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CONCESIONES MINERAS. EL DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 8 DE MAYO DE 2023 NO VIOLA EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. CONCESIONES PARA MINERÍA Y AGUA. SUPUESTOS EN LOS QUE EL DECRETO DE 8 DE MAYO DE 2023 REQUIERE ACTO DE APLICACIÓN PARA SU IMPUGNACIÓN DE AMPARO INDIRECTO. PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS. SON LOS ÚNICOS LEGITIMADOS PARA IMPUGNAR LA OMISIÓN DE SOMETERLES A CONSULTA EL DECRETO DE REFORMAS EN MATERIA DE CONCESIONES PARA MINERÍA Y AGUA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 8 DE MAYO DE 2023.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 465/2024. · Registro digital (IUS): 34121
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-07-03
Promovente: —
Localización: Duodécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Julio de 2026, Tomo I, Volumen 1, Pág.100.

AMPARO EN REVISIÓN 465/2024. 4 DE DICIEMBRE DE 2025. PONENTE: LENIA BATRES GUADARRAMA. SECRETARIO: CÉSAR VILLANUEVA ESQUIVEL.

SÍNTESIS

Demanda de amparo. Monarca Mining, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (S.R.L. de C.V.) promovió juicio de amparo indirecto en contra del Congreso de la Unión, la Presidencia de la República, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y otros, en el ámbito de sus respectivas competencias, por la discusión, aprobación, promulgación, falta de refrendo y posible aplicación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el ocho de mayo de dos mil veintitrés.

La quejosa consideró que la norma controvertida vulneraba los principios de irretroactividad, reserva de ley, tutela judicial efectiva, entre otros. Además, señaló que el procedimiento legislativo que le dio origen tuvo diversas irregularidades.

Sentencia de amparo indirecto. El juzgado de distrito al que correspondió conocer del asunto dictó sentencia mediante la cual determinó, por una parte, sobreseer respecto de diversos actos y autoridades, y por otra, negar el amparo a la parte quejosa porque no contaba con interés para impugnar el procedimiento de creación de la norma.

Por otro lado, el juzgado de distrito consideró que el decreto impugnado no contravenía el principio de reserva de ley. Además, refirió que la norma no era violatoria del principio de irretroactividad ya que los títulos de concesión cuentan con elementos regulatorios, los cuales pueden ser modificados unilateralmente por el Estado en atención a los intereses de la colectividad.

Recurso de revisión principal. Monarca Mining, S.R.L. de C.V., inconforme, interpuso recurso de revisión, en el que atacó las consideraciones desarrolladas por el órgano jurisdiccional y reiteró los argumentos de inconstitucionalidad en torno al decreto reclamado y a su proceso legislativo.

Recursos de revisión adhesivos. La Presidencia de la República y la Secretaría de Economía, así como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente interpusieron recursos de revisión adhesiva, en los que sostuvieron que las consideraciones desarrolladas por la persona juzgadora de distrito habían sido correctas.

Resolución del tribunal colegiado. El tribunal colegiado del conocimiento dictó resolución en la que declaró improcedentes los recursos de revisión adhesivos interpuestos por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría de Economía.

Por otro lado, el tribunal colegiado determinó enviar los autos del amparo en revisión a esta SCJN, al considerar que subsistía un tema de constitucionalidad respecto del cual no existen precedentes.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al cuatro de diciembre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el amparo en revisión 465/2024 interpuesto en contra de la sentencia dictada el catorce de noviembre de dos mil veintitrés en el juicio de amparo indirecto 1043/2023 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México.

El problema jurídico por resolver en el Pleno de la SCJN consiste en determinar la regularidad constitucional del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera (LM), de la Ley de Aguas Nacionales (LAN), de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), en materia de concesiones para minería y agua, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el ocho de mayo de dos mil veintitrés.

