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Modo: Corpus Pro

DESECHAMIENTO DE SOLICITUDES EN TRÁMITE DE NUEVA CONCESIÓN DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN. EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO, PÁRRAFO TERCERO, DEL DECRETO EN MATERIA DE CONCESIONES PARA MINERÍA Y AGUA, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 583/2024. · Registro digital (IUS): 33888
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-03-13
Promovente: —
Localización: Duodécima Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Marzo de 2026.

AMPARO EN REVISIÓN 583/2024. 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025. MAYORÍA DE SIETE VOTOS DE LAS PERSONAS MINISTRAS SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA, IRVING ESPINOSA BETANZO, MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, LENIA BATRES GUADARRAMA, LORETTA ORTIZ AHLF Y HUGO AGUILAR ORTIZ. DISIDENTES: GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA Y ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA, QUIEN ANUNCIÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: LENIA BATRES GUADARRAMA. SECRETARIO: CÉSAR VILLANUEVA ESQUIVEL.

SÍNTESIS

Se reclama la inconstitucionalidad del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de mayo de dos mil veintitrés, en particular el párrafo tercero del artículo 5o. transitorio. Lo anterior porque dicho artículo establece que las solicitudes en trámite de nuevas concesiones de exploración y explotación se desecharán sin mayor trámite.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en sesión correspondiente al veinticinco de septiembre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el recurso de revisión 583/2024, interpuesto por las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, así como la Presidencia de la República, en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo indirecto 1078/2023.

El problema jurídico a resolver por el Pleno de la SCJN consiste en determinar si el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el ocho de mayo de dos mil veintitrés, en específico, el artículo quinto transitorio de la Ley Minera, es violatorio de los principios de irretroactividad de las normas, seguridad jurídica, confianza legítima, fundamentación y motivación, contenidos en los artículos 1, 5, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Demanda de amparo. El diecinueve de junio de dos mil veintitrés, la quejosa promovió amparo contra los siguientes actos y autoridades:

• De la Cámara de Diputados: se reclamó la discusión, aprobación y expedición (actos por vicios legislativos) del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan, diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua, Agua, publicado en el DOF el ocho de mayo de dos mil veintitrés. Específicamente, el tercer párrafo del artículo quinto transitorio.

• De la Cámara de Senadores: se reclamó la discusión, aprobación y expedición (actos por vicios legislativos) del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua, publicado en el DOF el ocho de mayo de dos mil veintitrés. Específicamente, el tercer párrafo del artículo quinto transitorio.

• De la Presidencia de la República: se reclamó la promulgación y orden de publicación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua, publicado en el DOF el ocho de mayo de dos mil veintitrés. Específicamente, el tercer párrafo del artículo quinto transitorio.

• Del Secretario de Economía: se reclama, por ser quien la ejecutará, puesto que la aplicación corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Economía respecto del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua, publicado en el DOF de ocho el mayo de dos mil veintitrés. Específicamente, el tercer párrafo del artículo quinto transitorio.

• Del Director General de Minas de la Secretaría de Economía: se reclama, por ser quien ejecutará el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua, publicado en el DOF el ocho de mayo de dos mil veintitrés. Específicamente, el tercer párrafo del artículo quinto transitorio.

2. Por razón de turno conoció el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, donde se registró con el número de expediente 1078/2023 y se admitió a trámite.

3. Sentencia de amparo. Seguida la secuela procesal, el treinta de enero de dos mil veinticuatro, el Juzgado de Distrito dictó sentencia, en la primera parte sobresee en el juicio de amparo respecto al acto de autoridad atribuido a la Secretaría de Economía y en la segunda parte concedió el amparo al considerar fundado el concepto de violación en que la quejosa argumentó que el proceso legislativo del que derivó la norma reclamada contenía vicios que generaban su inconstitucionalidad, en específico, porque la Cámara de Diputados incurrió en violación al principio de deliberación democrática pues no publicó con la anticipación debida la iniciativa sometida a discusión, además de no haber justificado ni motivado el trámite urgente.

4. Los efectos del amparo consistieron en la inaplicación a la quejosa del Decreto reclamado y que se continuara la aplicación de las normas anteriores.

