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PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 200/2013. · Registro digital (IUS): 25144
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, Julio de 2014, Tomo I, Pág. 46.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 200/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 28 DE ENERO DE 2014. PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. SECRETARIO: OCTAVIO JOEL FLORES DÍAZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintiocho de enero de dos mil catorce.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

1. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinticuatro de abril de dos mil trece ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia, ********** solicitó al presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, hacer suya la denuncia de la posible contradicción de tesis, entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de este Alto Tribunal.

2. En la denuncia de contradicción de tesis presentada, se expresó que de la resolución dictada por la Primera Sala en el amparo en revisión 349/2012, derivaron las tesis aisladas 1a. XCIII/2013 (10a.) y 1a. XCVII/2013 (10a.), de rubros: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. LA APLICACIÓN DE ESTE DERECHO A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES DEBE REALIZARSE CON LAS MODULACIONES NECESARIAS PARA SER COMPATIBLE CON EL CONTEXTO AL QUE SE PRETENDE APLICAR." y "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE MORELOS, NO VULNERA ESTE DERECHO EN SUS VERTIENTE DE REGLA DE TRATAMIENTO, REGLA PROBATORIA Y ESTÁNDAR DE PRUEBA."

3. Por otro lado, se indicó que la Segunda Sala sostuvo un criterio distinto, al resolver el amparo en revisión 431/2012, del que surgieron las tesis aisladas 2a. XC/2012 (10a.) y 2a. XCI/2012 (10a.), de rubros: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. CONSTITUYE UN PRINCIPIO CONSTITUCIONAL APLICABLE EXCLUSIVAMENTE EN EL PROCEDIMIENTO PENAL." y "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. NO ES UN PRINCIPIO APLICABLE EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR."

4. SEGUNDO. Por auto de veintinueve de abril de dos mil trece, el presidente de este Alto Tribunal hizo suya la denuncia de la posible contradicción de tesis, por lo que ordenó la formación y registro del expediente; asimismo, en dicho proveído se admitió a trámite la denuncia formulada, se requirió a los presidentes de las Salas de la propia Suprema Corte de Justicia para que informaran si los criterios que sustentaron en los referidos asuntos siguen vigentes; y se turnó el expediente para su estudio a la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas.

CONSIDERANDO:

5. PRIMERO. Este Tribunal Pleno es competente para resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República; 226, fracción I, de la Ley de Amparo y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en la fracción VII del punto segundo del Acuerdo General Número 5/2013, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal, publicado el veintiuno de mayo de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación.

6. SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción I, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

7. TERCERO. A fin de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso transcribir, en lo conducente, los razonamientos sostenidos por las Salas de este Alto Tribunal en las ejecutorias de mérito que la motivaron.

8. Cabe hace notar que las ejecutorias de los amparos en revisión 624/2008 y 466/2011, se transcribirán sólo como información de referencia para mejor panorama y desarrollo del asunto, mas no así, debido a que participen en la contradicción, porque se trata de antecedentes a los que hace alusión la diversa ejecutoria, también del amparo en revisión 349/2012, que interviene en la presente contradicción de tesis.

9. I. La Primera Sala, al resolver los amparos en revisión 624/2008, 466/2011 y 349/2012, en sesiones de veintinueve de octubre de dos mil ocho, nueve de noviembre de dos mil once y veintiséis de septiembre de dos mil doce, respectivamente, consideró, en lo que interesa, lo siguiente:

10. Amparo en revisión 624/2008

"SÉPTIMO. El quejoso planteó en su demanda de amparo, que el artículo 30, primer párrafo, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, es violatorio del principio de presunción de inocencia, pues al ordenar la ejecución inmediata de la sanción impuesta en el procedimiento administrativo de responsabilidad al servidor público, sin esperar a que dicha resolución sea definitiva, en tanto que todavía puede ser combatida a través del recurso de revocación o del juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se le considera responsable administrativamente, sin que tal situación esté definida de forma concluyente, rompiéndose con ello el principio constitucional de referencia.

"Antes de la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, la Constitución Federal no reconocía expresamente el principio de presunción de inocencia, no obstante ello, el Pleno de este Alto Tribunal ha interpretado que el mismo se contenía de manera implícita en los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Carta Magna, pues deriva de los principios de debido proceso legal y acusatorio, dado que, si el primero reconoce el derecho de todo inculpado a su libertad y, que para privarlo de éste, es necesario cumplir con una serie de garantías mínimas otorgándole una defensa adecuada y, por su parte, el principio acusatorio implica, que es a la autoridad investigadora a la que corresponde la función persecutoria de los delitos, se tiene que ambos resguardan el principio de presunción de inocencia, pues el gobernado no tendrá la obligación de probar la licitud de su conducta, reconociendo así, a priori, el estado o condición de inocencia de los hombres.

