CONCESIONES MINERAS. EL DECRETO DE REFORMAS EN MATERIA DE CONCESIONES PARA MINERÍA Y AGUA, QUE ESTABLECE QUE SÓLO SE OTORGARÁN MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO SU PRÓRROGA, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.
AMPARO EN REVISIÓN 26/2025. 8 DE OCTUBRE DE 2025. UNANIMIDAD DE NUEVE VOTOS DE LAS PERSONAS MINISTRAS SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA QUIEN ANUNCIÓ VOTO CONCURRENTE, IRVING ESPINOSA BETANZO QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA QUIEN ANUNCIÓ VOTO CONCURRENTE, LENIA BATRES GUADARRAMA, LORETTA ORTIZ AHLF, GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA, ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA Y HUGO AGUILAR ORTIZ QUIEN ANUNCIÓ VOTO CONCURRENTE. PONENTE: LENIA BATRES GUADARRAMA. SECRETARIA: MARTHA NAYELI NÚÑEZ COSIO.
SÍNTESIS
Hechos: Una persona moral promovió juicio de amparo indirecto, en contra de la Cámara de Diputados y Senadores, ambos del Congreso de la Unión, el Presidente de la República y otras autoridades, por la expedición del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General parala Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el ocho de mayo de dos mil veintitrés, en su totalidad, pero de forma particular en contra de los artículos 19, 20, 23, 27, 41, 46 y 64 de la Ley Minera; así como de los artículos 3, fracciones III bis y LVII bis, 81 BIS al 81 BIS 4, de la Ley de Aguas Nacionales.
En sentencia el juez de distrito resolvió, por una parte, sobreseer en el juicio de amparo respecto a los actos reclamados y autoridades responsables y los actos de aplicación del Decreto tildado de inconstitucional en materia de concesiones para minería y agua; por otro lado, concedió el amparo a la quejosa para que no fuera aplicado el decreto impugnado, sin que realizara un pronunciamiento en específico sobre las porciones normativas relacionadas con la Ley de Aguas Nacionales a pesar de fueron reclamadas en la demanda de amparo.
En contra de esta determinación el subdirector de Amparos y representante legal de la Cámara de Diputados, la directora de Amparos y Controversias Constitucionales de la Cámara de Senadores, ambos del Congreso de la Unión, interpusieron recurso de revisión del cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito.
El tribunal colegiado asignado en sesión de trece de noviembre de dos mil veinticuatro, determinó: por un lado desechar el recurso de revisión interpuesto por la Secretaría de Economía, y; ordenó enviar los autos del asunto a esta SCJN para que se asumiera la competencia originaria respecto a la constitucionalidad del Decreto impugnado.
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Ciudad de México. Este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la sesión correspondiente al ocho de octubre de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el amparo en revisión 26/2025, interpuesto en contra de la sentencia dictada el diez de noviembre de dos mil veintitrés, en el expediente principal 1405/2023, del Juzgado Decimosegundo de Distrito del Estado de Chihuahua, dictada en auxilio por el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua (expediente auxiliar 54/2023).
El problema jurídico que este Tribunal Pleno debe resolver consiste en determinar la constitucionalidad del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General parala Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el ocho de mayo de dos mil veintitrés, específicamente, los artículos 19, 20, 23, 27, 41, 46, y 64 de la Ley Minera; así como de los artículos 3, fracciones III bis y LVII bis, 81 BIS al 81 BIS 4, de la Ley de Aguas Nacionales.
ANTECEDENTES
1. Demanda de amparo (1405/2023). Grupo Sla Mining, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (S. de R.L. de C.V.), a través de su representante legal Leonel Quezada Olivas, promovió juicio de amparo indirecto en contra de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ambas del Congreso de la Unión, el Presidente de la República y otras autoridades, por la expedición del Decretopor el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General parala Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua, publicado en el DOF el ocho de mayo de dos mil veintitrés.
2. La quejosa señaló en sus conceptos de violación que el acto reclamado transgrede sus derechos fundamentales previstos en los artículos 1o., 14, 16, 63, 71, 72 y 92 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).
3. Por cuestión de turno correspondió conocer al Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, quien, por acuerdo de veinte de junio de dos veintitrés, lo admitió a trámite y registró con el número de expediente 1405/2023.
