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Modo: Corpus Pro

RECUSACIÓN EN EL AMPARO. LAS PARTES PUEDEN AMPLIAR LAS CAUSAS DE IMPEDIMENTO RESPECTO DE LAS ALEGADAS ORIGINALMENTE, POR LO QUE NO PROCEDE DESECHAR EL ESCRITO RELATIVO POR EL HECHO DE QUE EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRE LISTO PARA SU RESOLUCIÓN, SIEMPRE QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS QUE EXIGEN LA LEY DE AMPARO Y EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 364/2023. · Registro digital (IUS): 32881
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-11-29
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Noviembre de 2024, Tomo V, Volumen 1, Pág.7.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 364/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 18 DE ABRIL DE 2024. PONENTE: MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: ÚRSULA HERNÁNDEZ MAQUÍVAR.

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al dieciocho de abril de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios, suscitada entre el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.

El problema jurídico a resolver por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si existe la contradicción de criterios y, en su caso, el criterio que deba prevalecer.

ANTECEDENTES DEL ASUNTO

1. Denuncia de la contradicción. Por escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el catorce de noviembre de dos mil veintitrés a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, **********, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de **********, Sociedad Anónima de Capital Variable,(1) parte recurrente en el recurso de reclamación 32/2023 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito (Región Centro-Norte)(2) denunció una posible contradicción en torno a lo siguiente: "Si se puede o no, ampliar un impedimento de un Magistrado de Circuito –en etapa de instrucción– por hechos supervenientes, a fin de que el mismo (sic) sea resuelto a la luz de todas y cada una de las razones objetivas y subjetivas de impedimento existentes entre la autoridad y el gobernado."

2. Trámite de la denuncia. Por acuerdo de quince de noviembre de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó registrar la denuncia de contradicción de criterios con el expediente 364/2023 y lo admitió a trámite.

3. En dicho proveído se ordenó turnar el asunto, para su estudio, al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

4. Se solicitó a la Presidencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito remitiera la versión digitalizada del original o, en su caso, de la copia certificada de la ejecutoria, o bien, la versión electrónica en la que conste las firmas electrónicas correspondientes relativas al recurso de reclamación 32/2023 de su índice, así como del proveído en el que informen si el criterio sustentado en dicho asunto se encuentra vigente; asimismo, se solicitó a la Presidencia del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito remitiera proveído informando si el criterio sustentado en el recurso de reclamación 12/2001 de su índice se encuentra vigente o, en caso de que se tenga por superado o abandonado, además de señalar las razones que sustenten las consideraciones respectivas, remitiera la versión digitalizada de la ejecutoria en la que se sustente el nuevo criterio.

5. Además, se solicitó a la Dirección General de Archivos y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal para que remitiera copia certificada de la ejecutoria relativa al recurso de reclamación 12/2001 del índice del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito que bajo su resguardo tiene dicho órgano, ya sea en el archivo central, archivos de concentración del Primer Circuito o en el Centro Archivístico Judicial, para estar en posibilidad de integrar el presente expediente.

6. Mediante acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, en atención a lo determinado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión privada de ese mismo día, se ordenó returnar la presente contradicción de criterios al Ministro Luis María Aguilar Morales.

7. Posteriormente, mediante proveído de veintitrés de enero de dos mil veinticuatro de la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se tuvo al presente asunto por debidamente integrado con los criterios que motivaron la posible contradicción de criterios, al haberse recibido la información solicitada y ordenó su envío al Ministro Ponente para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.

I. COMPETENCIA

8. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de criterios, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII,(3) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II,(4) de la Ley de Amparo; y 10, fracción VI,(5) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior en virtud de que se trata de criterios sustentados por tribunales colegiados de circuito pertenecientes a distintas regiones, aunado a que el tema corresponde a la materia común, pues el tema involucra la interpretación de la Ley de Amparo aplicable a cualquier materia, cuya resolución debe entonces ser emitida por este Pleno.

9. En términos de los artículos 6, 7, 8 y 14 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales,(6) los órganos contendientes pertenecen actualmente a dos distintas regiones, Centro-Norte y Centro-Sur.