"Criterio que se encuentra contenido en la siguiente tesis: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, agosto de 2002, tesis P. XXXV/2002, página 14.

"‘PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA IMPLÍCITA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ (se transcribe). Amparo en revisión 1293/2000. 15 de agosto de 2002. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Eduardo Ferrer Mac Gregor Poisot y Arnulfo Moreno Flores.

"Principio que, a partir del dieciocho de junio de dos mil ocho, se encuentra expreso en el artículo 20 del Pacto Federal, en los siguientes términos:

"Artículo 20. (se transcribe)

"Asimismo, el principio de presunción de inocencia se encuentra reconocido por diversos instrumentos internacionales de los que México es parte, como lo es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en cuyos textos establecen, respectivamente:

"‘Artículo 8.’ (se transcribe)

"‘Artículo 11.’ (se transcribe)

"‘Artículo 14.’ (se transcribe)

"Es pertinente señalar que, si bien el ahora recurrente no señaló como artículos violados los artículos al 19, 21 y 102 constitucionales, lo cierto es que, al invocar el principio de presunción de inocencia, se advierte la suficiente causa de pedir en tal sentido, pues, como se ha sostenido, dicho principio se desprende de la interpretación armónica de tales preceptos; a más que este Alto Tribunal se encuentra facultado por el artículo 79 de la Ley de Amparo para, del examen integral de la demanda de garantías y de los agravios, resolver la cuestión efectivamente planteada.

"Como se ha sostenido, la Constitución Federal reconoce el estado o condición de inocencia de los gobernados, razón por la cual, lo protege a través del derecho de toda persona a que se presuma su inocencia, lo que significa que todo hombre debe ser tratado con tal calidad -inocente- hasta en tanto no se demuestre lo contrario; esto implica que corresponde a la autoridad desvirtuar la inocencia probando la ilicitud de la conducta, así opera desde que se inicia la investigación hasta la resolución final que la destruya.

"De ahí que, el principio de presunción de inocencia exija que para imponer una sanción sea indispensable la certeza de la culpabilidad, ya que, si lo que motiva la imposición de la sanción es cierta conducta, ante la duda de su existencia o su inexistencia misma, no existe razón para imponer la sanción.

"Por tanto, de un lado, el principio de presunción de inocencia constituye el derecho a recibir la consideración y el trato de ‘no autor o no partícipe’ en hechos de carácter delictivo o análogos a éstos y determina, por ende, el derecho a que no se apliquen las consecuencias o los efectos jurídicos aunados a hechos de tal naturaleza en las relaciones jurídicas de todo tipo y, de otro, requiere de actividad probatoria que la destruya de forma clara y rotunda.

"Sirve de apoyo la tesis: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, mayo de 2007, tesis 2a. XXXV/2007, página 1186.

"‘PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ALCANCES DE ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe)

"De esta forma, se tiene que dicho principio opera fundamentalmente en el campo procesal, en tanto produce un influjo decisivo en el régimen jurídico de la prueba. De este punto de vista se infieren tres cuestiones:

"a) Que toda condena debe ir precedida siempre de una actividad probatoria impidiendo la condena sin pruebas.

"b) Que las pruebas tenidas en cuenta para fundar la decisión de condena han de merecer tal concepto jurídico y ser constitucionalmente legítimas.

"c) Que la carga de la actividad probatoria pesa sobre los acusadores y que no existe nunca carga del acusado sobre la prueba de su inocencia o de su participación en los hechos.

"Por tanto, en virtud de la presunción de inocencia, ninguna persona podrá ser considerada culpable sino hasta la sentencia condenatoria que la desvirtúe plenamente, acreditando la infracción al ordenamiento jurídico, y en cuyo proceso se hayan observado todas las garantías necesarias para su adecuada defensa.

"Así las cosas, con el simple inicio del procedimiento no se menoscaba la presunción de inocencia, sino, por el contrario, ésta aparece, precisamente, en tal momento y hasta que se dicte sentencia condenatoria, que dirima de forma concluyente la responsabilidad. Es decir, solamente la sentencia condenatoria priva de la calidad de inocente.

