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Modo: Corpus Pro

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. EL DENUNCIANTE PUEDE IMPUGNAR EL ACUERDO DE CONCLUSIÓN Y ARCHIVO DEL EXPEDIENTE, MEDIANTE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 367/2022. · Registro digital (IUS): 31304
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-03-03
Promovente: RRT MEDICAL, S.A. DE C.V.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Marzo de 2023, Tomo III, Pág.2238.

AMPARO EN REVISIÓN 367/2022. RRT MEDICAL, S.A. DE C.V. 16 DE NOVIEMBRE DE 2022. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, LORETTA ORTIZ AHLF, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: ISIDRO EMMANUEL MUÑOZ ACEVEDO.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el recurso de revisión 367/2022, interpuesto por Manuel García Garfias, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública, en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en contra de la resolución de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, dictada por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo indirecto 625/2021.

El problema jurídico a resolver por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si resulta inconstitucional el artículo 100, párrafo tercero, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, al no establecer la procedencia de algún medio ordinario de defensa contra el acuerdo de conclusión y archivo del expediente –ante la insuficiencia de elementos para demostrar la existencia de la falta administrativa denunciada y la presunta responsabilidad del infractor–, así como la manera en que el denunciante podrá acceder al expediente para efectos de tal impugnación.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Hechos que antecedieron a la demanda de amparo. Conforme a las constancias que obran en autos del juicio de amparo 625/2021 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, se desprenden los siguientes antecedentes:

"1) Denuncia por falta administrativa ante la Secretaría de Salud. Por escrito presentado el diez de agosto de dos mil veinte en el Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud RRT Medical, Sociedad Anónima de Capital Variable, presentó denuncia por presuntos hechos que pudieran constituir faltas administrativas derivadas de la "Adjudicación directa internacional abierta, como excepción a la licitación pública mediante Acuerdo No. CAAS-C03-CON-OM-SE-03/2020, emitido en la sesión extraordinaria 03/2020, celebrada el 13 de marzo de 2020 para la adquisición de productos farmacéuticos para el programa de planificación familiar (genéricos)" y/o la adjudicación directa AA-006000993-E16-2020, mediante la cual fueron adquiridos condones masculinos y condones femeninos.

"2) Por oficio OIC-AQDI-2630/2020, de doce de agosto de dos mil veinte, el titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud, con motivo del expediente de investigación 2020/SS/DE308, remitió el escrito de denuncia descrito en el punto anterior al titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

"3) Mediante acuerdo de veintiuno de agosto de dos mil veinte, el titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ordenó entre otras cosas, el inicio de la investigación correspondiente, en lo que se refería a los servidores públicos de dicha secretaría y radicó el expediente respectivo bajo el expediente 2020/SHCP/DE67, y el veintisiete de agosto siguiente como autoridad investigadora emitió el oficio 113/OIC-SHCP/AQ/967/2020, donde solicitó al director general en la Oficialía Mayor en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que rindiera un informe pormenorizado en relación a los hechos denunciados a fin de estar en aptitud de determinar si se actualizaba algún incumplimiento a las obligaciones de los servidores públicos de esa secretaría.

"4) En cumplimiento a lo anterior, el catorce de septiembre de ese mismo año, la Oficialía Mayor en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, rindió el informe solicitado sobre las conductas que en opinión de la ahora quejosa constituyen infracciones administrativas, el cual se tuvo por recibido mediante acuerdo de veintiuno de septiembre siguiente.

"5) Por oficio 113/OICSHCP/AQ/1277/2020, de seis de octubre de dos mil veinte, dictado dentro del expediente administrativo 2020/SHCP/DE67, dirigido a la representante de RRT Medical, Sociedad Anónima de Capital Variable, el titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público atendió al escrito de denuncia presentado el veintisiete de agosto de dos mil veinte, en el que determinó en lo que interesa: ...

