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CONCESIONES MINERAS. LOS ARTÍCULOS 15 DE LA LEY MINERA Y DÉCIMO TRANSITORIO, DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 8 DE MAYO DE 2023, NO TRANSGREDEN EL DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD. CONCESIONES MINERAS. LOS ARTÍCULOS 15 DE LA LEY MINERA Y DÉCIMO TRANSITORIO, DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 8 DE MAYO DE 2023, NO TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 422/2024. · Registro digital (IUS): 33898
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2026-03-20
Promovente: —
Localización: Duodécima Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Marzo de 2026.

AMPARO EN REVISIÓN 422/2024. 8 DE OCTUBRE DE 2025. UNANIMIDAD DE NUEVE VOTOS DE LAS PERSONAS MINISTRAS SARA IRENE HERRERÍAS GUERRA, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, IRVING ESPINOSA BETANZO, QUIEN ANUNCIÓ VOTO CONCURRENTE, MARÍA ESTELA RÍOS GONZÁLEZ, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, QUIEN ANUNCIÓ VOTO CONCURRENTE, LENIA BATRES GUADARRAMA, LORETTA ORTIZ AHLF, GIOVANNI AZAEL FIGUEROA MEJÍA, ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA Y HUGO AGUILAR ORTIZ. PONENTE: LENIA BATRES GUADARRAMA. SECRETARIA: MARTHA NAYELI NÚÑEZ COSIO.

SÍNTESIS

Hechos: Una persona promovió amparo indirecto en contra de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, del Presidente de la República y otras autoridades por la expedición del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el ocho de mayo de dos mil veintitrés, en su totalidad, pero de forma particular por los artículos 13, 13 BIS, 14 BIS, 15, 15 BIS, 19 BIS, Quinto Transitorio y Décimo Transitorio.

El quejoso señaló en los conceptos de violación que el acto reclamado transgrede sus derechos fundamentales previstos en los artículos 1o., 8o., 14, 16, 17, 27 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

En sentencia la jueza de distrito resolvió sobreseer por ser inexistentes los actos de aplicación del decreto impugnado que fueron adjudicados al Secretario de Economía, al Titular de la Unidad de Actividades Extractivas y al Director General de Minas, y conceder el amparo para que no le fuera aplicado a la parte quejosa el decreto impugnado y se le continuaran aplicando las normas anteriores a las reformadas por dicho decreto.

En contra de esta determinación interpuso recurso de revisión el subdirector de Amparos de la Cámara de Diputados y la directora de Amparos y Controversias Constitucionales y Legales de la Cámara de Senadores, ambas del Congreso de la Unión, así como la Directora General de Procedimientos Constitucionales y Legales, en suplencia por ausencia de la persona Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico, ambas de la Secretaría de Economía, ésta última en representación de la Presidencia de la República; mientras que la persona quejosa interpuso revisión adhesiva.

El tribunal colegiado asignado, en sesión de nueve de mayo de dos mil veinticuatro, determinó entre otras cosas enviar los autos del asunto a esta SCJN para que se asumiera la competencia originaria respecto a la constitucionalidad del decreto impugnado.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión correspondiente al ocho de octubre de dos mil veinticinco emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el amparo en revisión 422/2024, interpuesto en contra de la sentencia dictada en audiencia constitucional de veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés y terminada de engrosar el veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, en el juicio de amparo indirecto 1066/2023 del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.

El problema jurídico que este Tribunal Pleno debe resolver consiste en determinar la constitucionalidad Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el ocho de mayo de dos mil veintitrés.

ANTECEDENTES

1. Demanda de amparo (1066/2023). Miguel Antonio Delgadillo Acuña, por propio derecho, promovió juicio de amparo indirecto en contra de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ambas del Congreso de la Unión, del Presidente de la República y otras autoridades, por la expedición del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua, publicado en el DOF el ocho de mayo de dos mil veintitrés, en su totalidad, pero de forma particular por los artículos 13, 13 BIS, 14 BIS, 15, 15 BIS, 19 BIS, Quinto Transitorio y Décimo Transitorio.

2. Del mismo modo, la parte quejosa promovió juicio de amparo indirecto en contra de la Secretaría de Economía, por la intervención que tiene o pueda tener en la ejecución del decreto impugnado, así como la omisión de cumplir con las obligaciones constitucionales y convencionales de promover y garantizar los derechos humanos de los quejosos, de libre concurrencia y competencia económica.

