ACTOS PRIVATIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. LOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL DURANTE LA VIGENCIA DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA Y QUE AL ENTRAR EN VIGOR LA NUEVA LEY AÚN NO HABÍAN SIDO COMBATIDOS, SON IMPUGNABLES EN CUALQUIER TIEMPO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 371/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO, SEGUNDO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y SEGUNDO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 28 DE ABRIL DE 2014. MAYORÍA DE NUEVE VOTOS DE LOS MINISTROS ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA EN CONTRA DE LAS CONSIDERACIONES, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ EN CONTRA DE CONSIDERACIONES, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS, ALBERTO PÉREZ DAYÁN Y JUAN N. SILVA MEZA; VOTÓ EN CONTRA: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. AUSENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. SECRETARIA: ROSALÍA ARGUMOSA LÓPEZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintiocho de abril de dos mil catorce.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO. Mediante oficio 203/2013, de cinco de septiembre de dos mil trece,(1) la Juez de Distrito comisionada en el cargo de Magistrada presidenta del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, hizo del conocimiento de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la contradicción de criterios entre los sustentados por ese Tribunal Colegiado, al resolver el recurso de queja 122/2013,(2) y el sostenido por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al fallar el recurso de reclamación 17/2013.(3)
2. SEGUNDO. Recibidos los autos, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante proveído de doce de septiembre de dos mil trece, admitió a trámite la denuncia de posible contradicción de criterios, formándose el expediente 371/2013, solicitó que se elaborara copia certificada de la ejecutoria dictada en el recurso de reclamación 17/2013, del índice del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, agregada en el diverso expediente de contradicción de tesis 366/2013, así como la información necesaria para la integración de la presente contradicción; asimismo, se turnó el asunto a la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas para la elaboración del respectivo proyecto.(4)
3. TERCERO. Por acuerdo presidencial de la Primera Sala, de veinticuatro de septiembre de dos mil trece, se avocó al conocimiento del presente asunto y se ordenó enviar los autos para su estudio y resolución a la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas.(5)
4. CUARTO. Mediante oficio número 64/ST/2013, presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el veintitrés de septiembre de dos mil trece, el Magistrado presidente del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito informó que el criterio sostenido en los recursos de reclamación 17/2013 y queja 32/2013, no ha sido abandonado.
5. QUINTO. Por oficio presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el primero de octubre de dos mil trece, la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas amplió la denuncia de posible contradicción de tesis con los criterios emitidos, por una parte, por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, al resolver el recurso de queja 32/2013 y, por otra parte, el emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 35/2013, del que derivó la tesis aislada de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. TRATÁNDOSE DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN DEBE PRESENTARSE DENTRO DEL PLAZO DE 15 DÍAS, CONFORME A LA NUEVA LEY DE AMPARO, AUN CUANDO SU DICTADO SE HAYA REALIZADO DURANTE LA VIGENCIA DE LA ANTERIOR."(6)
6. Posteriormente, por acuerdo de siete de octubre de dos mil trece, la Secretaría de Acuerdos de la Primera Sala admitió a trámite el escrito y solicitó a los Tribunales Colegiados contendientes relativos, se pronunciaran sobre la vigencia de su criterio y enviaran copia certificada de sus resoluciones, así como el archivo electrónico de éstas.(7)
7. Una vez recibidas las copias certificadas de los criterios sustentados por los órganos jurisdiccionales contendientes, así como el pronunciamiento en el que manifestaron la vigencia de su criterio materia de esta contradicción de tesis, al estar debidamente integrado el expediente, mediante acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil trece, se remitió a la ponencia de la señora Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas.(8)
8. SEXTO. Por oficio SGA-MFEN/235/2014, de veintiuno de enero de dos mil catorce, el secretario de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que, en sesión privada de veinte de enero de dos mil catorce, el Pleno de este Alto Tribunal resolvió por unanimidad de once votos ejercer su competencia originaria para conocer de las contradicciones de tesis 366/2013, 371/2013, 436/2013, 445/2013, 494/2013, 495/2013, 441/2013, 476/2013, 429/2013, 410/2013 y 426/2013, así como del amparo directo en revisión 2866/2013, asuntos en los que subsisten problemas jurídicos relacionados con la forma en que debe computarse el plazo para la presentación de demandas a la luz de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 10, fracciones III y VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el punto segundo, fracciones III y VII, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013.
