiencia en la queja que suplir, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la nueva Ley de Amparo.-El recurrente aduce sustancialmente que le ocasiona agravio el auto combatido, al desechar indebidamente la demanda, porque no se tomó en cuenta la tesis de un Tribunal Colegiado, de rubro: ‘AMPARO INDIRECTO CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. BAJO EL MÉTODO DE INTERPRETACIÓN CONFORME Y LOS PRINCIPIOS PRO PERSONAE Y DE PROGRESIVIDAD, LA DEMANDA PUEDE PRESENTARSE HASTA ANTES DEL DICTADO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).’, y al desecharse la demanda, la responsable restringe la libertad del inculpado con gravísimas consecuencias en el orden moral, social, económico, familiar y jurídico.-Lo anterior es infundado.-En efecto, contrario a lo alegado por el recurrente el acuerdo impugnado se ajustó a derecho, en virtud de que el a quo, desechó la demanda de garantías, al advertir la actualización de la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 17 y 18 del mismo ordenamiento legal, al haberse presentado la demanda en forma extemporánea, esto es, fuera del término de quince días, debido a que: a) El quejoso, respecto al acto reclamado -auto de formal prisión- manifestó: ‘III. Fecha de notificación del acto reclamado: A saber es: Dos de diciembre del dos mil trece’.-b) La demanda de amparo se interpuso el diecinueve de febrero del dos mil catorce.-Entonces resultaba ostensible la extemporaneidad de la demanda de garantías, pues transcurrió en exceso el término genérico de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, para su presentación, lo que es evidente, dado que transcurrieron más de dos meses; por tanto, se surte en la especie un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, previsto por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, al haber consentido tácitamente el quejoso el auto de formal prisión reclamado, puesto que la demanda de garantías fue interpuesta en forma extemporánea.-Dicho artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo vigente, establece: (se transcribe).-Ahora bien, cabe destacar que acorde a las jurisprudencias que enseguida se invocan, se estableció que el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a sus derechos y que si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de diez de junio de dos mil once, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Época: Décima Época, registro digital: 2005717, Primera Sala, jurisprudencia, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Tomo I, febrero de 2014, materia constitucional, 1a./J. 10/2014 (10a.), página 487, ‘PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA.’ (se transcribe).-Décima Época, registro digital: 2005917, Primera Sala, jurisprudencia, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Tomo I, marzo de 2014, materia constitucional, 1a./J. 22/2014 (10a.), página 325, ‘DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL.’ (se transcribe).-Asimismo se precisa que actualmente la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, en su artículo 17, establece como regla general, que el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo las excepciones señaladas en dicho numeral, dentro de las cuales no se encuentra el auto de formal prisión, pues éste no es un acto dictado fuera del procedimiento.-Para comprobar el anterior aserto basta remitirse al artículo 17 de la Ley de Amparo, que textualmente dice (énfasis añadido): (se transcribe).-Así, se advierte la existencia de un plazo general de quince días para la promoción del juicio de amparo, el cual sólo tiene las siguientes excepciones: a) Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. b) Hasta ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. c) Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.-Aquí cabe destacar que la Ley de Amparo que estuvo en vigencia hasta el dos de abril del año en curso, establecía en su artículo 22, fracción II: (se transcribe).-Por lo que conforme a la legislación abrogada, cuando se tratara de ataques a la libertad personal, era posible promover el amparo indirecto en cualquier tiempo.-Sin embargo, en la nueva Ley de Amparo el legislador determinó, al referirse a los ataques a la libertad personal, que éstos deben tener lugar fuera de procedimiento como condición para que el amparo en su contra pueda promoverse en cualquier tiempo. Dicho en otros términos, actualmente la excepción en el plazo aplica únicamente en el supuesto de que el acto reclamado se haya dictado fuera de un procedimiento, ya que de lo contrario debe regir la regla general.-De ahí que si se afecta a la libertad personal de un gobernado dentro de un procedimiento, sea éste penal, civil, laboral o administrativo, el término para promover la demanda de amparo será de quince días, los cuales se computarán desde el día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del acto o resolución que reclame, al en que el quejoso haya tenido conocimiento, o se haya ostentado sabedor de los actos que reclama, término genérico que es el que rige en este juicio.