4. La parte quejosa hizo valer, en síntesis, los conceptos de violación siguientes:
INCONSTITUCIONALIDAD FORMAL POR IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE FORMACIÓN DE LA NORMA
• En sus conceptos de violación del primero al décimo sexto, precisó que el acto reclamado viola en su perjuicio los derechos humanos y garantías constitucionales de seguridad jurídica, legalidad, fundamentación, motivación, congruencia y estricto derecho, previstos en múltiples tratados internacionales en los que México es parte; así como en los artículos 1o.,14, 16, 41, 63, 71 y 92 de la CPEUM, toda vez que, en el proceso legislativo que culminó en la entrada en vigor del Decreto reclamado, se cometieron múltiples irregularidades con poder invalidante, lo cual repercute directamente en su esfera de derechos.
• Adujo que, se efectuó una violación al artículo 72 de la CPEUM, pues en todo proceso legislativo se deben observar las reglas previstas en la ley del Congreso y sus reglamentos respectivos.
Lo anterior debido a:
- Que se transgredió el principio de deliberación democrática, dado que, la Cámara de Diputados omitió publicar con la anticipación debida la iniciativa sometida a discusión.
- La falta de publicación en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados de la última versión de la iniciativa por lo que, a su consideración, los diputados desconocían el contenido real y final de la iniciativa, de acuerdo con los artículos 60, 97 y 241.2 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
- La falta de fundamentación y motivación para someter a votación económica y aprobar que la iniciativa se considerara de urgente resolución, de acuerdo con el artículo 82.2 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
- La votación realizada en la Cámara de Diputados en la que se determinó el estudio de la iniciativa como de urgente resolución debió haberse hecho por votación nominal y no económica, de acuerdo con el artículo 139 del Reglamento de la Cámara de Diputados.
- Se omitió clarificar o establecer con qué tipo de mayoría se había aprobado la iniciativa.
- El resultado de la votación obtenida solo se hizo constar por un secretario de la Mesa Directiva y no por dos.
-La propuesta de que la iniciativa era de urgente resolución, de cualquier forma, no era viable abordar el estudio en esa misma sesión.
- La sesión en que se votó la iniciativa que dio origen al decreto impugnado, no debió llevarse a cabo toda vez que, no se tenía el quórum requerido en la hora señalada y fue hasta cuatro horas después de la hora establecida que se inició.
-Se omitió explicar los motivos por los cuales se realizaba el cambio de sede para llevar a cabo la sesión.
-La sesión en el senado se prolongó por diez horas, mientras que el artículo 50.3 del Reglamento del Senado establece que las sesiones no pueden extenderse más de cuatro horas.
- En el momento de la votación nominal en la sesión del senado no se contaba con el quórum requerido para reanudar la sesión, mucho menos para votar.
• En el concepto de violación décimo séptimo, señaló la existencia de múltiples irregularidades adicionales en el proceso legislativo seguido ante del Poder Ejecutivo, que culminó en el Decreto reclamado, pues indica que solamente fue refrendado por el Secretario de Gobernación, sin que lo hiciera la Secretaría de Economía de conformidad con lo establecido en el artículo 92 de la CPEUM.
INCONSTITUCIONALIDAD MATERIAL POR EL CONTENIDO DE LA NORMA
• En el concepto de violación décimo octavo precisó que, en el Decreto reclamado, se omitió incluir un artículo transitorio en el que se aclarara la situación jurídica en la que quedarán aquellas personas que, antes de la entrada en vigor de éste, adquirieron la titularidad o los derechos que otorga una concesión minera, mediante contrato privado celebrado entre particulares, en los términos de lo que establecía el artículo 23 de la Ley Minera.
• Aduce que con las modificaciones realizadas al primer renglón del artículo 19 y la reforma integral de todo el artículo 23, ambos de la Ley de Minería, se están desconociendo todos los contratos privados celebrados entre particulares, no obstante, de que estén inscritos ante la Secretaría de Economía.
• Indica que en el artículo 41 de la Ley de Minería, se establece que son nulas las transmisiones de la titularidad de concesiones mineras cuando se llevan a cabo en contravención a las disposiciones aplicables, con lo que se pretende desconocer todos los contratos privados celebrados antes de la entrada en vigor de dicho Decreto.