9. En acatamiento a lo anterior, el presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por acuerdo de veintitrés de enero de dos mil catorce, remitió el expediente de contradicción de tesis a la Subsecretaría General de Acuerdos a fin de que se diera de baja de dicha Sala y cause alta en el Pleno de este Máximo Tribunal.(9)
10. Por acuerdo de veintitrés de enero de dos mil catorce, se radicó en el Pleno el expediente de la presente contradicción de tesis.
CONSIDERANDO:
11. PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece; 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece.
12. Lo anterior, con independencia de que de origen la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de las contradicciones de tesis que deriven de criterios emitidos por Tribunales Colegiados de diverso circuito. En términos de la tesis P. I/2012 (10a.), dictada por el Tribunal Pleno.(10)
13. En el presente asunto es importante destacar que el Tribunal Pleno decidió ejercer competencia originaria para resolver la presente contradicción de tesis y otras relacionadas con la misma temática, respecto a la oportunidad para ejercer la acción constitucional de amparo contra actos que, si bien se dictaron previo al tres de abril de dos mil trece en que entró en vigor la actual Ley de Amparo, la demanda se presentó una vez vigente este ordenamiento.
14. SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legitimada, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, ya que fue formulada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito y ampliada por la Ministra ponente.
15. TERCERO. Criterios sustentados en las sentencias materia de la denuncia de contradicción. La denuncia que dio origen a esta contradicción de tesis, así como su ampliación, se refiere a sentencias emitidas por los Tribunales Colegiados Segundo del Vigésimo Séptimo Circuito, Segundo y Noveno en Materia Penal del Primer Circuito, y Primero del Vigésimo Segundo Circuito, las cuales, se transcriben a continuación:
16. 1. El Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver el recurso de queja 122/2013, en contra del auto de veintinueve de abril de dos mil trece, dictado en el juicio de amparo indirecto 599/2013-I, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, determinó lo siguiente:
"CUARTO. Resultan en parte infundados y en otra, inoperantes los agravios hecho valer. Previamente, importa destacar que, en el caso, el quejoso impugnó en vía de amparo el auto de formal prisión dictado en su contra el diez de marzo de dos mil trece, en la causa penal 65/2013, del índice del Juzgado Penal de Primera Instancia con sede en Cozumel, Quintana Roo, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado. De autos se tiene que el Juez de Distrito adujo que, respecto de la demanda de amparo indirecto promovida por **********, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 de la nueva Ley de Amparo. Según se advierte, el Juez Federal partió de la premisa fundamental de que, para proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, debía estarse a los plazos previstos en el artículo 17 la Ley de Amparo, en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, y no al artículo 21 de la Ley de Amparo abrogada, conforme al quinto transitorio de la norma primeramente citada. Con base en dicho ordenamiento, determinó que el plazo para promover la demanda de amparo contra el acto reclamado (auto de formal prisión), fue el de quince días, y no el previsto en la fracción IV del mencionado artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, pues deriva de un procedimiento judicial donde se brinda la garantía de audiencia al quejoso. Bajo ese contexto consideró que, si la notificación del acto reclamado, de acuerdo a lo señalado por el propio quejoso en su demanda, ocurrió el diez de marzo de dos mil trece, el plazo de quince días para promover la demanda de amparo comenzó a computarse a partir del día hábil siguiente a la entrada en vigor de la Ley de Amparo actual, esto es, el cuatro de abril de dos mil trece, por lo que consideró que transcurrió de dicha fecha al veinticuatro del citado mes y año. Concluyó que, al haberse promovido la demanda de amparo hasta el veintiséis de abril de dos mil trece, esto es, fuera del término de quince días aludido en el artículo 17 de la nueva Ley de Amparo, precluyó el derecho para ello, porque el lapso venció el veinticuatro de abril de dos mil trece, por ende, resolvió desechar la demanda