ANTECEDENTES

1. Demanda de amparo. Monarca Mining, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (S.R.L. de C.V.) promovió juicio de amparo indirecto en contra del Congreso de la Unión, la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Economía (SE), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en el ámbito de sus respectivas competencias, por la discusión, aprobación, promulgación, falta de refrendo y posible aplicación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera (LM), de la Ley de Aguas Nacionales (LAN), de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR), en materia de concesiones para minería y agua, publicado en el DOF el ocho de mayo de dos mil veintitrés.

2. La promovente hizo valer los conceptos de violación siguientes:

• Primero. El proceso que dio lugar a la norma reclamada implicó diversas violaciones al procedimiento legislativo, lo que resultó violatorio de los principios de democracia deliberativa y debida administración, así como del derecho al buen gobierno. Las violaciones fueron las siguientes:

- Las autoridades legislativas discutieron el decreto conforme a datos aportados por la Secretaría del ramo correspondiente, lo que resulta contrario a los artículos 92 y 93 de la CPEUM. Lo anterior se verifica con el hecho de que el decreto reclamado no fue refrendado por la SE o por la SEMARNAT.

- El proceso deliberativo del decreto se centró en cuestionar situaciones políticas y no datos certeros respecto al impacto de la minería en el desarrollo económico nacional.

- La votación de la iniciativa del decreto impugnado fue irregular; no se cumplió con el quórum exigido por la CPEUM.

- En el proceso legislativo no participaron grupos parlamentarios minoritarios ni se permitió que se realizaran consultas públicas o mesas de diálogo a pesar de versar sobre un tema relevante como la explotación, uso y aprovechamiento de los minerales de la nación.

- El dictamen del decreto se hizo del conocimiento del Pleno de la Cámara de Diputados a las veinte horas del día anterior a su discusión, en contravención a los derechos de las minorías parlamentarias y de la población.

- La publicación del decreto se hizo en la versión vespertina del DOF, lo que constituye una actuación irregular.

- El decreto no fue consultado con comunidades y pueblos indígenas, en contravención al Convenio 168 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

• El decreto impugnado impone a particulares la obligación de realizar consultas a comunidades y pueblos indígenas a pesar de que, en términos del Convenio 169 de la OIT, dicho deber corresponde al Estado.

• Segundo. Los artículos transitorios primero, segundo, quinto al décimo primero y décimo tercero violan el principio de irretroactividad de la ley, en tanto restringen derechos adquiridos de la parte quejosa —que contaba con una concesión minera previa—, además de que imponen obligaciones que antes no tenía, como las relativas a realizar planes de cierre y postcierre de minas, consultas a pueblos y comunidades indígenas, aunado al deber de informar su contabilidad e información fiscal a particulares.

• Los preceptos transitorios referidos afectan las ganancias lícitas y aprovechamientos a los que la quejosa tenía derecho.

• Los artículos transitorios son violatorios del principio de certeza jurídica. Por un lado, establecen la derogación de las disposiciones que se opongan al decreto, y por otro, instituyen que los procedimientos relacionados con actividades de minería se tramitarán conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su inicio.

• Tercero. Los artículos 1o., 6o., 6o. Bis, 10, 10 Bis, 11, 12, 13, 13 Bis, 14 Bis, 15, 15 Bis, 19, 19 Bis, 20, 22, 23, 24, 27, fracciones I, II, VII a IX, XV, XX, XXI, XXII y XXIII, 28, 35 Bis, 40, 42, fracciones III, IV, VI, VII, VIII, IX, y X, 45, 46, fracción VI, 53, 55, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 58, 60, 61, 62, 63, 64 y 65 de la LM son inconstitucionales.

• Las normas controvertidas exceden las disposiciones de la CPEUM, al establecer que el litio es de exploración, explotación y aprovechamiento exclusivo del Estado, lo que pretende limitar la actividad respecto de ciertos minerales. La CPEUM sólo prohíbe el otorgamiento de concesiones respecto a materiales radioactivos.

