EXPLORACIÓN MINERA. LA DIRECCIÓN EN EL TERRITORIO NACIONAL, POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, NO IMPLICA DECLARAR A DICHA ACTIVIDAD COMO ÁREA ESTRATÉGICA DEL ESTADO (ARTÍCULOS 10, 10 BIS Y 19 DE LA LEY DE MINERÍA). EXTRACCIÓN ILEGAL DE MINERALES O SUSTANCIAS. EL ARTÍCULO 64, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE MINERÍA, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE TAXATIVIDAD. IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. LA REGULACIÓN DIFERENCIADA DEL USO INDUSTRIAL DE AGUAS EN LA MINERÍA, CON RESPECTO A OTRO TIPO DE USOS, NO VULNERA DICHO PRINCIPIO AL ENCONTRAR UNA JUSTIFICACIÓN RAZONABLE. INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO Y PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. LA OBLIGACIÓN DE LOS CONCESIONARIOS A PROPORCIONAR INFORMES QUE INCLUYAN DATOS FINANCIEROS SENSIBLES CONTENIDA EN LA LEY DE MINERÍA, NO VULNERA DICHAS PRERROGATIVAS. IRRETROACTIVIDAD DE LEYES. EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO DE REFORMA LEGAL EN MATERIA DE CONCESIONES MINERAS Y DE AGUA PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, NO VULNERA DICHO PRINCIPIO. IRRETROACTIVIDAD DE LEYES. LA PROHIBICIÓN DE TRANSPORTAR MATERIALES PROVENIENTES DE LA ACTIVIDAD MINERA CON AGUAS NACIONALES, NO VULNERA DICHO PRINCIPIO. LIBERTAD DE TRABAJO, AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD Y LIBRE CONTRATACIÓN. LA OBLIGACIÓN DE LOS CONCESIONARIOS DE DESIGNAR A UNA PERSONA INGENIERA RESPONSABLE PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD EN LAS MINAS, NO VULNERA DICHAS PRERROGATIVAS. PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA. LA CAUSA DE CANCELACIÓN DEL TÍTULO DE CONCESIÓN MINERA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 55, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE MINERÍA, VULNERA DICHA PRERROGATIVA.
AMPARO EN REVISIÓN 476/2024. 9 DE JULIO DE 2025. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS Y LOS MINISTROS JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y LORETTA ORTIZ AHLF, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: ALEJANDRO CASTAÑÓN RAMÍREZ.
ÍNDICE
Ver índice
Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día nueve de julio de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el amparo en revisión 476/2024 interpuesto en contra de la sentencia terminada de engrosar el doce de enero de dos mil veinticuatro por el Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo indirecto *********.
El problema jurídico a resolver por esta Primera Sala consiste en analizar la constitucionalidad del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua, publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación del ocho de mayo de dos mil veintitrés.
RESULTANDO:
1. PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el dieciséis de junio de dos mil veintitrés, a través del portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, las quejosas *********, *********, *********, *********, *********, *********, ********* y *********, todas sociedades anónimas de capital variable, por conducto de sus apoderados legales, demandaron el amparo y protección de la justicia federal en contra de las autoridades y por los actos que se precisan a continuación:
Ver autoridades y actos
2. SEGUNDO. Derechos humanos violados. La parte quejosa señaló que los actos reclamados vulneran los artículos 1°, 2°, 5°, 14, 16, 25, 27, 28, 40, 41, 50, 51, 52, 56, 71, 72, 73, 74, 75, 126, 127 y 134, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6° y 7° del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
3. TERCERO. Trámite y resolución del juicio de amparo. Por razón de turno, conoció de la demanda la Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, quien, previo desahogo de una prevención, la admitió a trámite por auto de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, y la registró bajo el número de expediente *********. Seguida la secuela procesal, el catorce de diciembre de dos mil veintitrés se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia la que terminó de engrosarse el doce de enero de dos mil veinticuatro, al tenor de los siguientes resolutivos:
“PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo, promovido por *********, *********, *********, *********, *********, *********, ********* y *********, todas sociedades anónimas de capital variable, respecto de los actos precisados en el considerando cuarto de este fallo, por los motivos ahí expuestos.
SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a *********, *********, *********, *********, *********, *********, ********* y *********, todas sociedades anónimas de capital variable, por lo que hace a los actos precisados en el último considerando de esta sentencia, en los términos y para los efectos ahí asentados.”