"Asimismo, con fecha 27 de agosto de 2020, se recibió en esta instancia de control, su escrito de denuncia, el cual fue integrado al expediente en que se actúa; al respecto y en torno a sus solicitudes se informa lo siguiente:

"Respecto a su solicitud de tener como autorizados como abogados patrones en los más amplios términos establecidos en el primer párrafo del artículo 117 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas a los CC. Eduardo Miguel Rusconi Trujillo y Paz Itzel Herrera Arzola, así como tener derecho a acceder a los autos del procedimiento sancionador que inicia con la denuncia en términos del artículo 116 de la ley general referida, se hace de su conocimiento que no ha lugar a acordar de conformidad con lo solicitado, en virtud de que dichos dispositivos son aplicables dentro del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, siendo que la etapa en la que se actúa es la investigación.

"6) Finalmente, el titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió el acuerdo de conclusión y archivo del expediente, ordenando notificar únicamente el sentido al denunciante, mismo que fue notificado a través del oficio 113/OICSHCP/AQDI/414/2021, en el cual se especificó lo siguiente: ...

"Sobre el particular, me permito informarle que después de realizar las diligencias conducentes dentro del expediente citado al rubro, con fecha 30 de marzo de 2021, se emitió acuerdo de conclusión y archivo de expediente al no advertirse datos, indicios o elementos de prueba para configurar la comisión de alguna falta administrativa ni en presunto incumplimiento a las obligaciones de servidores públicos adscritos a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecidas en los artículos 49 a 69 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

"Lo anterior, con fundamento en los artículos 1o., 3o., fracciones II, y XXI, 4, 7, 9, fracción I, 10, 91, 94 y 100 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 6o., fracción III, inciso B), numeral 2, 12, fracción XII; 38, fracción II, numerales 1, 3, 6, 10 y 92, fracción I, inciso I) y sexto transitorio del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril de 2020, reformado el 16 de julio del mismo año; 2o., último párrafo y 98-A del Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público; lineamiento trigésimo quinto de los Lineamientos para para la Atención, Investigación y Conclusión de Quejas y Denuncias, publicados en el citado órgano de difusión oficial el 25 de abril de 2016."

2. Trámite y resolución del juicio de amparo. Por escrito presentado vía electrónica el tres de mayo de dos mil veintiuno, RRT Medical, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su representante Fátima Yolanda Alcázar Rubín, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las siguientes autoridades y actos:

"IV. AUTORIDADES RESPONSABLES

"i. Del presidente de los Estados Unidos Mexicanos (el ‘presidente’), la promulgación del artículo 100, tercer párrafo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (la ‘ley general’) publicado en el Diario Oficial de la Federación ... el 18 de julio de 2016 de conformidad a las facultades establecidas en el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"ii. Del Congreso de la Unión ... la aprobación del artículo 100, tercer párrafo, de la ley general publicado en el D.O.F. el 18 de julio de 2016 de conformidad a las facultades establecidas en el artículo 72, inciso A), de la CPEUM; y,

"iii. El titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público."

"V. ACTOS RECLAMADOS

"i. Del presidente, la promulgación del artículo 100, tercer párrafo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016 de conformidad a las facultades establecidas en el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"ii. Del Congreso, la aprobación del artículo 100, tercer párrafo, de la ley general publicado en el D.O.F. el 18 de julio de 2016 de conformidad a las facultades establecidas en el artículo 72, inciso A), de la CPEUM; y,

"iii. Del titular del Área de Quejas se reclama el oficio número 113/OIC-SHCP/AQDI/414/2021."

3. La quejosa señaló como derechos violados los contenidos en el artículo 1o., primer y tercer párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Narró los antecedentes del caso y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes.

4. Registro y admisión. La demanda de amparo se turnó al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, donde mediante auto de seis de mayo de dos mil veintiuno, se registró con el expediente 625/2021, y se previno a la parte quejosa a efecto de que precisara la naturaleza con la que impugnaba la norma reclamada como inconstitucional, si como autoaplicativa o heteroaplicativa.