• El decreto impugnado es contrario a los principios de reserva de ley y de jerarquía normativa al establecer que, en el reglamento respectivo, se indicará la definición de la política de exploración nacional. Dicho concepto debe estar contenido dentro de la ley y no en normas reglamentarias.

• El decreto considera que sólo el Estado, a través del Servicio Geológico Mexicano (SGM), puede realizar actividades de exploración minera, lo que resulta contrario a los artículos 5o. y 27 constitucionales porque impide que la quejosa puede realizar una actividad lícita.

• Los numerales reclamados son contrarios al artículo 27 constitucional pues establecen procedimientos inequitativos para los sujetos que tengan contratos con el SGM y para aquellos que tengan una concesión.

• Los artículos 13, 13 Bis, 14, 15, 19 Bis, 20, 23, 27, 28, 35 Bis y 43 del decreto impugnado vulneran el principio de reserva de ley, así como la garantía de seguridad jurídica en tanto no establecen los parámetros de los procedimientos y trámites administrativos, ni las reglas de competencia, cumplimiento y actuación conforme a las cuales se deberá regir la autoridad.

• Los numerales 7o., fracción XVIII y XIX, 40, fracción IV, 53, fracción II y 60 de la LM son contrarios a la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, en relación con los artículos 13, 14, 16, 89 y 134 de la CPEUM pues implican desconocer la validez de los actos administrativos por los cuales se otorgaron concesiones.

• Los artículos 42, 55, 57 Bis, 57 Ter, 58, 64 y 65 de la LM imponen sanciones excesivas, sin definir de manera apropiada sus elementos y consecuencias.

• Cuarto. Los artículos 3o., fracción LVII bis, 24, 29 bis 4, fracciones XVII, XIX y XX, 37 último párrafo, 81 Bis, 81 Bis 1, 81 Bis 2, 81 Bis 3, 81 Bis 4, 88 Bis, fracción V Bis de la LAN son inconstitucionales en tanto no definen los procedimientos ni los principios a los cuales se deberá sujetar la autoridad. Además, imponen obligaciones retroactivamente a la quejosa.

• Quinto. Los artículos 47 Bis y 107 Bis de la LGEEPA son inconstitucionales, pues imponen sanciones excesivas e implican la aplicación retroactiva de diversas disposiciones en perjuicio de la quejosa.

• Sexto. Los numerales 1o., fracción V, 5o., fracción XXX Bis 1, 7o., fracción III, 17, 33, 39 y 45 de la LGPGIR son contrarios a los derechos de la quejosa en tanto no establecen los elementos que habrán de evaluarse para la imposición de sanciones ni definen los aspectos técnicos que habrán de seguir los procedimientos y acciones aplicables. Además, implican una violación a la esfera de competencias de diversas autoridades.

• Los artículos reclamados invaden la esfera competencial de los municipios, en tanto la limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos le corresponden exclusivamente.

3. Trámite en el juzgado de distrito. De la demanda correspondió conocer por razón de turno al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, órgano jurisdiccional que, mediante acuerdo de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, registró el asunto bajo el expediente del juicio de amparo indirecto 1043/2023 y se declaró incompetente por razón de territorio, por lo que ordenó su remisión al Juzgado de Distrito en el Estado de Durango en turno.

4. El Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Durango registró la demanda con el número de expediente del amparo indirecto 981/2023 y determinó no aceptar la competencia planteada, por lo que remitió los autos al tribunal colegiado de circuito del primer circuito en turno para que resolviera a qué órgano le correspondía conocer del asunto.

5. El Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito conoció del conflicto competencial bajo el número de expediente número 38/2023, y mediante resolución dictada el veintiocho de agosto de dos mil veintitrés resolvió que el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México era el competente para conocer del asunto, al considerar que el acto impugnado debía ser conocido por el órgano jurisdiccional frente al que se presentó por haber tenido carácter autoaplicativo.