• En los conceptos de violación décimo noveno, vigésimo y vigésimo tercero expresa que, el Decreto reclamado, tiene una aplicación retroactiva porque priva de derechos adquiridos, pues desconoce como titular de las concesiones a quienes adquirieron alguna mediante contratos privados, con lo que se viola el derecho adquirido a obtener la expropiación de los terreros para llevar a cabo las obras y trabajos de exploración, explotación y beneficio; aprovechamiento de aguas provenientes del laboreo de las minas, sin tener que pagar contraprestación alguna por su aprovechamiento; obtener preferentemente concesión sobre las aguas de las minas para cualquier uso diferente; transmitir la titularidad; y, obtener prórroga en concesiones mineras, por un nuevo plazo de cincuenta años; lo que considera viola lo establecido en los artículos 1o., 14 y 16 de la CPEUM.
• Agrega que, con las modificaciones al artículo 19, fracción I, de la Ley Minera, también se vulneran los derechos y garantías constitucionales de libertad de trabajo, contenida en el artículo 5 de la CPEUM, al impedir a la quejosa realizar trabajos de exploración que venía desarrollando de manera lícita.
• Precisa que, antes de la reforma, en el artículo 46, fracción VI, de la Ley Minera, se establecían los actos que se debían inscribir en el Registro Público de Minería, entre los que encontraban, los contratos privados mediante los cuales se haya transmitido la titularidad de una concesión minera; pero que, en el Decreto reclamado se eliminó la posibilidad de inscribir dichos contratos y la respectiva sección en el Registro.
• Expone que, en el decreto que modificó los artículos 27, fracción XVI y 64 de la Ley Minera, como nueva obligación se establece dar aviso en forma inmediata a la Secretaría cuando durante el desarrollo de las actividades mineras se advierta la presencia de otros minerales no autorizados expresamente en el título de concesión, así como entregar dichos materiales a esa dependencia, bajo la pena de incurrir en el delito previsto en el segundo de los artículos citados, que conlleva la pena privativa de la libertad hasta diez años de prisión, con lo que se restringe actividades que anteriormente estaban expresamente permitidas y formaban parte de los derechos adquiridos por la titularidad de las concesiones.
• En el concepto de violación vigésimo, refiere que en el decreto reclamado se adicionaron diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en particular, las fracciones III bis y LVII bis del artículo 3, así como el Capítulo III bis denominado "uso industrial en la minería", mediante las cuales se hizo una subclasificación de las aguas nacionales, para separar las aguas que se utilizan en la minería en un segmento especial, dentro de la que se incluyó las aguas de laboreo, con lo que se impuso una nueva obligación de contar con la respectiva concesión para poder aprovechar ese tipo de aguas generándose la obligación de pagar los derechos a que se refiere el artículo 19, fracción V, de la Ley Minera, lo que estima es violatorio de la garantía constitucional y derecho humano de irretroactividad.
• En el concepto de violación vigésimo primero, aduce que, con motivo de las reformas al artículo 27, fracción XV, de la Ley Minera, se establece que el solicitante, previo al otorgamiento de una nueva concesión, debe otorgar un vehículo financiero para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, dejando fuera a quienes ya se les hubiera otorgado el título de concesión; aunado a que se tiene que cumplir con ello dentro de los trescientos sesenta y cinco días contados a partir de la entrada en vigor del Decreto, señalando que esa nueva obligación debe ser cumplida para evitar la cancelación la concesión, según lo previsto en el artículo 55, fracción XXI, de la Ley de Minería.
• En el concepto de violación vigésimo segundo, reitera que se omitió incluir un artículo transitorio donde se aclare la situación jurídica en la que quedarán todas aquellas personas que, como la quejosa, ya cuentan con la titularidad o derechos otorgados por una concesión minera ubicadas en áreas naturales protegidas y/o en las que existieran cauces o vasos de aguas nacionales, lo que, a su juicio, genera incertidumbre ante la falta de certeza respecto si se seguirá permitiendo ejecutar obras y trabajos de explotación y/o beneficio minero en los lotes de terrenos amparados en las concesiones.
• Finalmente, en el concepto de violación vigésimo cuarto, argumenta que, en el Decreto reclamado, se invadió la competencia exclusiva del Ejecutivo Federal prevista en el artículo 27, párrafo quinto, de la CPEUM, al adicionarse un tercer párrafo al artículo 20 de la Ley Minera, donde se estableció como zona vedada para ejercer la minería los causes o vasos de aguas nacionales.
5. Sentencia de amparo indirecto. El Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua (expediente auxiliar, 54/2023), en apoyo del Juez Décimo Segundo de Distrito del Estado de Chihuahua, (expediente principal 1405/2023), el diez de noviembre de dos mil veintitrés dictó sentencia, la cual determinó por una parte, sobreseer en el juicio de amparo respecto a los actos reclamados a las autoridades responsables y los actos de aplicación del Decreto tildado de inconstitucional, por otro lado, concedió el amparo a la quejosa Grupo Sla Mining, S.R.L. de C.V.
