RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN V, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE PERMITE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL EN EL EMPLEO Y LA RETENCIÓN DE PERCEPCIONES, DEBE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PREVENDRÁ UN INGRESO MÍNIMO PARA LA SUBSISTENCIA DEL SERVIDOR PÚBLICO DURANTE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, HASTA EN TANTO NO SE DICTE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE DETERMINE AQUÉLLAS. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LAS MEDIDAS CONSISTENTES EN LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL EMPLEO Y LA RETENCIÓN DE LAS PERCEPCIONES SIEMPRE QUE RESPETE EL MÍNIMO DE SUBSISTENCIA DURANTE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN V, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, HASTA EN TANTO SE DICTA LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA QUE SE DETERMINAN AQUÉLLAS, SON CONSTITUCIONALES.
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN V, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE PERMITE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL EN EL EMPLEO Y LA RETENCIÓN DE PERCEPCIONES, DEBE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PREVENDRÁ UN INGRESO MÍNIMO PARA LA SUBSISTENCIA DEL SERVIDOR PÚBLICO DURANTE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, HASTA EN TANTO NO SE DICTE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA QUE DETERMINE AQUÉLLAS.
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. LAS MEDIDAS CONSISTENTES EN LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL EMPLEO Y LA RETENCIÓN DE LAS PERCEPCIONES SIEMPRE QUE RESPETE EL MÍNIMO DE SUBSISTENCIA DURANTE EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN V, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, HASTA EN TANTO SE DICTA LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA QUE SE DETERMINAN AQUÉLLAS, SON CONSTITUCIONALES.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 311/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 14 DE NOVIEMBRE DE 2016. MAYORÍA DE SEIS VOTOS DE LOS MINISTROS MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, EDUARDO MEDINA MORA I., ALBERTO PÉREZ DAYÁN Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES; VOTARON EN CONTRA ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: JORGE JANNU LIZÁRRAGA DELGADO.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día catorce de noviembre de dos mil dieciséis.
VISTOS, para resolver los autos del expediente de contradicción de tesis 311/2015; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.-Denuncia de la contradicción de criterios. Mediante oficio recibido el veintinueve de octubre de dos mil quince en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ministro Juan N. Silva Meza denunció la posible contradicción de criterios entre el sustentado por la Primera Sala de este Alto Tribunal, al resolver el amparo en revisión 359/2013, y el que sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 652/2014.
SEGUNDO.-Admisión y trámite. Por acuerdo de tres de noviembre de dos mil quince, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la formación y registro del expediente relativo a la presente denuncia de contradicción de tesis, bajo el número 311/2015. En el mismo auto se ordenó al presidente de este Alto Tribunal turnar el expediente virtual al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
TERCERO.-Integración y turno. Mediante proveído de veintiocho de enero de dos mil dieciséis, el presidente de este Alto Tribunal tuvo por integrada la contradicción de tesis, por lo que ordenó remitir el asunto al Ministro designado como ponente, a fin de que formulara el proyecto de resolución correspondiente.
CUARTO.-Discusión de la contradicción de tesis y returno. Por oficio número SGA/GVP/394/2016, de veinte de junio de dos mil dieciséis, el secretario general de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que, en sesión pública celebrada el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, el Tribunal Pleno determinó desechar el proyecto de resolución y returnarlo a uno de los Ministros de la mayoría, para la elaboración de un nuevo proyecto.
Finalmente, en acuerdo de veintiuno de junio de dos mil dieciséis, el presidente de este Alto Tribunal, en cumplimiento a lo acordado en la sesión pública de dieciséis del mismo mes y año, se returno el expediente al Ministro Alberto Pérez Dayán.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafos tercero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 225 y 226, fracción I, de la Ley de Amparo, y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, toda vez que se trata de una contradicción de tesis sustentada entre las dos Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo previsto en el párrafo primero de la fracción I del artículo 227 de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el Ministro Juan N. Silva Meza.