4. CUARTO. Interposición y trámite de los recursos de revisión principales. El Subdirector de Amparos y la Directora de Amparos y Controversias Constitucionales, respectivamente, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en representación de dichas Cámaras y, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos por conducto de su delegado, interpusieron recurso de revisión.
5. Por razón de turno correspondió conocer al Decimonoveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que, en auto de presidencia de uno abril de dos mil veinticuatro, lo registró bajo el toca R.A. ********* y lo admitió a trámite.
6. QUINTO. Recurso de revisión adhesiva. Mediante escrito presentado a través del portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación el tres de abril de dos mil veinticuatro, *********, autorizado de la parte quejosa en términos amplios, interpuso recurso de revisión adhesiva, que se admitió a trámite por auto de Presidencia de once de abril siguiente en el mismo órgano colegiado.
7. SEXTO. Resolución del Tribunal Colegiado. En sesión ordinaria virtual de veintitrés de mayo de dos mil veinticuatro, los magistrados integrantes del Decimonoveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, dictaron sentencia en los términos siguientes:
“PRIMERO. En la materia de la revisión competencia de este tribunal colegiado, queda firme el sobreseimiento decretado el considerando cuarto de la sentencia recurrida, por los motivos expresados en el quinto considerando de esta ejecutoria.
SEGUNDO. Se deja a salvo la jurisdicción y se ordena remitir los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de que, si lo estima procedente, reasuma su competencia originaria en el caso, en los términos decretados en la última parte considerativa de esta sentencia”.
8. SÉPTIMO. Trámite del amparo en revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mediante auto de once de junio de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite el recurso de revisión, registrándolo con el número 476/2024.
9. En el mismo proveído, acordó turnar el expediente para su estudio al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, y enviar los autos a la Sala de su adscripción, a fin de que su Presidente emitiera el acuerdo de radicación respectivo.
10. OCTAVO. Avocamiento. Por acuerdo de seis de agosto de dos mil veinticuatro, el entonces Presidente de esta Primera Sala acordó el avocamiento del presente asunto y ordenó enviar los autos a su ponencia, para la elaboración de la resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
11. PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal; 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo; 21, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno;(1) 37 y 86 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; así como en los puntos Primero y Tercero del Acuerdo General 1/2023, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito.
12. Lo anterior, toda vez que se interpuso en contra de una sentencia dictada en un juicio de amparo indirecto en el que se cuestionó y resolvió sobre la constitucionalidad de una Ley Federal, a saber: el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua, asunto que atañe a la materia administrativa, competencia de esta Sala de conformidad con el artículo 86, primer párrafo, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y cuya resolución no amerita la intervención del Tribunal Pleno.
13. SEGUNDO. Oportunidad y legitimación. Resulta innecesario el pronunciamiento de esta Primera Sala en cuanto a la oportunidad y legitimación de los recursos de revisión, principales y adhesivo, dado que ya fue materia de estudio por el Decimonoveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien los determinó oportunos.
14. TERCERO. Cuestiones necesarias para resolver el asunto. Previo al estudio de los agravios hechos valer en el recurso de revisión principal y adhesiva, es necesario precisar las cuestiones medulares planteadas:
15. I. Conceptos de violación. La parte quejosa promovió demanda de amparo indirecto, donde formuló los argumentos siguientes:
Ver argumentos 1
16. II. Consideraciones del Juzgado de Distrito. El Juzgado de Distrito resolvió lo siguiente:
• El Juzgado de Distrito sobreseyó en el juicio de amparo respecto de los Reglamentos de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, al advertir la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que las quejosas no acreditaron su primer acto de aplicación en su perjuicio, pues aunque fueron utilizados en el proceso legislativo del decreto reclamado, a dicho proceso le reviste la característica de ser un acto general y abstracto, el cual, no fue ejecutado de manera particular en perjuicio de ningún gobernado.
• Por el otro lado, el Juzgado concedió el amparo por el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua” bajo las siguientes consideraciones:
Violaciones al Proceso Legislativo
• El Juzgado de Distrito de conocimiento estimó fundada la argumentación correspondiente a que existieron violaciones al proceso legislativo con el potencial invalidante necesario.
1. Falta de Motivación en la Declaratoria de Urgencia
• El decreto fue aprobado mediante dispensa de trámite, es decir, se omitieron los procedimientos ordinarios en las Cámaras legislativas bajo el argumento de que era un asunto "de urgente resolución". Sin embargo, no se expuso la motivación esencial que demostrara la necesidad de omitir el trámite legislativo ordinario.