6. Para los efectos siguientes:
• Que no fuera aplicado el Decreto publicado en el DOF el ocho de mayo de dos mil veintitrés, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General parala Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua.
• Se continúe aplicando la anterior Ley Minera publicada en el DOF el veintiséis de junio de mil novecientos noventa y dos.
7. Lo anterior, por las consideraciones siguientes:
• Declaró infundadas las causas de improcedencia hechas valer por las Cámaras de Diputados y Senadores, así como del Presidente de la República, previstas en el artículo 107, fracción I, de la CPEUM, en relación con los artículos 5, 61, fracción XII, y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, porque consideró que la parte quejosa se ubica en los supuestos de la norma reclamada, ya que con los títulos de concesión minera sobre los lotes denominados "Chipayvo", "Arco Iris" y "La Reyna", demostró la afectación a sus derechos que le ocasionan las normas impugnadas.
• Declaró infundada la causa de improcedencia hecha valer por el Presidente de la República, prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues señaló que la parte quejosa combate los artículos 19, 20, 23, 27, 41, 46 y 64 de la Ley Minera, con independencia de que en sus conceptos de violación alegue violaciones en el proceso legislativo del Decreto impugnado.
• Declaró infundada la causa de improcedencia hecha valer por el Presidente de la República, prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, ya que estimó que la promulgación de las normas reclamadas no constituye un acto consumado de modo irreparable desde su publicación.
• Respecto a la causa de improcedencia hecha valer por el Presidente de la República, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 77, ambos de la Ley de Amparo, en la que se adujó que sería imposible establecer los efectos en caso de que se concediera el amparo solicitado, ya que no podría darse efectos restitutivos al no existir violación alguna a derechos jurídicamente tutelados; al respecto, se declaró infundada, puesto que se consideró que sí es posible concretar los efectos de una hipotética concesión del amparo a la parte quejosa.
• Declaró fundado el concepto de violación en el que la Cámara de Diputados incurrió en una violación al principio de deliberación democrática previsto en el artículo 72 de la CPEUM, por someter a votación la dispensa del trámite legislativo ordinario por urgencia cuando omitió motivarla; así como que se transgredió el principio de deliberación democrática, toda vez que, se omitió publicar con anticipación la iniciativa sometida a discusión.
8. Recurso de revisión. El Subdirector de Amparos y representante legal de la Cámara de Diputados y la Directora de Amparos y Controversias Constitucionales de la Cámara de Senadores, interpusieron recurso de revisión del cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, registrado el número de expediente 2899/2023, mediante acuerdo de veintiocho de diciembre de dos mil veintitrés, y admitido por diverso de uno de febrero de dos mil veinticuatro.
9. Recurso de revisión adhesiva. Pablo Méndez Alvidrez, autorizado de la quejosa Grupo Sla Mining, S.R.L. de C.V., interpuso recurso de revisión adhesiva, admitido mediante proveído de trece de febrero de dos mil veinticuatro.
10. La Directora General de Procedimientos Constitucionales y Legales, en suplencia por ausencia del Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico, quien actuó en representación del Presidente de la República y de la Secretaría de Economía, interpuso recurso de revisión, admitido mediante proveído de cuatro de marzo de dos mil veinticuatro.
11. Por acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil veinticuatro, se ordenó el envío el asunto al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, registrado con el número R.A. 18/2024 (cuaderno auxiliar), mediante acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil veinticuatro.
12. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ambos del Congreso de la Unión, en sus agravios manifestaron sustancialmente lo siguiente:
• El juicio de amparo resulta improcedente en términos del artículo 61, fracciones XII y XXIII, de la Ley de Amparo, está última vinculada con el diverso 107, fracción I, de la CPEUM, ya que el procedimiento legislativo declarado inconstitucional no le genera perjuicios a la quejosa porque no tiene el carácter de parte agraviada. • La parte quejosa no exhibió probanzas que justifiquen su interés legítimo para controvertir el proceso legislativo que culminó con la expedición del Decreto reclamado.
• La parte quejosa carece de interés jurídico para reclamar la inconstitucionalidad del tercer párrafo del artículo quinto transitorio del Decreto impugnado.
