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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA SOLICITADA CONTRA EL DECRETO DE REFORMAS EN MATERIA DE CONCESIONES PARA MINERÍA Y AGUA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 8 DE MAYO DE 2023, NO ESTÁ COMPRENDIDA EN EL SUPUESTO DEL ARTÍCULO 129, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO. SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 4, PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO (EN LA PARTE RELATIVA A LA DISMINUCIÓN DEL VOLUMEN DEL AGUA CONCESIONADA), 24, PRIMER PÁRRAFO, Y 81 BIS 3, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES (DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 8 DE MAYO DE 2023). SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 14, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE MINERÍA, 118, PÁRRAFO CUARTO, DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES Y SÉPTIMO TRANSITORIO DEL DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 8 DE MAYO DE 2023. SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 23 Y 27, FRACCIONES XV Y XX, DE LA LEY DE MINERÍA, 29 BIS 4, FRACCIÓN XX, DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES, UNA PORCIÓN NORMATIVA DEL 107 BIS DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y DÉCIMO TRANSITORIO DEL DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 8 DE MAYO DE 2023. SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIONES XXI, XXII Y XXIII, DE LA LEY DE MINERÍA, 29 BIS 4, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES Y 42, PÁRRAFOS PRIMERO Y CUARTO, DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS (DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 8 DE MAYO DE 2023). SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE RESPECTO DE LA CANCELACIÓN DEL VOLUMEN DE AGUA CONCESIONADA Y LA PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA POR EL GANADOR DE UNA LICITACIÓN DE UNA CONCESIÓN MINERA (ARTÍCULOS 19, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE MINERÍA, 4, PÁRRAFO TERCERO, Y 29 BIS 4, FRACCIÓN XIX, DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES, Y 107 BIS DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE DERIVADOS DEL DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 8 DE MAYO DE 2023). SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 3, FRACCIÓN LVII BIS, 37, PÁRRAFO SEGUNDO, 81 BIS, 81 BIS 1, 81 BIS 2, 81 BIS 3 (EXCEPTO EL PÁRRAFO PRIMERO), 81 BIS 4, 88 BIS, FRACCIÓN V BIS, 92, FRACCIÓN VI, Y 119, FRACCIÓN XXII, DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES, Y DÉCIMO TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 8 DE MAYO DE 2023. SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 10, 10 BIS, 11, FRACCIÓN I, 19, FRACCIONES I Y V, Y 27, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE MINERÍA (DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 8 DE MAYO DE 2023). SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 20, PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO, DE LA LEY DE MINERÍA Y 46, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE (DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 8 DE MAYO DE 2023). SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN XIX, DE LA LEY DE MINERÍA Y 17 DE LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS (DECRETO DE REFORMAS PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 8 DE MAYO DE 2023).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 234/2023. · Registro digital (IUS): 32224
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2024-03-08
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO, DÉCIMO CUARTO Y DÉCIMO QUINTO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUIT
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, Marzo de 2024, Tomo VI, Pág.5646.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 234/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO, DÉCIMO CUARTO Y DÉCIMO QUINTO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEXTO CIRCUITO. 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS Y ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE Y DEL MAGISTRADO GASPAR PAULÍN CARMONA, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE. PONENTE: MAGISTRADA ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS. SECRETARIA: TANIA ALVAREZ ESCORZA.

I. Competencia

1. Este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1, fracción III, 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(1) así como en lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio;(2) y en los artículos 6, fracción I, 7, 9, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales,(3) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero de dos mil veintitrés, respectivamente; por tratarse de criterios sostenidos por tribunales colegiados pertenecientes a los Circuitos Primero, Vigésimo Tercero y Vigésimo Sexto, todos comprendidos en la Región Centro-Norte, cuyo conocimiento corresponde a este pleno regional al versar sobre la materia administrativa.

II. Legitimación

2. La contradicción de criterios se denunció por parte legitimada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo vigente en el momento de la denuncia, ya que se formuló por ********** ********** ********** **********, autorizado de las personas morales quejosas(4) en el juicio de amparo indirecto 1093/2023 del cual derivó el recurso de queja 353/2023 cuyo fallo participa en esta contradicción.