II. LEGITIMACIÓN

10. En términos del artículo 227, fracción II,(7) de la Ley de Amparo, la presente denuncia está formulada por sujeto legitimado, puesto que fue planteada por **********, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, parte recurrente en el recurso de reclamación 32/2023 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito (Región Centro-Norte), personalidad que fue corroborada en el auto de admisión de presidencia, derivada de la resolución dictada en el asunto de mérito, que constituye uno de los criterios contendientes en la presente contradicción.

III. CRITERIOS DENUNCIADOS

11. Criterio del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (Región Centro-Sur), al resolver el recurso de reclamación 12/2001, el veintisiete de septiembre de dos mil uno.

12. a. Antecedentes relevantes.

13. El tres de septiembre de dos mil uno ********** interpuso recurso de reclamación contra las resoluciones contenidas en la audiencia de veintinueve de agosto de dos mil uno emitidas por el Presidente de dicho Tribunal Colegiado en los autos relativos al impedimento 66/2001, en donde se determinó no admitir la adición de causas de impedimento planteadas por el recurrente en su escrito de primero de agosto de ese año y recibido el tres siguiente en ese órgano.

14. Concretamente, lo que acordó en esa audiencia, fue que en términos del artículo 70, párrafo último, de la Ley de Amparo,(8) y el criterio que sustentó ese Tribunal Colegiado en la tesis I.6o.C.57 K,(9) no había lugar a tener por ampliadas las causas de impedimento, toda vez que las nuevas causas debían ceñirse a lo estatuido en el numeral 70, párrafo primero, de la Ley de Amparo.

15. b. Ejecutoria contendiente.

16. El citado Sexto Tribunal, al conocer del recurso de reclamación, determinó que era substancialmente fundado el agravio del recurrente en el sentido de que no existe en la Ley de Amparo disposición alguna que impida a las partes hacer valer las causales de impedimento que estimen que se actualizan, puesto que el artículo 70 de la ley citada no establece limitante alguna a las partes respecto de la oportunidad para promover las causales de impedimento, en tanto éstas se rigen por disposiciones de orden público.

17. Lo anterior, porque la finalidad de los impedimentos es evitar que el órgano jurisdiccional dicte resoluciones afectadas de parcialidad, siendo que el artículo 66 de la Ley de Amparo establece cuáles son los casos en los que los ministros, los magistrados, los jueces y las autoridades que conozcan de los juicios de amparo conforme al numeral 37 de la propia ley, están impedidos para conocer de los juicios en que intervengan.

18. Señaló que la naturaleza de la institución del impedimento obliga al órgano jurisdiccional calificador a determinar si el juzgador de amparo está impedido para conocer del asunto de que se trate, cuestionamiento que implica poner en tela de duda la honorabilidad del funcionario contra el que se plantea, pues de resultar fundado, se demostraría que no obstante haber tenido que manifestar que estaba legalmente impedido para conocer del juicio, no lo había hecho; por el contrario, de ser infundado, quedaría a salvo su reputación, al comprobarse que no tenía por qué haberse declarado impedido, cuando no existía razón para ello.

19. Así, el impedimento que formule alguna de las partes, no puede quedar en suspenso, sino que es indispensable resolver si es fundado o infundado, a fin de que pueda resolverse cualquier duda acerca del comportamiento que al respecto se le atribuya al funcionario, puesto que lo que se busca es determinar si existe o no alguna causa que pudiera afectar la imparcialidad con la que debe resolver el juzgador.

20. Asimismo, el Tribunal Colegiado señaló que cuando alguna de las partes invoca determinados hechos como causas de impedimento de algún funcionario, no procede desestimarlas sin que previamente sean examinadas a la luz del informe respectivo que rinda el funcionario, en virtud de que la imparcialidad y ecuanimidad de las personas que encarnan los órganos jurisdiccionales son requisitos esenciales para una correcta administración de justicia, lo que así entendió el legislador al prever en el artículo 66 de la Ley de Amparo, la obligación de los funcionarios de manifestar cuando estén impedidos para conocer de los juicios en que intervengan, en los casos expresamente previstos en ese precepto, y señalar que incurren en responsabilidad si no lo hacen, a la vez que facultó a las partes para alegar el impedimento.