• El Juez de distrito indebidamente justifica el interés jurídico de la promovente bajo el argumento de que está interesada en representar sus propios intereses patrimoniales al ser poseedora de diversos títulos y concesiones mineras, sin que con ello se identifique una situación diferenciada que faculte para acudir al juicio de amparo.
• La parte quejosa no acredita actos de aplicación del Decreto impugnado.
13. La Presidencia de la República en sus agravios manifiesta sustancialmente lo siguiente:
• El juez inobservó la jurisprudencia debido a que erróneamente determinó que la parte quejosa cuenta con interés jurídico para reclamar el proceso legislativo de las normas a pesar de que constituye un tema que sólo interesa a los legisladores.
• La parte quejosa carece de interés jurídico y/o legítimo para hacer valer conceptos de violación contra el procedimiento de creación de normas en la etapa de discusión y aprobación cuando los asuntos son urgentes y de obvia resolución, ya que, la vía para impugnar los vicios del proceso legislativo es mediante la acción de inconstitucionalidad, no así por la vía de amparo.
• Aduce que, el juez no debió desestimar la causa de improcedencia que hizo valer en términos del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues la quejosa no especifica en la demanda qué artículos de la Ley de Minería reclama, y hace referencia a disposiciones que ya no están vigentes, por lo que, lo procedente era sobreseer en el juicio.
• Sostiene que, el juicio de amparo resulta improcedente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XII y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que para acudir a la instancia constitucional es necesario un perjuicio económico, situación que no fue valorada por el juez, pues el juicio de amparo sólo puede promoverse a instancia de parte agraviada, esto es, por quien experimente una lesión en su interés jurídico y no sólo una afectación económica.
• Reitera que se actualiza la causa de improcedencia porque la quejosa carece de interés jurídico para reclamar vía de amparo los vicios formales en el proceso legislativo del Decreto impugnado.
• Indica que los artículos reclamados no generan afectación inmediata o autoaplicativa a la parte quejosa.
• Señala que la quejosa controvierte supuestas omisiones legislativas como es el no referir las razones para que se actualice el supuesto de urgencia previsto en el artículo 82, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados y el que no se cumplieron las condiciones que ha establecido esta SCJN, que para dichos casos deben reunir las iniciativas de ley.
14. La parte quejosa en su revisión adhesiva, hizo valer esencialmente los siguientes argumentos:
• Que en la resolución recurrida se concedió el amparo solicitado con el estudio de los dos primeros conceptos de violación, omitiéndose el análisis del resto de ellos por considerarse innecesario, siendo evidente que el juez de distrito no quiso evidenciar y/o exhibir las irregularidades cometidas en el proceso legislativo, pues algunas podrían tipificar el delito por la simulación de actos jurídicos.
• Añade que se dejaron de estudiar los conceptos de violación décimo y décimo quinto, donde se menciona que la Cámara de Senadores cometió la irregularidad de abrir la sesión sin la existencia del quórum correspondiente, y peor aún, se simularon actos jurídicos para aparentar la conformación del quórum, pues se agregó en la lista de asistencia el nombre de un ciudadano común que no es senador, específicamente del Señor Gonzalo Yáñez.
• Que en cada concepto de violación se explicó con toda claridad el derecho vulnerado con la irregularidad cometida, y específicamente con lo que respecta a los dos conceptos de violación en los que se evidenciaron las irregularidades más graves, es decir, en los conceptos de violación DÉCIMO y DÉCIMO QUINTO se precisó que, con dichas irregularidades se violaban en su perjuicio los derechos humanos y garantías constitucionales de seguridad jurídica, legalidad, fundamentación, motivación, congruencia y estricto derecho previstos en múltiples tratados internacionales en los que México es parte, así como en los artículos 1o., 14, 16, 41, 63, 71 y 72 de la CPEUM, al abrir una sesión de la Cámara de Senadores y aprobar una norma general, sin el quórum correspondiente, pues dichos numerales establecen que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, así como que en todo proceso legislativo, se deberán observar las reglas establecidas en la Ley del Congreso y sus reglamentos respectivos, los cuales a su vez, establecen los requisitos que se deben cumplir para la validez del proceso legislativo, entre los que se encuentra el requisito mínimo del quórum, sin el cual, no se podrá emitir una norma general.
