ORDEN DE APREHENSIÓN. AL SER UN ACTO DICTADO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA ES EL GENÉRICO DE QUINCE DÍAS, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 17 DE LA LEY DE AMPARO Y 211 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 325/2022. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. 16 DE AGOSTO DE 2023. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, Y DE LA MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. DISIDENTES: MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: ALEXANDRA VALOIS SALAZAR.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios 325/2022, suscitada entre el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el recurso de queja **********, así como el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver el recurso de queja ********** y el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión penal **********.
El problema jurídico para resolver por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consiste en determinar si la figura de la orden de aprehensión puede ubicarse en el supuesto de excepción previsto en el artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece que cuando el acto reclamado implique ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo.
ANTECEDENTES DEL ASUNTO
1. Denuncia de la contradicción de criterios. Mediante oficio de ocho de agosto de dos mil veintidós, los Magistrados Raúl Valerio Ramírez y Mauricio Torres Martínez, así como el secretario en funciones de Magistrado Héctor Gabriel Espinoza Guzmán, en su carácter de integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, denunciaron la posible contradicción de criterios entre el emitido por el propio órgano jurisdiccional, al resolver el recurso de queja **********;(1) el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver el recurso de queja **********(2) y el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito,(3) al resolver el amparo en revisión penal **********.
2. Trámite de la denuncia. Mediante acuerdo de once de octubre de dos mil veintidós, el entonces Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios y ordenó remitirla para la elaboración del proyecto de resolución respectivo a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, integrante de la Primera Sala de este Alto Tribunal; asimismo, solicitó a los Tribunales Colegiados del conocimiento que informaran si los criterios respectivos continuaban vigentes o, en su caso, si existían causas para tenerlos por superados o abandonados.
3. En proveído de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, el asunto quedó avocado en la Primera Sala de este Alto Tribunal.
4. Durante el trámite de integración de la contradicción de criterios, se informó a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el nueve de noviembre de dos mil veintidós, que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, abandonó el criterio que sostuvo en el recurso de queja ********** al resolver el amparo en revisión **********.
5. Mediante oficio número SGA/MFEN/2/2023 el secretario general de Acuerdos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, informó que en sesión pública de dos de enero de dos mil veintitrés, el Pleno de este Alto Tribunal, designó a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, en dicha sesión se determinó adscribir al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea a la Primera Sala del Máximo Tribunal.
6. Mediante proveído de cinco de enero de dos mil veintitrés, el Ministro presidente de la Primera Sala de este Tribunal Constitucional, determinó que ésta se avocaría al conocimiento del asunto y, atendiendo al cambio de presidencia, lo turnó a la ponencia del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
7. Returno. En sesión de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, por mayoría de tres votos, la Ministra y Ministros integrantes de la Primera Sala de este Alto Tribunal, concluyeron desechar el proyecto presentado en dicha sesión y returnar el presente asunto. El veinticinco de mayo siguiente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 17, párrafo segundo, 21, fracción VIII, y 25, fracciones I y II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se ordenó returnar los autos a la ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
I. COMPETENCIA
8. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(4) 226, fracción II, de la Ley de Amparo,(5) 86, segundo párrafo, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(6) y 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(7) en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos Circuitos, en un tema que por su naturaleza penal, corresponde a la materia de la especialidad de esta Primera Sala del Máximo Tribunal.(8)
9. Lo anterior, sin que pase inadvertido que en términos del artículo tercero transitorio del decreto de reformas, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintiuno, así como el diverso tercero transitorio del decreto publicado en dicho medio oficial el once de marzo de dos mil veintiuno, por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos al Poder Judicial de la Federación, el catorce de diciembre de dos mil veintidós, entró en vigor el Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, cuyo artículo 4 del referido acuerdo señala que los Plenos Regionales de la Región Centro-Norte y los Plenos Regionales de la Región Centro-Sur iniciarán funciones el dieciséis de enero de dos mil veintitrés;(9) de ahí que, dichos Plenos Regionales podrían tener competencia (atendiendo al Circuito de los órganos contendientes), para resolver la presente contradicción, en términos del artículo 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.(10)
10. Sin embargo, esta Primera Sala considera que para los efectos de esta posible contradicción de criterios, debe atenderse a lo dispuesto en el artículo primero transitorio, fracción II,(11) y quinto transitorio(12) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en cuanto a la entrada en vigor de los Plenos Regionales conforme a los acuerdos generales que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal, y a lo dispuesto en el sentido de que los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del decreto de mérito, continuarán tramitándose hasta su resolución final de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su inicio.