de amparo indirecto, con fundamento en los artículos 61, fracción XIV (sic), en relación con los numerales 17 y 18 de la nueva legislación de la materia. Expuesto lo anterior, como se dijo, son en parte infundados y en otra inoperantes los agravios hechos valer por el recurrente, por lo cual, debe confirmarse el auto que desechó la demanda, aun cuando por diversas razones a las sostenidas por el juzgador federal. En primer término, es inoperante por inatendible el motivo de disenso en el que aduce en relación a que no opera la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece. Esto es así, pues la nueva ley de la materia, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en cuyo transitorio primero, se precisó: ‘La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.’, es decir, que esta normatividad inició su vigencia (y, consecuente con ello, la observancia de sus disposiciones) el tres del mencionado mes del año en curso. Por ende, si como lo destacó el Juez a quo en el auto desechatorio que se impugna, el acto combatido se emitió el diez de marzo de dos mil trece, en tanto que el peticionario de amparo presentó su demanda el veintiséis de abril siguiente, entonces, como se detallará en párrafos posteriores, únicamente resultan aplicables los lineamientos de la nueva legislación y, por tanto, sólo éstos serían susceptibles de infringirse por el Juez de Distrito, de lo que se aprecia inatendible la pretensión de que en el caso no se actualizó la hipótesis de improcedencia contemplada en la ley abrogada. Por otra parte, alega el quejoso que, en el caso, la resolución desechatoria es violatoria del artículo 14 constitucional, al aplicársele una disposición que reduce el plazo para presentar la demanda de amparo en forma retroactiva y en su perjuicio, pues el auto de formal prisión reclamado, el cual se trata de un acto permanente y continuo, le fue dictado el diez de marzo de dos mil trece, y notificado en la misma fecha, esto es, cuando aún no había entrado en vigor la nueva Ley de Amparo, por lo que gozaba del beneficio que le otorgaba la abrogada legislación de la materia, conforme a su artículo 22, fracción II, en el que se establece que en cualquier tiempo podía promover demanda de amparo contra los actos que afecten su libertad personal. Refiere que en cambio, el artículo 17 de la nueva legislación de amparo dispone como plazo para los actos emitidos dentro de juicio, el genérico de quince días, pues si bien prevé un plazo indefinido para ciertos actos, también lo es que los condiciona a que sean emitidos fuera de procedimiento, con lo que dicha disposición es de carácter retroactiva en su perjuicio, pues el artículo quinto transitorio y el 18 de dicho ordenamiento establecen que los plazos nuevos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que surta sus efectos conforme a la ley del acto la notificación al quejoso del acto o resolución reclamado o de su ejecución, de que tenga conocimiento o se haya ostentado sabedor; con lo cual alega que se le redujo su derecho en tiempo. Señala que el legislador debió contemplar que los quejosos que hayan sido afectados por un acto reclamado emitido con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo, debían seguir gozando de los beneficios que la abrogada legislación de la materia les otorgaba y, al no hacerlo así, se viola la Constitución. Tales argumentos de impugnación son infundados. Así se estima, pues la aplicación del artículo 17, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, no afectó un hecho, facultad o derecho del pasado, debido a que la situación planteada gravita en torno a una expectativa de derecho, aunado a que las normas que regulan los plazos para la promoción del juicio constitucional son de naturaleza adjetiva o procesal, por lo cual, no tienen el carácter de retroactivas, de acuerdo con las siguientes consideraciones. El artículo 14, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe la aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de persona alguna. Adicionalmente, debe destacarse que la retroactividad prohibida por la Norma Fundamental es la que afecta al gobernado, por lo cual, en sentido opuesto, sí está permitida aquella que le beneficia. Así ocurre, por ejemplo, en materia penal, cuando una conducta antes tipificada como delito deja de serlo; o bien, en el caso de las multas fiscales, cuando la nueva norma deja de considerar como antijurídica la conducta que las motivó. Asimismo, las