5. Recursos de revisión. Inconformes con la anterior resolución, las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, la Presidencia de la República, la Secretaría de Economía y el Director General de Minas de la Secretaría de Economía interpusieron recursos de revisión.

6. Trámite de los recursos de revisión. Por razón de turno conoció de dichos recursos de revisión el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mismos que fueron registrados bajo el número de expediente 205/2024, y los admitió a trámite.

7. Resolución del Tribunal Colegiado. Substanciado el procedimiento, en sesión ordinaria de veintiséis de junio de dos mil veinticuatro, el tribunal colegiado del conocimiento, se pronunció en los sentidos siguientes:

I) Desechó el recurso interpuesto por el Director General de Minas de la Secretaría de Economía;

II) Declaró la legal incompetencia del tribunal de conocimiento para conocer del recurso de revisión, y

III) Reservó jurisdicción a esta SCJN para ocuparse del planteamiento de constitucionalidad respecto del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua, específicamente el artículo quinto transitorio.

8. Trámite ante la SCJN. El nueve de julio de dos mil veinticuatro, la Presidencia de la SCJN asumió competencia originaria para conocer de los recursos, registrándolos bajo el número de expediente 583/2024; turnó el asunto a la Ministra Lenia Batres Guadarrama y ordenó su radicación a la entonces Segunda Sala.

9. Avocamiento. Mediante acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil veinticuatro, el Presidente de la entonces Segunda Sala de la SCJN acordó el avocamiento del asunto y ordenó el envío de los autos a la ponencia de la señora Ministra Lenia Batres Guadarrama para elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

10. Turno en el Pleno. En términos del sexto transitorio del Acuerdo General Número 1/2025 (12a.)(1) del Pleno de la SCJN, que regula la recepción, registro y turno de los asuntos de su competencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F) el cuatro de septiembre de dos mil veinticinco, se determinó que los asuntos conocidos por las Ministras de la integración previa continuarían conociendo de los mismos sin necesidad de acuerdo de returno.

11. Publicación del proyecto. El proyecto de sentencia fue publicado el doce de septiembre de dos mil veinticinco de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18(2) del Reglamento de Sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de integración de las listas de asuntos con proyecto de resolución.

I. COMPETENCIA

12. El Pleno de la SCJN es competente para conocer del presente amparo en revisión, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, inciso a, de la CPEUM;(3) 81, fracción I, inciso e)(4) y 83 de la Ley de Amparo,(5) 16, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF),(6) así como de conformidad con lo previsto en el acuerdo segundo, fracción VIII, inciso a)(7) del Acuerdo General 2/2025 (12a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de tres de septiembre de dos mil veinticinco, en el que se precisan los asuntos de su competencia y los que se delegan a otros órganos jurisdiccionales federales, publicado en el DOF el diecinueve de septiembre de dos mil veinticinco, por tratarse de un amparo en revisión interpuesto en contra de una sentencia dictada por un juzgado de distrito en un juicio de amparo indirecto en el que se reclamó la constitucionalidad normas federales respecto de las que no existe jurisprudencia.

II. OPORTUNIDAD, LEGITIMACIÓN Y PROCEDENCIA

13. Resulta innecesario el pronunciamiento de esta SCJN en cuanto a la oportunidad de los medios de impugnación, la legitimación de los recurrentes, así como la procedencia de los recursos de revisión, toda vez que dichos presupuestos procesales ya fueron materia de estudio por el tribunal colegiado del conocimiento.

III. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO

14. El Pleno de la SCJN advierte que el tribunal colegiado que previno en el conocimiento del asunto agotó el estudio de los agravios de las autoridades responsables en donde plantearon diversas causas de improcedencia, sin que en el caso se considere que de oficio se actualice alguna distinta.

IV. ESTUDIO DE FONDO

• Análisis de los agravios hechos valer en los recursos de revisión

15. El Pleno de la SCJN considera que resultan fundados y suficientes los agravios hechos valer por la Presidencia de la República en el que sostiene que es incorrecta la concesión de amparo porque la quejosa no está legitimada para impugnar el vicio formal del proceso legislativo, consistente en la violación al principio de deliberación democrática, del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua, publicado en el DOF de ocho de mayo de dos mil veintitrés. En específico, el artículo quinto transitorio, por lo cual resulta incorrecta la concesión del amparo.