21. De ahí, concluyó que, en el caso planteado, si el inconforme al conocer del informe rendido por los magistrados integrantes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito presentó un escrito ante el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (recibido el tres de agosto de dos mil uno), incluso antes de la celebración de la audiencia en el expediente del impedimento (veintinueve de agosto de dos mil uno), pretendiendo ampliar las causas de impedimento que había formulado en su escrito de veintinueve de junio de dos mil uno, es indebido desatenderlo, puesto que no existe en la ley disposición alguna que impida a las partes hacer valer las causas de impedimento que estimen que en el caso se actualizan, circunstancias que deben tomarse en consideración y, consecuentemente, proveer lo conducente, esto es, darle trámite al escrito de ampliación y correrle traslado de tal escrito a los funcionarios contra los que se plantea el impedimento, con la finalidad de que estos estén en aptitud de rendir su informe, máxime que el artículo 70 de la Ley de Amparo no establece limitante alguna a las partes respecto a la oportunidad para promover las causales de impedimento, en tanto que éstas se rigen por disposiciones de orden público.

22. Finalmente, el Tribunal Colegiado sostuvo que si el inconforme había propuesto diversas causas de impedimento, debía agotarse el procedimiento hasta sus últimas consecuencias y resolverse lo que en derecho procediera, por ser de orden público e interés social dilucidar si existe o no el impedimento que se plantea, acorde con las causales planteadas, en virtud de que la Ley de Amparo no contiene disposición alguna que restrinja el planteamiento de las causas de impedimento que aleguen las partes, aunado a que los impedimentos que prevé el artículo 66 de la propia ley constituyen una serie de hipótesis tendentes a garantizar que los integrantes de un órgano jurisdiccional se encuentren en una posición de independencia, desinterés e imparcialidad respecto de las partes de la controversia judicial o de su objeto, por lo que cuando una de ellas plantea un impedimento contra algún funcionario debe otorgársele oportunidad de acreditarlo.

23. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito (Región Centro-Norte) emitido en el expediente de reclamación 32/2023, derivada del impedimento 7/2023, el trece de octubre de dos mil veintitrés.

24. a. Antecedentes relevantes.

25. En auto de siete de julio de dos mil veintitrés se tuvo a **********, en su carácter de apoderada legal de **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, formulando impedimento respecto de un magistrado integrante de ese órgano colegiado, el cual rindió informe respecto a los motivos por los que se formuló la recusación, considerando que no se encontraba impedido para resolver el asunto.

26. El asunto se turnó a otro magistrado para que se celebrara audiencia de ofrecimiento, admisión y desahogo de las pruebas de las partes y se dictara resolución.

27. Posteriormente, mediante escrito recibido en ese órgano el quince de agosto de dos mil veintitrés, la promovente formuló ampliación respecto a los motivos de impedimento planteados inicialmente, al manifestar la actualización de hechos supervenientes, escrito que fue desechado de plano por el Presidente del Tribunal en auto de primero de septiembre de ese año, contra el cual la promovente interpuso recurso de reclamación.

28. En el auto recurrido se estableció que el Capítulo VI de la Ley de Amparo, artículos 51 al 60, no contempla la posibilidad de ampliar causas de impedimento o de recusación, puesto que, de acuerdo con esos preceptos, cuando se inicie el trámite, el tribunal debe atender a las razones que lo motivaron y al informe que sobre el particular rinde el funcionario recusado al que se debe constreñir la audiencia que celebren los magistrados facultados para resolverlo, por lo que de admitirse el escrito de ampliación se alterarían las reglas del debido proceso, violándose el principio de exacta aplicación de la ley, previsto en el diverso 14 de la Constitución Federal, máxime que la recusación ya se encontraba en etapa de resolución, y por ello no era posible considerar cuestiones ajenas a las razones inicialmente planteadas.

29. b. Ejecutoria contendiente.

30. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito (Región Centro-Norte), al conocer del recurso de reclamación, declaró ineficaces los agravios en el sentido de que el acuerdo impugnado vulneraba los artículos 51, 52, 59 y 60 de la Ley de Amparo, al negar el derecho de exponer razones objetivas para ampliar el impedimento primigeniamente denunciado, debido a una incorrecta, limitativa y restrictiva interpretación de la Ley, de suerte que si la ley no contiene ninguna disposición que prohíba la ampliación de los motivos por los cuales se solicita la recusación, está legalmente permitida, conforme a la tesis aislada, registro digital 187521, de rubro "IMPEDIMENTO EN EL AMPARO. SU AMPLIACIÓN."