3. El quejoso señaló en los conceptos de violación que el acto reclamado transgrede sus derechos fundamentales previstos en los artículos 1o., 8o. 14, 16, 17, 27 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

4. El Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, conoció del juicio de amparo indirecto, y mediante proveído de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, desechó parcialmente la demanda, respecto del refrendo y publicación del decreto impugnado, acto que se adjudicó al secretario de Gobernación y al Director del DOF, y admitió la demanda por el resto de los actos y autoridades señaladas.

5. El quejoso hizo valer los siguientes conceptos de violación:

Los artículos 13, 13 BIS, 14 BIS, 15, 15 BIS, 19 BIS, Quinto Transitorio y Décimo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua publicados en el DOF el ocho de mayo de dos mil veintitrés, deben ser declarados inconstitucionales ya que vulneran el derecho humano a la igualdad plasmado en el artículo 1o., de la CPEUM, al reducir la duración y prórroga de las concesiones mineras, pues se disminuye de 50 a 30 años la vigencia de la concesión y de 50 a 25 años su prórroga; además que favorece la figura de la asignación a las dependencias de gobierno por encima de los particulares y empresas privadas; lo que limita la libre competencia, así como el desarrollo de la industria minera.

El decreto impugnado elimina el esquema de primer solicitante en las concesiones, y se sustituye por concursos públicos, las asignaciones de paraestatales tendrían una vigencia de tiempo indefinido; lo que genera un trato discriminatorio respecto de las empresas paraestatales y las privadas.

Se restringe el derecho de petición porque en la resolución que se impugna en los artículos 13 y 13 BIS restringen el derecho de petición establecido en el artículo 8 de la CPEUM, ya que el anterior decreto que se combate bastaba con cumplir con los requisitos establecidos en la ley anterior como primer solicitante, para la obtención de una concesión minera y es el caso que esa limitación al derecho de petición no está comprendida en el artículo 8o., de la CPEUM.

Los artículos 13, 13 BIS, 14 BIS, 15, 15 BIS, 19 BIS, Quinto Transitorio y Décimo Transitorio del Decreto impugnado vulneran la garantía de audiencia, misma que se consagra en el artículo 14 de la CPEUM, al ser la propia autoridad que en el artículo Quinto Transitorio desecha al entrar en vigor, las solicitudes de concesión minera sin más trámite, lo que violenta la garantía de audiencia y todas las formalidades esenciales del procedimiento al no ser oído y vencido en juicio.

Los artículos 13, 13 BIS, 14 BIS, Quinto Transitorio y Décimo Transitorio del Decreto impugnado vulneran la debida fundamentación y motivación legislativa. Ya que los actos de autoridad exigen fundamentación y motivación en la medida que actúan bajo un marco jurídico legal.

Los artículos 13, 13 BIS, 14 BIS, 15, 15 BIS, 19 BIS, Quinto Transitorio y Décimo Transitorio del Decreto impugnado vulneran la garantía de audiencia consagrada en el artículo 133 de la CPEUM, al violar los tratados internacionales donde México es parte, como son la Organización Mundial del Comercio (OMC) y del entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ahora Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ya que se deja a las empresas y contrapartes de México; así como agentes económicos, en total estado de indefensión en cuanto se refiere a las reservas arbitrarias futuras sin determinar la desigualdad de las empresas paraestatales y las privadas. Por otra parte, la creación de un organismo público descentralizado violaría lo establecido en el Capítulo 22 del T-MEC porque establece títulos de asignación del Estado cuyo sustento y origen es ilegal.

6. Sentencia de amparo indirecto. La jueza de distrito resolvió sobreseer por ser inexistentes los actos de aplicación del decreto impugnado, que fueron adjudicados al Secretario de Economía, al Titular de la Unidad de Actividades Extractivas y del Director general de Minas, y conceder el amparo para que no le fuera aplicado a la quejosa el decreto impugnado y se le continuaran aplicando las normas anteriores a las reformadas por dicho decreto. Lo anterior, atendiendo a las siguientes consideraciones:

El Secretario de Economía, el Titular de la Unidad de Actividades Extractivas y del Director General de Minas, negaron los actos que les fueron adjudicados, sin que en autos se acreditara su existencia.

Los actos atribuidos a las Cámaras de Diputados y Senadores, del Congreso de la Unión, así como a la Presidencia de la República, se tuvieron por ciertos, debido a que al rendir sus respectivos informes aceptaron en el ámbito de su competencia la existencia de los actos que se les atribuye y, a que se trata de una norma, cuya existencia se acredita con su publicación en el medio de difusión oficial.