TERCERO.-Resoluciones de la Primera y la Segunda Salas. Con la finalidad de corroborar la posible existencia de la contradicción de criterios denunciada, es menester destacar las consideraciones sustentadas por las Salas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en las ejecutorias respectivas.
1. Al resolver, por mayoría de cuatro votos,(1) el amparo en revisión 359/2013, la Primera Sala determinó lo siguiente:
"Consideraciones del fallo. En virtud de lo anterior y por haber resultado fundado el agravio planteado por el recurrente esta Primera Sala, con fundamento en el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, procede al estudio del concepto de violación relativo a si el artículo 21, fracción V, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, es violatorio del principio de presunción de inocencia. Lo anterior, atendiendo, en primer término, a la causa de pedir, en atención a la tesis de jurisprudencia de rubro: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR.’."
"En primer lugar, a fin de clarificar las cuestiones que deben dilucidarse en el presente fallo, se estima necesario transcribir el contenido del numeral 21, fracción V, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, el cual es del tenor literal siguiente: (transcribe)."
"Del texto de la norma citada se desprende que, dentro del procedimiento administrativo de responsabilidad instaurado en contra de un servidor público, tanto la secretaría en la que éste desempeñe sus funciones, como el contralor interno o el titular del área de responsabilidades de la misma, se encuentran facultados para que -antes o después de emitido el citatorio al presunto responsable- éstos puedan determinar la suspensión temporal de éste en su empleo, cargo o comisión, si a su juicio así conviene, para la conducción o continuación de las investigaciones. Asimismo, se establece explícitamente que dicha medida no prejuzga sobre la responsabilidad que se le impute al servidor público en cuestión."
"Ahora bien, tal como lo determinó el Juez de Distrito en la sentencia recurrida, la suspensión temporal del presunto responsable no es propiamente una sanción administrativa, sino que constituye una medida cautelar dictada de manera transitoria únicamente mientras dura el procedimiento o se dicta la resolución que deslinda las responsabilidades del servidor público afectado. Dicha providencia precautoria es una medida provisional establecida por el legislador para salvaguardar los intereses de la administración pública federal, en tanto se resuelve definitivamente, si el servidor público suspendido es responsable de la falta que se le imputa o no."
"El interés social de la función pública es salvaguardado por la medida cautelar, consistente en la suspensión temporal del presunto responsable de una práctica contraria a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su función. Lo anterior pues, es una media idónea para tutelar el bien jurídico protegido, cuya inejecución puede afectar el funcionamiento de la administración pública."
"La suspensión temporal decretada durante el procedimiento administrativo de responsabilidades de los servidores públicos es un acto de tipo cautelar o precautorio, cuya duración se limita al tiempo en el que se resuelva el referido procedimiento de responsabilidad y se le determine si efectivamente incurrió en falta o no."
"Sin embargo, situación diversa sucede con la suspensión de las percepciones que resiente el servidor público mientras prevalece la medida cautelar. En este sentido, es necesario establecer claramente una distinción entre la medida cautelar consistente en la suspensión temporal de quien es sometido a un procedimiento de responsabilidades, por un lado; y, por el otro, la orden de retención del salario que recibía por desempeñar el cargo o comisión del cual fue suspendido."
"Así, a pesar de que el precepto reseñado no establece expresamente que se podrá privar al servidor público sujeto al procedimiento de responsabilidad administrativa de sus percepciones, ello se desprende del párrafo cuarto de la fracción bajo análisis, en tanto dispone que éste, de no ser encontrado responsable de las cuestiones que se le imputan será restituido en el goce de sus derechos y se le cubrirán las percepciones que debió recibir durante el tiempo en que se halló suspendido. Ello, permite concluir, que la suspensión temporal del cargo decretada durante un procedimiento de responsabilidades administrativas trae aparejada la orden de retención de los salarios que le corresponderían al servidor público sujeto a aquél, ya que, si bien el texto del artículo cuya constitucionalidad se cuestiona no lo dispone así de manera expresa, ello puede colegirse de la lectura integral del mismo."