-Además, se precisa que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció, en lo conducente, en la jurisprudencia 45/2014, que el auto de formal prisión, es un acto dictado dentro de un procedimiento judicial.-También cabe destacar que el artículo primero y quinto transitorios de la Ley de Amparo en vigor, en su párrafo segundo prevén: (se transcriben).-Esto es, si bien es cierto que conforme a la Ley de Amparo abrogada el auto de formal prisión podía ser reclamado en cualquier tiempo, también es verdad que con la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo, el tres de abril de dos mil trece, a dicho acto le resultan aplicables los plazos previstos en la nueva legislación y, en el caso particular, la regla general de quince días para presentar la demanda de amparo.-Lo anterior se debe a que la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece fue la normatividad vigente al ejercitar el derecho correlativo, que en el caso consistió en la promoción del juicio de amparo indirecto, pues no debe soslayarse que la vigencia de la ley impone su aplicación desde que se publica, por lo que debe estarse a lo previsto en el artículo 17 de la nueva Ley de Amparo.-Ello es así, pues si el gobernado no cumple con uno de los requisitos formales de admisibilidad establecidos en la propia Ley de Amparo, y la demanda no se presenta dentro del plazo establecido, ello no se traduce en violación a su derecho de acceso a la justicia o que se haga nugatorio su derecho a una adecuada defensa, pues éste debe cumplir con el requisito de procedencia atinente a la temporalidad, por lo que resulta necesario que se haga dentro de los términos previstos para ello, de no ser así, los actos de autoridad que se impugnen y respecto de los cuales no existió reclamo oportuno, se entienden consentidos con todos sus efectos jurídicos.-No es óbice para lo anterior, el argumento del inconforme, respecto a que al desecharse la demanda, se restringe su libertad, con graves consecuencias.-Ese argumento es infundado.-En efecto, como ya se precisó, el acuerdo recurrido no es ilegal por desechar la demanda de amparo, ya que si bien el acto reclamado es restrictivo de la libertad, pero tal particularidad no puede estimarse como una excepción para la procedencia del juicio de amparo.-Ello es así, en tanto la sola sujeción a un plazo para la promoción de la demanda de amparo cuando se controvierte un auto de formal prisión, se justifica en la medida de que la tutela de los derechos del sujeto activo del delito en un proceso penal, no puede llevarse al extremo de desconocer los derechos de las víctimas del delito, menos los derechos tutelados por las normas penales, que condujeron al legislador a sancionar determinadas conductas por infringir bienes valiosos para la vida en sociedad.-De igual manera, debe considerarse que el plazo de quince días concedido para presentar la demanda respecto de los actos que afecten la libertad personal, emitidos dentro de procedimiento penal, es conforme al derecho humano de acceso a la justicia, específicamente al principio de justicia pronta, porque es un lapso razonable para que el gobernado prepare su adecuada defensa.-Al respecto, se reitera, que: La Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, en su artículo 22, fracción II, preveía como excepción al término genérico de quince días para la promoción del juicio de amparo, los actos consistentes en ‘ataques a la libertad personal’, sin calificativo, lo que permitía que en cualquier tiempo se reclamasen actos como la prisión preventiva.-La Ley de Amparo en vigor, en su artículo 17, fracción IV, estableció el término de quince días para el ejercicio de la acción de amparo y, entre las excepciones a éste, incluyó los ‘ataques a la libertad personal fuera de procedimiento’, con lo cual excluyó la posibilidad de reclamar en cualquier tiempo los autos de prisión preventiva, en virtud de ser determinaciones que se emiten dentro de procedimiento.-Además es válido afirmar, que al establecerse un término para la presentación de la demanda de derechos fundamentales en contra de resoluciones que afectan la libertad personal dentro de procedimiento, únicamente se pretende que el juicio de amparo no se convierta en un obstáculo para la adecuada marcha del proceso penal, y que no se haga un uso inmoderado e inadecuado de él, con el afán de retrasar la continuidad y celeridad de dicho proceso, en beneficio del propio inculpado.-Sin dejar de mencionar, que tal circunstancia evidentemente busca limitar la impugnación de la prisión preventiva y otras medidas contra la libertad personal en aras de la celeridad del proceso acusatorio.-En otro contexto, en cuanto a la tesis aislada que invoca el recurrente, del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, de rubro: ‘AMPARO INDIRECTO CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. BAJO EL MÉTODO DE INTERPRETACIÓN CONFORME Y LOS PRINCIPIOS PRO PERSONAE Y DE PROGRESIVIDAD, LA DEMANDA PUEDE PRESENTARSE HASTA ANTES DEL DICTADO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).’, ninguna obligación genera su aplicación para este Tribunal, en términos de lo establecido en el artículo 217 de la Ley de Amparo en vigor."