• Indica que cuando el órgano legislativo comete violaciones a los derechos fundamentales en el procedimiento para la emisión de una ley, como lo es la seguridad jurídica contenidos en los artículos 14 y 16 de la CPEUM, el juicio de amparo indirecto constituye el medio de protección apto al alcance de los ciudadanos para reparar las violaciones referidas; pues con el juicio de amparo no se tutela el derecho de los legisladores a participar en el proceso de creación o modificación de leyes, sino el derecho de los ciudadanos de ser regidos por normas generales constitucionalmente válidas.
15. Resolución del Tribunal Colegiado de Circuito. El tribunal colegiado del conocimiento en sesión de trece de noviembre de dos mil veinticuatro, resolvió, en síntesis, lo siguiente:
I. Desechó el recurso de revisión interpuesto por la Secretaría de Economía, al carecer de legitimación, dado que la sentencia reclamada no le genera perjuicio.
II. Ordenó se enviarán los autos a esta SCJN para que asuma su competencia originaria respecto de la constitucionalidad del Decreto impugnado.
16. Trámite ante esta SCJN. La entonces Ministra Presidenta, mediante acuerdo de veinte de enero de dos mil veinticinco, ordenó asumir su competencia originaria para conocer de los recursos de revisión del Presidente de la República y de la Cámara de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión, así como la revisión adhesiva de la parte quejosa al que correspondió el expediente 26/2025, y que posteriormente, admitió a trámite los recursos de referencia; asimismo, instruyó su turno a la Ministra Lenia Batres Guadarrama y ordenó su radicación en la entonces Segunda Sala.
17. Avocamiento. El Ministro Presidente de la entonces Segunda Sala, mediante acuerdo de dieciocho de febrero de dos mil veinticinco, se avocó al conocimiento del asunto e instruyó la remisión de los autos a la Ministra ponente una vez que se encontrara debidamente integrado.
18. Nueva integración de la SCJN. El uno de septiembre de dos mil veinticinco, las nuevas Ministras y Ministros integrantes de la actual SCJN rindieron protesta ante el Senado de la República.
19. Continuación del conocimiento del asunto. El Pleno de la SCJN el cuatro de septiembre de dos mil veinticinco, emitió el Acuerdo General 1/2025, que regula la recepción, registro y turno de los asuntos de su competencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F), estableciendo en el sexto transitorio que los asuntos conocidos por las Ministras de la integración previa continuarían conociendo de los mismos sin necesidad de acuerdo de returno.(1)
20. Publicación del proyecto. El proyecto de sentencia fue publicado el diecinueve de septiembre dos mil veinticinco de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 del Reglamento de Sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de integración de las listas de asuntos con proyecto de resolución.(2)
21. Vista a la parte quejosa. Mediante acuerdo de la Presidencia de esta SCJN de treinta de septiembre de dos mil veinticinco, respectivamente, se dio vista a la parte quejosa con el proyecto de sentencia al haberse advertido oficiosamente la actualización de una causa de improcedencia del respectivo juicio de amparo indirecto en términos de los artículos 20, fracción II, primera parte, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(3) y 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo.(4)
I. COMPETENCIA
22. Este Pleno de la SCJN es competente para conocer y resolver el presente amparo en revisión en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la CPEUM;(5) 81, fracción I, inciso e) y 83 de la Ley de Amparo;(6) 16, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF),(7) así como de conformidad con lo previsto en el acuerdo segundo, fracción VIII, inciso a) del Acuerdo General 2/2025 (12a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de tres de septiembre de dos mil veinticinco, en el que se precisan los asuntos de su competencia y los que se delegan a otros órganos jurisdiccionales federales, publicado en el DOF el diecinueve de septiembre de dos mil veinticinco, por tratarse de un amparo en revisión interpuesto en contra de una sentencia dictada por un juzgado de distrito en un juicio de amparo indirecto en el que se reclamó la constitucionalidad normas federales.(8)
II. OPORTUNIDAD
23. Resulta innecesario el pronunciamiento de este Pleno de la SCJN en cuanto a la oportunidad de los recursos de revisión, toda vez que, esto fue analizado por el tribunal colegiado, determinando oportuna la presentación de los recursos de revisión principales y adhesivo.
III. LEGITIMACIÓN
24. También es innecesario el pronunciamiento de este Pleno de la SCJN respecto a la legitimación de los recurrentes, pues ese presupuesto procesal fue materia de estudio por el tribunal colegiado del conocimiento.
IV. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA
25. La
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33946-e5fba9c5/concesiones-mineras-el-decreto-de-reformas-en-materia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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