"En tal tenor, toda vez que de manera subsecuente a la suspensión temporal de que es objeto el servidor público, se le priva de la totalidad del salario y percepciones que recibía mientras desempeñaba el cargo o comisión correspondiente, esta Primera Sala estima que se viola en perjuicio del gobernado el principio de presunción de inocencia, principio que no sólo rige el derecho penal, sino que, como afirma el recurrente, debe hacerse extensivo al derecho administrativo sancionador."
"Sirve como fundamento de lo anterior, la jurisprudencia 99/2006, del Tribunal Pleno de este Alto Tribunal, de rubro: ‘DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO.’."
"El principio de presunción de inocencia tiene múltiples manifestaciones, cuyo contenido garantiza el debido proceso penal. En los amparos en revisión 466/2011 y 349/2012, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que la presunción de inocencia, como derecho ‘poliédrico’, se puede entender (i) como regla de trato procesal; (ii) como regla probatoria; y, (iii) como estándar probatorio o regla de juicio. Cuando se entiende como regla de tratamiento del imputado, el contenido de este derecho fundamental consiste en establecer la forma en la que debe tratarse a una persona que está sujeta a proceso. La finalidad de la presunción de inocencia es ‘impedir la aplicación de medidas judiciales que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable y, por tanto, cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena’. En esta lógica, la presunción de inocencia comporta el derecho a ser tratado como inocente en tanto no haya sido declarada su culpabilidad, por virtud de una sentencia judicial y se le haya seguido un proceso con todas las garantías que correspondan."
"Esta faceta del derecho es a la que normalmente se alude en los tratados internacionales de derechos humanos y en los textos constitucionales cuando hacen referencia a la presunción de inocencia. En este sentido, por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en el artículo 8.2. que ‘toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad’. Por su parte, la literalidad de la fracción I del apartado B del actual artículo 20 de la Constitución Mexicana cubre esta vertiente del derecho, al establecer que los inculpados tienen derecho a ‘que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Juez de la causa’."
"Al permitirse la privación absoluta de las percepciones del servidor público sujeto a procedimiento de responsabilidades administrativas, se vulnera en su perjuicio el principio de presunción de inocencia en su vertiente de regla de trato. Lo anterior, toda vez que dicha medida es una afectación desproporcionada que supone que durante el procedimiento administrativo sancionador, sin que medie resolución alguna, se dé tratamiento de culpable al servidor público sujeto al mismo, imponiéndole una sanción de gravedad."
"Como se precisó con anterioridad, a pesar de que el precepto reseñado no establece expresamente que se podrá privar al servidor público sujeto al procedimiento de responsabilidad administrativa de sus percepciones, ello se desprende del párrafo cuarto de la fracción bajo análisis, en tanto dispone que éste, de no ser encontrado responsable de las cuestiones que se le imputan, será restituido en el goce de sus derechos y se le cubrirán las percepciones que debió recibir durante el tiempo en que se halló suspendido. Lo anterior contraviene el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, en la parte que interesa, dispone que los inculpados tienen derecho a ‘que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Juez de la causa’."
"En el caso sujeto a análisis, la retención de los salarios que le corresponderían al servidor público sujeto a procedimiento, implica la aplicación de medidas anticipadas de la pena. La presunción de inocencia es el derecho a ser tratado como inocente en tanto no haya sido declarada la culpabilidad del imputado, lo cual se viola al establecer en perjuicio del servidor público imputado, una medida desproporcionada consistente en retener el salario que le corresponde."
"Esta Suprema Corte estima que el concepto de violación sujeto a análisis deviene fundado, razón por la cual procede conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Una vez analizado el concepto de violación omitido por el Juez de Distrito, procede analizar los argumentos de agravio del quejoso recurrente."
