Corpus
Modo: Corpus Pro

PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS EN SU VERTIENTE DE PROHIBICIÓN DE REGRESIVIDAD PARA ACTOS LEGISLATIVOS.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 594/2022. · Registro digital (IUS): 32757
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-10-11
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Octubre de 2024, Tomo II, Volumen 1, Pág.7.

AMPARO EN REVISIÓN 594/2022. 13 DE MARZO DE 2024. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIOS: FERNANDO SOSA PASTRANA Y NÉSTOR RAFAEL SALAS CASTILLO.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: **** ****, Sociedad Anónima de Capital Variable, solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de la aprobación y expedición del decreto de 6 de noviembre de 2020, por el que se reformaron los artículos 33 al 38 de la Ley Federal de Cinematografía y determina la extinción del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (FIDECINE). La parte quejosa expresó que esta derogación implicaba un perjuicio a los derechos a la participación cultural, a la libertad de expresión y suponía una violación al principio de no regresividad de los derechos humanos. El Juzgado de Distrito determinó sobreseer y negar el amparo solicitado, por lo que la quejosa interpuso recurso de revisión. El Tribunal Colegiado de conocimiento resolvió el envío del asunto a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para la resolución de la cuestión de constitucionalidad subsistente.

Ver índice temático

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al trece de marzo de dos mil veinticuatro emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el recurso de revisión 594/2022, interpuesto por **** ****, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de la resolución dictada el veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, en el expediente **/2021.

El problema jurídico a resolver por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si la extinción del fideicomiso público de apoyo al cine (FIDECINE), contenido en los artículos 33 a 38 de la Ley Federal de Cinematografía hasta el seis de noviembre de dos mil veinte, es contrario al derecho a la participación cultural y a la libre manifestación de ideas, así como de la prohibición constitucional de regresividad de los derechos humanos.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Hechos que antecedieron a la demanda de amparo. De acuerdo con las constancias que obran en autos del amparo en revisión **/2022 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, se desprenden los antecedentes siguientes:

2. Demanda de amparo. Por escrito presentado el dieciséis de febrero de dos mil veintiuno en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, **** *****, Sociedad Anónima de Capital Variable solicitó, por conducto de su apoderado **********, demandó el amparo y protección de la justicia federal en contra de las autoridad y actos que se indican a continuación:

- Autoridades responsables:

1) La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.

2) La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

3) El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

4) La Secretaria de Gobernación.

5) La Secretaria de Cultura Federal.

6) La Directora General del Instituto Mexicano de Cinematografía.

- Acto reclamado:

A) De la Cámara de Senadores se reclama la aprobación y expedición del "Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo: de la Ley de Hidrocarburos: de la Ley de la Industria Eléctrica; de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; de la Ley General de Protección Civil; de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; de la Ley de Ciencia y Tecnología; de la Ley Aduanera; de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario; de la Ley General de Cultura Física y Deporte; de la Ley Federal de Cinematografía; de la Ley Federal de Derechos; de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo; de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados; de la Ley General de Cambio Climático; de la Ley General de Víctimas y se abroga la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos" (en adelante, el "Decreto" o el "Decreto Impugnado"), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de noviembre de 2020, en especial su artículo Décimo Segundo, así como sus artículos Quinto y Sexto Transitorios;

B) De la Cámara de Diputados se reclama la aprobación y expedición del Decreto referido;

C) Del Presidente de la República se reclama la promulgación y publicación del Decreto;

D) De la Secretaria de Cultura se reclaman los actos de ejecución del Decreto, en especial los relativos a implementar la extinción del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (en adelante, "FIDECINE");

E) De la Directora General del IMCINE se reclaman los actos de ejecución del Decreto, en especial los relativos a implementar la extinción del FIDECINE.

3. La promovente señaló como derechos vulnerados los previstos en los artículos 1o., 4o., 5o., 6o. y 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 1.b, 2.5, 6.2, 7.1 y 11 de la Convención sobre la Protección de la Diversidad de Expresiones Culturales, 13 y 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

4. Sentencia de amparo. El asunto fue del conocimiento del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México con el número de expediente **/2021. El veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, el Juzgado dictó sentencia en el que determinó sobreseer parcialmente el asunto y negar la protección constitucional solicitada.