teorías de los derechos adquiridos y de los componentes de la norma jurídica tienen aceptación general para interpretar el tema de la retroactividad de la ley; por tanto, de acuerdo a dichas teorías, una norma transgrede el citado precepto constitucional cuando modifica o destruye los derechos adquiridos o los supuestos jurídicos y las consecuencias de éstos que nacieron bajo la vigencia de una ley anterior, lo que no sucede cuando se está en presencia de meras expectativas de derecho o de situaciones que aún no se han realizado, o cuando se trata de consecuencias no derivadas de los supuestos regulados en la ley anterior. Ilustra lo anterior, la tesis 2a. LXXXVIII/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos seis del Tomo XIII, correspondiente al mes de junio de dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de epígrafe y contenido siguientes: ‘IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. NO SE VIOLA ESA GARANTÍA CONSTITUCIONAL CUANDO LAS LEYES O ACTOS CONCRETOS DE APLICACIÓN SÓLO AFECTAN SIMPLES EXPECTATIVAS DE DERECHO, Y NO DERECHOS ADQUIRIDOS.’ (se transcribe). En el caso, el artículo 22, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, es del tenor literal siguiente: (se transcribe). La expresión ‘podrá’, empleada en el último enunciado reproducido, evidencia que la norma prevé una expectativa de derecho, o probabilidad potestativa para el gobernado, pues contempla la posibilidad de hacer o no hacer lo establecido por la regla normativa; esto es, de promover o no el amparo; de esta manera, la consecuencia de esa disposición se materializará en la esfera jurídica del gobernado hasta el momento en que éste decida presentar la demanda de amparo, y en ese instante es que surte sus efectos el derecho adjetivo de considerar oportunamente promovido el juicio de amparo en cualquier tiempo. Es decir, la simple notificación del acto de autoridad -auto de formal prisión- que afectó la libertad personal del quejoso, no produjo algún derecho sustantivo al agraviado, sino únicamente la posibilidad o expectativa de promover el juicio de amparo sin regirse por algún plazo; lo que revela que el reproducido artículo 22, fracción II, de la anterior Ley de Amparo, no incorporó en la esfera jurídica del afectado un bien, una facultad o un provecho, sino una mera expectativa de derecho, esto es, sólo la posibilidad de presentar la demanda de amparo en cualquier tiempo. Además de lo anterior, las normas relativas a los plazos de presentación de la demanda de amparo son de naturaleza adjetiva o procesal, pues se limitan a regularlos a fin de dar certeza jurídica en torno a la oportunidad para promover y dar inicio al proceso del juicio de amparo; en consecuencia, esa fase procedimental, por regla general, se tutela por las disposiciones vigentes en la época en que tiene verificativo el acto jurídico, sin que ello constituya aplicación retroactiva de la ley, en virtud de que, por regla general, no existe retroactividad en normas procesales. Al respecto, resulta orientadora la tesis aislada de la Octava Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento diez del Tomo I, Primera Parte-1, correspondiente al mes de enero a junio de mil novecientos ochenta y ocho, del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe y contenido siguientes: ‘RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES PROCESALES. NO EX
STE POR REGLA GENERAL.’ (se transcribe). En el caso, el auto de formal prisión de diez de marzo de dos mil trece, dictado al quejoso y que constituye el acto reclamado, le fue notificado en la misma fecha, al haberlo señalado así en su demanda, manifestación que constituye una confesión expresa, la cual merece valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 22 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2o. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 27, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible a página 57, Tomo III, junio de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, que dispone lo siguiente: ‘DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVÓ EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO.’ (se transcribe). En consecuencia, a partir de esos momentos, conforme al artículo 22, fracción II, de la Ley de Amparo anterior a la vigente, el quejoso tuvo la posibilidad de presentar su demanda de amparo en cualquier tiempo. Sin embargo, debido a que esa norma es instrumental o adjetiva, la citada posibilidad de promoción del juicio de amparo, se rigió conforme a la norma vigente en el momento de realizar el acto. Corolario de lo expresado, la aludida posibilidad de presentar la demanda sin plazo definido alguno contra el auto de formal prisión reclamado, el cual constituye un acto dictado dentro de juicio, se extinguió a partir del tres de abril de dos mil trece, en que comenzó la vigencia del artículo 17, primer párrafo, de la nueva Ley de Amparo, porque tal disposición adjetiva delimitó el lapso de oportunidad de impugnación del aludido acto a través del juicio de garantías, a un periodo de quince días, el cual, en términos del diverso numeral 18 de la propia ley, debe contarse a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En este aspecto, importa destacar que resultó incorrecto lo determinado por el juzgador federal en torno a que el plazo aludido debía computarse a partir del día siguiente al inicio de la vigencia de la nueva Ley de Amparo, esto es, desde el cuatro de abril de dos mil trece y concluyó el veinticuatro de dicho mes y año. Se sostiene lo anterior pues, opuesto a lo sostenido por el a quo, no existe precepto legal en la legislación de la materia vigente ni en sus artículos transitorios, que establezcan como punto de inicio del cómputo del plazo de quince días para la prestación de la demanda de amparo, en tratándose de actos emitidos dentro de procedimiento -como lo es la formal prisión reclamada- a partir del día siguiente a la entrada en vigor de la nueva legislación de amparo (cuatro de abril de dos mil trece), como si se prevé en el primer párrafo del citado artículo quinto transitorio, únicamente para el caso de las entidades agrarias previstas en la fracción III del artículo 17 de dicho ordenamiento que ahora rige, esto es, los núcleos de población ejidal o comunal. Para mejor comprensión del tema, conviene transcribir el contenido parcial de los artículos 17, 18 y quinto transitorio de la nueva legislación de amparo, cuyo contenido es el siguiente: (se transcribe). De la exégesis de los citados preceptos, en lo que aquí interesa, se advierte que se reputan consentidos los actos que no se combatan dentro del plazo de quince días; así como tres momentos a partir de los cuales debe computarse dicho plazo para la promoción del juicio de vía constitucional, esto es, a partir del día siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al peticionario de amparo del pronunciamiento o resolución que reclame; b) al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, c) al en que el solicitante de protección federal se haya ostentado sabedor de éstos. En este sentido, dado que en el caso la presentación de la demanda de amparo ocurrió el veintiséis de abril de dos mil trece, la norma adjetiva aplicable es el artículo 17 de la Ley de Amparo en vigor, el cual rigió esa actuación en dicha data, por haber sido el momento en que se llevó a cabo el acto de promoción del juicio de garantías. Así, se tiene que el quejoso refirió en su demanda de amparo haberle sido notificada la resolución reclamada el diez de marzo de dos mil trece, por lo cual, el plazo de quince días transcurrió a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos (once de abril), esto es, desde el doce de marzo hasta el ocho de abril de dos mil trece, sin contar los días veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno de marzo de dicho año, y seis y siete de abril siguientes, por ser sábados y domingos, y por haberse declarado inhábiles por lo que respecta a los días dieciocho, veintiuno, veintisiete, veintiocho y veintinueve de marzo por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de la circular 4/2013, en tanto que la demanda de amparo fue presentada hasta el veintiséis de abril de dos mil trece, lo que hace evidente su extemporaneidad. Máxime que en las disposiciones transitorias del decreto legislativo publicado el dos de abril de dos mil trece, que dio origen a la nueva Ley de Amparo, tampoco se encuentra alguna norma que conduzca a efectuar distinta interpretación y aplicación; pues su artículo quinto expresamente precisa que son aplicables los plazos de presentación de la demanda establecidos en esa legislación, a los actos de autoridad emitidos con anterioridad al comienzo de su vigencia, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación del acto reclamado o a aquel que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del mismo o de su ejecución. Esto, a pesar de que