"No obstante la evidente naturaleza procesal del principio, también vincula la actividad legislativa para que el mismo despliegue su fuerza de manera efectiva, por lo que, en ese aspecto, ordena que las leyes no otorguen consecuencias privativas de derecho propias de un condenado, a alguien que todavía no tiene ese carácter en sentencia firme.

"Se concluye que se erige el principio de presunción de inocencia como una garantía frente al ejercicio del ius puniendi, es decir, como una limitación a su ejercicio arbitrario.

"Es así que, el principio en estudio es aplicable, no únicamente a la materia penal, sino también al derecho administrativo sancionador, en tanto que éste es una manifestación de la potestad punitiva del Estado, dado que implica la imposición de una sanción en virtud de una conducta humana que infrinja el ordenamiento jurídico.

"Es aplicable la jurisprudencia siguiente: Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, agosto de 2006, tesis P./J. 99/2006, página 1565.

"‘DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO.’ (se transcribe)

"El artículo combatido por esta vía establece literalmente lo siguiente:

"‘Artículo 30.’ (se transcribe)

"Por su parte, el quejoso aduce que la ejecución de las sanciones administrativas de forma inmediata, sin esperar a que la resolución que las impone sea definitiva, esto es, sin esperar a que se agoten los recursos, viola el principio de presunción de inocencia, pues permite que se le imponga una sanción, sin que su responsabilidad esté determinada definitivamente.

"Cabe señalar que en el derecho procesal mexicano existen dos tipos de resoluciones, atendiendo a la autoridad de la que se encuentran investidas, a saber: la sentencia definitiva, que es aquella que decide la controversia en cuanto al fondo del asunto, pero admite todavía medios de impugnación, a través de los cuales se puede revocar, confirmar o modificar la decisión, y la sentencia firme, que es aquella que no admite ningún medio de impugnación o que ha sido consentida por no combatirse y que, por ello, ha adquirido la autoridad de cosa juzgada.

"De esto se infiere que el quejoso, al formular su concepto de violación, se refiere en realidad, a que no obstante que la resolución con que concluye el procedimiento administrativo de responsabilidad carece de firmeza, en tanto que no ha concluido el término para impugnarla o los recursos no se han resuelto, se ordena su inmediata ejecución.

"El precepto impugnado, como lo sostiene el quejoso, ordena la ejecución inmediata de la resolución que haya impuesto la sanción al servidor público, sin que sea necesario que la misma sea firme, es decir, sin que sea necesario esperar a que concluya el término para la interposición de los recursos y/o su resolución.

"Confirma lo anterior, el hecho de que tanto esta Primera Sala, como la diversa Segunda de este Alto Tribunal, al resolver los amparos en revisión 1034/2005 y 1715/2005, respectivamente, sostuvieron, respecto de la interpretación del precepto, la afirmación de referencia en los siguientes términos: (se transcribe)

"En efecto, de los artículos 21, 25 y 30 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se observa que el procedimiento administrativo de responsabilidad culmina con la resolución definitiva, misma que podrá ser impugnada a través del recurso de revocación que se tramita ante la misma autoridad que emitió la resolución o del juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y que, a su vez, la resolución al recurso de revocación podrá ser impugnable ante el citado tribunal; no obstante, el artículo 30 ordena la ejecución inmediata de la sanción impuesta al servidor, sin que sea necesario que la resolución que la impuso sea firme.

"Ahora, como ha quedado de manifiesto, el principio de presunción de inocencia vincula a la actividad legislativa, obligando al legislador a que lo respete y emita normas que hagan efectiva su operancia, a través de reglas que no otorguen consecuencias privativas de derecho propias de un condenado, a alguien que todavía no tiene ese carácter en sentencia firme, y prevean un procedimiento donde se sigan una serie de formalidades para que sea la autoridad acusadora quien desvirtúe la presunción de inocencia.

"El punto a dilucidar radica en determinar, si el derecho a que se presuma la inocencia, opera hasta el dictado de la resolución definitiva o hasta que ésta ha adquirido el carácter de firme, de donde se seguirá que, si el principio protege hasta la resolución definitiva, entonces el precepto impugnado, al prever la inmediatez de la ejecución de la sanción no lo viola, dado que la privación de derechos será a una persona que ya tiene el carácter de responsable; o si el principio protege hasta que la resolución que impone la sanción adquiera firmeza, entonces el precepto, al prever la inmediatez de la ejecución de la sanción, estará otorgando consecuencias privativas de derecho a una persona que aún no es responsable y, por tanto, no es merecedor de las mismas, violando así el principio constitucional de mérito.