5. Recurso de revisión. Inconforme con esta decisión, la parte quejosa interpuso un recurso de revisión. Por razón de turno, este recurso fue radicado en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo Presidente lo admitió a trámite el trece de enero de dos mil veintidós con el número **/2022.

6. La Directora General de Procedimientos Constitucionales de la Secretaría de Gobernación interpuso recurso de revisión adhesiva en suplencia de la Secretaria de Gobernación y en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, admitido mediante auto de veintisiete de enero de la misma anualidad.

7. Agotados los trámites procesales correspondientes, en sesión de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, el Tribunal Colegiado resolvió remitir los autos a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación por tratarse de un asunto con un problema subsistente de constitucionalidad de normas, competencia originaria de este Alto Tribunal.

8. Trámite ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mediante proveído de catorce de noviembre de dos mil veintidós, el entonces Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación asumió la competencia originaria para conocer de los recursos de revisión principal y adhesivo, admitió a trámite el asunto con el número 594/2022, lo turnó al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y ordenó su radicación en la Primera Sala.

9. El trece de enero de dos mil veintitrés, el Ministro Presidente de esta Primera Sala tuvo por recibidos los autos y dispuso el avocamiento del asunto. Finalmente, ordenó el envío de los autos al Ministro ponente a efecto de la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

I. COMPETENCIA

10. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente amparo en revisión en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción I, inciso e), y 83 de la Ley de Amparo; 21, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, vigente tras el decreto de reforma legal en la materia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno; así como lo previsto en Punto Tercero en relación con el Segundo, fracción III, del Acuerdo General Plenario 5/2013 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito. En este sentido, por tratarse de un asunto de naturaleza de constitucionalidad de normas en la materia administrativa, esta Primera Sala resulta competente para su resolución.

II. OPORTUNIDAD

11. Resulta innecesario el pronunciamiento de la oportunidad de los recursos de revisión principal y adhesivo, en tanto el Tribunal Colegiado realizó dicho análisis en el momento procesal correspondiente.(1) Por tanto, los requisitos establecidos por el artículo 86 de la Ley de Amparo se encuentran debidamente satisfechos y debe tenerse la interposición de la revisión como realizada de manera oportuna.

III. LEGITIMACIÓN

12. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que **** *****, Sociedad Anónima de Capital Variable, cuenta con la legitimación necesaria para interponer el recurso de revisión, pues está probado que se les reconoció el carácter de quejosa en el juicio de amparo indirecto **/2021.

IV. PROCEDENCIA

13. Esta Primera Sala de la Suprema Corte considera que el asunto reúne los requisitos necesarios de procedencia y, por lo tanto, amerita un estudio de fondo. Esta conclusión se sustenta en que el recurso de revisión principal se interpuso en contra de una sentencia dictada en audiencia constitucional por un Juez de Distrito, en el que se controvirtió la constitucionalidad del decreto de reforma de ley publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de noviembre de 2020, cuya regularidad constitucional es una cuestión subsistente y competencia originaria de este Alto Tribunal.

V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA

14. Esta Primera Sala estima innecesario pronunciarse en relación con las causales de improcedencia hechas valer o advertidas durante el procedimiento, debido a que el Juez de Distrito analizó una causal por la que determinó sobreseer parcialmente en el juicio, lo que fue cotejado por el Tribunal Colegiado con motivo de los recursos de revisión. Asimismo, esta Primera Sala no advierte de oficio alguna causal de improcedencia restante.

VI. ESTUDIO DE FONDO

15. A fin de estar en aptitud para resolver el presente amparo en revisión, conviene resumir los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa en el amparo, las consideraciones de la sentencia recurrida, los argumentos del recurso de revisión principal y adhesivo, así como lo resuelto por el Tribunal Colegiado.