3. Sobre la legitimación de la persona denunciante en su carácter de autorizado es aplicable, por analogía, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 152/2008(5) que a continuación se transcribe:(6)

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, ESTÁ LEGITIMADO PARA DENUNCIARLA. El autorizado está legitimado para denunciar la contradicción de tesis entre la derivada de la ejecutoria pronunciada en un juicio de amparo en que se le otorgó tal representación y la sostenida por otro órgano jurisdiccional. Lo anterior es así, ya que si bien es cierto que el artículo 27, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, no precisa tal facultad, también lo es que la enumeración de las que establece es enunciativa y no limitativa, pues entre otras, prevé la de realizar cualquier acto necesario para la defensa de los derechos del autorizante. Además, aunque la denuncia referida no es un acto del procedimiento en el juicio de amparo, como del artículo 197-A de la ley citada se advierte que puede realizarse por las partes que intervinieron en los juicios en que las tesis respectivas fueron sustentadas, es indudable que dicha denuncia es un derecho garantizado por el citado precepto, en favor de las partes que intervinieron en los respectivos juicios constitucionales, con el propósito de preservar la seguridad jurídica mediante la determinación, por el órgano superior, del criterio que habrá de prevalecer y aplicarse en casos futuros."

III. Criterios denunciados

4. Criterio del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al fallar el recurso de queja 280/2023 en sesión de veintiocho de junio de dos mil veintitrés.

5. Criterio del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 355/2023 en sesión de veinte de julio de dos mil veintitrés.

6. Criterio del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al fallar el recurso de queja 353/2023 en sesión de veinte de julio de dos mil veintitrés.

7. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 231/2023 en sesión de diez de julio de dos mil veintitrés.

8. Criterio del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, al resolver el recurso de queja 233/2023 en sesión de seis de julio de dos mil veintitrés.

IV. Existencia de la contradicción de criterios

9. De acuerdo con los criterios sentados por el Máximo Tribunal, existe una contradicción de criterios cuando se reúnen los siguientes requisitos:(7)

a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales colegiados adopten criterios jurídicos discrepantes.

c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

10. En el caso, existe una contradicción de criterios entre los sostenidos por los Tribunales Colegiados Sexto y Décimo Quinto, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito y Primero del Vigésimo Sexto Circuito, al fallar en su orden los recursos de queja 280/2023, 353/2023 y 233/2023 y los sustentados por los Tribunales Colegiados Decimocuarto en Materia Administrativa del Primer Circuito y Segundo del Vigésimo Tercer Circuito, al resolver los recursos de queja 355/2023 y 231/2023, respectivamente.

11. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito analizó un asunto con las siguientes características:

Ver características

12. El Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito analizó un asunto con las siguientes características:

Ver asunto

13. El Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en una parte de su ejecutoria, analizó un asunto con las siguientes características:

Ver parte de la ejecutoria

14. El Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito analizó un asunto con las siguientes características:

Ver cuadro

15. El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito analizó un asunto con las siguientes características:

Ver análisis

16. De esta relatoría se advierte, en lo esencial, que las ejecutorias tuvieron como antecedente el reclamo por parte de concesionarios mineros (algunos de ellos solicitantes también de nuevas concesiones) y de empresas contratistas de servicios de exploración y otros trabajos mineros, ante un juzgado de distrito, de diversas porciones normativas de la Ley Minera, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, reformadas por el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de mayo de dos mil veintitrés, algunos de cuyos transitorios también fueron reclamados.

17. Asimismo, se desprende que respecto de algunas de esas disposiciones las personas quejosas solicitaron la suspensión provisional para el efecto de que no se aplicaran en su esfera jurídica hasta tanto se resolviera sobre su constitucionalidad en el juicio principal, la cual les fue negada por el juzgado de distrito y, que al resolver los recursos de queja interpuestos en contra de tales determinaciones, unos tribunales confirmaron la negativa al considerar que de concederla se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, mientras que los otros decidieron otorgarla por estimar que no se actualiza la transgresión a tales requisitos, aunado a que uno de ellos decidió que el caso no quedaba comprendido en el supuesto del artículo 129, fracción XIII, de la Ley de Amparo y otro concluyó que sí, como se muestra a continuación:

Ver comparativo

18. Importa decir que en los asuntos aquí contendientes, las personas quejosas señalaron como acto reclamado el decreto del que ya se ha dado noticia, especificando en cada caso como disposiciones combatidas sólo algunas de la Ley de Minería, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que fueron reformadas o adicionadas por virtud del decreto, así como ciertas disposiciones transitorias de éste, lo que se muestra en la tabla siguiente:

Ver tabla

19. Al comparar las disposiciones reclamadas se advierte que aunque no son plenamente idénticas en todos los casos, sí existen algunas que se reclamaron en por lo menos dos de los juicios de amparo indirecto.