"Como se ha señalado en líneas anteriores, el principio de presunción de inocencia exige la certeza plena y absoluta respecto de la responsabilidad del procesado en ciertos hechos, por tanto, y de ahí el diverso principio de in dubio pro reo, en caso contrario habrá que absolver al sujeto.

"La principal característica de una resolución definitiva que no ha causado ejecutoria y que, por tanto, no produce los efectos de la cosa juzgada, es que aún es susceptible de ser modificada a través de algún recurso y, por tanto, lo resuelto en ella aún no es concluyente, y es justo tal característica la que la distingue de la sentencia firme, pues ésta a diferencia de aquélla es inmutable, en virtud de que ya no existe ningún medio de impugnación que tenga la capacidad de afectarla.

"En este estado de cosas, se llega a la conclusión de que la presunción de inocencia opera no sólo hasta la resolución definitiva que resuelva el fondo del asunto, sino hasta que la misma sea firme; esto es así, pues si la resolución definitiva todavía es susceptible de modificarse o revocarse, por ende, no existe certeza respecto de la responsabilidad del sujeto en la comisión de una infracción y, al no existir dicha seguridad, el principio de presunción de inocencia obliga a dar trato de no culpable, esto es, a no imponer las consecuencias privativas de derecho propias de un condenado de manera cierta e indubitable.

"Por tanto, el artículo 30 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que permite que la sanción administrativa se ejecute de inmediato, sin que la responsabilidad del servidor en la comisión de la infracción que se le atribuye, sea cierta y sin lugar a dudas, viola el principio de presunción de inocencia, pues otorga el trato de culpable a quien aún no lo es de forma plena y concluyente.

"No pasan desapercibidos a esta Primera Sala, los criterios que ésta y la diversa Segunda han sostenido respecto de la constitucionalidad del precepto en análisis; sin embargo, los mismos no son obstáculo a la presente resolución, dado que no lo analizan a la luz del principio de presunción de inocencia, sino de la diversa garantía de audiencia y tutela jurisdiccional, criterios, cuyos rubros son: ‘RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 30 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL ESTABLECER LA EJECUCIÓN INMEDIATA DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS, CUMPLE CON LA GARANTÍA DE TUTELA JURISDICCIONAL.’, ‘RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 30 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, AL ESTABLECER LA EJECUCIÓN INMEDIATA DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA.’ y ‘SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 30 DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS RELATIVA, AL DISPONER QUE LA EJECUCIÓN DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS SE LLEVARÁ A CABO DE INMEDIATO, NO VIOLA LAS GARANTÍAS DE AUDIENCIA Y DE SEGURIDAD JURÍDICA.’

"Por tanto, resulta procedente conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso recurrente, en contra del artículo 30, primer párrafo, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

"Resulta innecesario el estudio de los restantes agravios, dado que su estudio a nada práctico conduciría, en virtud de que al haber resultado inconstitucional el artículo 30 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, aunque fueran fundados, no le reportarían al quejoso recurrente mayor beneficio ni variaría el sentido de la presente resolución."

11. Amparo en revisión 466/2011

"CUARTO. A continuación, se procede a realizar el estudio de los agravios del recurrente. El argumento expuesto en el punto (2) del apartado III del considerando anterior, es fundado. Para justificar esta decisión, hay que tener en cuenta lo que establece expresamente el primer párrafo del artículo 30 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos:

"‘Artículo 30.’ (se transcribe)

"Esta Primera Sala se pronunció en el amparo en revisión 624/2008, sobre la constitucionalidad de la misma porción normativa del precepto impugnado en el presente caso. En el precedente en cuestión, se sostuvo que la presunción de inocencia es aplicable a los procedimientos administrativos sancionadores y que no sólo opera hasta que se dicte resolución definitiva que resuelve el fondo del asunto, sino hasta que la misma queda firme. En esta línea, se argumentó que, si la resolución definitiva todavía es susceptible de modificarse o revocarse, no existe certeza respecto de la responsabilidad del sujeto en la comisión de una infracción. En consecuencia, el principio de presunción de inocencia obliga a dar trato de no culpable a la persona sujeta al procedimiento sancionador, esto es, a no imponer las consecuencias privativas de derecho propias de un condenado de manera cierta e indubitable.

"De acuerdo con lo anterior, esta Primera Sala sostuvo que el artículo 30 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que permite que la sanción administrativa se ejecute de inmediato sin que la responsabilidad del servidor en la comisión de la infracción que se le atribuye sea cierta y sin lugar a dudas, viola el principio de presunción de inocencia, al otorgar el trato de culpable a quien aún no lo es de forma plena y concluyente.