16. Demanda de amparo. En su escrito de demanda inicial, la parte quejosa refirió que la emisión del Decreto impugnado viola los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1o., 4o., 5o., 6o. y 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 1.b, 2.5, 6.2, 7.1 y 11 de la Convención sobre la Protección de la Diversidad de Expresiones Culturales, 13 y 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Para ello, ofreció los siguientes argumentos:

• En su apartado introductorio señaló la importancia del principio de progresividad que ordena ampliar el alcance y la protección de los derechos humanos en la mayor medida posible hasta lograr su plena efectividad de acuerdo con las circunstancias fácticas y jurídicas; así como la obligación estatal correlacionada de la prohibición de regresividad como una conducta de no hacer.

• En esta línea, sostuvo que el principio de progresividad y la prohibición de no regresividad está contenida en tratados internacionales suscritos por México, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) en su artículo 2.1 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) en su artículo 26, que este Alto Tribunal ha reconocido como una obligación para el Estado para justificar las razones para tomar una medida regresiva respecto a un determinado derecho fundamental y que debe superar un test de proporcionalidad.

• En su concepto de violación primero, argumentó que el decreto impugnado constituye una violación a la prohibición de regresividad al derecho a la libertad de expresión en su vertiente artística, pues la extinción del FIDECINE implica una regresión normativa en la manera en que los proyectos cinematográficos serán evaluados y en la que se asignarán los recursos, pues los artículos derogados preveían un fideicomiso regido por un comité técnico integrado de manera plural y que involucraba tanto a autoridades como a representantes de la comunidad cineasta para la toma de estas decisiones.

• Argumentó que esta medida afecta la libertad de los mecanismos generadores de expresiones y afecta el núcleo duro de los artículos 6o. y 7o. constitucionales, pues no puede existir un mercado de las ideas libre y robusto si los individuos no cuentan con la independencia para elegir sus mensajes, lo que en conjunción con los artículos 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establecen la obligación estatal de generar instrumentos que propicien la libertad de expresión y el pluralismo de expresiones fílmicas.

• Consideró que las normas derogadas garantizaban la libertad de expresión porque la cinematografía encuadra dentro de las expresiones artísticas protegidas por el precepto referido 13 de la CADH y constituye una actividad cultural primordial para las artes y la educación, conforme al artículo 4o. de la Ley Federal de Cinematografía, en la que el Estado había cumplido su obligación de garantía y promoción a través de la producción de películas con la participación del FIDECINE.

• En este sentido, los artículos 37 y 38 de la Ley Federal de Cinematografía establecían que la evaluación y asignación de los recursos del FIDECINE le correspondía a un Comité Técnico integrado por: 1) un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 2) uno del Instituto Mexicano de Cinematografía; 3) uno por la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas; 4) uno del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República Mexicana; 5) uno de los productores; 6) uno de los exhibidores; y 7) uno de los distribuidores.

• Argumentó que así, desde la ley, las películas merecedoras de recursos eran seleccionadas por un órgano colegiado plural en número y en perfiles de sus integrantes, lo que garantizaba la independencia en la expresión cinematográfica y democratizaba la toma de decisiones. Además, sostuvo que este diseño institucional del FIDECINE evitaba intentos de censura previa gubernamental y propició la creación de películas con discurso disidente e incómodo para el gobierno en turno,(2) de manera que si la decisión de apoyarlas recayera en un solo funcionario público probablemente no serían apoyadas con fondos públicos.

• Sostuvo que las películas contienen un discurso político que amerita la protección constitucional más intensa como parte del núcleo duro de la libertad de expresión, lo que el decreto impugnado dejó desprotegido, pues ahora se deja en manos del gobierno el poder de impedir el desarrollo de ciertas películas -lo que configura un acto de censura previa- y dio a la administración pública el control absoluto sobre el tipo de contenidos que pueden desarrollarse con fondos públicos.

• De esta manera, consideró que las autoridades responsables violaron la prohibición de regresividad en la protección de los derechos humanos prevista en el artículo 1o. constitucional, pues su obligación era avanzar en la tutela de ese derecho a través de la mejora del mecanismo existente o la creación de uno mejor; pero en su lugar se decretó la destrucción de las garantías existentes y el retorno de control absoluto a la administración pública.