16. La recurrente sostiene que, en todo caso, solo pueden reclamar ese tipo de violaciones los propios grupos parlamentarios y específica que la a quo dejó de observar lo previsto en la jurisprudencia de rubro: “PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DE URGENTE RESOLUCIÓN. LOS VICIOS EN SUS FORMALIDADES NO SON OPONIBLES EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN PLANTEADOS EN EL JUICIO DE AMPARO”.(8)

17. En principio, es relevante precisar que en la sentencia de amparo efectivamente se consideró que, para justificar la urgencia en la aprobación del decreto reclamado, debía existir algún hecho o circunstancia que haya generado esa condición en la discusión y aprobación correspondiente; que esos hechos necesariamente provocaran la urgencia en la aprobación del decreto, pues de no realizarlo así, traería consecuencias negativas para la sociedad; y que la condición de urgencia evidenciara la necesidad de que se omitieran ciertos trámites parlamentarios.

18. En este sentido, la parte juzgadora arribó a la conclusión de que, en efecto, la Cámara de Diputados incurrió en una violación al principio de deliberación democrática previsto por el artículo 72 de la CPEUM, pues no fue acreditado el motivo de urgencia y sin embargo fue sometida a votación la dispensa del trámite legislativo ordinario por urgencia.

19. En consecuencia, este Pleno de la SCJN considera que es fundado el agravio planteado por la autoridad por las siguientes razones.

20. Primeramente, se afirma que la parte quejosa no se encontraba legitimada para impugnar dicho vicio formal dentro del proceso legislativo, ello, en razón de que el principio de deliberación democrática tutela a grupos parlamentarios y no así a particulares pues las posibles irregularidades en el procedimiento legislativo no generan un impacto en la esfera jurídica de estos últimos, concretamente respecto de los derechos de debido proceso y legalidad, tutelados por los artículos 14 y 16 de la CPEUM.

21. Lo anterior encuentra sustento en la siguiente jurisprudencia que se reproduce a continuación:

“PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DE URGENTE RESOLUCIÓN. LOS VICIOS EN SUS FORMALIDADES NO SON OPONIBLES EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN PLANTEADOS EN EL JUICIO DE AMPARO.

Si bien es factible impugnar una ley o decreto por contravenir los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente por vicios en el proceso de su creación frente a las formalidades que la normativa secundaria correspondiente prevé, lo cierto es que, por virtud de la irradiación del principio de instancia de parte agraviada, los vicios que se expongan contra ese proceso deben repercutir en un derecho que tutele al quejoso o que tenga alguna afectación en su esfera de derechos -directa o indirectamente-, toda vez que sólo así el estudio respectivo y una eventual sentencia protectora podrán justificarse. Ahora, tratándose del procedimiento de urgente y obvia resolución -que implica la dispensa de trámites en la etapa de discusión y aprobación de una ley o decreto-, sus violaciones sólo pueden abordarse desde la consideración del principio de deliberación parlamentaria, conforme al cual se pugna por el derecho de participación de las fuerzas políticas con representación en condiciones de igualdad y libertad, es decir, de que se permita tanto a las mayorías como a las minorías parlamentarias expresar y defender su opinión en un contexto de deliberación pública. En ese tenor, como ese principio no tutela a los particulares, sino a los grupos parlamentarios, es evidente que, al reclamarse leyes o decretos, las eventuales irregularidades en ese procedimiento no tienen un impacto que pueda redundar en los derechos al debido proceso y de legalidad reconocidos por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal y, por ende, no son oponibles en los conceptos de violación planteados en el juicio de amparo.”(9)

22. De la lectura del texto que antecede, el Pleno de la SCJN estima que, en efecto, la parte quejosa no se encuentra legitimada para impugnar violaciones al procedimiento legislativo al no haberse configurado la situación de urgencia para la discusión de la iniciativa, pues este solo puede ser alegado por legisladores y, en relatadas circunstancias, deviene fundado y suficiente el agravio de la recurrente. Además, similar consideración sostuvo la entonces Segunda Sala al resolver el amparo en revisión 571/2024.(10)

23. La anterior conclusión conduce a declarar fundado el recurso. En ese orden de ideas y de acuerdo con lo previsto por el artículo 93, fracción VI de la Ley de Amparo, a continuación, se procede a examinar los conceptos de violación que la persona juzgadora dejó de estudiar debido a la conclusión a la que había arribado.