31. Determinó que del marco normativo relativo a los impedimentos, excusas y recusaciones de la Ley de Amparo, artículos 57 a 60, se desprende el trámite de la recusación cuando alguna de las partes considere actualizada alguna da las causas de impedimento de alguno de los titulares del órgano jurisdiccional, resultando relevante lo previsto en el párrafo último del artículo 60, en relación a que, cuando el funcionario niegue la causa del impedimento, el instructor señalará fecha para audiencia, en la que los interesados rendirán pruebas y alegatos, pronunciándose la resolución que corresponda.

32. La litis, señaló el Tribunal, quedó integrada con el escrito de impedimento y el informe rendido por el Magistrado señalado como impedido, donde negó la causal que se le imputaba, razón por la que fue turnado el expediente al Magistrado instructor sin que existiera un diverso trámite legal pendiente.

33. Refirió que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que en los juicios de amparo de las materias que no prevén términos para la ampliación de la demanda sí será admisible el escrito respectivo, siempre y cuando se presente antes del acuerdo que cita para sentencia, jurisprudencia aplicable por analogía, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVIII, Julio de 2003, Novena Época, Tesis: P./J.13/2003, Página: 13, cuyo rubro y texto, son los siguientes:

"AMPLIACIÓN EN AMPARO DIRECTO. CUANDO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA LA LEY NO FIJE PLAZO, AQUÉLLA PROCEDE HASTA ANTES DEL ACUERDO QUE CIERRA LA INSTRUCCIÓN, QUE ES EL QUE ORDENA TURNAR LOS AUTOS AL RELATOR. La Suprema Corte reconoce como legal la posibilidad de que el quejoso amplíe su demanda de amparo directo en aquellas materias, como la penal o agraria colectiva, donde la ley no establece plazo para acudir al juicio constitucional; como por una parte tal derecho no podría operar de manera ilimitada, pues ello retardaría la resolución de los respectivos juicios de garantías y, por otra, tampoco cabría excluir del beneficio a los quejosos en dichas materias, respecto de los cuales, incluso debe suplirse la queja deficiente, resulta pertinente acudir a las reglas del procedimiento de sustanciación del amparo directo que establecen los artículos 163, 177, 178, 179 y 184, fracción II, de la ley de la materia, para fijar el plazo de preclusión respectivo; el último precepto en cita determina que el acuerdo de turno al relator cierra la instrucción; por tanto, en los supuestos mencionados la ampliación de la demanda de amparo directo es admisible si se presenta hasta antes de dicho acuerdo."

34. De dicho criterio, prosiguió, se advierte que en los amparos en materias que no especifiquen términos para la ampliación de demanda será admisible sólo si se presenta antes del acuerdo que cita para sentencia. Por tanto, si bien es cierto que los artículos de la Ley de la materia no contemplan restricciones ni términos para la substanciación de una ampliación de motivos de impedimento o recusación, ello no debe entenderse de manera ilimitada, pues se retardaría la resolución del impedimento, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 17 constitucional.

35. Así, concluyó el Tribunal, bajo el principio de que donde existe la misma razón debe obrar la misma disposición resulta que, al aplicar lo dispuesto en el artículo 183 de la Ley de Amparo, que establece que el auto de turno de un amparo directo hace las veces de citación para sentencia, al procedimiento establecido en los numerales 51 al 60 de la propia ley, es correcto que se haya desechado el escrito de ampliación por haberse presentado con posterioridad al acuerdo en que se turnó el expediente al magistrado instructor para la celebración de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución a que se refiere el artículo 60 de la ley de la materia.

36. Es decir, si el expediente se encuentra en estado de resolución, no es posible considerar cuestiones ajenas a las razones inicialmente planteadas, "sin que la decisión adoptada implique que se le esté negando a la promovente el acceso a la jurisdicción para plantear el impedimento, lo cual puede hacer en una nueva promoción, ya que lo que únicamente se decide en esta ejecutoria, es que no es posible ampliar el impedimento porque el expediente ya se encuentra turnado para celebrar audiencia y dictar resolución".