• Esta decisión dejó fuera el derecho de la ciudadanía como factor decisorio en la asignación de recursos y eliminó las previsiones existentes para otras fuentes de financiamiento, como las aportaciones de sectores privado y social, así como las donaciones deducibles de impuestos.

• En su concepto de violación segundo, señaló la prohibición de regresividad en materia de derecho a la cultura, previsto en los artículos 4o. constitucional, 15 del PIDESC, y 6o., 7o. y 11 de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de las Naciones Unidas ("UNESCO"). El quejoso consideró que de los preceptos 4o. constitucional y 15 del PIDESC se desprende la obligación del Estado de promover medios para el desarrollo de la cultura y la diversidad cultural en todas las manifestaciones y expresiones posibles -incluyendo la cinematográfica-, así como el deber de respetar la libertad creativa y, sobre todo, proveer la participación de los ciudadanos en la cultura.

• Adicionalmente, sostuvo que los artículos 6 y 7 de la Convención de la UNESCO hacen énfasis en la importancia de que los Estados miembros que brinden oportunidades para la creación, producción, distribución, difusión y disfrute de las actividades, bienes y servicios culturales nacionales; medidas encaminadas a proporcionar a las industrias culturales un acceso efectivo a los medios de producción; medidas destinadas a conceder asistencia financiera pública; y a respaldar a los artistas y demás personas que participan en la creación de expresiones culturales; así como un entorno que permita la creación y difusión de expresiones culturales de personas con circunstancias y necesidades especiales de distintos grupos sociales o pertenecientes a minorías.

• La parte quejosa argumentó que la obligación de proveer mecanismos para la participación cultural se refleja en el derecho a crear manifestaciones o producciones intelectuales y en esta vertiente, obliga a las autoridades a generar una serie de condiciones previas para lograr una participación real en la vida cultural: tanto la no injerencia en el ejercicio de las prácticas culturas como tomar medidas positivas para potenciar la contribución de los individuos a la vida cultural.

• Específicamente, consideró que las características peculiares de las obras cinematográficas no fueron tomadas en cuenta por las autoridades responsables, pues mientras otras expresiones culturales como la música o la literatura tienen un bajo costo económico para su creador y por lo tanto no enfrentan la misma barrera económica de entrada para participar en la vida cultural en este sector. Entonces, para que un grupo de personas pueda participar en la vida cultural del país mediante la creación de obras cinematográficas se requiere que el Estado proporcione apoyo financiero como condición previa, pues el derecho humano a la cultura es universal y no puede pertenecer a unos pocos privilegiados.

• Ahondó en que no debe interpretarse que el Estado deba entregarle una suma de dinero a cada persona que quiera hacer una película, sino que el derecho a la cultura implica un mandato de optimización de proteger el derecho en la medida de lo posible y atendiendo al principio de progresividad, como se hace en países como Francia, España, Argentina, Chile, Perú, Brasil, Alemania y Estados Unidos de América, donde se crean mecanismos de apoyo financiero para sus cinematografías locales y los fondos disponibles se someten a convocatorias.

• Consideró que la reforma a la Ley Federal de Cinematografía de 1999 creó el FIDECINE con el propósito de generar las condiciones previas para la participación en la vida cultural, lo que se corrobora con la exposición de motivos que señaló la importancia de fomentar el cine nacional ante el creciente consumo de cintas extranjeras, el declive de la producción nacional y la importancia de mantener viva la cinematografía mexicana, por lo que el decreto impugnado genera un retroceso claro ante el éxito del fideicomiso que llegó a financiar más de 260 películas. • La Ley Federal de Cinematografía había generado dos mecanismos diferentes para fomentar la producción de cine nacional: a) los estímulos o incentivos fiscales, contenidos en los artículos 31 y 32 de esta Ley, que dependen enteramente de la voluntad del Ejecutivo Federal y tienen carácter transitorio; y b) el fomento y promoción permanente, mediante el sistema de financiamiento del FIDECINE, que la ley preveía como un instrumento controlado por un órgano colegiado, que probó desde 1999 su eficacia para acrecentar el acceso al derecho a la participación en la vida cultural y permitió que cualquier cineasta con un proyecto interesante pudiera producir cine.