• Estudio de los conceptos de violación.

24. Precisados los conceptos de violación formulados por la quejosa, en esencia, refiere la existencia de una clara transgresión al proceso legislativo del que derivó el Decreto impugnado, en el cual, no se cumplieron con las disposiciones constitucionales y ordinarias aplicables y, en consecuencia, se violó el principio de democracia deliberativa. De esta manera, se ordena el desechamiento de las solicitudes de concesión ingresadas sin mayor trámite, lo que deja en estado de indefensión a la solicitante.

25. Para analizar el planteamiento anterior conviene precisar que el derecho a la seguridad jurídica, reconocido en los artículos 14 y 16 de la CPEUM, tutela la prerrogativa del derecho del gobernado a no encontrarse en una situación de incertidumbre jurídica o de indefensión, es decir, su esencia versa sobre la premisa de "saber a qué atenerse" respecto del contenido de las leyes y de la propia actuación de la autoridad.(11)

26. Esta SCJN ha sostenido que la irretroactividad acorde a lo dispuesto por el artículo 14 de la CPEUM se encuentra referida tanto a la legislatura, por cuanto a la expedición de las leyes, como a las autoridades que las aplican a un caso determinado, y para explicarlo ha acudido a la teoría de los derechos adquiridos y a la teoría de los componentes de la norma.

27. En la teoría de los derechos adquiridos se distingue entre dos conceptos: el de derecho adquirido, que es aquel que implica la introducción de un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, a su dominio o a su haber jurídico; y el de expectativa de derecho, que es la pretensión o esperanza de que se realice una situación determinada que va a generar con posterioridad un derecho; esto es, mientras que el derecho adquirido constituye una realidad, la expectativa de derecho corresponde a algo futuro que en el mundo fáctico no se ha materializado.

28. Dicha teoría sostiene que, si una ley o acto concreto de aplicación no afecta derechos adquiridos, sino simples expectativas de derecho, no vulnera el principio de irretroactividad de las leyes previsto en el artículo 14 de la CPEUM. Dicho de otro modo, no se pueden afectar o modificar derechos adquiridos durante la vigencia de una ley anterior, ya que aquéllos se regirán siempre por la ley a cuyo amparo nacieron y entraron a formar parte del patrimonio de las personas, aun cuando esa ley hubiese dejado de tener vigencia al haber sido sustituida por otra diferente; en cambio, una nueva ley podrá afectar simples expectativas o esperanzas de gozar de un derecho que aún no ha nacido en el momento en que entró en vigor, sin que se considere retroactiva en perjuicio del gobernado.

29. Una ley es retroactiva cuando trata de modificar o destruir en perjuicio de una persona los derechos que adquirió bajo la vigencia de la ley anterior, toda vez que entraron en el patrimonio o en la esfera jurídica del gobernado, y no cuando se aplica a meras expectativas de derecho, pues en este caso no se contraviene la garantía de la irretroactividad de las leyes que consagra el artículo 14 de la CPEUM.

30. Resulta aplicable la tesis aislada de rubro: “IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. NO SE VIOLA ESA GARANTÍA CONSTITUCIONAL CUÁNDO LAS LEYES O ACTOS CONCRETOS DE APLICACIÓN SÓLO AFECTAN SIMPLES EXPECTATIVAS DE DERECHO, Y NO DERECHOS ADQUIRIDOS.”(12)