• Además, la iniciativa fue aprobada por mayoría sin una deliberación previa adecuada, lo que afectó el derecho de las minorías parlamentarias a participar en el proceso legislativo.
• Esto constituye una violación al principio de deliberación democrática previsto en el artículo 72 de la Constitución Federal.
2. Falta de Publicación Previa y Conocimiento del Proyecto de Reforma
• La iniciativa no fue publicada oportunamente en la Gaceta Parlamentaria, lo que impidió que los legisladores tuvieran acceso previo al contenido de la reforma. En lugar de publicarse con la anticipación requerida, fue presentada el mismo día en que se discutió y se realizaron modificaciones de última hora, afectando la transparencia del proceso.
• El desconocimiento del contenido de una iniciativa impide un debate informado y constituye un vicio grave del procedimiento legislativo en relación al principio de deliberación democrática previsto en el artículo 72 de la Constitución Federal.
• Con base en las consideraciones anteriores, el Juzgado de Distrito de conocimiento, determinó que ambas irregularidades resultaron suficientes para invalidar el decreto respecto a las quejosas, concediéndoles el amparo y protección de la Justicia Federal, para el siguiente efecto:
“En esas condiciones, ante las violaciones del procedimiento legislativo destacadas, lo que procede es conceder la protección constitucional solicitada, para el efecto de que las autoridades responsables desincorporen de la esfera jurídica de las quejosas la totalidad del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua”, publicado el ocho de mayo de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación.
Concesión que se hace extensiva contra cualquier acto de ejecución que se reclaman en vía de consecuencia.
Tales normas no podrán ser aplicadas a las promoventes en lo presente y en lo futuro y, por tanto, se le deberán continuar aplicando las normas anteriores correspondientes a la materia, sin las reformas contenidas en el Decreto aludido.”
17. III. Agravios. En contra de esa determinación, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ambos del Congreso de la Unión, así como el Presidente de la República, como autoridades responsables, interpusieron recurso de revisión. Asimismo, la parte quejosa, *********, Sociedad Anónima de Capital Variable y otras, a través de su autorizado, interpuso recurso de revisión adhesiva, quienes esgrimieron los siguientes argumentos:
Ver argumentos 2
18. CUARTO. Resolución del Tribunal Colegiado. El Decimonoveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito dictó su resolución en los siguientes términos:
• El Tribunal Colegiado determinó que no sería materia de estudio el sobreseimiento decretado por el Juzgado de Distrito en el considerando cuarto de la sentencia recurrida; respecto de los Reglamentos de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, al advertir la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que las quejosas no acreditaron su primer acto de aplicación en su perjuicio, pues aunque fueron utilizados en el proceso legislativo del decreto reclamado, a dicho proceso le reviste la característica de ser un acto general y abstracto, el cual, no fue ejecutado de manera particular en perjuicio de ningún gobernado. Esto debido a que tal decisión no fue combatida por quien pudiera perjudicar.
• Por otro lado, dividió el análisis de los agravios en dos secciones, consistentes en I) argumentos destinados a refutar el desistimiento del juez de Distrito de las causales de improcedencia hechas valer en los informes justificados y reiterados en los escritos de agravios, y II) el resto de los argumentos relacionados con el fondo del asunto.
I) Argumentos destinados a refutar el desistimiento del juez de Distrito de las causales de improcedencia hechas valer en los informes justificados y reiterados en los escritos de agravios
• Determinó infundados los agravios primero de la Cámara de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, y primero, segundo, tercero, sexto y séptimo del Ejecutivo Federal, los cuales alegaban que se actualiza la causal de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Esto al determinar que, contrario a lo argumentado por los recurrentes, las disposiciones impugnadas causan afectación a la esfera jurídica de los concesionarios desde su entrada en vigor, por lo que consideró que en realidad son normas autoaplicativas que forman un sistema normativo reclamable de manera conjunta por quienes se encuentran en su supuesto jurídico.
• Declaró ineficaces los agravios que sostienen que las quejosas no cuentan con interés jurídico para reclamar en el amparo indirecto mencionado. Esto al resolver que las quejosas si acreditan el interés jurídico, al ser empresas que cuentan con un derecho sobre diversas concesiones mineras otorgadas por autoridades competentes, que se encuentran vigente al momento de promover la demanda de amparo, con lo que demuestran que se ubican en los supuestos de las normas reclamadas.