Calificó como infundadas las causales de improcedencia hechas valer por las Cámaras de Diputados y Senadores, del Congreso de la Unión, así como de la Presidencia de la República, consistentes en la falta de interés jurídico y actos reclamados futuros e inciertos. Porque consideró que el quejoso acreditó contar con títulos de concesión minera con vigencia del veinticuatro de abril de dos mil nueve al veintitrés de abril de dos mil cincuenta y nueve, a través de copias certificadas por el Notario Público número once, del estado de San Luis Potosí, del título a su nombre, de la concesión minera 233899, del lote “La Bonita”, con una superficie de 298.1769 hectáreas del municipio de Xichu, en el estado de Guanajuato y, de su credencial para votar. Por lo que el quejoso se ubica en los supuestos de las normas reclamadas y, desde el momento en que éstas son vigentes, afectan su esfera jurídica.

Calificó de infundado lo señalado por el Presidente de la República, esto porque la parte quejosa señaló que sí cuenta con interés para reclamar el proceso legislativo y las normas impugnadas.

Calificó como infundada la causal de improcedencia consistente en la ausencia de conceptos de violación, porque consideró que en la demanda sí se formularon motivos de disenso respecto de las normas impugnadas.

Calificó como infundada la causal de improcedencia consistente en actos consumados, porque consideró que existe la posibilidad de que el amparo tenga efectos restitutorios.

Calificó como infundada la causal de improcedencia consistente en concretización de los efectos del amparo, porque consideró que sí es posible no aplicar la norma impugnada al quejoso.

Finalmente, respecto del análisis de las causas de improcedencia, la jueza de distrito no advirtió de oficio, la actualización de alguna.

Posteriormente, en el estudio de constitucionalidad consideró que el principio de deliberación democrática es el pilar de todo proceso legislativo desarrollado en el marco de la CPEUM, y siempre existirá el riesgo de que las dispensas sean utilizadas por las mayorías parlamentarias para impedir la participación de los grupos minoritarios en las discusiones y aprobación de leyes.

Se actualizó una violación grave al procedimiento legislativo, porque la tramitación de la solicitud de dispensa para que la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua, fuera considerada de urgente resolución, tiene una completa omisión por parte de la Cámara de Diputados de cumplir con la obligación constitucional de motivar la condición de urgencia. Lo anterior se acredita en la versión estenográfica de la sesión correspondiente.

Consideró, con base en el principio de deliberación democrática, que la Cámara de Diputados omitió indebidamente publicar y distribuir con anticipación, la iniciativa sometida a discusión por el pleno, en la sesión del veinte de abril de dos mil veintitrés.

Determinó, que se vulneró lo establecido en los artículos 64, numeral 1, 65, numeral 4 y 97, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, porque la iniciativa del decreto impugnado no fue publicada en la Gaceta Parlamentaria antes de las veintidós horas anteriores a la sesión en la que se presentó.

Se violó el principio de deliberación democrática establecido en el artículo 72 de la CPEUM.

Citó como precedentes los criterios de la SCJN al resolver la acción de inconstitucionalidad 29/2023(1) y sus acumuladas 30/2023, 31/2023, 37/2023, 38/2023, 43/2023 y 47/2023.

7. Recurso de revisión. El subdirector de Amparos de la Cámara de Diputados y la directora de Amparos y Controversias Constitucionales de la Cámara de Senadores, ambas del Congreso de la Unión, así como la Directora General de Procedimientos Constitucionales y Legales, en suplencia por ausencia de la Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico, ambas de la Secretaría de Economía, ésta última en representación de la Presidencia de la República, interpusieron sendos recursos de revisión en contra de la sentencia de amparo indirecto dictada por el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en audiencia constitucional el veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés, y firmada el veintinueve del mismo mes y año. La parte quejosa, Miguel Antonio Delgadillo Acuña, presentó revisión adhesiva.

8. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión manifestó en sus agravios, sustancialmente, lo siguiente:

La CPEUM no prevé que el procedimiento legislativo deba acotarse con rigurosidad a los términos previstos en el Reglamento de la Cámara de Diputados.

La flexibilidad de las normas únicamente puede ser limitada por las restricciones previstas en el artículo 72 de la CPEUM y de aquellas disposiciones constitucionales y convencionales que protegen los derechos humanos.