6. Sentencia de amparo indirecto. El Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, seguidos los trámites conducentes, celebró la audiencia constitucional correspondiente y emitió sentencia el catorce de noviembre de dos mil veintitrés mediante la cual determinó, por una parte, sobreseer respecto de diversos actos y autoridades, y por otra, negar el amparo a la parte quejosa.

7. El juzgado de distrito emitió las consideraciones siguientes:

• El concepto de violación relativo a que no se respetó el derecho de participación de todas las fuerzas políticas en el procedimiento de creación de la norma impugnada es inoperante, pues la parte quejosa no se ve afectada por el principio de deliberación democrática. Lo anterior en términos de la contradicción de tesis 105/2017 de la entonces Segunda Sala de la SCJN.

• El decreto reclamado no es violatorio de los principios de reserva de ley y de jerarquía normativa toda vez que fue emitido conforme a la facultad reglamentaria prevista en el artículo 89, fracción I de la CPEUM que tiene el Poder Ejecutivo Federal; además, su propósito radica en contar con reglas claras que combatan el abuso en el otorgamiento de concesiones y sus operaciones.

• El decreto contiene normas inherentes a la regulación del sector minero que establecen requisitos y reglas de observancia general que tienen como finalidad contribuir a la distribución equitativa de la riqueza pública, garantizar la protección del medio ambiente, lograr el desarrollo equilibrado y sustentable del país. Esta situación no acredita que el Poder Ejecutivo haya regulado una materia constitucionalmente reservada pues no estableció restricciones, sino que solo se limitó a reglamentarla.

• La norma no es contraria al principio de irretroactividad de la ley, en tanto el otorgamiento de un título de concesión o permiso en el que se pacten cláusulas reglamentarias, relacionadas con el cumplimiento de las leyes de la materia, no crean derechos adquiridos.

• La concesión constituye un acto administrativo mixto en el cual coexisten elementos reglamentarios y contractuales. La cláusula reglamentaria es aquélla en la cual se fijan las normas a las que ha de sujetarse la organización y funcionamiento de la concesión. El Estado puede modificar estas cláusulas en cualquier instante de acuerdo con las exigencias del interés público.

• El elemento contractual tiene como propósito proteger los intereses legítimos del concesionario a través de la creación de una situación jurídica a su favor que no puede ser modificada unilateralmente por el Estado.

• En el título de concesión se fijan condiciones regulatorias que se encuentran vinculadas al marco legal que regula a las concesiones, el cual podrá ser modificado por el Estado en atención a decisiones que importen intereses de la colectividad, sin que, para ello, sea necesario el consentimiento de las personas concesionarias.

• Las cláusulas regulatorias no pueden crear derechos adquiridos porque: (I) se encuentran vinculadas a la legislación, (II) la normatividad se encuentra sujeta a reformas y modificaciones; y, (III) por la dinámica legislativa y administrativa, esos derechos no pueden conformar el patrimonio de las permisionarias.

• Resulta aplicable la tesis aislada 1a. LXXVII/2005 de la Primera Sala de la SCJN, de rubro: "CONCESIÓN ADMINISTRATIVA. LAS MODIFICACIONES A SUS CLÁUSULAS REGULATORIAS EN VIRTUD DE REFORMAS A LA LEGISLACIÓN RELATIVA, AL NO AFECTAR DERECHOS ADQUIRIDOS DEL CONCESIONARIO NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE RETROACTIVIDAD DE LEYES.”(1)

• Las modificaciones incorporadas con el decreto reclamado sólo implican nuevos lineamientos reglamentarios para la explotación del sector minero, es decir, se refieren a la manera en la que el Estado dispone de los minerales y los recursos naturales dentro del territorio nacional sin que ello represente una alteración a una disposición contractual sino reglamentaria, lo cual de manera alguna afecta los términos contractuales de los títulos de concesión.