• Entonces, la inconstitucionalidad del decreto se evidencia a partir de la eliminación completa del mecanismo de fomento y promoción del cine, lo que implica una regresión cuantitativa y cualitativa, porque se eliminó el mecanismo más importante y trascendente de los dos. Máxime, el legislador no creó un mecanismo alterno para este fin, por lo que existe un vacío ante el mandato contenido en el artículo 4o. constitucional acerca de que "la ley establecerá mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural." Consideró que esta eliminación del FIDECINE implica una violación al principio de reserva de ley, lo que se agrava dado que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021 sí incluye el rubro de apoyo a la cinematografía, que ahora se deja a la discreción de la administración pública.

• La parte quejosa argumentó que el FIDECINE constituía un contrapeso ante la hegemonía del cine estadounidense, brindando a los mexicanos la posibilidad de verse y reconocerse en pantalla, lo que atenta contra el principio de diversidad cultural. Por otro lado, este fideicomiso cumplía con el principio de participación ciudadana en la gobernanza democrática, pues sus decisiones de manejo eran esencialmente ciudadanas, pues era la propia comunidad cinematográfica la que materializaba su participación en la cultura.

• En virtud de que el decreto impugnado ha eliminado al órgano técnico colegiado, la decisión de qué películas apoyar corresponde vertical y unilateralmente a la administración pública, sin que haya una ley que obligue o regule, lo que afecta la libertad creativa y una interferencia directa del Estado en los contenidos cinematográficos, pues todos los proyectos financiados deben contar con la autorización previa del gobierno, lo que afecta el derecho a la libertad de expresión. Esto destruyó los avances que se habían logrado con las reformas de 1999 a la Ley Federal de Cinematografía, pues se eliminó el único mecanismo previsto en ley para el fomento y promoción del cine; la composición plural y ciudadana de su órgano colegiado de toma de decisiones; sus fuentes plurales de financiamiento a través del presupuesto de egresos, donaciones, aportaciones y resultados de la explotación de películas; y el presupuesto anual suficiente para apoyar en la producción de varias películas al año.

• La parte quejosa sostuvo que estas medidas constituían avances en materia de derechos culturales que configuran el nuevo estándar mínimo de protección de derechos humanos, por lo que ahora resultaban un límite indisponible para el legislador y existe una regresividad normativa que suprime garantías legales e infraestructura jurídica que se habían otorgado previamente. Entonces, demostrado el retroceso en concreto, se traslada al Estado la carga de la prueba de una justificación agravada debido a que las medidas regresivas en la protección de derechos humanos tienen una presunción de inconstitucionalidad, en el que las autoridades responsables tenían la carga de argumentar de manera sólida con premisas empíricas certeras y demostrarlas, lo que no hicieron en el presente caso.

• Posteriormente, la parte quejosa brindó argumentos acerca de cómo el decreto impugnado no supera un test de proporcionalidad. Primero, consideró que de un análisis de la exposición de motivos se advertía que el Decreto pretende justificar esta decisión con los fines de hacer frente a la pandemia de SARS-CoV-2 y eliminar las supuestas prácticas de falta de transparencia y rendición de cuentas, que si bien estas finalidades son constitucionalmente válidas, la medida no resultaba idónea para lograr estos objetivos, pues desde el mismo Decreto se alude que esos recursos podrían utilizarse para fines diversos como el "balance fiscal federal", por lo que podrían usarse para cualquier propósito diverso al combate a la pandemia.

• Señaló, que por otro lado, la extinción del FIDECINE no abona realmente a la transparencia, pues mientras no exista el fideicomiso no habría nada qué transparentar, lo que resulta un absurdo para la consecución del derecho a la cultura; además de que el FIDECINE ya contaba con toda una infraestructura para la rendición de cuentas en sus Reglas de Operación y brindaba reportes financieros periódicos con base en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, además de que no se pensó en medidas alternativas para mejorar la rendición de cuentas menos lesivas para el derecho a la cultura. De esta manera, el Decreto no satisface el requisito de idoneidad y debe concluirse que esta norma general viola el artículo 4o. constitucional, 15 del PIDESC, y 5o., 7o. y 11 de la Convención de la UNESCO, pues no brinda argumentos de peso y empíricamente fundados para romper con la presunción de inconstitucionalidad de la medida regresiva.