5. El diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo por desahogada la prevención mencionada en el párrafo precedente, en la cual la quejosa manifestó:

"Se manifiesta bajo protesta de decir verdad que, el acto que se reclama del artículo 100, tercer párrafo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (la ley general), se combate en su carácter heteroaplicativo.

"En el caso que nos ocupa, con la sola entrada en vigor de la ley general no surgió en forma automática el perjuicio a la quejosa, sino que fue hasta el oficio número 113/OICSHCP/AQDI/414/2021, emitido por el titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que se agrega al presente como anexo único en donde no se le indicó la forma en que el denunciante puede acceder al expediente y el medio para impugnar la determinación de las autoridades investigadoras cuando no se encuentran elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la presunta responsabilidad del infractor.

"Asimismo, bajo protesta de decir verdad se manifiestan los siguientes actos de aplicación y la autoridad a quien se le atribuye lo antes citado:

"Del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, la promulgación del artículo 100, tercer párrafo, de la ley general que se materializó mediante el oficio 113/OICSHCP/AQDI/414/2021, emitido por el titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

"Del Congreso de la Unión, la aprobación del artículo 100, tercer párrafo, de la ley general publicada en el D.O.F. el 18 de junio de 2016 que se materializó mediante el oficio 113/OICSHCP/AQDI/414/2021, emitido por el titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

"El titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la emisión del oficio 113/OIC-SHCP/AQDI/414/2021."

6. Mediante auto de veinte de mayo de dos mil veintiuno se admitió a trámite la demanda, se requirió a las autoridades responsables que rindieran su informe justificado y se dio la intervención que legalmente corresponde al Ministerio Público de la Federación y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional.

7. Audiencia constitucional y sentencia. Seguido el juicio por sus trámites, el dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la audiencia constitucional y el doce de noviembre siguiente el secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en funciones de Juez de Distrito, concedió el amparo solicitado, que ahora se recurre, bajo las siguientes consideraciones:

• Causales de improcedencia. En principio, se determinó que, contrario a lo aducido por el titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la parte quejosa sí cuenta con interés jurídico para promover el juicio de amparo contra la norma reclamada y su acto de aplicación.

Ello, toda vez que, tal y como lo ha determinado la Segunda Sala, al resolver la contradicción de criterios 253/2020, el denunciante –como lo es la parte quejosa en este asunto– cuenta con interés jurídico para promover amparo indirecto contra los resultados de la etapa de investigación que frustren el inicio del procedimiento respectivo y que se estimen desapegados a las reglas y principios constitucionales.

• Tal criterio dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 33/2021 (10a.), de rubro: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. EL DENUNCIANTE TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE NO INICIAR LA INVESTIGACIÓN RELATIVA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 2016)."

• Análisis de la constitucionalidad del precepto reclamado. Al haberse agotado el análisis de la procedencia del juicio de amparo, se consideró fundado el primer concepto de violación, en el cual la quejosa adujo que el artículo 100 tercer párrafo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, viola el derecho humano de igualdad jurídica, al no contemplar la forma en que el denunciante puede acceder al expediente en la etapa de investigación.

Ello, toda vez que, si la quejosa figuró como denunciante en el procedimiento de origen y su denuncia fue radicada, la autoridad responsable debió darle la intervención y acceso al expediente en dicha fase para que pudiera coadyuvar en la investigación, lo cual puede hacer no sólo desde el inicio, pues en las distintas normas que rigen el procedimiento de responsabilidades administrativas, se precisa que con la denuncia se pueden acompañar los elementos demostrativos de la conducta irregular denunciada, lo que de suyo denota la posibilidad de aportar pruebas en la fase de investigación.

• Por tanto, todo eso denota que el denunciante sí tiene derecho a intervenir en la fase de investigación y, por ende, la norma reclamada es violatoria del derecho de igualdad al no otorgar al denunciante intervención o acceso en la fase de investigación, postergándola hasta cuando se actualice alguno de los supuestos conforme a los cuales le debe notificar el resultado al denunciante.