• Resolvió desestimar los argumentos que alegaban que las quejosas no contaban con interés jurídico porque no acreditaron pertenecer a un grupo indígena, así como porque adujeron un perjuicio económico, no jurídico que afecte derechos fundamentales. Esto dado que el Ejecutivo Federal no contravino las consideraciones expuestas en la sentencia para desestimar la actualización de la causa de improcedencia aludida en el sentido de que las empresas quejosas en ningún momento sustentaron su interés jurídico en ser pertenecientes a una comunidad indígena.
• Desestimó los argumentos del Presidente de la República en los que afirma que el juez de Distrito pasó por alto la jurisprudencia de este Alto Tribunal de rubro “PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DE URGENTE RESOLUCIÓN. LOS VICIOS EN SUS FORMALIDADES NO SON OPONIBLES EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN PLANTEADOS EN EL JUICIO DE AMPARO” al considerar que tales argumentos están vinculados con aspectos de fondo en el juicio de amparo por lo que debía desestimarse la improcedencia. Esto ya que se hicieron valer diversas violaciones a derechos humanos, con motivo del procedimiento legislativo del Decreto impugnado, los cuales no pueden constituir una causal de improcedencia debido a que su análisis implica un estudio relacionado con el fondo del asunto.
• Calificó infundado el agravio cuarto del Ejecutivo Federal, el cual afirma que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 77, fracción I, ambos de Ley de Amparo, toda vez que no es posible concretar el efecto protector a la sentencia de amparo. Esto en tanto que, de concederse el amparo se desincorporaría de la esfera jurídica de las quejosas la normativa impugnada, de modo tal que continúen operando en los términos que les fueron otorgadas sus concesiones mientras, aunando a que en ningún momento se les constituiría un derecho que previamente no tenían, pues las empresas quejosas acreditaron contar con diversos títulos que les permiten explorar y explotar minas.
• Determinó inoperante el agravio quinto del Ejecutivo Federal, el cual sostiene que los actos reclamados son de naturaleza futura y de realización incierta, ya que para que se genere el acto de molestia dependerá de la actividad previa de las quejosas o de que la autoridad emita un acto en su perjuicio. Esto ya que lo dispuesto en el Decreto reclamado no constituye actos futuros e inciertos, ya que, con su sola entrada en vigor causan un perjuicio en la esfera de derechos de los titulares de concesiones mineras, las cuales además acreditaron encontrarse en el supuesto normativo.
II) Estudio de agravios relacionado con el fondo del asunto
• El Tribunal Colegiado estimó conducente plantear a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que reasuma su competencia originaria para conocer de los recursos de revisión principal y adhesivo en relación al resto de agravios, en los cuales las autoridades recurrentes plantean argumentos contra los aspectos resueltos en el fallo recurrido y las empresas quejosas, en el amparo adhesivo, sostienen diversos razonamientos por medio de los cuales consideran correcta la concesión del amparo por parte del juzgador, al estimar que existieron violaciones al procedimiento legislativo del Decreto reclamado.
• Lo anterior, ya que, estima que no existen precedentes orientador este Alto Tribunal, en tanto a los argumentos de las autoridades recurrentes de evidenciar que no se siguieron los principios de estricto derecho, exhaustividad y congruencia al analizar los conceptos de violación en que las quejosas reclamaron la constitucionalidad del Decreto impugnado por considerarlo violatorio de los artículos 1, 5, 14 y 16 de la Constitución Federal.
• Así, por las circunstancias acontecidas en el caso, estimó que resulta indispensable que el Alto Tribunal fije criterio en que se pronuncie sobre los temas respecto de los que subsiste el problema de constitucionalidad, esto es lo relacionado con los principios de irretroactividad, legalidad, seguridad jurídica, entre otros.
19. QUINTO. Estudio de los agravios de los recursos de revisión principal. Esta Primera Sala advierte que el Tribunal Colegiado desestimó los agravios primero de la Cámara de Diputados, primero de la Cámara de Senadores y del primero al séptimo del Ejecutivo Federal; quedando para análisis de este Alto Tribunal los restantes. 20. En ese tenor, se analizan de manera conjunta el tercer agravio de la Cámara de Diputados, el segundo agravio de la Cámara de Senadores, y del octavo a décimo agravio del Ejecutivo Federal en los cuales combaten la concesión del amparo decretada por la Jueza de Distrito.
21. El juzgador concedió el amparo sobre la falta de motivación en la declaratoria de urgencia, ya que el decreto fue aprobado mediante dispensa de trámite, indicando que se omitieron los procedimientos legislativos ordinarios sin una justificación suficiente; además, que la iniciativa fue aprobada sin una deliberación previa adecuada, lo que afectó el derecho de las minorías parlamentarias a participar en el debate.
