OPORTUNIDAD PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN LOS CASOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 218 DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA, EN CONTRA DE ACTOS DICTADOS DURANTE LA VIGENCIA DE ESA LEY Y RESPECTO DE LOS CUALES, A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA ACTUAL LEY DE AMPARO, AÚN NO HABÍA VENCIDO EL PLAZO PARA SU IMPUGNACIÓN. NO SE RIGE POR EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DE ESTE ÚLTIMO ORDENAMIENTO. OPORTUNIDAD PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN LOS CASOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 218 DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA, EN CONTRA DE ACTOS DICTADOS DURANTE LA VIGENCIA DE ESA LEY Y RESPECTO DE LOS CUALES, A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA ACTUAL LEY DE AMPARO, AÚN NO HABÍA VENCIDO EL PLAZO PARA SU IMPUGNACIÓN. SE RIGE POR LO DISPUESTO EN ESE PRECEPTO DE LA LEY ABROGADA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 397/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO (ACTUAL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO), SEGUNDO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO Y SEGUNDO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO. 6 DE NOVIEMBRE DE 2014. UNANIMIDAD DE NUEVE VOTOS DE LOS MINISTROS ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS, EN CONTRA DE ALGUNAS CONSIDERACIONES, ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO EN CONTRA DE ALGUNAS CONSIDERACIONES, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS, ALBERTO PÉREZ DÁYAN Y JUAN N. SILVA MEZA. AUSENTES: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: LETICIA GUZMÁN MIRANDA.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día seis de noviembre de dos mil catorce.
VISTOS; Y
RESULTANDO:
PRIMERO. Mediante oficio 6411, recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el primero de octubre de dos mil trece, el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito (actual Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito), denunció la posible contradicción de tesis, entre el criterio sostenido por ese órgano jurisdiccional, al resolver el amparo directo 366/2013, y por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, al resolver el amparo directo 378/2013 y el criterio que sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, al resolver el amparo directo 442/2013.
SEGUNDO. Por auto de cuatro de octubre de dos mil trece, el presidente de este Alto Tribunal admitió a trámite la denuncia de la posible contradicción de tesis 397/2013; ordenó solicitar a las presidencias de los tribunales contendientes sendas copias certificadas de las ejecutorias de sus respectivos índices, y que informaran si el criterio sustentado en dichos asuntos se encuentra vigente o, en su caso, las causas para tenerlo por superado o abandonado; asimismo, ordenó pasar los autos para su estudio al Ministro Luis María Aguilar Morales y que se enviaran los autos a dicha Sala, a fin de que su presidente proveyera respecto a la conclusión del trámite de integración del expediente.
TERCERO. Mediante proveído de once de octubre de dos mil trece, el Ministro presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la Sala se avocara al conocimiento del asunto y ordenó realizar el registro correspondiente; asimismo, requirió a los presidentes de los Tribunales Colegiados que sostuvieron los criterios probablemente contradictorios para que remitieran copias de los escritos de demanda que dieron origen a los amparos directos 366/2013, 378/2013 y 442/2013, de sus respectivos índices.
CUARTO. En proveídos de veintiuno y veintinueve de octubre y cuatro de noviembre de dos mil trece, el presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por recibidas las copias solicitadas y por hechas las manifestaciones vertidas en los distintos oficios con los que se remitieron y ordenó turnar el asunto al Ministro Luis María Aguilar Morales.
QUINTO. Por acuerdo de veintitrés de enero de dos mil catorce, el presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en atención a lo acordado por los señores Ministros de esa Sala en la sesión pública de veintidós de enero del año en curso, remitió el expediente de contradicción de tesis al Pleno de este Máximo Tribunal para su resolución, por conducto de la Subsecretaría General de Acuerdos.
SEXTO. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante acuerdo de veintiocho de enero de dos mil catorce, en atención al acuerdo señalado en el punto anterior, ordenó devolver los autos al Ministro ponente para que formulara el proyecto respectivo y diera cuenta con él al Pleno de este Alto Tribunal.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece; y, 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por tratarse de una contradicción suscitada entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados de diverso circuito, en la que se aborda un tema de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional, como lo determinó el propio Pleno en su sesión privada del veinte de enero de dos mil catorce.
SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legitimada, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, ya que fue formulada por el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, tribunal que sostuvo uno de los criterios en contradicción.