20. También es relevante mencionar que de las ejecutorias dictadas al resolver los recursos de queja de los cuales derivaron los criterios contendientes, se desprende que el análisis de la procedencia de la suspensión provisional sólo se realizó respecto de algunas de esas porciones normativas, a saber:

Ver disposiciones

21. A partir de estos datos se hace patente que el pronunciamiento sobre la suspensión provisional tampoco se realizó sobre los mismos preceptos legales en todos los casos; sin embargo, se advierte que sí existen coincidencias respecto de algunos cuyo estudio se abordó en más de una de las ejecutorias y en relación con los cuales puede estimarse existente una contradicción, a saber, los numerales 10, 10 Bis, 11, fracción I, 14, fracción IX, 19, fracciones I, V y VII, 20, párrafos segundo y tercero, 23 y 27, fracciones XV, XVI, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII y XXIV, de la Ley de Minería; 3, fracciones III Bis y LVII Bis, 4, párrafos segundo y tercero, 19, 24, primer párrafo, 29 Bis 4, fracciones XVII, XVIII, XIX, XX y XXI, 37, párrafo segundo, 81 Bis, 81 Bis 1, 81 Bis 2, 81 Bis 3, 81 Bis 4, 88 Bis, fracción V Bis, 92, fracción VI, 118, párrafo cuarto y 119, fracción XXII, de la Ley de Aguas Nacionales; 46, último párrafo y 107 Bis de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 17 y 42, párrafos primero y cuarto, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y los artículos transitorios séptimo, noveno, décimo y décimo tercero del decreto en cita.

22. Con estas precisiones se procede al análisis de los requisitos para la existencia de una contradicción de criterios.

23. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Se satisface este requisito porque los tribunales contendientes decidieron, a partir de una exposición argumentativa, sobre la procedencia del otorgamiento de la suspensión provisional respecto del acto reclamado consistente en el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de mayo de dos mil veintitrés específicamente de los artículos 10, 10 Bis, 11, fracción I, 14, fracción IX, 19, fracciones I, V y VII, 20, párrafos segundo y tercero, 23 y 27, fracciones XV, XVI, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII y XXIV, de la Ley de Minería; 3, fracciones III Bis y LVII Bis, 4, párrafos segundo y tercero, 19, 24, primer párrafo, 29 Bis 4, fracciones XVII, XVIII, XIX, XX y XXI, 37, párrafo segundo, 81 Bis, 81 Bis 1, 81 Bis 2, 81 Bis 3, 81 Bis 4, 88 Bis, fracción V Bis, 92, fracción VI, 118, párrafo cuarto y 119, fracción XXII, de la Ley de Aguas Nacionales; 46, último párrafo y 107 Bis de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 17 y 42, párrafos primero y cuarto, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y los artículos transitorios séptimo, noveno, décimo y décimo tercero del decreto en cita.(13)

24. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Se advierte un punto de toque entre los criterios contendientes porque los tribunales colegiados involucrados analizaron la procedencia de la suspensión provisional solicitada respecto de los preceptos legales ya precisados, a la luz de los requisitos que para tal efecto establece la Ley de Amparo.

25. Sin embargo, se produjo un diferendo en los criterios interpretativos adoptados, porque al analizar respectivamente las disposiciones legales materia de esta contradicción, los Tribunales Colegiados Sexto y Décimo Quinto, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito y, Primero del Vigésimo Sexto Circuito concedieron la suspensión provisional al considerar que con su otorgamiento no se causa perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, aunado a que en el caso opera la apariencia del buen derecho, la cual debe prevalecer sobre la finalidad de interés social que persiguen las disposiciones reclamadas; mientras que los Tribunales Colegiados Decimocuarto en Materia Administrativa del Primer Circuito y Segundo del Vigésimo Tercer Circuito determinaron negarla al estimar que sí se trastocan el interés social y el orden público.

26. Asimismo, existe otra discrepancia porque el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito sostuvo que el caso no quedaba comprendido en el supuesto normativo previsto en el artículo 129, fracción XIII, de la Ley de Amparo, mientras que el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó lo contrario.

27. No obsta para esta consideración que los juicios de los cuales conocieron los tribunales contendientes hayan sido promovidos por personas con distintas calidades (unos concesionarios, otros concesionarios pero solicitantes de una nueva concesión y algunos más como prestadores de servicios de exploración y otros trabajos mineros), toda vez que los pronunciamientos de dichos tribunales, en las partes relativas a la materia de la contradicción, se fundaron esencialmente en el contenido de las normas reclamadas y no específicamente en la calidad subjetiva de las personas quejosas.