8. Recurso de revisión. Monarca Mining, S.R.L. de C.V., interpuso recurso de revisión en el que hizo valer los agravios siguientes:

• Primero. La quejosa sí puede impugnar el procedimiento legislativo que dio origen a la norma reclamada en virtud de la situación especial que guarda frente al ordenamiento jurídico.

• Considerar lo contrario tendría como consecuencia que la ciudadanía no pueda impugnar procedimientos legislativos irregulares por el solo hecho de no ser personas legisladoras. Las consideraciones que el juzgado de distrito adoptó en torno al principio de instancia agraviada fueron erróneas.

• En el procedimiento legislativo existieron las irregularidades siguientes:

- La Cámara de Diputados no fundó ni motivó por qué se le dio el carácter de urgente a la iniciativa de proyecto del decreto reclamado.

- La iniciativa no fue publicada en la Gaceta Parlamentaria antes de las veintidós horas del día anterior a su discusión, lo que incidió de manera negativa en su deliberación.

• Segundo. El estudio del juzgado de distrito en torno a la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo Federal fue incongruente. El juzgado debió analizar si el decreto impugnado excedía o no lo dispuesto por la CPEUM, es decir, no debió centrar su análisis en las facultades reglamentarias del Poder Ejecutivo Federal.

• El juzgado no consideró que el decreto impugnado excede lo dispuesto en la CPEUM pues establece que la exploración será de utilidad pública, a pesar de que lo único que le corresponde al Estado es la facultad de explotación y beneficio de minerales.

• En el asunto no se impugnó la facultad reglamentaria de la Presidencia de la República, la cual no ha emitido el reglamento de la ley impugnada. Además, la autoridad jurisdiccional basó su decisión en consideraciones subjetivas y políticas carentes de sustento jurídico.

• Tercero. El decreto impugnado alteró procedimientos y acciones que ya se habían llevado a cabo y no sólo condiciones generales regulatorias, de ahí que, contrario a lo determinado por la autoridad recurrida, sí se afectaron derechos adquiridos.

• La normativa establece que la exploración minera quedará a cargo del SGM, lo que resulta contrario a las concesiones previamente otorgadas, así como a los derechos adquiridos de las concesionarias.

• La CPEUM no establece que la exploración, explotación, beneficio y uso del litio se encuentre reservado para el Estado, por lo que la interpretación realizada por el órgano recurrido es incorrecta.

• El decreto impugnado otorgó una facultad indebida al Poder Ejecutivo, al permitirle un mayor control y manejo sobre las concesiones.

• Cuarto. El juzgado de distrito fue omiso en analizar los conceptos de violación relativos a la obligación de consultar a pueblos y comunidades indígenas sobre el decreto reclamado. Además, no se pronunció en torno al argumento de la vulneración de las facultades municipales.

• Quinto. El juzgado de distrito determinó de manera errónea que los actos reclamados son de carácter heteroaplicativo a pesar de que la quejosa demostró que con la sola entrada en vigor del decreto se afectó su esfera jurídica.

• Sexto. Se vulneró el derecho a la tutela jurisdiccional, ya que el órgano jurisdiccional omitió estudiar los principios de democracia deliberativa y buena administración.

9. Trámite ante el tribunal colegiado de circuito. Del recurso correspondió conocer al Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, órgano jurisdiccional que, mediante acuerdo de cinco de abril de dos mil veinticuatro, lo registró bajo el número de expediente del amparo en revisión 165/2024 y lo admitió a trámite.

10. Recursos de revisión adhesivos. La Presidencia de la República y la SE, a través del titular de la Coordinación de lo Contencioso de la Unidad de Apoyo Jurídico de la SE, así como el INPI y la PROFEPA interpusieron recursos de revisión adhesiva.

11. En particular la Presidencia de la República y la SE sostuvieron lo siguiente:

• La recurrente no atacó el sobreseimiento decretado por la persona juzgadora de distrito, por lo que debe quedar firme.