TERCERO. Criterios sustentados en las sentencias materia de la denuncia de contradicción. La denuncia que dio origen a esta contradicción de tesis, se refiere a sentencias emitidas por los Tribunales Colegiados Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, Segundo en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito y Segundo del Trigésimo Circuito, las cuales se transcriben a continuación:
1. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, al resolver el amparo directo 366/2013, determinó lo siguiente:
"CUARTO. Análisis oficioso de artículo quinto transitorio de la nueva Ley de Amparo.
"En primer término, es menester precisar que la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, constituye un cambio de paradigma en el orden jurídico nacional, pues dicho precepto ahora dispone que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Norma Fundamental y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo cual implica reconocer a los tratados referidos a derechos humanos un carácter particular, equiparable a las normas constitucionales, conformando un nuevo bloque de constitucionalidad, en la medida en que aquéllos (y, por consecuencia, la interpretación que de su contenido realicen los órganos creados para tal efecto), pasan a formar parte del contenido de la Constitución, integrando una unidad exigible o imponible a todos los actos u omisiones que puedan ser lesivos de derechos fundamentales.
"Esto es, de conformidad con la obligación que surge para todas las autoridades del sistema de justicia mexicano, a raíz de la reforma acaecida al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, dentro del ámbito de sus competencias, de velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por los que se contengan en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, y adoptar la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona.
"Esa obligación es aplicable ya sea cuando los operadores jurídicos realicen un control de convencionalidad (el cual puede ser realizado por cualquier autoridad del sistema jurídico mexicano, en el ámbito de sus competencias, inclusive de manera oficiosa), o bien, un control de constitucionalidad (efectuado por el Poder Judicial Federal, a petición de parte, ya sea en vía de amparo indirecto o directo), pues en ambos casos, el parámetro de contraste será el mismo, a saber:
"o Todos los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal (con fundamento en los artículos 1o. y 133), así como la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación.
"o Todos los derechos humanos contenidos en tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte.
"o Criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecidos en las sentencias en las que el Estado Mexicano haya sido parte, y criterios orientadores de la jurisprudencia y precedentes de la citada Corte, cuando el Estado Mexicano no haya sido parte.
"Se explica. En muchos ordenamientos jurídicos existen derechos o principios que no se encuentran directamente en el texto constitucional, pero que, por expreso mandato constitucional, tienen rango constitucional. El bloque de constitucionalidad es entonces un intento por sistematizar jurídicamente ese fenómeno, según el cual las normas materialmente constitucionales -esto es, con fuerza constitucional- son más numerosas que aquellas que son formalmente constitucionales -esto es, aquellas que son expresamente mencionadas por el articulado constitucional-. El bloque de constitucionalidad es compatible con la idea de constitución escrita y con la supremacía de la misma por cuanto, es por imperio de la propia Constitución que normas ajenas a su articulado comparten su misma fuerza normativa, puesto que la propia Carta, como fuente suprema del ordenamiento, así lo ha estatuido.
"Esta noción amplía los términos del debate constitucional, pues implica que las normas a tener en cuenta para resolver una controversia judicial no son exclusivamente los artículos de la Constitución, ya que otras disposiciones y principios pueden tener también relevancia para decidir esos asuntos. El bloque de constitucionalidad es pues uno de los elementos básicos para realizar un juicio de constitucionalidad (y de convencionalidad), ya que irradia un criterio interpretativo y aplicativo que no debe dejarse de considerar.
"Esa alusión es pertinente en el caso, porque este tribunal, al efectuar el análisis oficioso del artículo quinto transitorio de la nueva Ley de Amparo, encuentra que dicho numeral es inconvencional, porque conlleva una aplicación retroactiva de la ley en perjuicio del gobernado y, por ende, contraviene lo dispuesto en el numeral 14 de la Ley Fundamental.
"Es menester acotar que no resulta necesario considerar el contenido de tratados o instrumentos internacionales que formen parte de nuestro orden jurídico, si es suficiente la previsión que contiene la Constitución General de la República y, por tanto, basta el estudio que se realice del precepto constitucional atinente, para determinar la convencionalidad o inconvencionalidad del precepto sometido a estudio.
"Así se desprende de la tesis que enseguida se reproduce:
"'Décima Época
"'Registro: 2002747
"'Instancia: Segunda Sala
"'Jurisprudencia
"'Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"'Libro XVII, Tomo 2, febrero de 2013
"'Materia: constitucional
"'Tesis: 2a./J. 172/2012 (10a.)