28. Tercer requisito: que pueda formularse una pregunta o cuestionamiento a resolver. Este requisito se cumple también, pues advertido el punto de conflicto entre los criterios contendientes, cabe la pregunta siguiente: ¿Es procedente conceder a las personas titulares de concesiones mineras la suspensión provisional respecto del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de mayo de dos mil veintitrés específicamente de los artículos 10, 10 Bis, 11, fracción I, 14, fracción IX, 19, fracciones I, V y VII, 20, párrafos segundo y tercero, 23 y 27, fracciones XV, XVI, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII y XXIV, de la Ley de Minería; 3, fracciones III Bis y LVII Bis, 4, párrafos segundo y tercero, 19, 24, primer párrafo, 29 Bis 4, fracciones XVII, XVIII, XIX, XX y XXI, 37, párrafo segundo, 81 Bis, 81 Bis 1, 81 Bis 2, 81 Bis 3, 81 Bis 4, 88 Bis, fracción V Bis, 92, fracción VI, 118, párrafo cuarto y 119, fracción XXII, de la Ley de Aguas Nacionales; 46, último párrafo y 107 Bis de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 17 y 42, párrafos primero y cuarto, de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y los artículos transitorios séptimo, noveno, décimo y décimo tercero del propio decreto, considerando lo previsto en los artículos 128, 129, fracción XIII, y 138 de la ley de la materia?

29. En esta línea argumentativa, es existente la contradicción de criterios entre los sostenidos por los Tribunales Colegiados Sexto y Décimo Quinto, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito y, Primero del Vigésimo Sexto Circuito, al fallar en su orden los recursos de queja 280/2023, 353/2023 y 233/2023 y los sustentados por los Tribunales Colegiados Decimocuarto en Materia Administrativa del Primer Circuito y Segundo del Vigésimo Tercer Circuito, al resolver los recursos de queja 355/2023 y 231/2023, respectivamente.

V. Amicus curiae

30. En el escrito recibido el trece de octubre de dos mil veintitrés se expresaron, esencialmente, las consideraciones siguientes en cuanto al tema en disputa:

"... de negarse la suspensión definitiva sujeta a la determinación de este H. Pleno Regional, ... se vería impedida de forma absoluta, abrupta y contraria a derecho para seguir realizando sus actividades al amparo de los títulos de concesión objeto de la litis del juicio de amparo, mismos que se encuentran vigentes y operando conforme a la normatividad aplicable, previa al Decreto Reclamado.

"Se dice lo anterior, pues los artículos 20 de la Ley Minera y 46 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente reformados mediante el decreto reclamado establecen la prohibición absoluta de realizar obras y trabajos de explotación minera en áreas naturales protegidas. Lo anterior, sin distinguir entre sus zonas que las conforman, ni por el grado de afectación que generen las explotaciones.

"Lo anterior además de vulnerar múltiples derechos fundamentales de ... tal y como fue evidenciado en el juicio de amparo se traduce en que, de prevalecer un criterio general en el sentido de negar las medidas cautelares frente al decreto reclamado, ... tendría que suspender las actividades que ha venido realizando por más de un siglo, generando con ello además, un daño y perjuicio de imposible reparación, que no podría ser subsanado ante una eventual sentencia en la que se conceda el amparo.

"...

"... se menciona a ese H. Pleno Regional que, la normatividad previa al decreto reclamado por cuanto hace a la situación especial de ... permitía que, en las zonas de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de las áreas naturales protegidas dadas sus características y naturaleza geológica se llevaran a cabo actividades mineras de explotación, como lo son las de ... para cuyos efectos se reitera la recurrente cuenta con todas las autorizaciones y permisos aplicables necesarios, por parte de las autoridades competentes.