22. También consideró que la iniciativa no fue publicada con anticipación en la Gaceta Parlamentaria, lo que impidió que los legisladores tuvieran acceso oportuno al contenido de la reforma. En cambio, fue presentada el mismo día de su discusión, con modificaciones de última hora, lo que limitó un debate.
23. Con base en dichas consideraciones, el Juzgado de Distrito determinó que ambas irregularidades resultaron suficientes para invalidar el decreto respecto a las quejosas, concediéndoles el amparo y protección de la Justicia Federal.
24. Ahora bien, los agravios subsistentes expresados por las autoridades responsables antes señaladas, sostienen que la decisión no está debidamente fundada ni motivada, ya que no existió una violación al proceso legislativo fuente del Decreto impugnado pues el Congreso de la Unión cumplió con el procedimiento legislativo conforme a la Constitución, específicamente lo dispuesto en el artículo 72 constitucional,(2) el cual regula los pasos que debe seguir una iniciativa de ley o decreto para ser aprobada, modificada o rechazada. Esto, ya que afirman que el decreto impugnado fue aprobado respetando los principios normativos aplicables y señalan que la interpretación del A Quo es errónea al basarse en el Reglamento de la Cámara de Diputados, el cual tiene una jerarquía inferior a la Constitución, de acuerdo con el principio de supremacía constitucional contemplado en el artículo 133 de la misma.
25. Asimismo, plantearon, con relación en el principio de deliberación democrática, que la Constitución no exige que el procedimiento legislativo se ajuste estrictamente a los reglamentos internos, sino que permite cierta flexibilidad en la tramitación de las iniciativas. Igualmente, alegaron que de acuerdo con el artículo 1º, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, es posible realizar ajustes procedimentales mediante acuerdos del Pleno, lo que se respetó en este caso. Además, expusieron que el artículo 65 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en casos de urgencia, permite la dispensa de trámites formales con la aprobación de la mayoría del Pleno.
26. Argumentaron que la urgencia fue justificada en el debate legislativo, al destacar la necesidad de regular la explotación de recursos naturales y garantizar el derecho humano al agua, planteamientos que fueron discutidos y aprobados por el Congreso, lo que implica que la deliberación democrática no fue suprimida, sino que se ejerció conforme a las reglas parlamentarias aplicables. Además, afirmaron que es erróneo que la urgencia debía justificarse con un documento separado, cuando la deliberación legislativa en sí misma constituye una motivación suficiente para validar el procedimiento.
27. Asimismo, sostuvieron que el juicio de amparo debió de ser declarado improcedente, ya que solo procede cuando existe una afectación real y directa a los derechos humanos de quien lo promueve. Esto al argumentar que la quejosa no demostró cómo el procedimiento legislativo afectó sus derechos, por lo que su impugnación carece de sustento, de acuerdo con la jurisprudencia 2a./J. 133/2017 de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese orden de ideas, estimaron que la vía correcta para impugnar una irregularidad legislativa era la acción de inconstitucionalidad.
28. Luego, que la afirmación de que la iniciativa no fue publicada ni distribuida con la anticipación requerida era incorrecta, pues fue publicada en la Gaceta Parlamentaria el dieciocho de abril de dos mil veintitrés y aprobada conforme al Boletín No. 4289 y el Diario de los Debates del veinte de abril de dos mil veintitrés. De acuerdo con el artículo 65, numeral 4 del Reglamento de la Cámara, cuando un asunto es de urgente resolución, debe circularse en archivo electrónico o impreso entre los grupos parlamentarios, lo que plantean que sí ocurrió. Por lo tanto, el Juzgado de Distrito omitió valorar correctamente estos elementos y erró en su conclusión de que hubo una violación al procedimiento legislativo.
29. Finalmente, señalaron que la sentencia violó el principio de estricto derecho, al conceder el amparo más allá de lo solicitado por la parte quejosa. Expresaron que, en la demanda de amparo, las empresas quejosas solamente impugnaron artículos específicos del Decreto de ocho de mayo de dos mil veintitrés; sin embargo, el juez concedió el amparo contra el decreto impugnado en su totalidad, lo que excede a lo señalado en la demanda de amparo y, cuya decisión, contraviene lo dispuesto en el artículo 107, fracción II de la Constitución Federal.
30. De manera conjunta, y por estar relacionado con el planteamiento, se analizarán también los agravios de la revisión adhesiva hechos valer por la parte quejosa.