31. Por otra parte, la teoría de los componentes de la norma se basa en el principio de que toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia; sin embargo, el supuesto y la consecuencia no siempre se generan de modo inmediato, pues puede suceder que su realización ocurra fraccionada en el tiempo, por lo que para que se pueda analizar la retroactividad o irretroactividad de las normas es necesario analizar las siguientes hipótesis que pueden llegar a generarse a través del tiempo cuando:

a. Durante la vigencia de una norma jurídica se actualizan de modo inmediato el supuesto y la consecuencia en ella regulados no se puede variar, suprimir o modificar ese supuesto o la consecuencia sin violar la garantía de irretroactividad de las normas, toda vez que ambos nacieron a la vida jurídica con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva ley.

b. La norma jurídica establece un supuesto y varias consecuencias sucesivas. Si el supuesto y algunas de las consecuencias se realizan bajo la vigencia de una ley, y quedan pendientes algunas de las consecuencias jurídicas al momento de entrar en vigor una nueva disposición jurídica, dicha ley no podría modificar el supuesto ni las consecuencias ya realizadas.

c. La realización de alguna o algunas de las consecuencias de la ley anterior no se producen durante su vigencia, pero cuya realización no depende de los supuestos previstos en esa ley, sino únicamente estaban diferidas en el tiempo por el establecimiento de un plazo o término específico, en este caso, la nueva disposición tampoco podría suprimir, modificar o condicionar las consecuencias no realizadas, toda vez que estas últimas no están supeditadas a las modalidades señaladas en la nueva ley.

d. La ejecución o realización de las consecuencias previstas en la disposición anterior, pendientes de producirse, es necesario que los supuestos señalados en la misma se realicen después de que entró en vigor la nueva norma, tales consecuencias deberán ejecutarse conforme a lo establecido en ésta, en atención a que antes de la vigencia de dicha ley no se actualizaron ni ejecutaron ninguno de los componentes de la ley anterior.

32. De este modo, para estar en posibilidad de determinar si una disposición normativa es violatoria de lo dispuesto por el artículo 14 de la CPEUM, con base en la teoría de los componentes de la norma, es necesario considerar los distintos momentos en que se realiza el supuesto o supuestos jurídicos, la consecuencia o consecuencias que de ellos derivan y el momento en que entra en vigor la nueva disposición. Así se desprende de la jurisprudencia de rubro: “RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA.”(13)

33. En conclusión, una norma transgrede el principio de irretroactividad cuando trata de modificar o alterar derechos adquiridos o supuestos jurídicos y consecuencias de éstos que nacieron bajo la vigencia de una ley anterior, lo que no sucede cuando se está en presencia de meras expectativas de derecho, de situaciones que aún no se han realizado o de consecuencias no derivadas de los supuestos regulados en la ley anterior, pues en esos casos sí se permite que la nueva ley las regule.

34. El Decreto materia de impugnación, reformó diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua. Dentro de estas, destaca el artículo 13 de la Ley Minera, en la cual se ordena que las concesiones mineras se otorgarán mediante licitación pública, la cual ha de garantizar las mejores condiciones tanto económicas para el Estado y de beneficio a la población. Anteriormente, dicho ordenamiento establecía que las concesiones se otorgarían sobre terreno libre al primer solicitante en tiempo que cumpliese con los requisitos estipulados tanto en la ley como en su reglamento.(14)

35. Ahora bien, con relación al artículo Quinto Transitorio que se reclama, el Pleno de la SCJN considera que, de igual manera, no vulnera el principio de irretroactividad.

36. Se afirma lo anterior, toda vez que, si bien se ordena que las solicitudes en trámite se desechen, pues aquellas personas que presentaron solicitudes de nueva concesión que no fueron resueltas previo a la entrada en vigor del Decreto en comento, estas no son titulares de algún derecho adquirido, sino de meras expectativas de obtenerlo, específicamente respecto de un título de concesión:

Quinto. En tanto se emite la normativa señalada en el artículo anterior, se seguirán aplicando las disposiciones que se encontraban vigentes antes de la entrada en vigor del presente Decreto, siempre que no se opongan a éste.

Las menciones a la Ley Minera contenidas en otras leyes, reglamentos y en cualquier disposición de carácter general se entienden referidas a la Ley de Minería.

Las solicitudes en trámite de nueva concesión de exploración se desecharán sin mayor trámite, en virtud de lo dispuesto por el presente Decreto.