"Lo anterior, patentiza y pone de manifiesto que ... se ve afectada de forma particular por el decreto reclamado, aunado a que goza de la apariencia del buen derecho, misma que se solicita se pondere al momento de decidir la contradicción de criterios puesta a su determinación, considerando que desde que se otorgaron las concesiones materia de la litis y hasta el momento ... opera en estricto apego a la normatividad ambiental, con todas las autorizaciones y permisos que ello implica, además de que siempre se ha conducido de forma responsable ambientalmente hablando preservando y respetando las zonas que le fueron concesionadas, lo cual se refleja en que los títulos de concesión -después de más de 43 años de haber sido otorgados nunca han tenido ningún incidente de ningún índole que ponga en riesgo sus actividades. "En resumidas cuentas, de estimar que no procede la suspensión definitiva frente al decreto reclamado, se paralizarían y prohibirían de forma absoluta, las operaciones y actividades llevadas a cabo en dichas zonas concesionadas, mismas que (i) se encuentran vigentes, (ii) se apegan a la normatividad aplicable y a las buenas prácticas ambientales (i.e. bajo impacto ambiental y sustentabilidad), (iii) benefician a la región y a su comunidad, desde hace más de un siglo, y (iv) cuentan con todos los permisos, autorizaciones y pagos de derechos necesarios para su operatividad conforme a derecho.

"Incluso, respecto del inciso (iii) anterior, cabe recalcar que, lejos de generar perjuicio al interés social y contravenirse disposiciones de orden público, con el posible otorgamiento de una suspensión definitiva frente al decreto reclamado, se estaría beneficiando al interés social y a la colectividad, en tanto que ... con motivo de sus operaciones mineras que el decreto reclamado impide genera empleos de forma directa a un sinfín de habitantes de la zona donde se encuentran sus concesiones y de forma indirecta a otros tantos mexicanos.

"Por ello, de negarse la suspensión solicitada, se dejaría sin empleo e ingresos a quienes residen y trabajan en las zonas concesionadas, afectando con ello, una fuente masiva de empleos y perjudicando el interés económico local.

"Lo anterior puede constatarse del propio Programa de Manejo Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de California, que en lo que interesa refiere:

"San Marcos ha sido una de las islas cuyos recursos mineros han sido más comercializados. Desde el año de 1923 la Compañía Occidental Mexicana, S.A. de C.V. (COMSA) se estableció en esta isla. Actualmente exporta en promedio 2.4 millones de toneladas métricas de sulfato de calcio (yeso) al año, principalmente a los Estados Unidos, Japón, Canadá, Colombia y Venezuela. La explotación de yeso en esta isla la ha convertido en el segundo productor a nivel internacional, lo que aunado a la extracción en Punta Santa María, al noroeste de Santa Rosalía, convierte a esta región en una zona muy importante para esta actividad minera.

"De lo anterior es claro que no se afectaría el interés social de estimar procedente la suspensión definitiva frente al decreto reclamado, sino que en el caso que nos ocupa y seguramente, en tantos más se beneficiaría el interés social y a la colectividad de la región, además de que se aseguraría a la colectividad que el sistema jurídico que rige el mercado de explotación de recursos minerales se apegue a los derechos fundamentales, de modo que el Estado no los limite son pretexto de recuperar la rectoría que tanto anhela y únicamente en beneficio de entidades y organismos del Estado, dejando de lado a las empresas privadas que han realizado valiosas y productivas inversiones en el sector."

31. En los dos escritos recibidos el treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, cuyo contenido es esencialmente similar en la parte conducente, se expusieron las consideraciones siguientes:

"IV. Razones para confirmar el criterio para conceder la suspensión

"(i) No se afecta al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público

"Aunque la reforma impugnada aduce que busca proteger el medio ambiente, el derecho a la salud y los derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas, de su simple lectura y del marco jurídico vigente previo al acto reclamado, se puede apreciar que las medidas ahí implementadas son innecesarias por ya existir dentro del marco normativo anterior o desproporcionales pues no representan un verdadero beneficio para la colectividad y que su ejecución no es urgente. Adicionalmente los datos planteados en la exposición de motivos de la reforma son alejados de la realidad.

"Conforme a lo que se indicó en el numeral III anterior, sus Señorías podrán apreciar que las modificaciones a la legislación relacionada con la actividad minera que se sustentan en cumplir con las finalidades de protección al medio ambiente, salud o de las comunidades indígenas ya existían desde la regulación anterior y, por tanto, eran innecesarias.

"Estas modificaciones pretenden ser la justificación por parte del Legislador para que el Poder Judicial considere que la reforma persigue una finalidad e interés público y que, por tanto, es improcedente conceder la suspensión. Sin embargo, como se explica a continuación, las modificaciones sustanciales a la legislación minera no guardan relación con estas finalidades y, por tanto, son desproporcionales y no representan un beneficio para la colectividad, ni mucho menos su ejecución es urgente.

"...