"Así, al haber resultado fundado el concepto de violación analizado e infundados e inoperantes los agravios, lo que procede es modificar la sentencia recurrida, en la materia de la competencia de esta Sala y conceder el amparo solicitado por la quejosa en contra de la fracción V del artículo 21 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (en la porción que permite la retención de las percepciones), para el efecto de que, durante el tiempo que dure el procedimiento de responsabilidad a que se encuentra sujeto el quejoso, no le sean retenidos los salarios correspondientes, así como confirmar la concesión del amparo otorgado por el Juez de Distrito en cuanto al acto de aplicación reclamado."
Este mismo criterio lo replicó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 475/2015(2) y 1047/2015.(3)
2. Al resolver el amparo en revisión 652/2014, por unanimidad de cuatro votos,(4) la Segunda Sala resolvió lo siguiente:
"... de la síntesis de los agravios planteados por los recurrentes, así como del tema planteado por el Tribunal Colegiado de Circuito, es claro que el tema central a dilucidar en el presente asunto, será la constitucionalidad del artículo 21, fracción V, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como el 80, fracción I, punto 1, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. Para tal efecto, a continuación se reproduce el contenido de ambos artículos: (se transcriben)
"De la lectura de los preceptos legales citados, se desprende que en el procedimiento de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, se otorga una facultad discrecional en favor de la secretaría, del contralor interno o, en su caso, del titular del área de Responsabilidades, para suspender temporalmente a un servidor público, si así lo estiman pertinente para la continuación o conducción de las investigaciones. Incluso, dicha suspensión puede decretarse antes de que el funcionario sujeto a investigación sea notificado del inicio de un procedimiento administrativo instaurado en su contra.
"En efecto, se trata de una medida cautelar que tiene por objeto facilitar el curso de las investigaciones y que por la naturaleza de este tipo de procedimientos busca proteger y preservar los intereses públicos fundamentales, garantizar el adecuado desarrollo de la función pública y, en su caso, prevenir que se sigan generando daños mayores a la administración pública.
"Bajo esta perspectiva, es posible determinar que la separación temporal del servidor público es razonable, en tanto tenga por objeto cumplir con los fines señalados en el propio artículo, como es el de facilitar el curso de las investigaciones o evitar un perjuicio mayor a la administración pública.
"Ahora bien, el artículo 21, fracción V, en su párrafo cuarto, señala que: ‘En el supuesto de que el servidor público suspendido temporalmente no resultare responsable de los hechos que se le imputan, la dependencia o entidad donde preste sus servicios lo restituirán en el goce de sus derechos y le cubrirán las percepciones que debió recibir durante el tiempo en que se halló suspendido.’. Del texto anterior se desprende que la autoridad que instruye este tipo de procedimientos, además de tener la facultad de suspender temporalmente, al servidor público de su empleo, también puede ordenar la suspensión de las percepciones correspondientes, como aconteció en el presente caso.
"En ese tenor, en términos de lo previsto en el artículo 113, párrafo primero, de la Constitución Federal, la suspensión de labores del servidor público como consecuencia del inicio de un procedimiento de responsabilidad administrativa, resulta razonable e idónea a la finalidad pretendida por el legislador, circunstancia que también le resulta aplicable a la suspensión de las percepciones del servidor público, por constituirse como un aspecto inherente a la labor que desempeña.
"De esta manera, los ingresos a los que tiene derecho el servidor público derivan precisamente del desempeño de las funciones que le son encomendadas y, tendrá derecho a aquéllas, siempre que dicha función se desarrolle.
"En esa medida, cuando se ordena una suspensión del servidor público en sus labores, es inconcuso que esa suspensión conlleva por sí misma, la imposibilidad de que el servidor público reciba los emolumentos que le son propios al cargo, en tanto no se está desarrollando ninguna función que los respalde, o bien del que deriven.