"'Página: 1049
"'DERECHOS HUMANOS. SU ESTUDIO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. CONSTITUCIONAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA NECESARIAMENTE QUE SE ACUDA A LOS PREVISTOS EN INSTRUMENTOS INTERNACIONALES, SI RESULTA SUFICIENTE LA PREVISIÓN QUE CONTENGA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Conforme al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011 y atento al principio pro persona, no resulta necesario considerar el contenido de tratados o instrumentos internacionales que formen parte de nuestro orden jurídico, si al analizar los derechos humanos que se estiman vulnerados es suficiente la previsión que contiene la Constitución General de la República y, por tanto, basta el estudio que se realice del precepto constitucional que los prevea, para determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado.'
"Ahora bien, para lograr mayor claridad en la exposición, es menester reproducir la parte atinente del citado precepto 14 de la Constitución Federal, el que dispone:
"'Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.'
"Toda ley desde el momento en que entra en vigor, rige para el futuro, esto es, está dotada de validez de regulación respecto de todos aquellos hechos, actos o situaciones que sucedan con posterioridad al momento de su vigencia, ya que éstos quedan sujetos al imperio de la ley anterior; porque una norma tiene una vigencia determinada en cuanto al tiempo, esto es, desde que se crea, momento que se determina de acuerdo con las prescripciones constitucionales relativas, hasta que se deroga o abroga expresa o tácitamente por una norma nueva, por lo cual está destinada a regular todos los hechos, actos, situaciones, estados y fenómenos, que tienen lugar durante ese periodo de tiempo limitado por esos dos instantes.
"En el primer párrafo del artículo 14 constitucional, se consagra la garantía de irretroactividad en la aplicación de las leyes en perjuicio de persona alguna, que consiste, básicamente, en que no pueden darse efectos reguladores a una norma jurídica sobre hechos, actos o situaciones producidos con antelación al momento en que entra en vigor, bien sea impidiendo la supervivencia reguladora de una ley anterior, o bien, alterando o afectando un estado jurídico preexistente a falta de ésta.
"Así, la garantía de irretroactividad de la ley, impide que una norma se aplique en perjuicio de un hecho simple y ya consumado con anterioridad que conforme a otra ley creó un derecho definido a favor del gobernado.
"Cabe señalar que en tratándose de normas procesales, las partes en litigio no adquieren derecho alguno para la contienda judicial en la que intervienen, pues éstas sólo rigen la particular diligencia de que se trata en el momento de su desarrollo, y el juicio debe tramitarse al tenor de las reglas del procedimiento vigentes, pues los derechos emanados de las normas procesales nacen del procedimiento mismo y se agotan en cada etapa de este último, por lo que cada una de sus fases se rige por la norma vigente al momento en que se desarrolla.
"Una ley procesal está formada, entre otras cosas, por normas que otorgan facultades que dan la posibilidad jurídica a una persona de participar en cada una de las etapas que conforman el procedimiento y, por ende, al estar regidas dichas etapas por las disposiciones vigentes en que van naciendo, es evidente que no puede existir retroactividad mientras no se prive de alguna facultad con la que ya se contaba.
"Esto, porque si antes de que se realice una etapa del procedimiento el legislador modifica la tramitación, variando la valoración de las pruebas, suprimiendo un recurso, etcétera, las facultades de referencia no se ven afectadas porque aún no se actualizan y, por tanto, no se priva de alguna facultad con la que ya se contaba, ni tampoco se puede reconocer respecto de las que no se tenían al momento de efectuarse los actos procesales.
"Esa situación no ocurre, empero, si la modificación a que se alude tiene verificativo una vez que está transcurriendo una determinada fase procesal, pues durante su acontecer se han generado derechos para las partes, que se agotan en la propia etapa de que se trate.
"En el caso de que se trata, la demanda de amparo se promovió durante la vigencia de la nueva Ley de Amparo y, por ende, en principio es dicha legislación la que le resulta aplicable.
"Los numerales 17 y 18 de dicha codificación, disponen:
"'Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:
"'I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días;
"'II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años;
"'III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados;
"'IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.'
"'Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor.'
"Conforme a los preceptos acabados de reproducir, el plazo genérico para promover la demanda de garantías será de quince días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos; siempre y cuando no se actualice alguna de las excepciones previstas en el numeral 17 de la legislación en cita (que no es el caso).
"El artículo quinto transitorio de la nueva Ley de Amparo, establece:
"'Quinto. Los actos a los que se refiere la fracción III del artículo 17 de esta ley que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la entrada en vigor de la misma podrán impugnarse mediante el juicio de amparo dentro de los siete años siguientes a la entrada en vigor de la presente ley.
"'Los actos que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la presente ley y que a su entrada en vigor no hubiere vencido el plazo para la presentación de la demanda de amparo conforme a la ley que se abroga, en virtud del presente decreto, les serán aplicables los plazos de la presente ley contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación del acto o resolución que se reclame o a aquel que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del mismo o de su ejecución.'