"b) Los artículos reformados por el Decreto Reclamado relacionados con la protección al medio ambiente, salud y protección de comunidades ya se encontraban previstos en el marco anterior.

"...

"Así, el otorgamiento de la suspensión definitiva no priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes, ni se le inferirá un daño que de otra manera no resentiría, pues la regulación vigente previo a la Reforma sujeta la actividad minera a regulación amplia y específica en materia del uso de las concesiones, medio ambiente, disposición de residuos y consultas indígenas, como se expuso en el apartado III del presente escrito, del cual se destaca lo siguiente:

"• En materia ambiental, los impactos de la minería en sus etapas de exploración, explotación, procesamiento del mineral y durante el periodo post-cierre de la mina ya se encontraban regulados por la Ley de Equilibrio Ecológico y la regulación que deriva de la misma. En el caso del agua, su uso y aprovechamiento se realiza conforme a las disposiciones de la Ley de Aguas. La regulación ambiental de la actividad minera se complementa con la Ley de Residuos, que establece la responsabilidad de las empresas para la reparación del daño o la remediación de sitios contaminados.

"• La Ley de Equilibrio Ecológico establece que la regulación específica sobre los efectos de la exploración, explotación y beneficio de minerales y demás recursos del subsuelo sobre el equilibrio ecológico y el ambiente es de carácter federal.

"• Dicha ley establece que la Evaluación de Impacto Ambiental es el procedimiento a través del cual la SEMARNAT establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger al ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente.

"• La Ley de Equilibrio Ecológico establece que la autorización para explorar y explotar minerales requiere la presentación de una MIA; este documento debe incluir el análisis sobre el impacto ambiental, significativo y potencial de la minería; describir los potenciales efectos en los ecosistemas y los elementos que los componen y, establecer las medidas preventivas y de mitigación para reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente. Igualmente, establecía qué actividades podían realizarse dentro de las ANPs bajo esquemas de desarrollo sustentable, manejos específicos y supervisión constante de los posibles impactos negativos que ocasionen.

"• Asimismo, en su título VI, la Ley de Equilibrio Ecológico establece que, dependiendo de la gravedad de la infracción, se podrán imponer sanciones que van desde multas hasta la suspensión, clausuras, revocación o cancelación de la concesión minera.

"• Por su parte, la Ley de Aguas señala que el uso doméstico y el uso público urbano siempre tendrán preferencia sobre cualquier otro uso. Dicha ley establece que el Consejo de Cuenca, en coordinación con el Organismo de Cuenta que corresponda, propondrá a la CONAGUA el orden de prelación de los usos de agua en condiciones normales.

"En tanto dicha disposición se aplica, el artículo Décimo Quinto transitorio del decreto de reforma de la Ley de Aguas publicado el 29 de abril de 2014, establecía de manera ejemplificativa, el siguiente orden de prelación: (i) doméstico; (ii) público urbano; (iii) pecuario; (iv) agrícola; (v) acuacultura; (vi) uso ambiental o de conservación ecológica; (vii) generación de energía eléctrica para el servicio público; (viii) industrial; (ix) generación de energía eléctrica para el servicio privado; (x) lavado y entarquinamiento de terrenos; (xi) usos para turismo, recreación y fines terapéuticos; (xii) usos múltiples; y, (xiii) otros.

"• En la Ley de Aguas, se establecía que el agua utilizada en la extracción y transformación de minerales corresponde a un uso industrial; con lo cual, conforme al orden de jerarquías anterior, ocupaba el 7o. lugar de prelación.

"• Asimismo, la Ley Minera Anterior establecía que las concesiones mineras conferían el derecho a aprovechar las aguas provenientes del laboreo de las minas para la exploración, explotación y beneficio.

"El aprovechamiento de aguas distintas a las provenientes del laboreo de las minas se regirán por la Ley de Aguas.

"• El Reglamento de la Ley de Aguas, indica que los titulares de concesiones mineras que aprovechen estas aguas deben: (i) obtener el permiso de descarga de aguas residuales en cuerpos de agua que sean bienes nacionales; (ii) cumplir con las normas oficiales mexicanas para presas de jales; y, (iii) poner a disposición de la CONAGUA el agua sobrante o disponible después de su aprovechamiento.

"Por lo cual, la suspensión no genera afectación al orden público e interés social toda vez que, bajo el régimen vigente al momento en que las empresas obtuvieron lo

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32224-e8ee02c5/suspension-provisional-en-el-juicio-de-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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