al comienzo de la vigencia de la nueva Ley de Amparo todavía no concluyeran los plazos para presentar la demanda conforme al artículo 22 de la ley abrogada, pues expresamente así lo prevé el referido dispositivo quinto transitorio. En este sentido, se concluye que la interpretación de dicha norma transitoria es única y, en modo alguno, permite la ultractividad del artículo 22, fracción II, de la anterior Ley de Amparo. Además, la citada determinación reclamada no se ubica en algunos de los casos de excepción contemplados en las fracciones I, II, III y IV del ordinal 17 de la Ley de Amparo vigente, ya que el combatido no deriva de un procedimiento de extradición, no se trata de una sentencia definitiva, la resolución controvertida no priva total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, la propiedad, posesión o disfrute de su derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; de igual forma, aun cuando la formal prisión constituye un acto restrictivo de libertad, éste se dictó dentro de procedimiento judicial, de conformidad con el artículo 170, fracción I, párrafo quinto, en relación con el décimo transitorio de la vigente Ley de Amparo. Tampoco se trata de incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada o de los prohibidos por el numeral 22 constitucional. Por tanto, como se determinó en la resolución desechatoria cuestionada, si el accionante del juicio de amparo presentó su escrito solicitando la protección federal, cuando habían transcurrido con exceso los quince días que marca la ley de la materia para ello, entonces procedía, como lo resolvió el Juez de Distrito, desechar de plano su demanda de amparo. Sin que lo anterior pugne con el principio pro persona, estatuido en el artículo 1o., segundo párrafo, de la Constitución Federal; ya que el cambio en la forma en que los órganos jurisdiccionales nacionales deben desempeñar sus facultades, no implica que dejen de observar los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, entre los que se encuentra el de seguridad jurídica a través de la irretroactividad de las leyes adjetivas. Es aplicable al caso, la tesis aislada 2a. LXXXII/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página un mil quinientos ochenta y siete del Libro XIV, correspondiente al mes de noviembre de dos mil doce, Tomo Dos del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguientes: ‘PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011.’ (se transcribe). Aunado a ello, no se advierte que los artículos 17, fracción II y quinto transitorio de la nueva Ley de Amparo, se vean afectados en cuanto a su presunción de constitucionalidad; habida cuenta que existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicable por analogía y que establece la aplicabilidad de la ley procesal vigente para la presentación de un escrito de impugnación que en la época de origen del agravio carecía de límite de oportunidad, pero que conforme a una nueva ley se restringió su plazo. Dicha jurisprudencia, empleada como parámetro a observar para el control de convencionalidad en materia de derechos humanos, es la 2a./J. 152/2011 (9a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página dos mil setecientos diez del Libro III, correspondiente al mes de diciembre de dos mil once, Tomo Cuatro del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y contenido siguientes: ‘COORDINACIÓN FISCAL. EL ARTÍCULO 11-A DE LA LEY RELATIVA, AL PREVER UN PLAZO CIERTO PARA INTERPONER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DEL SISTEMA NACIONAL CORRESPONDIENTE, INSTITUYE UNA REGLA INSTRUMENTAL RESPECTO DE LA CUAL NO RIGE LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2008).’ (se transcribe). Derivado de lo hasta aquí abordado, resulta infundado el agravio relativo a que al haber entrado en vigor la nueva ley de amparo el día ‘cinco de abril de dos mil trece’, por lo que el plazo de quince días corrió a partir del día siguiente al en que surtió sus efectos dicha entrada en vigencia de la citada legislación, en términos del artículo 18 de tal ordenamiento, que lo fue el ‘ocho de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25193-fd9b42a6/actos-privativos-de-la-libertad-personal-los-dictados · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- DEMANDA DE AMPARO, FORMA DE ADMISION DE LA. (s/clave)
- "PROYECTO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". E (IV.2o.A.66 K (10a.))
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