Razones por las cuales debe concederse el amparo en el presente juicio, respecto al artículo 100, párrafo tercero, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, porque no se previó la posibilidad de que la denunciante intervenga en el procedimiento referido, violentando el principio de igualdad.

• Efectos. Con base en lo anterior, se concedió el amparo para el efecto de que:

• Se desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa el artículo 100 tercer párrafo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y no le sea aplicado en lo futuro, hasta en tanto no sea reformada o derogada.

• Concesión que se hace extensiva al acto de aplicación, consistente en el oficio 113/OIC-SHCP/AQDI/414/2021, de cinco de abril de dos mil veintiuno, mediante el cual se le hizo del conocimiento a la parte quejosa el acuerdo de conclusión y archivo del expediente 2020/SHCP/DE67, por lo que la responsable deberá emitir una nueva determinación y otorgar participación a la parte quejosa, como parte denunciante, dentro de la etapa de investigación relativa al expediente en cita.

8. Recurso de revisión. Inconforme con lo anterior, Manuel García Garfias, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública, en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, donde mediante auto de doce de enero de dos mil veintidós se registró y admitió con el expediente 23/2022.

9. Recurso de revisión adhesiva. Por escrito presentado el veintiuno de enero de dos mil veintidós, Fátima Yolanda Alcázar Rubín en representación de la quejosa RRT Medical, Sociedad Anónima de Capital Variable, se adhirió al recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable presidente de la República, mismo que se admitió mediante proveído de veintiséis de enero siguiente.

10. Seguido el juicio por sus trámites, en sesión de treinta de junio de dos mil veintidós, el tribunal dictó sentencia en la que determinó:

"PRIMERO.—Este Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito carece de competencia para conocer la constitucionalidad o inconstitucionalidad del artículo 100, párrafo tercero, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

"SEGUNDO.—Remítanse los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para lo que a bien tenga determinar en relación con la constitucionalidad o inconstitucionalidad del artículo 100, párrafo tercero, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas."

11. Reasunción de competencia. Recibidos los autos en este Alto Tribunal, mediante proveído de quince de julio de dos mil veintidós, su presidente determinó que éste asumiría su competencia originaria para conocer de los recursos de revisión principal y su adhesiva, y ordenó su registro con el número de amparo en revisión 367/2022; asimismo, turnó el expediente para su estudio al Ministro Alberto Pérez Dayán; ordenó su radicación en la Segunda Sala de este Alto Tribunal y, en la misma providencia, ordenó notificar al Ministerio Público de la Federación.

12. Por acuerdo de siete de septiembre de dos mil veintidós, la presidenta de la Segunda Sala, determinó el avocamiento al conocimiento del asunto y ordenó remitir el expediente relativo al Ministro ponente para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.

13. El proyecto de sentencia fue publicado de conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 y 184 de la Ley de Amparo en vigor; y,

I. COMPETENCIA

14. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver este recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26, 83, 86 y 91, de la Ley de Amparo; y 21, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, vigente tras el decreto de reforma legal en la materia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno; así como en el punto segundo, fracción III, aplicado en sentido contrario y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se interpuso contra una sentencia dictada en la audiencia constitucional en un juicio de amparo indirecto en el que se impugna la constitucionalidad del artículo 100, párrafo tercero, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Siendo que no resulta necesaria la intervención del Pleno. 15. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán (ponente), Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y presidenta Yasmín Esquivel Mossa.

II. OPORTUNIDAD Y LEGITIMACIÓN

16. Estos aspectos no serán materia de análisis por esta Segunda Sala, toda vez que el Tribunal Colegiado de Circuito que previno en el conocimiento del asunto, determinó que el recurso de revisión se interpuso oportunamente y por parte legitimada para ello.

III. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA

17. Esta Segunda Sala advierte que, conforme al análisis de las actuaciones del juicio de amparo indirecto de origen, del fallo recurrido y de la resolución del Tribunal Colegiado que previno en el conocimiento del asunto, se agotó el estudio de las causas de improcedencia planteadas por las partes, tanto de las que omitió el Juez de Distrito, como de aquellas que fueron desestimadas en el fallo recurrido y de las que insistió en su actualización la autoridad responsable, ahora recurrente, en el agravio primero de su recurso de revisión; sin que en el caso se advierta, de oficio, la actualización de alguna causa de improcedencia distinta.

18. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán (ponente), Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y presidenta Yasmín Esquivel Mossa.

IV. ESTUDIO DE FONDO

19. 1. Reparación de la incongruencia del fallo recurrido. Previo a examinar el fondo del presente asunto, esta Segunda Sala advierte que existe una irregularidad en el dictado del fallo recurrido que debe ser reparada oficiosamente en la presente revisión. Es así, pues en la sentencia recurrida se fijó y analizó un problema constitucional diverso al efectivamente planteado en la demanda de amparo, como se demostrará a continuación.

20. En la sentencia que se recurre se fijó la litis de la manera siguiente:

"[L]a parte quejosa en su primer concepto de violación expone que el artículo 100 tercer párrafo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, viola el derecho humano de igualdad jurídica previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no contemplar la forma en que el denunciante puede acceder al expediente en la etapa de investigación.

"Ese argumento es fundado y suficiente para otorgar la protección constitucional ...

"Como punto de partida, debe precisarse que la parte quejosa refiere que el artículo 10, párrafo tercero, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, afecta su derecho de igualdad como denunciante en el procedimiento administrativo de origen, a intervenir durante la fase de investigación para promover lo que a sus intereses convenga o coadyuvar en la investigación con la autoridad responsable."

21. Esta percepción del planteamiento constitucional implicó que el problema a resolver en el juicio se limitara a determinar, en forma genérica, si resulta inconstitucional que el denunciante no pueda acceder al expediente en la etapa de investigación y, de esa manera, intervenir o ayudar a la autoridad en el desarrollo de ésta.

22. Sin embargo, de la lectura que se realiza de los conceptos de violación planteados, se advierte que lo efectivamente reclamado por la parte quejosa consiste en realidad en que:

"El artículo 100 de la ley general, viola en perjuicio de la quejosa el derecho humano a la igualdad jurídica, contenido en el artículo 1, primer párrafo y tercer párrafo, de la CPEUM, al no contemplar la forma en que el denunciante puede acceder al expediente y el medio para impugnar la determinación de las autoridades investigadoras cuando no se encuentren elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la presunta responsabilidad del infractor.

"...

"En efecto, es claro que existe una situación de igualdad frente a los procedimientos de responsabilidad administrativa, por lo cual la quejosa tiene derecho a que se le notifique la forma en que podrá acceder al expediente e impugnar mediante recurso, cuando no se encontraren elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la presunta responsabilidad del infractor."

23. Con relación a lo anterior, al desahogar la prevención que le fue formulada para que aclarara si el artículo 100, párrafo tercero, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se reclamaba como heteroaplicativo o autoaplicativo, la quejosa manifestó:

"[E]l acto que se reclama del artículo 100, tercer párrafo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (la ley general), se combate en su carácter heteroaplicativo.

"En el caso que nos ocupa, con la sola entrada en vigor de la ley general no surgió en forma automática el perjuicio a la quejosa, sino que fue hasta el oficio número 113/OIC-SHCP/AQDI/414/2021, emitido por el titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que se agrega al presente como anexo único en donde no se le indicó la forma en que el denunciante puede acceder al expediente y el medio para impugnar la determinación de las autoridades investigadoras cuando no se encuentran elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la presunta responsabilidad del infractor."

24. Atento a lo efectivamente aducido por la parte quejosa, esta Sala concluye que, contrario a lo establecido en el fallo recurrido, el vicio de inconstitucionalidad que se reprocha al tercer párrafo del precepto 100 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas –en adelante, ley general–, consiste en que: (I) no prevé la procedencia de algún medio ordinario de defensa contra el acuerdo de conclusión y archivo del expediente; (II) tampoco se establece la forma en que el denunciante puede acceder al expediente para poder impugnar esa decisión.