IV. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN

37. A fin de determinar si existe o no la contradicción de criterios denunciada, resulta indispensable puntualizar lo siguiente:

38. Por contradicción de criterios debe entenderse cualquier discrepancia en el criterio adoptado por órganos jurisdiccionales terminales mediante argumentaciones lógico-jurídicas que justifiquen su decisión en una controversia, independientemente de que hayan o no emitido tesis al respecto. Así, de acuerdo con lo resuelto por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la forma de aproximarse a los problemas que se plantean en este tipo de asuntos es la necesidad de unificar criterios y no la de comprobar que se reúnan una serie de características formales o fácticas.(10) 39. En este sentido, el Tribunal Pleno ha sostenido que el estudio de los criterios contendientes exige que se determine si en la especie existe esa necesidad de unificación, lo que se advierte cuando en algún tramo de los procesos interpretativos involucrados, éstos se centran en una misma problemática y concluyen con la adopción de decisiones distintas, aunque no sean contradictorias en términos lógicos.(11)

40. Entonces, para corroborar que una contradicción de criterios es procedente se requiere determinar si existe esa necesidad de unificación, es decir, la presencia de una posible discrepancia en el proceso de interpretación que llevaron a cabo los órganos jurisdiccionales. En otras palabras, para resolver si existe o no la contradicción de criterios es necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –no tanto los resultados que arrojen– con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos–.

41. Por ende, si la finalidad de este tipo de asuntos es la unificación de criterios y dado que el problema radica en los procesos de interpretación –no en los resultados– adoptados por los órganos jurisdiccionales, es posible afirmar que para que una contradicción de criterios sea procedente, es indispensable que se cumplan las siguientes condiciones:

42. Los tribunales colegiados contendientes resuelvan alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de la adopción de algún canon o método, cualquiera que sea.

a) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque; es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y que sobre ese mismo punto de derecho los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.

b) Lo anterior dé lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

43. Con este examen se busca detectar un diferendo de criterios interpretativos más allá de las particularidades de cada caso concreto, por lo que a partir de lo expuesto se verificará si el asunto en estudio cumple con las condiciones necesarias para la existencia de la contradicción de criterios.

44. Por principio de cuentas, conviene recordar en su esencia las posturas contendientes.

45. Al resolver el recurso de reclamación 12/2001, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (Región Centro-Sur), el veintisiete de septiembre de dos mil uno, determinó que cuando cualquiera de las partes en el juicio de amparo invoca determinados hechos como causas de impedimento de algún funcionario, no procede desestimarlos sin que previamente sean examinados a la luz del informe que rinda el servidor público, en virtud de que la imparcialidad y ecuanimidad de las personas que encarnan los órganos jurisdiccionales son requisitos esenciales para una correcta administración de justicia; y si el inconforme, al tener conocimiento del informe rendido por el o por los funcionarios considerados como impedidos para conocer del asunto, pretende ampliar otras causas de impedimento, debe darse trámite a la ampliación y correr traslado al o a los funcionarios de que se trate a fin de que estén en aptitud de rendir el informe correspondiente, según lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Amparo que no prevé limitante a las partes respecto a la oportunidad para promover dichas causales, en tanto que éstas se rigen por disposiciones de orden público e interés social.

46. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito (Región Centro-Norte) al resolver el recurso de reclamación 32/2023, el trece de octubre de dos mil veintitrés, determinó que atendiendo a lo dispuesto en las interpretaciones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los juicios de amparo de las materias que no prevén términos para la ampliación de la demanda se ha sustentado que sí será admisible el escrito respectivo, siempre y cuando se presente antes del acuerdo que cita para sentencia; por tanto, si bien es cierto que los preceptos de la Ley de Amparo no contemplan restricciones ni términos para la substanciación de una ampliación con motivos de impedimento o recusación, ello no debe entenderse de manera ilimitada, pues se retardaría la resolución del impedimento, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, por lo que además es correcto que se haya desechado el escrito de ampliación de que se trata, esto por haberse presentado con posterioridad al acuerdo en que se turnó el expediente al Magistrado instructor para la celebración de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución a que se refiere el numeral 60 de la ley de la materia, pues el expediente ya se encuentra en estado de resolución, de manera que no sería posible considerar cuestiones ajenas a las razones inicialmente planteadas.