"En esa virtud, el servidor público sujeto a un procedimiento administrativo de responsabilidad conserva su calidad de inocente hasta en tanto no exista un resolución administrativa por parte de la autoridad competente, que determine la plena acreditación de la infracción y su correspondiente destitución, empero, dicha circunstancia no implica la proscripción de la facultad de la autoridad administrativa de dictar las medidas cautelares que, con fundamento en la legislación de la materia, estime pertinentes para la protección de los principios rectores del servicio público, en la inteligencia de que, en el dado caso de que no se acredite que se configuró la infracción correspondiente, tendrá derecho a que se le restituya en el pleno goce de sus derechos y, en consecuencia, se le cubran las percepciones que dejó de recibir durante el tiempo que estuvo suspendido.
"Bajo esta lógica, la medida cautelar, consistente en la suspensión de los ingresos del servidor público sujeto a investigación, se torna entonces en un acto de privación, que puede dictarse antes de que sea declarado administrativamente responsable o, incluso, antes de que le sea notificado el inicio del procedimiento en su contra.
"Al respecto, el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone, en su párrafo segundo, que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Ahora bien, las formalidades esenciales del procedimiento, deben permitir al gobernado, la oportunidad de una adecuada y oportuna defensa, previa al acto privativo. Sirve de apoyo la siguiente tesis de jurisprudencia: ‘FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.’ (se transcribe)
"Del contenido de dicha jurisprudencia se advierte, en lo que interesa, que la garantía de audiencia consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la libertad, propiedad, posesiones o derechos y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, que en el juicio que se siga se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, entendiéndose por éstas, las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y, 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.
"Por tanto, la suspensión de las percepciones prevista en el artículo 21, fracción V, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, al ser un acto de privación que afecta la esfera jurídica del gobernado, en este caso, del servidor público, debe respetar las formalidades esenciales del procedimiento y no debe formar parte de la suspensión temporal del empleo con el objeto de facilitar las investigaciones o proteger que se siga generando un daño mayor a la administración pública, ya que la percepción de su sueldo no obstaculiza la continuación de las investigaciones o afecta los intereses de la administración pública federal, y sí, en cambio, constituye una violación a sus derechos humanos.
"En este sentido, las formalidades esenciales del procedimiento, en particular, la garantía de audiencia o el principio de presunción de inocencia, no son derechos propios y exclusivos que deben respetarse únicamente en los procesos de carácter penal; sino también, en los procedimientos de carácter administrativo, pues los mismos pueden vulnerar o restringir la esfera más elemental de los derechos humanos del gobernado, en este caso, de los servidores públicos sujetos a un procedimiento. Al respecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que es válido que el derecho administrativo sancionador pueda acudir de manera prudente a las técnicas garantistas del derecho penal para la construcción de sus propios principios, de conformidad con la tesis de rubro: ‘DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO.’
"Ahora bien, la Primera Sala de este Alto Tribunal ha sostenido que el principio de presunción de inocencia es un derecho de carácter poliédrico que se puede entender: (i) como regla de trato procesal; (ii) como regla probatoria; y, (iii) como estándar probatorio o regla de juicio. Cuando se entiende como regla de tratamiento del imputado, el contenido de este derecho fundamental consiste en establecer la forma en la que debe tratarse a una persona que está sujeta a proceso. La finalidad de la presunción de inocencia es ‘impedir la aplicación de medidas judiciales que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable y, por tanto, cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena’.
"Al permitirse la privación absoluta de las percepciones del servidor público sujeto a procedimiento de responsabilidades administrativas, se vulnera en su perjuicio el principio de presunción de inocencia en su vertiente de regla de trato. Lo anterior, toda vez que dicha medida es una afectación desproporcionada que supone que durante el procedimiento administrativo sancionador, sin que medie resolución alguna, se dé tratamiento de culpable al servidor público sujeto al mismo, imponiéndole una sanción de gravedad, como es la privación de sus percepciones.