11. En ese tenor, si avocándonos a la temporalidad de la denuncia de contradicción de criterios, conforme al acuerdo de admisión, se dio cuenta del presente asunto el once de octubre de dos mil veintidós. Es notorio que su trámite inició con anterioridad a la entrada en vigor del acuerdo señalado y, en consecuencia, esta Primera Sala de este Alto Tribunal, tiene competencia para conocer y resolver el asunto.
II. LEGITIMACIÓN
12. La denuncia de contradicción de criterios fue presentada por parte legítima conforme a los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General, en relación con los artículos 226, fracción II, y 227, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por los integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, órgano que emitió uno de los criterios contendientes, al resolver el recurso de queja **********.
III. CRITERIOS DENUNCIADOS
13. Criterio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el recurso de queja **********.(13)
• Antecedentes. El dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, una persona promovió un amparo indirecto en contra de una orden de aprehensión girada en su contra. Sin embargo, el Juez de Distrito del conocimiento desechó de plano la demanda de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Lo anterior, por considerar que el acto reclamado había sido consentido tácitamente por el quejoso, toda vez que no promovió el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en la Ley de Amparo. Inconforme, el quejoso interpuso un recurso de queja, del que conoció el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, registrándolo bajo el número **********.
• Criterio. El Tribunal Colegiado sostuvo que la orden de aprehensión puede considerarse un ataque a la libertad personal dentro del procedimiento penal acusatorio y oral para efectos de la procedencia del juicio de amparo, en relación con el plazo para su promoción.
• Lo anterior, al considerar que conforme a lo establecido en el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el procedimiento penal contempla tres etapas: la investigación inicial, la complementaria, la etapa intermedia y la de juicio.
• Asimismo, el artículo 307 del mismo ordenamiento, prevé que el proceso penal dará inicio con la audiencia inicial, entendida esta, como la audiencia en la que la persona inculpada comparece ante el órgano constitucional, para –según sea el caso– entre otros actos, se califique el control de su detención y, posterior a ello, se formule la imputación en su contra.
• Por lo anterior, concluyó que la orden de aprehensión se situaba en la etapa de investigación inicial, es decir, dentro del procedimiento, pero antes de que inicie el proceso penal.
• Lo anterior, se corrobora con el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, que textualmente establece que, en materia penal, el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de Control.
• Consecuentemente, la orden de aprehensión implica un eventual ataque a la libertad personal dentro del procedimiento penal, por lo que no actualizaba la hipótesis de excepción para la promoción de la demanda de amparo en el plazo genérico de quince días.
14. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver el recurso de queja **********.(14)
• Antecedentes. El dieciocho de abril de dos mil trece, un Juez de Distrito desechó el amparo promovido en contra de una orden de aprehensión, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Inconforme, el quejoso interpuso un recurso de queja, del que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, registrándolo bajo el número **********.
• Criterio. El Tribunal Colegiado, sostuvo que la orden de aprehensión puede considerarse un acto dentro del procedimiento penal que afecta la libertad personal, por lo que la demanda de amparo puede promoverse en cualquier tiempo, en términos de la fracción IV del artículo 17 de la Ley de Amparo. Se estimó que las normas deben interpretarse en forma extensiva, favoreciendo en todo momento la protección más amplia de la persona. Más aún, considerando que se trata de una afectación de imposible reparación, por lo que ello es suficiente para considerar que el amparo indirecto puede ser interpuesto sin limitación temporal alguna. Lo cual es congruente con la versión abrogada de los artículos 21 y 22 de la Ley de Amparo.