47. Como se observa, en principio, los tribunales colegiados contendientes se pronunciaron en torno a una misma cuestión jurídica dentro del juicio de amparo, la posibilidad o no de ampliar causas de impedimento.

48. Ambos órganos jurisdiccionales resolvieron un recurso de reclamación derivado de lo decidido en los autos de un impedimento respecto de determinados juzgadores de amparo ante la pretensión de ampliar las causales de impedimento de los mismos juzgadores.

49. Ciertamente, lo que se impugnó en los recursos fue la negativa de admitir la adición o la ampliación de las causas de impedimento formuladas de forma primigenia. En un caso se impugnó la determinación del Presidente del citado Sexto Tribunal de no admitir la adición de causas de impedimento en la audiencia celebrada con motivo del expediente de impedimento; y, en otro, el desechamiento de plano del escrito de ampliación de los motivos de impedimento emitido por el Presidente del referido Primer Tribunal.

50. Si bien en un asunto la negativa de admitir la adición de las causas de impedimento se adoptó en la audiencia celebrada con motivo del propio procedimiento relativo al impedimento (aunque el escrito de ampliación se presentó varias semanas antes de la audiencia) y; en otro caso, el desechamiento se efectuó en un acuerdo presidencia, lo relevante, en principio, es que en ambos casos los juzgadores respecto de los cuales se formuló impedimento ya habían rendido su informe.

51. Cabe señalar que, en un caso, el promovente presentó su escrito de ampliación luego de conocer el informe rendido por los magistrados en los autos del impedimento; y, en otro, la ampliación se formuló manifestando que se actualizaban hechos supervenientes.

52. Como se ve, en esencia se puede derivar que, los tribunales contendientes decidieron en torno a si procede o no ampliar las causas de impedimento; en ambos casos los servidores públicos, respecto de los cuales se había formulado el impedimento, ya habían rendido su informe sobre las causas primigenias, los autos correspondientes habían sido turnados para la audiencia de pruebas y resolución, y aún no había pronunciamiento que hubiera dilucidado que en el caso específico se actualizaba o no alguna de las hipótesis de impedimento establecidas por la Ley de Amparo.

53. En suma, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito estimó que las partes pueden ampliar las causas de impedimento en cualquier momento, considerando que debe resolverse si existe o no algún motivo que afecte la imparcialidad con la que deben fallar los juzgadores, por lo que no procede desestimar las causas que invoquen las partes sin que previamente sean examinadas a la luz del informe respectivo que rinda el funcionario. En esa línea de pensamiento estableció que si el promovente, al conocer el informe rendido por los magistrados presentó su escrito de ampliación, incluso antes de la celebración de la audiencia de impedimento, debía proveerse lo conducente, esto es, darle trámite al escrito de ampliación, corriendo traslado a los funcionarios contra los que se plantea el impedimento, con la finalidad de que estos rindan su informe, máxime que el artículo 70 de la Ley de Amparo [abrogada] no establece limitante de oportunidad para hacer valer causales de impedimento.

54. En cambio, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, determinó que era correcto el desechamiento del escrito de ampliación, porque la litis se integró con el escrito de impedimento y el informe rendido por el Magistrado señalado como impedido, en el que negó la causa de impedimento, razón por la que había sido turnado el expediente al magistrado instructor para la celebración de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución a que se refiere el artículo 60 de la Ley de Amparo [vigente], de forma que si el escrito de ampliación se presentó con posterioridad al acuerdo de turno, no era posible considerar cuestiones ajenas a las razones inicialmente planteadas, sin que ello implicara negar a la promovente el acceso a la jurisdicción para plantear el impedimento, lo cual podía hacer valer en una nueva promoción; y, aplicó por analogía la jurisprudencia P./J. 13/2003 del Pleno de la Suprema Cor

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32881-a57186c0/recusacion-en-el-amparo-las-partes-pueden-ampliar · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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