"Conforme al segundo párrafo del precepto antes transcrito, los actos que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la presente ley, y que a su entrada en vigor no hubiere vencido el plazo para la presentación de la demanda de amparo conforme a la legislación abrogada, les serán aplicables los plazos de la nueva ley, los que se computarán a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación del acto o resolución que se reclame o a aquel que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del mismo o de su ejecución; esto es, pese a que el acto reclamado se haya dictado y notificado durante la vigencia de la anterior legislación, le son aplicables los plazos para la presentación de la demanda, establecidos en la nueva.
"Tal disposición no admite interpretación diversa, pues es claro y unívoco en cuanto al plazo para la presentación de la demanda de amparo, así como a la manera de computarlo y legislación aplicable.
"Esto es, como regla principal, para la impugnación a través del juicio constitucional de cualquier acto de autoridad emitido, dictado o acaecido durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior (en vigor hasta el dos de abril de dos mil trece), los plazos que deben atenderse para instar o promover el referido juicio son lo que establece la nueva ley.
"En relación con dichos plazos debe destacarse que la nueva norma regulatoria del juicio constitucional ahora establece límite temporal o plazo en ciertas materias, a diferencia de la regulación anterior, pues los numerales 21, 22, fracción II y 217 de la ley abrogada, establecían:
"'Artículo 21. El término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos.'
"'Artículo 22. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior:
"'...
"'II. Los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales. En estos casos la demanda de amparo podrá interponerse en cualquier tiempo. En los casos en que el acto de autoridad combatible mediante demanda de amparo consista en acuerdo de la Secretaría de Relaciones Exteriores favorable a la extradición de alguna persona reclamada por un Estado extranjero, el término para interponerla será siempre de quince días.'
"'Artículo 217. La demanda de amparo podrá interponerse en cualquier tiempo, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto, privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a un núcleo de población sujeto al régimen ejidal o comunal.'
"'Artículo 218. Cuando el juicio de amparo se promueva contra actos que causen perjuicio a los derechos individuales de ejidatarios o comuneros, sin afectar los derechos y el régimen jurídico del núcleo de población a que pertenezcan, el término para interponerlo será de treinta días.'
"El texto de los preceptos transcritos evidencia que la norma anterior establecía diversas excepciones a la regla general acerca del plazo para promover el juicio de control constitucional en relación con algunos actos, como los emitidos por autoridades administrativas en materia agraria (para los efectos que aquí interesa destacar); excepciones que en lo material se traducían en un beneficio para el gobernado, ya que se preveía la existencia de un término mayor al ordinario para instar el juicio constitucional.
"En la actualidad, la nueva Ley de Amparo no establece tales excepciones generadoras del beneficio aludido, como así se advierte del reproducido precepto 17 de la nueva ley.
"Lo anterior revela que ahora el legislador tuvo la intención de poner límites mayores en lo temporal a los gobernados para promover el juicio de amparo en relación con algunos actos respecto de los que con anterioridad o bien, no lo establecía, o bien, estaban regulados de manera diversa, como los actos en materia agraria provenientes de autoridades administrativas, reclamados por ejidatarios en lo particular, como ocurre en el caso.
"Al margen de los motivos que hubiere tenido en cuenta el legislador federal al establecer lo anterior, lo cierto es que en el ejercicio de esa facultad, no es factible lesionar ningún derecho fundamental.
"Empero, en la especie sí incurrió en tal infracción, ya que con el ánimo de establecer una nueva política de regulación a futuro en torno a limitar temporalmente el ejercicio del juicio de amparo contra tal tipo de actos, estableció efectos retroactivos en perjuicio del gobernado con respecto a los acaecidos con anterioridad, esto es, regulados conforme a la vigencia de la norma anterior, que establecía una regulación de mayor beneficio a favor del gobernado.
"Tales actos deben ser regulados conforme a la norma vigente al momento en que la situación de hecho o acto jurídico nació; lo anterior, en tanto derecho potencialmente ejercible y no como una simple expectativa de derecho.
"En ese sentido, teniendo en cuenta el alcance de la teoría de los componentes de la norma aceptada en nuestro régimen constitucional -como ya lo precisó el Alto Tribunal-, los hechos deben ser regulados conforme a las normas vigentes en el momento en que sucedan o acaezcan, de donde se infiere que si al momento en que se emitió y notificó el acto reclamado, estaba vigente la hoy abrogada Ley de Amparo, el plazo para instar el juicio constitucional contra tal acto de autoridad debe ser el que establecía la Ley de Amparo anterior y no la nueva, ya que la potestad o el derecho del particular para poder promover el juicio constitucional contra dicho acto surgió en el momento en que se emitió y notificó el mismo y no después, habida cuenta que tal posibilidad de impugnación constituye un derecho adquirido que no puede afectarse por disposición legal posterior ni por su aplicación.