• La recurrente no cuenta con interés para impugnar el procedimiento legislativo del decreto reclamado pues el principio de democracia deliberativa tutela a los grupos parlamentarios y no a los particulares.

• El decreto era de carácter urgente, de ahí que un particular no pueda combatir el procedimiento que le dio origen.

• Los títulos de concesión no otorgan derechos adquiridos, pues sólo facultan a los concesionarios para realizar actividades de explotación minera, lo que no pasa a formar parte del patrimonio de los concesionarios, quienes no poseen derechos sobre los bienes de la nación.

• La recurrente no acreditó tener interés legítimo o jurídico para impugnar los actos reclamados.

• No se violenta el principio de irretroactividad con la eliminación de la exploración y explotación en materia de minería, en virtud de que la regulación del tema minero implica desarrollar una normatividad inherente a recursos naturales que constituyen y forman parte del dominio directo y originario del Estado.

12. Admisión de los recursos adhesivos. El Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante acuerdos de dieciséis y veintidós de abril de dos mil veinticuatro, admitió a trámite los recursos de revisión adhesivos.

13. Resolución del tribunal colegiado de circuito. En sesión de veintitrés de mayo de dos mil veinticuatro, el órgano jurisdiccional dictó resolución en la que determinó lo siguiente:

• Son improcedentes los recursos de revisión adhesiva interpuestos por la SE, el INPI y la PROFEPA porque la parte quejosa recurrente no cuestionó el sobreseimiento de los actos que se les reclamó a dichas autoridades.

• El sobreseimiento decretado por el juzgado de distrito ha quedado firme en tanto la parte recurrente no planteó agravios encaminados a combatirlo.

• Son infundados e ineficaces los agravios relativos a las causas de improcedencia del juicio de amparo. En primer lugar, contrario a lo que aduce la Presidencia de la República, la recurrente sí tiene interés jurídico para combatir el decreto reclamado, tal como lo demostró con sus títulos de concesión minera.

• La recurrente cuenta con interés para reclamar el proceso legislativo de las normas impugnadas en virtud de la posición especial que guarda frente a éstas.

• Al respecto, la Primera Sala de la SCJN, al resolver el amparo en revisión 25/2021, determinó que los actos intralegislativos son actos de autoridad susceptibles de ser revisables a través del juicio de amparo indirecto.

• En segundo lugar, es ineficaz el agravio quinto de la recurrente, relativo a que la persona juzgadora de distrito determinó erróneamente que los actos combatidos eran heteroaplicativos, en tanto el juzgado de distrito no planteó dicha consideración.

• Se remiten los recursos de revisión a la SCJN, a efecto de que se pronuncie sobre el tema de constitucionalidad respecto del Decreto publicado en el DOF el ocho de mayo de dos mil veintitrés, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la LM, de la LAN, de la LGEEPA y de la LGPGIR, en materia de concesiones para minería y agua.

• La SCJN no ha desarrollado criterios orientadores en torno a los actos reclamados a la luz de los principios constitucionales de irretroactividad, seguridad jurídica, confianza legítima, fundamentación y motivación.

14. Trámite ante esta SCJN. La entonces Ministra Presidenta de esta SCJN, mediante acuerdo de diez de junio de dos mil veinticuatro, ordenó asumir competencia originaria para conocer del asunto, al que correspondió el expediente 465/2024 y admitió a trámite el recurso de revisión principal y la revisión adhesiva. Asimismo, instruyó su turno a la Ministra Lenia Batres Guadarrama y ordenó su radicación en la extinta Segunda Sala de esta SCJN.

15. Continuación del conocimiento del asunto. En términos del artículo sexto transitorio del Acuerdo General Número 1/2025 (12a.) del Pleno de la SCJN, que regula la recepción, registro y turno de los asuntos de su competencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.) el cuatro de septiembre de dos mil veinticinco, se determinó que los asuntos conocidos por las Ministras de la integración previa continuarían conociendo de los mismos sin necesidad de acuerdo de returno.