El procedimiento legislativo no debe ser calificado como lesivo por una supuesta deficiencia de técnica legislativa.

El juicio de amparo procede en contra de normas, actos u omisiones que causan un perjuicio real y directo a los derechos fundamentales de los quejosos, por lo que, aun suponiendo sin conceder, que exista una “deficiencia legislativa”, no implica un perjuicio susceptible de ser analizado en el juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 de la CPEUM y 1o. y 5o. de la Ley de Amparo.

El trámite de la iniciativa de mérito no contravino la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones a que hace alusión el artículo 72 de la CPEUM. Debido a que el procedimiento de discusión y votación se desarrolla en una etapa posterior y, por tanto, es ajena a la etapa de presentación de la iniciativa ante el Pleno de la Cámara de Diputados.

El artículo 72 de la CPEUM no prevé ninguno de los requisitos que la jueza de distrito señaló, que fueron omitidos.

Debe reconocerse la constitucionalidad del decreto impugnado, ya que ante los formalismos rigurosos y tradicionalistas instruidos en una norma de menor jerarquía (reglamento) debe prevalecer el mandato constitucional conforme al principio de supremacía de los artículos 1o. y 133 de la CPEUM.

En cumplimiento del artículo 17 de la CPEUM, las autoridades competentes deben evitar que formalismos y tecnicismos no razonables impidan el ejercicio de un derecho, como lo es, en este caso, el ejercicio de iniciar leyes para ser discutidas y votadas.

Resulta infundado el planteamiento del quejoso, debido a que no existe violación al proceso legislativo, debido a que se acreditó que fue acordado por el Pleno de la Cámara de Diputados que la iniciativa en cuestión pasara para su pronta discusión y votación, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 1o., numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, que señala que, lo no previsto en el reglamento se ajustará a las disposiciones complementarias y que se aprueben por el Pleno de la Cámara de Diputados.

9. La Presidencia de la República manifestó en sus agravios, sustancialmente, lo siguiente:

Las normas impugnadas son heteroaplicativas, pues el Transitorio Sexto del decreto mantiene la vigencia de las condiciones previas de explotación y el Transitorio Quinto dispone que seguirán aplicándose las reglas anteriores hasta que se reforme el reglamento.

Las disposiciones combatidas no generan afectación a su esfera jurídica del quejoso porque requieren de un primer acto de aplicación por parte de la autoridad minera. Acto que no fue acreditado en autos.

Los particulares no son afectados en sus derechos por iniciativas de urgente u obvia resolución. Quienes pueden reclamar violaciones al proceso legislativo bajo dichas circunstancias son, en todo caso, los grupos parlamentarios, a través de la acción de inconstitucionalidad, pues son quienes intervienen en el proceso legislativo. Lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia 2a./J. 133/2017 de rubro: PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DE URGENTE RESOLUCIÓN. LOS VICIOS EN SUS FORMALIDADES NO SON OPONIBLES EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN PLANTEADOS EN EL JUICIO DE AMPARO,(2) emitida por la extinta Segunda Sala de la SCJN. Jurisprudencia que no observó el juzgado de distrito.

Las supuestas irregularidades en el proceso legislativo no tienen impacto en los derechos de la parte quejosa, pues no existe un derecho oponible por la vía del juicio de amparo, respecto de la tramitación de la iniciativa como urgente y obvia resolución, de ahí la improcedencia del juicio en contra del decreto impugnado.

El principio de deliberación parlamentaria tutela a los grupos parlamentarios, no a los particulares.

La jueza de distrito no señaló cuáles son los derechos humanos que le son vulnerados a la parte quejosa con las supuestas violaciones al proceso legislativo.

La parte quejosa no acreditó en ningún momento, la afectación a su esfera jurídica.

La parte quejosa no formuló argumentos lógico—jurídicos que evidencien como se contrapone la totalidad del decreto impugnado a los artículos constitucionales que cita. Aunado a que, únicamente impugna los artículos 13, 13 BIS, 14 BIS, 15, 15 BIS, 19 BIS, Quinto Transitorio y Décimo Transitorio, que señala como disposiciones de la Ley Minera, sin que en ningún momento se aclare que se refiere a disposiciones del decreto impugnado. Por ello la jueza de distrito, al resolver, viola el principio de estricto derecho.