"Asumir una posición diversa, conllevaría que un derecho adquirido sea regulado por una norma posterior, lo cual constituye un efecto retroactivo, y lo que asimismo sólo sería admisible en beneficio, pero nunca en perjuicio, de acuerdo con la teoría de los componentes de la norma.
"En esta línea de análisis, el legislador federal, al haber expedido el artículo quinto transitorio del decreto por el que expidió la nueva Ley de Amparo, transgredió el derecho fundamental de irretroactividad en perjuicio previsto en el artículo 14, primer párrafo, de la Constitución Federal y, por ende, deviene inconvencional, al afectar situaciones jurídicas acaecidas con anterioridad al inicio de su vigencia.
"A mayor abundamiento, sólo resta destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir el instrumento normativo aprobado por unanimidad de votos en la sesión privada de ocho de abril de dos mil trece, determinó interpretar el artículo tercero transitorio de la nueva Ley de Amparo en una forma diversa a su contenido expreso; en la medida en que concluyó que lo establecido en ese ordenamiento en relación con el cumplimiento de las sentencias de amparo, específicamente lo dispuesto en los artículos del 102 al 209 y del 211 al 214 es aplicable a los juicios de amparo iniciados antes del tres de abril de dos mil trece, en los cuales antes de esa fecha no hubiera causado ejecutoria la sentencia concesoria.
"En ese sentido, son ilustrativas las tesis que enseguida se reproducen:
"'Décima Época
"'Registro: 2003841
"'Instancia: Segunda Sala
"'Jurisprudencia
"'Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"'Libro XXI, Tomo 1, junio de 2013
"'Materia: común
"'Tesis: 2a./J. 91/2013 (10a.)
"'Página: 623
"'CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. LAS DISPOSICIONES RELATIVAS QUE PREVÉ LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 CONSTITUCIONALES, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 2 DE ABRIL DE 2013, SON APLICABLES A LOS JUICIOS INICIADOS ANTES DE SU ENTRADA EN VIGOR, CUANDO LA SENTENCIA RESPECTIVA CAUSE ESTADO CON POSTERIORIDAD A ESA FECHA. En el artículo tercero transitorio del citado ordenamiento legal, el legislador estableció que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a su entrada en vigor continuarían tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones vigentes a su inicio, haciendo dos salvedades. Una por lo que se refiere al sobreseimiento por inactividad procesal y la caducidad de la instancia y, otra en lo concerniente al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo. En relación con esta última excepción debe tenerse en cuenta, por un lado, la situación procesal en la que se ubicaron las partes cuando la sentencia concesoria causó estado antes del 3 de abril de 2013, supuesto que al actualizarse da lugar al inicio del respectivo procedimiento de ejecución, en términos de lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo y, por ende, la consecuencia de que dicho procedimiento se haya sujetado a lo dispuesto en la legislación de amparo vigente en aquel momento y, por otro lado, que tanto ese procedimiento como los medios de defensa que se regulan en la anterior legislación de amparo y en la ley vigente son sustancialmente distintos. Por tanto, las disposiciones relativas al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo que prevé la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013 son aplicables a los juicios iniciados con anterioridad a su entrada en vigor, siempre y cuando la sentencia relativa haya causado estado con posterioridad a esa fecha, esto es, a partir del 3 de abril de 2013, toda vez que los aspectos definidos en los procedimientos de ejecución que se iniciaron antes de esa fecha, no se pueden dejar sin efectos en virtud de una norma transitoria para ordenar la sustanciación de un procedimiento distinto que, además de no encontrarse vigente en la época en que causaron ejecutoria las sentencias de amparo respectivas podría, en ciertos casos, alterar sustancialmente la situación procesal en la que se ubicaron las partes, desconociendo sin justificación alguna decisiones firmes dictadas en su oportunidad conforme a las disposiciones aplicables y constitucionalmente válidas.'
"'Décima Época
"'Registro: 2003526
"'Instancia: Primera Sala
"'Jurisprudencia
"'Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"'Libro XX, Tomo 1, mayo de 2013
"'Materia: común
"'Tesis: 1a./J. 49/2013 (10a.)
"'Página: 212
"'
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25504-ec370a69/oportunidad-para-promover-juicio-de-amparo-en-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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