31. Ahora bien, esta Primera Sala considera, por un lado, fundados los agravios de las autoridades responsables, y por otro, infundados e inoperantes los de la revisión adhesiva, en tanto que las razones para conceder el amparo se basaron en violaciones al proceso legislativo derivadas del principio de deliberación democrática, que no se acredita una afectación a la parte quejosa.
32. Para arribar a esta conclusión debemos tomar en cuenta que por vicios en el proceso legislativo se entienden las irregularidades, infracciones o deficiencias que pueden ocurrir durante las diferentes etapas de la formación de una norma jurídica.
33. Ahora bien, para efectos del juicio de amparo, es posible combatir dichas violaciones siempre que estén relacionadas con el quejoso y los derechos que defiende; pues no se trata de un medio de control abstracto, sino que opera el principio de instancia de parte agraviada.
34. Resulta orientador el criterio de rubro “CONSTITUCIONALIDAD FORMAL. NO PUEDE PLANTEARSE EN EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LEYES RESPECTO DE ACTOS DEL PROCESO LEGISLATIVO QUE NO AFECTAN LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO”(3) en donde se establece que, en el juicio de amparo contra leyes, la constitucionalidad formal de un ordenamiento legal solo puede ser impugnada cuando los vicios en el proceso legislativo afectan directamente la esfera jurídica del promovente.
35. La jurisprudencia 1a./J. 32/2021 (11a.) de rubro “JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CUANDO SE IMPUGNAN CIERTOS ACTOS INTRA-LEGISLATIVOS COMO LA IMPOSICIÓN DE UNA VOTACIÓN POR CÉDULA SECRETA Y LA EJECUCIÓN DE DICHA VOTACIÓN PARA DESECHAR UN DICTAMEN DE REFORMA A UNA CONSTITUCIÓN LOCAL, PUES NO SE ACTUALIZA LA RAZÓN DE IMPROCEDENCIA RELATIVA A LA INJUSTICIABILIDAD DE LOS ACTOS RECLAMADOS”(4) también relevante pues reconoce que ciertos actos intra-legislativos pueden ser objeto de revisión en juicio de amparo indirecto, pero siempre que se vinculen con la esfera jurídica del promovente.
36. Esto implica que no cualquier irregularidad en la formación de una norma puede ser motivo de análisis constitucional si no tiene un impacto real y concreto. Esto refuerza el principio de instancia de parte agraviada, evitando que se utilice el juicio de amparo para cuestionar la validez de todo un ordenamiento legal sin demostrar una afectación concreta.
37. En consiguiente, no toda alteración al procedimiento podría ser impugnable en amparo para los quejosos, cuando los derechos en pugna no sean destinatarios, o no sean los titulares; tal es el caso de aquellas violaciones donde el derecho se tiene por un grupo o integrante del parlamento o congreso, lo que puede afectar su derechos y intervención en el proceso.
38. La jurisprudencia de rubro “PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DE URGENTE RESOLUCIÓN. LOS VICIOS EN SUS FORMALIDADES NO SON OPONIBLES EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN PLANTEADOS EN EL JUICIO DE AMPARO”(5) establece que, en el caso de los procedimientos legislativos de urgente resolución, las violaciones a sus formalidades no son, en principio, oponibles en un juicio de amparo, salvo que generen una afectación directa en los derechos fundamentales del quejoso.
39. Esto se debe a que el principio de instancia de parte agraviada exige que los vicios en el proceso legislativo tengan un impacto real en la esfera jurídica del impugnante para que su estudio sea procedente. No obstante, la revisión de estos procedimientos debe realizarse bajo el principio de deliberación parlamentaria, que busca garantizar que tanto mayorías como minorías tengan igualdad de condiciones en la toma de decisiones legislativas.
40. En este sentido, aunque el principio de deliberación parlamentaria no otorga un derecho directo a los particulares para impugnar irregularidades en el procedimiento legislativo, sí resguarda la participación equitativa de los grupos parlamentarios en la creación de normas.
41. Así, las irregularidades en los procedimientos de urgente resolución solo podrían ser cuestionadas si afectan el equilibrio democrático en el Congreso, pero no pueden ser alegadas en juicio de amparo bajo los conceptos de violación derivados del derecho al debido proceso o a la legalidad previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución.
42. De ahí que no tenga razón la parte quejosa al reiterar que dicha afectación le genera un perjuicio, pues como se advierte a quien le podría afectar es a las minorías parlamentarias, en su caso, es e
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33550-79799a83/exploracion-minera-la-direccion-en-el-territorio-nacional · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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