• Así, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, emitió el criterio de rubro: "ORDEN DE APREHENSIÓN. AL CONSTITUIR UN ACTO DICTADO DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO QUE AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL, LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PUEDE PROMOVERSE EN CUALQUIER TIEMPO."(15)
• Sin embargo, durante el trámite de integración de la presente contradicción de criterios, como ya quedó establecido en párrafos precedentes, se informó a este Alto Tribunal que al resolver el amparo en revisión ***********, el Tribunal Colegiado del conocimiento, abandonó el criterio que venía sosteniendo en el recurso de queja *********** y conforme al nuevo criterio, el Tribunal Colegiado referido, señaló que en términos de la Ley de Amparo vigente, podía establecerse que tratándose de actos que impliquen un ataque a la libertad personal dentro del juicio, el amparo deberá promoverse en el lapso de quince días.
15. Criterio del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión penal **********.(16)
• Antecedentes. El cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, una persona física promovió amparo indirecto en contra de una orden de aprehensión. Sin embargo, el Juez del conocimiento sobreseyó en el amparo, resolución que fue impugnada mediante recurso de revisión, del cual conoció el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, registrándolo bajo el expediente **********.
• Criterio. El Tribunal Colegiado del conocimiento, sostuvo que la presentación de la demanda de amparo contra la orden de aprehensión emitida por el Juez de Control, al tratarse de un acto fuera de proceso, no está sujeta al plazo genérico de quince días, pues se actualiza la excepción "en cualquier tiempo" prevista en la fracción IV del artículo 17 de la Ley de Amparo.
• Estimó que se trata de un acto fuera del proceso, pues de la interpretación funcional de los artículos 17, fracción IV, y 170, último párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se deriva que el plazo para la presentación del juicio de amparo es de quince días, excepto cuando el acto reclamado consista en ataques a la libertad del justiciable fuera de procedimiento. Además, el proceso inicia con la audiencia inicial y concluye con la sentencia firme.
• Así, estimó que, si bien el legislador utilizó el vocablo "procedimiento" en la redacción de la fracción IV del artículo 17 de la Ley de Amparo, lo cierto es que ello no obedece a su intención de considerar en ese supuesto a los actos emitidos. Deficiencia legislativa que se subsana en el último párrafo del artículo 170 de la Ley de Amparo, al precisar que para efectos de esa legislación, el proceso inicia con la audiencia inicial.
• Máxime que en la exposición de motivos de la reforma a la Ley de Amparo, de diecisiete de junio de dos mil dieciséis, el legislador estableció que en materia penal el proceso penal inicia con la audiencia inicial de control, como lo establece el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
• El criterio emitido por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión penal ********** fue el siguiente:
"ORDEN DE APREHENSIÓN. AL SER UN ACTO FUERA DE PROCESO QUE ATENTA CONTRA LA LIBERTAD, LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA NO ESTÁ CONDICIONADA AL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS, POR ACTUALIZARSE LA HIPÓTESIS DE EXCEPCIÓN QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SALVO CUANDO EL QUEJOSO HAYA TENIDO CONOCIMIENTO PLENO DE AQUÉLLA POR CUALQUIER MEDIO.
"El artículo 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo señala que el plazo para presentar la demanda es de quince días, salvo que el acto reclamado implique ataques a la libertad fuera de procedimiento, entre otros supuestos. A su vez, el artículo 170, fracción I, último párrafo, de la propia legislación, precisa que en materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de Control, disposición que guarda armonía con el último párrafo del artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La intelección funcional de esas disposiciones conduce a sostener que, si bien el legislador utilizó el vocablo ‘procedimiento’ en la redacción de la fracción IV del artículo 17 de la Ley de Amparo, lo cierto es que ello no obedece a su intención de considerar en ese supuesto a los actos emitidos por autoridades distintas a las jurisdiccionales que pretendan afectar la libertad, sino a aquellos emitidos, incluso, por autoridad jurisdiccional antes de que inicie el proceso penal acusatorio oral. En ese sentido, la presentación de la demanda de amparo contra la orden de aprehensión emitida por el Juez de Control, no está sujeta al plazo genérico de quince días, pues se actualiza la excepción ‘en cualquier tiempo’ prevista en la fracción IV del artículo 17 indicado, salvo que se demostrara fehacientemente que el quejoso tuvo conocimiento pleno de ese acto por cualquier medio, como podría ser, el haberse tramitado diverso juicio de amparo contra la misma orden de aprehensión pues, en ese supuesto, se ubicaría en la hipótesis genérica mencionada."(17)
IV. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS
16. Como cuestión previa al análisis de fondo, es preciso establecer si entre los Tribunales Colegiados contendientes existe una genuina contradicción de criterios. Para ello, debe tomarse en consideración lo siguiente:
17. En principio, hay que recordar que la intervención de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se justifica por la necesidad de unificar criterios para, así, dotar de plenitud y congruencia al ordenamiento jurídico, en aras de garantizar mayor seguridad jurídica en la impartición de justicia. Por tanto, el estudio de los criterios contendientes exige que se determine si, en la especie, existe esa necesidad de unificación, lo cual se advierte cuando en algún tramo de los procesos interpretativos involucrados, éstos se centren en una misma problemática y concluyan con la adopción de decisiones distintas, aunque no sean contradictorias en términos lógicos.(18)
18. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido los siguientes requisitos para la existencia de una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito:(19)
a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se hayan visto en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo, dando lugar a la emisión de un criterio o tesis.
b) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque o contacto, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación desarrollada gire en torno a un mismo problema jurídico, independientemente de que las cuestiones fácticas que originan los asuntos no sean exactamente iguales.
c) Que las tesis o criterios de los órganos colegiados resulten contradictorias, lo que da lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si alguna forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquiera otra que como aquélla sea legalmente posible.
19. Al respecto se debe precisar que la disparidad de criterios está condicionada simplemente a que los citados tribunales sostengan tesis jurídicas discrepantes, es decir, decisiones interpretativas encontradas sobre un mismo punto de derecho, sin necesidad de que las cuestiones fácticas sean exactamente idénticas.(20) 20. En primer lugar, resulta importante excluir el criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver el recurso de queja **********. Lo anterior, pues durante el trámite de integración de la presente contradicción de criterios, se informó a este Alto Tribunal, mediante acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veintidós que, al resolver el amparo en revisión **********, el Tribunal Colegiado abandonó el criterio que venía sosteniendo en el recurso de queja **********. En esa tesitura, queda sin materia la contradicción de criterios denunciada por lo que hace al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito.(21)
21. No obstante, una vez excluido dicho criterio, esta Primera Sala de este Alto Tribunal, estima que sí se reúnen los requisitos establecidos para determinar la existencia de una contradicción de criterios,(22) respecto de los criterios del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el recurso de queja ********** y el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión penal **********.
22. Como se señaló, la primera grada para determinar si existe o no una determinada contradicción de criterios, consiste en analizar si los tribunales contendientes se pronunciaron respecto de un punto de derecho, a través del ejercicio de un ejercicio interpretativo que suponga la adopción de algún canon o método, cualquiera que éste fuese.(23) Al respecto, este Alto Tribunal ha señalado que un "punto de derecho" puede entenderse como el desentrañar el sentido gramatical de una norma, determinar el alcance de un principio, establecer la finalidad de una determinada institución o cualquier cuestión que tenga un carácter general y propiamente jurídico.(24)
23. De lo anterior se desprende que para determinar la existencia de una contradicción de criterios, no basta que exista una contradicción lógica entre los criterios sostenidos por los órganos jurisdiccionales involucrados, es decir, que se presente un antagonismo entre dos ideas u opiniones, sino que resulta indispensable que la problemática inmersa en ella sea de tal generalidad que permita que la tesis jurisprudencial resultante tenga aplicación futura en casos que se presenten con identidad o similitud a aquellos que dieron lugar a la propia contradicción, además de que verse sobre una cuestión de derecho y no de hecho.(25)
24. En este sentido, los órganos encargados de resolver las contradicciones de criterios se encuentran obligados –como una cuestión previa– a analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados con el objeto de identificar si en algún razonamiento de las respectivas decisiones se tomaron vías de solución distintas, pero legales; pues al ejercer el arbitrio judicial pueden existir diferencias que no necesariamente signifiquen un abandono de la legalidad, las cuales no podrían ser materia de una contradicción de criterios en atención a la propia naturaleza de este procedimiento.(26)
25. En efecto, de los antecedentes narrados, se desprende que por un lado, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, al resolver el recurso de queja **********, determinó que una orden de aprehensión puede considerarse un ataque a la libertad personal dentro del procedimiento penal, por lo que no actualiza la hipótesis de excepción contenida en el artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo, para presentar la demanda de amparo "en cualquier tiempo".