16. Publicación de proyecto. El proyecto de sentencia fue publicado de conformidad con lo dispuesto por los artículos 73, párrafo segundo, y 184, párrafo primero, de la Ley de Amparo en relación con lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento de Sesiones de la SCJN y de integración de las listas de asuntos con proyecto de resolución.

17. Vista a la parte quejosa. Mediante acuerdos presidenciales de veinticinco de septiembre y trece de noviembre de dos mil veinticinco, se dio vista a la parte quejosa con el proyecto de sentencia al haberse advertido oficiosamente la actualización de una causa de improcedencia del respectivo juicio de amparo indirecto en términos de los artículos 20, fracción II, primera parte, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF) y 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo.

I. COMPETENCIA

18. El Pleno de la SCJN es competente para conocer del presente amparo en revisión, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, inciso a, de la CPEUM;(2) 81, fracción I, inciso e)(3) y 83 de la Ley de Amparo,(4) 16, fracción III, de la LOPJF,(5) así como de conformidad con lo previsto en el acuerdo segundo, fracción VIII, inciso a)(6) del Acuerdo General 2/2025 (12a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de tres de septiembre de dos mil veinticinco, en el que se precisan los asuntos de su competencia y los que se delegan a otros órganos jurisdiccionales federales, publicado en el DOF el diecinueve de septiembre de dos mil veinticinco, por tratarse de un amparo en revisión interpuesto en contra de una sentencia dictada por un juzgado de distrito en un juicio de amparo indirecto en el que se reclamó la constitucionalidad normas federales.

II. OPORTUNIDAD Y LEGITIMACIÓN

19. El Pleno de la SCN considera innecesario pronunciarse sobre la oportunidad y legitimación en la presentación del recurso de revisión principal y adhesivos, en virtud de que el tribunal colegiado de circuito del conocimiento atendió esos aspectos en los puntos considerativos segundo, tercero y cuarto de su ejecutoria, respectivamente.

III. PROCEDENCIA

Causales de improcedencia planteadas por las partes

20. El Pleno de la SCJN considera innecesario pronunciarse acerca de las causales de improcedencia hechas valer por las partes, en tanto el tribunal colegiado de circuito del conocimiento las atendió mediante resolución de veintitrés de mayo de dos mil veinticuatro.

Causales de improcedencia advertidas de oficio

21. El Pleno de la SCJN analizará diversas causas de improcedencia advertidas de oficio respecto de disposiciones específicas que forman parte del Decreto impugnado bajo tres supuestos: (i) ausencia de afectación de los artículos en los intereses jurídicos de las normas por su simple entrada en vigor ante la falta de acreditación de un acto concreto de aplicación en su esfera jurídica, (ii) impugnación extemporánea e (iii) inimpugnabilidad constitucional.

(i) Sobreseimiento por inexistencia de afectación de las normas reclamadas en la esfera jurídica de la parte quejosa

22. El Pleno de la SCJN analizará de oficio, en primer lugar, la actualización de la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XII(7) de la Ley de Amparo, que establece el juicio de amparo es improcedente en contra de actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa.

23. El artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo será improcedente en contra de actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa. El artículo 107, fracción I de la CPEUM(8) contempla que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada; tendrá ese carácter quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo, individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viole sus derechos.

24. En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo,(9) las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. De conformidad con el artículo 93, fracción III de la misma ley,(10) el órgano jurisdiccional que conozca del amparo en revisión podrá examinar de oficio la actualización de las causas de improcedencia desestimadas por el juzgador de origen siempre que los motivos sean diversos a los considerados por el órgano de primera instancia.

25. El tribunal revisor tiene plenas facultades para examinar la existencia de una causal de improcedencia en tanto el análisis de la procedencia del juicio de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/34121-b64eb31c/concesiones-mineras-el-decreto-de-reformas-publicado-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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