La jueza de distrito incumple lo establecido en el artículo 77 de la Ley de Amparo, debido a que no puede existir un restablecimiento de los derechos de la parte quejosa, debido a que no existe afectación en su esfera jurídica, ya que debió observar que los conceptos de violación formulados por la parte quejosa resultaban insuficientes para combatir en su totalidad el decreto impugnado. Contrario a lo señalado por la parte quejosa, la iniciativa que dio origen al decreto impugnado fue publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados el dieciocho de abril de dos mil veintitrés, Número 6257-III-2, Año XXVI.

El grupo parlamentario de Morena sí justificó el motivo de urgencia y obvia resolución de la iniciativa del decreto impugnado, tal como consta en la versión estenográfica de la sesión ordinaria del jueves veinte de abril de dos mil veintitrés, de la Cámara de Diputados de la LXV Legislatura.

10. En la revisión adhesiva, la parte quejosa hizo valer los siguientes argumentos:

Fue correcto que la jueza de distrito reconociera el interés jurídico debido a que, como concesionario minero, está sujeta a la aplicación de las normas mineras y sus reformas, no sólo por el trámite de concesiones futuras, sino porque dichas modificaciones, desde su entrada en vigor, afectan su esfera jurídica, ya que le imponen una nueva carga y condiciones a quienes adquirieron con anterioridad a la nueva norma, una concesión minera.

El decreto impugnado adolece de una redacción contradictoria entre sus transitorios y los mismos artículos que modificó. Es decir, la falta de claridad con que las disposiciones reformadas señalan el cumplimiento de nuevas obligaciones en relación con los transitorios del decreto impugnado genera incertidumbre jurídica.

El acto reclamado contempla la aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de la parte quejosa.

Es inconstitucional el Décimo Transitorio del decreto impugnado y el artículo 27 de la Ley Minera reformado y por lo tanto, todas las disposiciones reformadas porque son parte del mismo sistema normativo.

La jueza de distrito realizó un adecuado análisis de la violación al proceso legislativo establecido en el artículo 72, inciso f, de la CPEUM, porque no se respetó el trámite de la iniciativa, discusión y aprobación de la Ley Minera, que se debió sujetar al principio de democracia deliberativa, lo que únicamente se puede alcanzar cumpliendo estrictamente lo señalado en el reglamento de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión, de lo contrario, las leyes que emanen serán inválidas al ser producto de un estudio escueto y deficiente, lo que va en detrimento de los intereses y derechos humanos de cada integrante de la sociedad.

No se justificó la motivación para que la iniciativa que genera el decreto impugnado prescindiera del dictamen de una de las comisiones de la Cámara de Diputados.

La democracia deliberativa, además de ser una garantía institucional, es una garantía de los derechos reconocidos en los artículos 14 y 16 de la CPEUM, y la forma en que se ve reflejado lo que legisla el Congreso de la Unión, pues no puede existir deliberación si no hay conocimiento de lo que se delibera. Por ello, la Cámara de Diputados transgredió lo establecido en los artículos 71 y 72 de la CPEUM.

11. Resolución del Tribunal Colegiado de Circuito. El Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, conoció por cuestión de turno, de las revisiones principales y la revisión adhesiva, los registró con el número de expediente A.R. 57/2024, y en sesión de nueve de mayo de dos mil veinticuatro, resolvió:

I. Declaró improcedente el recurso de revisión interpuesto por la directora de Amparos y Controversias Constitucionales de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, porque no fue posible corroborar su legitimidad para representar al Senado de la República.

II. Declaró procedentes los recursos de revisión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de la Presidencia de la República y, la revisión adhesiva presentada por el quejoso Miguel Antonio Delgadillo Acuña.

III. Confirmó la sentencia en cuanto a lo que corresponde a su competencia, es decir, del análisis de las causales de improcedencia hechas valer por las autoridades responsables.

IV. Ordenó él envió de los autos a esta SCJN para que asuma su competencia originaria respecto de la constitucionalidad del decreto impugnado.

12. Trámite ante esta SCJN. La entonces Ministra Presidenta de esta SCJN, mediante acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil veinticuatro, ordenó asumir competencia originaria para conocer de los recursos de revisión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y de la Presidencia de la República, así como de la revisión adhesiva que hizo valer la parte quejosa, al que correspondió el expediente 422/2024, admitió a trámite los recursos de referencia; asimismo, instruyó su turno a la Ministra Lenia Batres Guadarrama y ordenó su radicación en la extinta Segunda Sala.