26. Ello, mientras que el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión penal **********, sostuvo que la presentación de la demanda de amparo contra la orden de aprehensión emitida por el Juez de Control, al tratarse de un acto fuera de proceso, no está sujeta al plazo genérico de quince días, pues se actualiza la excepción "en cualquier tiempo" prevista en la fracción IV del artículo 17 de la Ley de Amparo.
27. Lo anterior, pues estimó que si bien el legislador utilizó el vocablo "procedimiento" en la redacción de la fracción IV del artículo 17 de la Ley de Amparo, lo cierto es que ello no obedece a su intención de considerar en ese supuesto a los actos emitidos. Ello, ya que la redacción del artículo 17, en relación con los diversos 170, último párrafo, de la Ley de Amparo y 211, del Código Nacional de Procedimientos Penales, conllevan considerar que los actos que atentan contra la libertad personal son aquellos emitidos por autoridades jurisdiccionales fuera de proceso.
28. Así, por lo que hace al caso concreto, se advierte que los criterios de los órganos colegiados resultan contradictorios y dan lugar a la formulación de la siguiente pregunta: ¿La orden de aprehensión debe ubicarse en la excepción prevista en el artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo, al tratarse de un acto fuera del procedimiento que atenta contra la libertad personal, y, en consecuencia, se puede presentar la demanda de amparo indirecto en cualquier tiempo?
V. ESTUDIO DE FONDO
29. Para dar respuesta al anterior cuestionamiento es necesario recordar el contenido del artículo 17 de la Ley de Amparo:
"Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:
"I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días;
"II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años;
"III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados;
"IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo."
30. De la transcripción anterior, se advierte que el artículo 17, prevé que el plazo para presentar una demanda de amparo es de quince días, salvo en determinadas excepciones. Una de ellas, –contenida en la fracción IV– establece que cuando el acto reclamado implique ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo.
31. Al respecto, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, determinó que cuando el acto reclamado consiste en una orden de aprehensión, –al constituir un acto dictado dentro de un procedimiento– no se actualiza la hipótesis de excepción para la promoción de la demanda de amparo "en cualquier tiempo". Mientras que el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, sostuvo que la presentación de la demanda de amparo contra la orden de aprehensión emitida por el Juez de Control, –al tratarse de un acto fuera de proceso– actualiza la excepción prevista en la fracción IV del artículo 17 de la Ley de Amparo para la promoción de la demanda de amparo "en cualquier tiempo".
32. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, llega a la conclusión de que la orden de aprehensión NO debe ubicarse en la hipótesis de excepción prevista en el artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo, al tratarse de un acto dentro del procedimiento penal; y, en consecuencia, la demanda de amparo indirecto se debe presentar dentro del plazo genérico de quince días.
33. Para justificar esta afirmación, a continuación, se desarrollarán los siguientes apartados: (A) La evolución histórica del artículo 17 de la Ley de Amparo; (B) La etapa de investigación y la orden de aprehensión en el proceso penal acusatorio, (C) La solución al caso concreto.
(A). La evolución histórica del artículo 17 de la Ley de Amparo
34. El origen de esta disposición normativa está en la Ley Orgánica de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal (ahora Ley de Amparo), en específico, el artículo 22, fracción II, capítulo III, denominado "De los términos" del que se advierte que el legislador excepcionó del plazo genérico de quince días para promover la demanda de amparo (artículo 21) en cualquier tiempo a aquellos actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna, los numerales citados disponían:
• Ley Orgánica de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal (1936)
"Capítulo III
"De los términos ...
"ARTICULO 21. El término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos."
"Artículo 22. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior:
"I. Los casos en que por la sola expedición de una ley, ésta sea reclamable en la vía de amparo, pues entonces el término para la interposición de la demanda será de treinta días, que se contarán desde que la propia ley entre en vigor;
"II. Los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales.
"En estos casos, la demanda de amparo puede interponerse en cualquier tiempo; ..."
35. Esas disposiciones fueron interpretadas por las anteriores integra
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31983-4926737f/orden-de-aprehension-al-ser-un-acto-dictado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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