13. 2. El Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, al resolver:

14. a) El recurso de queja **********, interpuesto en contra del proveído de veintiuno de mayo de dos mil trece, emitido en el juicio de amparo indirecto ********** del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chiapas, por el que desechó la demanda de amparo instaurada en contra del auto de formal prisión dictado el dieciocho de febrero de dos mil trece y notificado el día veinte siguiente, en el que señaló lo siguiente:

"SEXTO.-Estudio de los agravios.-Debe precisarse que no pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado, que aun cuando en el escrito donde el recurrente expone agravios, menciona que interpone recurso de queja, ‘Por defecto en la ejecución de la sentencia que concedió al quejoso, el amparo y protección de la justicia de la unión.’, lo cierto es que, del contenido íntegro, tanto del documento por el cual interpone queja, como del escrito donde formula agravios (fojas **********), se advierte que su inconformidad la encamina a controvertir el auto de veintiuno de mayo de dos mil trece, por el cual, el Juez Quinto de Distrito en el Estado, desechó la demanda de amparo que promovió la quejosa, por considerar que su presentación es extemporánea; incluso, la agraviada transcribe dicho auto en la foja ********** y funda el recurso en lo dispuesto por el artículo 97, fracción I, inciso a), de la nueva Ley de Amparo, que dice: (se transcribe).-De esa guisa, el recurso interpuesto se analizará, en cuanto al desechamiento de la demanda de amparo, decretado por el Juez de Distrito en auto de veintiuno de mayo de dos mil trece (fojas ********** de las copias certificadas del expediente conformado para el amparo indirecto **********), y no por ‘Defecto en la ejecución de la sentencia que concedió al quejoso, el amparo y protección de la justicia de la unión.’, como lo menciona la disidente.-Puntualizado lo anterior, es pertinente señalar que el Juez Federal estimó, en la resolución recurrida, esencialmente, que la acción de amparo se tornó improcedente de manera manifiesta e indudable, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 61, fracción XIV, en relación con el artículo 17, ambos de la Ley de Amparo vigente.-Que el plazo al que todo gobernado debe ajustarse para promover el juicio de amparo, es de quince días contados de la forma que estatuye el artículo 18 de la Ley de Amparo; es decir, a partir del día siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I, del artículo anterior, en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.-Que en la Ley de Amparo vigente, ésta únicamente permite la promoción del amparo, en cualquier tiempo, cuando el acto ataque la libertad personal fuera de procedimiento, lo que excluye a los actos como la orden de aprehensión y el auto de formal prisión, en virtud de que éstos son emitidos dentro de un proceso judicial.-Que dicha disposición revela la intención del legislador federal de limitar los plazos en que se puede promover el juicio de amparo, lo que se corrobora -dijo el resolutor- con el contenido de la fracción II, del mismo numeral, en que se dispone que el amparo contra una sentencia definitiva en materia penal, en que se condene a la parte quejosa la pena de prisión, debe promoverse en un plazo de hasta ocho años.-Por lo que debía desecharse la demanda en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el precepto 17 de dicho ordenamiento.-Por otra parte, la agraviada aduce, medularmente, que como en el caso se trata de un juicio de amparo donde se reclama el auto de formal prisión dictado en su contra el veinte de febrero de dos mil trece, la Ley de Amparo no contemplaba el término de quince días posteriores para promover su demanda, por lo que el Juez Federal debió darle trámite y no desecharla de plano al considerar que es aplicable el término que señala la nueva legislación de amparo, con lo que se le dejó en completo estado de indefensión.-Abunda la recurrente, que debe aplicarse la legislación vigente en la época de los hechos tomando en consideración el principio fundamental de derecho que dice que ante cualquier controversia debe aplicarse la ley que más beneficie al gobernado, por lo que estima, debe revocarse el auto desechatorio y, en su lugar, dar entrada a la demanda de garantías.-Dichos agravios se estiman sustancialmente fundados, suplidos en su deficiencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo vigente, conforme a las consideraciones que en seguida se exponen.-Es dable precisar que en el presente caso, el estudio se realizará en ejercicio del control de convencionalidad, a la luz del método de interpretación conforme en sentido amplio en cuanto a la Norma Nacional Suprema y la aplicada, denominada Ley de Amparo, en función al derecho fundamental de acceso a la jurisdicción y debido proceso legal porque el auto de formal prisión constituye un ataque directo a la libertad personal que como derecho humano es inalienable, por ende, no se desaplicará la norma nacional, menos se declarará su invalidez, empero, se favorece en todo tiempo, a la persona con la protección más amplia sobre el derecho humano de libertad.-Lo anterior, porque acorde con lo dispuesto por el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, vigente a partir del once siguiente, en términos de su tercer párrafo, corresponde a este órgano de control de constitucionalidad, en el ámbito de su competencia, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los diversos principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.-Principios respecto de los cuales se destacan las características siguientes: A) Universalidad. En el preámbulo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de san José), se establece que los derechos humanos son universales porque pertenecen a todos los hombres, a todos por igual, en todo tiempo y lugar; se encuentran de manera innata ligados a la naturaleza del hombre.-B) Interdependencia. Los doctrinarios Luis Daniel Vázquez y Sandra Serrano, en su obra ‘Los Principios de Universalidad, Interdependencia, Indivisibilidad y Progresividad, Apuntes para su Aplicación Práctica’, consultada en la biblioteca virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en las páginas 18, 19 y 21, exponen que los derechos humanos son interdependientes en tanto establecen relaciones recíprocas entre ellos.-La interdependencia, dicen, señala la medida en que el disfrute de un derecho en particular o un grupo de derechos dependen para su existencia de la realización de otro derecho o grupo de derechos.-C) Indivisibilidad. Los mismos autores, en la citada obra, explican que los derechos humanos son indivisibles en la medida en que no deben tomarse como elementos aislados o separados sino como un conjunto, que la indivisibilidad niega toda separación, categorización o jerarquización de los derechos humanos. El aspecto central de este criterio es que los Estados no están autorizados a proteger y garantizar una determinada categoría de derechos humanos en contravención de otra, sino que todos los derechos humanos merecen la misma atención y urgencia, por lo que ‘la existencia real de cada uno de los derechos humanos, sólo puede ser garantizada por el reconocimiento in

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25712-ad3aaed4/amparo-indirecto-el-plazo-para-promover-el-juicio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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