37. La legislación aplicable al momento en que se presentaron las solicitudes referidas no tutelaba derecho alguno en favor de los solicitantes de concesiones mineras a partir del que se pueda concluir que, por el sólo hecho de pedirla, la autoridad estaba obligada a otorgar la concesión, pues ello dependía de que se cumplieran los requisitos respectivos, lo cual debía valorar la autoridad previo otorgamiento del título.

38. Tampoco se considera que exista un derecho sustantivo a cargo de los particulares para que su solicitud sea resuelta de acuerdo con las normas vigentes a la época en que las formularon, pues el trámite regulado tanto en la normativa abrogada como en la vigente constituye un aspecto adjetivo que no genera derechos adquiridos a los solicitantes de la concesión por el sólo hecho de haberla pedido antes de la entrada en vigor del Decreto reclamado.

39. El hecho de que el transitorio analizado ordene que se deben desechar las solicitudes encuentra explicación en que tanto los requisitos como el trámite para la obtención de concesiones mineras cambió a partir de la reforma reclamada, por lo que aquellas solicitudes que quedaron pendientes de resolución no podrían ser resueltas conforme con la nueva normativa vigente, ya que ello impactaría negativamente en los particulares que las presentaron, precisamente porque lo hicieron en observancia de una normativa abrogada, por lo que probablemente incumplirían con las nuevas exigencias.

40. Sin que sea procedente que tales solicitudes se resuelvan conforme con la normativa abrogada porque no existe algún derecho adquirido en favor de los solicitantes para ello, al tratarse de aspectos adjetivos y no de derechos subjetivos. En todo caso, tales personas están en aptitud de presentar nuevamente sus solicitudes conforme con la norma vigente.

41. Ahora, el hecho de que el transitorio analizado disponga que las solicitudes se deben desechar sin mayor trámite no debe entenderse en el sentido de que la autoridad no está obligada a darles respuesta a quienes las presentaron pues, en observancia al principio de seguridad jurídica, la norma se debe interpretar en el sentido de que la autoridad deberá desechar las peticiones y deberá informar de esa situación a los particulares, mediante un acto de autoridad fundado y motivado, para efectos de que éstos tengan certeza de lo ocurrido. De esa forma, de ser su interés podrán acudir al nuevo trámite.

42. La norma reclamada no vulnera los principios de seguridad jurídica e irretroactividad de las normas y, por ende, se considera infundado el argumento analizado.

43. Similar consideración sostuvo la entonces Segunda Sala de la SCJN al resolver el Amparo en Revisión 571/2024.(15)

44. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que, al haber resultado fundados los agravios hechos valer por la Presidencia de la República en su recurso de revisión, e infundado el concepto de violación que la quejosa expuso en su demanda de amparo, lo procedente es revocar la sentencia recurrida y negar el amparo a la parte quejosa.

V. DECISIÓN

Por todo lo expuesto y fundado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve:

PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida.

SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a la parte quejosa contra el acto reclamado.

Notifíquese, con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al tribunal colegiado de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría de siete votos de las personas Ministras Herrerías Guerra, Espinosa Betanzo, Ríos González, Esquivel Mossa, Batres Guadarrama (ponente), Ortiz Ahlf y Presidente Aguilar Ortiz; los Ministros Figueroa Mejía y Guerrero García emitieron su voto en contra. La Ministra Esquivel Mossa anunció que formulará voto concurrente y el Ministro Guerrero García voto particular.

El señor Ministro Presidente Aguilar Ortiz declaró que el asunto se resolvió en los términos propuestos.

Firman el Ministro Presidente y la Ministra Ponente, con el Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.

________________

1. Sexto. Por decisión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a fin de aprovechar el conocimiento y estudio de los asuntos turnados a las Ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, en la anterior integración, se determina que continúen con el conocimiento de dichos asuntos, sin que sea necesario un nuevo acuerdo de returno. Asimismo, a las personas Ministras María Estela Ríos González y Giovanni Azael Figueroa Mejía, les corresponde

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33888-a3b8aae7/desechamiento-de-solicitudes-en-tramite-de-nueva-concesion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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