13. Avocamiento. El Ministro Presidente de la entonces Segunda Sala, mediante acuerdo de veinte de junio de dos mil veinticuatro, se avocó al conocimiento del asunto e instruyó la remisión de los autos a la ministra ponente una vez que, se encontrara debidamente integrado.

14. Nueva integración de la SCJN. El uno de septiembre de dos mil veinticinco las nuevas Ministras y Ministros integrantes de la actual SCJN rindieron protesta ante el Senado de la República.

15.Continuación del conocimiento del asunto. En términos del sexto transitorio del Acuerdo General Número 1/2025 (12a.) del Pleno de la SCJN, que regula la recepción, registro y turno de los asuntos de su competencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.) el cuatro de septiembre de dos mil veinticinco, se determinó que los asuntos conocidos por las Ministras de la integración previa continuarían conociendo de los mismos sin necesidad de acuerdo de returno.(3)

16. Publicación del proyecto. El proyecto de sentencia fue publicado el diecinueve de septiembre dos mil veinticinco de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 del Reglamento de Sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de integración de las listas de asuntos con proyecto de resolución.

17. Vista a la parte quejosa. Mediante acuerdos presidenciales de la extinta Segunda Sala y de la actual Presidencia de esta SCJN de diez de febrero y treinta de septiembre, ambos de dos mil veinticinco, respectivamente, se dio vista a la parte quejosa con el proyecto de sentencia al haberse advertido oficiosamente la actualización de una causa de improcedencia del respectivo juicio de amparo indirecto en términos de los artículos 20, fracción II, primera parte, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo.

I. COMPETENCIA

18. Este Tribunal Pleno de la SCJN es competente para conocer y resolver el presente amparo en revisión en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la CPEUM; 81, fracción I, inciso e) y 83 de la Ley de Amparo; 16, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF), así como de conformidad con lo previsto en el acuerdo segundo, fracción VIII, inciso a) del Acuerdo General 2/2025 (12a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de tres de septiembre de dos mil veinticinco, en el que se precisan los asuntos de su competencia y los que se delegan a otros órganos jurisdiccionales federales, publicado en el DOF el diecinueve de septiembre de dos mil veinticinco, por tratarse de un amparo en revisión interpuesto en contra de una sentencia dictada por un juzgado de distrito en un juicio de amparo indirecto en el que se reclamó la constitucionalidad normas federales.

II. OPORTUNIDAD

19. Resulta innecesario el pronunciamiento de este Tribunal Pleno de la SCJN en cuanto a la oportunidad de los recursos, toda vez que esto fue analizado por el tribunal colegiado del conocimiento, quien mediante sentencia de nueve de mayo de dos mil veinticuatro determinó oportuna la presentación de los recursos de revisión principal y adhesivo.

III. LEGITIMACIÓN

20. Resulta innecesario el pronunciamiento de esta SCJN en cuanto a la legitimación, toda vez que ya fue resuelto por el tribunal colegiado del conocimiento, en resolución de nueve de mayo de dos mil veinticuatro, en la que determinó que:

21. Los recursos de revisión interpuestos por la Subdirección de Amparos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y la Dirección General de Procedimientos Constitucionales y Legales, en suplencia por ausencia de la Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico, ambas de la Secretaría de Economía, ésta última en representación de la Presidencia de la República, fueron interpuestos por parte legítima.

22. Miguel Antonio Delgadillo, parte quejosa en el juicio de amparo indirecto, se encuentra legitimado para interponer revisión adhesiva, ya que obtuvo sentencia a su favor.

23. Así, ante la improcedencia del recurso de revisión interpuesto por la directora de Amparos y Controversias Constitucionales de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el tribunal colegiado de circuito determinó, que dicha autoridad no cuenta con legitimación.

IV. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA

24. La parte quejosa reclamó en forma destacada los artículos 13, 13 BIS, 14 BIS 15, 15 BIS, 19 BIS, Quinto Transitorio y Décimo Transitorio de la Ley de Minería modificada mediante el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua, publicado en el DOF el ocho de mayo de dos mil veintitrés.

25. La juez de Distrito al examinar las causas de improcedencia relacionadas con los preceptos indicados estableció que la Secretaría de Economía expidió a nombre de la parte quejosa el título sobre el lote “La Bonita”, con vigencia del veinticuatro de abril de dos mil nueve al veinti

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33898-2c0246d6/concesiones-mineras-los-articulos-15-de-la-ley · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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