"En el caso, la retención de los salarios que le corresponderían al servidor público sujeto a procedimiento, implica la aplicación de medidas anticipadas de la pena. La presunción de inocencia es el derecho a ser tratado como inocente en tanto no haya sido declarada la culpabilidad del imputado, lo cual se viola al establecer en perjuicio del servidor público imputado, una medida desproporcionada, consistente en retener el salario que le corresponde. Al respecto, resulta aplicable la siguiente tesis: ‘PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES.’ (se transcribe)
"En esta lógica, la presunción de inocencia comporta el derecho a ser tratado como inocente en tanto no haya sido declarada su culpabilidad, por virtud de una sentencia judicial y se le haya seguido un proceso con todas las garantías que correspondan. En el caso en particular, no se cumple con dicho principio en su vertiente de regla de trato procesal, ya que incluso de la lectura del recurso de revisión interpuesto por el órgano de control que instruyó el procedimiento, señaló, de manera expresa, que se presumía la responsabilidad del servidor público sujeto a investigación, además fijó el monto del posible daño causado por dicho servidor antes de que se dictara la resolución en dicho procedimiento administrativo de responsabilidad.
"Resulta conveniente señalar que la Convención Americana de Derechos Humanos establece en el artículo 8.2., que toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Por su parte, la literalidad de la fracción I del apartado B del actual artículo 20 de la Constitución Federal cubre esta vertiente del derecho, al establecer que los inculpados tienen derecho a ‘que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Juez de la causa’.
"En razón de lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que el establecimiento de medidas cautelares o provisionales, debe respetar los principios de proporcionalidad, razonabilidad y legalidad. Lo anterior fue sostenido por la Corte Interamericana, en el marco del estudio de la figura de la prisión preventiva; y señaló que el artículo 8.2. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que contempla la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios, para asegurar que no se impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones, y que no eludirá la acción de la justicia, pues la prisión preventiva es una medida cautelar no punitiva.
"En ese tenor, es posible señalar que, a diferencia de la conclusión alcanzada en primera instancia, la suspensión temporal del empleo, establecida en el artículo 21, fracción V, es una medida que resulta razonable y justificable en tanto tiene por objeto facilitar las investigaciones dada la naturaleza de la función que desempeñan los servidores públicos, en el entendido de que por lo que hace a la suspensión de las percepciones del servidor público sujeto a un procedimiento, previsto en su párrafo cuarto, debe garantizarse además un ingreso o un sueldo mínimo que permita la subsistencia de la persona, desde el inicio del procedimiento sancionatorio y hasta en tanto no se dicte resolución administrativa en la que se determine su responsabilidad y destitución del cargo.
"En el Caso Baena Ricardo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisa que las garantías establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incluida la presunción administrativa, es aplicable a todos los procesos sean éstos civiles, laborales, fiscales o cualquier otro establecido por la ley, dada su vinculación con el derecho al debido proceso. La razón es la siguiente: ‘La discrecionalidad de la administración tiene límites infranqueables, siendo uno de ellos el respeto de los derechos humanos. Es importante que la actuación de la administración se encuentre regulada, y ésta no puede invocar el orden público para reducir discrecionalmente las garantías de los administrados. Por ejemplo, no puede la administración dictar actos administrativos sancionatorios sin otorgar a los sancionados la garantía del debido proceso.’
"Similares consideraciones en lo esencial, han sostenido tanto la Primera como esta Segunda Sala de este Alto Tribunal, al resolver los amparos en revisión 18/2010, 359/2013 y 625/2011. En dichos asuntos se determinó que tratándose de la suspensión temporal del empleo de un servidor público establecida en el artículo 21, fracción V, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, es necesario establecer con claridad una distinción entre la medida cautelar consistente en la suspensión temporal de quien es sometido a un procedimiento de responsabilidades, por un lado; y, por el otro, la orden de retención del salari
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27086-ef7a3fd7/responsabilidades-administrativas-de-los-servidores-publicos-el-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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