• Abundó en que el Decreto tampoco satisfizo los requisitos de necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, pues el Congreso debía privilegiar el medio alternativo menos lesivo con los derechos afectados, por ejemplo: suspender temporalmente las operaciones del FIDECINE mientras se resolvía la crisis sanitaria; la reducción temporal de los montos dedicados; la creación de una contribución extraordinaria para la financiación de la crisis sanitaria; la suspensión temporal de proyectos costosos que no tienen un impacto en derechos humanos adquiridos como el Tren Maya o el Complejo Cultural Bosque de Chapultepec.

• Enfatizó la prohibición de regresividad en materia de derechos culturales, en la que la Observación General núm. 21 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales determina que el Estado tiene que probar que ha hecho un examen cuidadoso de todas las opciones y que la medida está justificada de acuerdo con la totalidad de los derechos reconocidos en el PIDESC. Señaló que en el caso existe una regresividad de resultados, pues la figura del FIDECINE ya se había convertido en un mínimo forzoso en materia de derecho a la cultura y su extinción no resultaba idónea para combatir la emergencia sanitaria por la ínfima cantidad de recursos que representa relativamente en la partida presupuestal del Estado. Además, la extinción de este fideicomiso es una medida sumamente gravosa debido a su definitividad, pues incluso controlada la crisis sanitaria, continuaría su falta de operaciones.

• De una ponderación en sentido estricto en el caso concreto, la afectación al derecho a la cultura es grave, pues se destruye total y permanentemente el único mecanismo previsto por ley para el fomento y promoción del cine; mientras que el beneficio al combate a la crisis sanitaria es leve porque la cantidad del fideicomiso es poco significativa a la causa y levísima para la transparencia y rendición de cuentas, pues ya no existe nada qué transparentar, máxime cuando este fideicomiso ya contaba con garantías estrictas de rendición de cuentas.

• En su concepto de violación tercero, señaló que el acto reclamado implica una violación a la prohibición de regresividad en materia de derecho a la cultura como una reducción presupuestaria, pues los recursos que se destinan anualmente a la participación en la vida cultural forman parte del ámbito constitucional de tutela al derecho a la cultura. En este sentido, señaló que el artículo 2.1 del PIDESC ordena que los estados parte se comprometan a adoptar medidas, especialmente legislativas y de naturaleza económica y hasta el máximo de recursos que disponga, para lograr progresivamente la efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales; lo que también está señalado en el artículo 6.2 de la Convención de la UNESCO, por lo que las autoridades están obligadas a brindar financiamiento público para hacer efectivo el derecho a toda persona a participar en la vida cultural del país.

• Señaló que esta reducción presupuestaria configura una regresión económica que representa una disminución en la satisfacción económica del derecho, pues el estándar previo a la decisión era dedicar más de 100 millones de pesos al fomento y promoción del cine, lo que resulta una medida regresiva prohibida por el artículo 1o. constitucional y 2o. del PIDESC.

• Finalmente, en su cuarto concepto de violación, la parte quejosa refirió que el Decreto impugnado contraviene el derecho humano a la libertad de trabajo y ocupación, previsto en el artículo 5o. de la Constitución Federal, pues este derecho implica obligaciones positivas para el Estado de proveer condiciones mínimas para que una persona pueda dedicarse a la ocupación que elija, lo que se satisfacía con la creación del FIDECINE y que ha quedado coactado de manera regresiva.

17. Sentencia de amparo. El Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México determinó sobreseer parcialmente en el juicio y negar el amparo solicitado, mediante sentencia de veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno. Para ello, se emitieron las consideraciones vertidas a continuación.

• Primero, determinó como inexistentes los actos atribuidos a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Cultura y a la Direc

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32757-0db1ddb5/principio-de-progresividad-metodologia-de-analisis-en-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.