25. Cuestión que además la parte quejosa estima injustificada, pues en los diversos supuestos de abstención de inicio del procedimiento administrativo y calificativa de la falta administrativa al momento de rendir el informe de presunta responsabilidad, la ley general sí prevé expresamente la procedencia del recurso de inconformidad y el consecuente deber de que, al notificar tales decisiones, se informe al denunciante la forma en que podrá acceder al expediente para tales efectos.

26. En cambio, si la decisión consiste en "concluir la investigación y archivar el expediente", ante la supuesta inexistencia de la falta administrativa denunciada –tal y como aconteció en el presente caso–, el precepto reclamado no establece la procedencia de algún medio de defensa ni, por ende, la manera de acceder al expediente para formular la impugnación. Cuestionando, precisamente, la justificación de ese trato procesal diferenciado entre este supuesto y los referidos en el párrafo precedente –a esto se refiere la violación al principio de igualdad hecha valer por la parte quejosa–.

27. En suma, contrario a lo determinado en el fallo recurrido, la parte quejosa no se duele de la omisión de acceder, como denunciante, al expediente en la etapa de investigación –al menos no en forma aislada o genérica–. Sino más bien, el problema constitucional efectivamente planteado consiste en determinar si resulta inconstitucional que la norma reclamada no establezca la procedencia de algún recurso ordinario para impugnar el acuerdo de conclusión y archivo del expediente, ni por ende, la manera en cómo puede acceder al mismo para combatir dicha determinación de la autoridad –a diferencia de lo que acontece con los supuestos de "abstención" del inicio del procedimiento administrativo de responsabilidades y de "calificación" de la falta administrativa, ambos también atinentes a la etapa de investigación–.

28. Luego, conforme a la recta interpretación del artículo 76 de la Ley de Amparo,(1) al resolver el recurso de revisión, el tribunal debe corregir de oficio las incongruencias que se adviertan en las sentencias, como lo es precisamente, la indebida fijación de la litis constitucional planteada, toda vez que constituye un error no imputable a las partes.

29. En ese sentido, tal incongruencia externa de la sentencia de amparo habilita a esta Sala Constitucional, como órgano revisor, a que se sustituya en el Juez de Distrito y efectúe nuevamente el examen de los actos y normas reclamadas a la luz del problema constitucional efectivamente planteado por la parte quejosa; de ahí que no es dable el reenvío al Juez del conocimiento para tales efectos ni, por ende, la reposición del procedimiento.

30. Ilustra lo anterior, de manera análoga, la jurisprudencia P./J. 3/95,(2) de rubro: "ACTO RECLAMADO. LA OMISIÓN O EL INDEBIDO ESTUDIO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD A LA LUZ DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, PUEDE SER SUBSANADA POR EL TRIBUNAL REVISOR."

31. Máxime que esta determinación es la que permite dotar de eficacia al derecho humano de acceso a la justicia de manera pronta y completa, al evitar mayores dilaciones o retrasos en la resolución del presente medio de control constitucional.

32. Aunado a que esta intervención oficiosa se encuentra plenamente justificada en la medida que apareja un claro beneficio a la parte quejosa, pues, como se demostrará en esta ejecutoria, si bien en el fallo recurrido se concedió el amparo contra la norma reclamada, lo cierto es que tal protección, al no ser conducente con la pretensión principal de la justiciable, en el sentido de poder impugnar mediante un medio ordinario de defensa la decisión de concluir y archivar el expediente de investigación, en realidad no le apareja los beneficios pretendidos en la demanda de amparo. De ahí que la reconducción de la litis constitucional, efectivamente planteada, permitirá a esta Segunda Sala atender en su cabalidad la pretensión de la parte quejosa

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31304-385160f5/responsabilidades-administrativas-el-denunciante-puede-impugnar-el-acuerdo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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