"Aunque este criterio fue suscrito por la mayoría de los miembros de la Primera Sala, la nueva integración de este órgano jurisdiccional brinda la oportunidad de realizar una nueva reflexión sobre el tema. En este sentido, se estima pertinente abandonar el precedente, con apoyo en las siguientes consideraciones:

"I. La modulación de la presunción de inocencia en el derecho administrativo sancionador

"Esta Suprema Corte ha sostenido, de forma reiterada, que los principios que rigen la materia penal deben aplicarse a los procedimientos administrativos sancionadores en la medida en que sean compatibles con éstos. En este caso, es indudable que la presunción de inocencia es un derecho fundamental compatible con el derecho administrativo sancionador, con independencia de, si se considera que se trata de un principio implícito en varios artículos constitucionales o su fundamento se deriva directamente de la actual redacción de la fracción I del apartado B del artículo 20 constitucional.

"Con todo, aun reconociendo que la protección que brinda la presunción de inocencia debe extenderse a los procedimientos sancionadores que lleva a cabo la administración pública, ello no quiere decir que este derecho deba tener el mismo alcance que en el ámbito penal. Dicho de otra manera, si la presunción de inocencia es un derecho que en principio surge para disciplinar distintos aspectos del proceso penal, su traslado al ámbito administrativo sancionador debe realizarse con las modulaciones que sean necesarias para hacer compatible este derecho con el contexto institucional al que se pretende aplicar.

"Ahora bien, para poder llevar a cabo esta modulación de la presunción de inocencia al procedimiento administrativo sancionador, resulta indispensable clarificar el contenido de este derecho en el marco del proceso penal.

"II. El carácter multifacético de la presunción de inocencia

"La presunción de inocencia es un derecho que podría calificarse de ‘poliédrico’, en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes cuyo contenido se encuentra asociado con garantías encaminadas a disciplinar distintos aspectos del proceso penal. Así, en la dimensión procesal de la presunción de inocencia, pueden identificarse al menos cuatro vertientes del derecho: (1) como principio informador del proceso penal; (2) como regla probatoria; (3) como estándar probatorio o regla de juicio; y, (4) como regla de trato procesal.

"1. La presunción de inocencia como principio informador

"Como principio informador del proceso penal, la presunción de inocencia constituye una directriz encaminada a disciplinar tanto al legislador como al Juez penal. En el primer caso, impone la obligación de regular el proceso penal de un cierto modo: estableciendo las garantías necesarias para que en la mayor medida posible se otorgue a los procesados un trato de ‘no autores’ de los delitos por los cuales se les acusa. En cambio, como mandato dirigido al Juez, prohíbe realizar interpretaciones legales que sean incompatibles con el contenido del derecho.

"2. La presunción de inocencia como regla probatoria

"La presunción de inocencia, como regla probatoria, es un derecho con un contenido más específico. Esta vertiente establece los requisitos que debe cumplir la actividad probatoria y las características que debe reunir cada uno de los medios de prueba para poder considerar que existe prueba de cargo válida y destruir así, el estatus de inocente que tiene todo procesado. En este sentido, por ejemplo, la actual redacción del artículo 20 de la Constitución contempla los principios de publicidad, contradicción e inmediación, principios constitucionales que regirán la práctica de las pruebas (ofrecimiento y desahogo), una vez que la reforma constitucional en materia penal haya entrado en vigor, de tal forma que toda prueba aportada por el Ministerio Público en el juicio deberá respetarlos para poder considerarse prueba de cargo válida al momento de la valoración probatoria. Con todo, cuál sea el alcance de esas disposiciones constitucionales, es algo sobre lo que no corresponde a esta Suprema Corte pronunciarse en este momento.

"3. La presunción de inocencia como estándar de prueba

"La presunción de inocencia, como estándar probatorio o regla de juicio, puede entenderse como una norma que ordena a los Jueces la absolución de los inculpados cuando durante el proceso no se han aportado pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad de la persona. Así entendida, la presunción de inocencia no aplica al procedimiento probatorio (la prueba entendida como actividad), sino al momento de la valoración la prueba (entendida como resultado de la actividad probatoria). Al resolver el amparo directo en revisión 715/2010, esta Suprema Corte ha dicho que para poder considerar que existen indicios que constituyan prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia, el Juez debe, entre otras cosas, cerciorarse al valorar el material probatorio disponible de que estén desvirtuadas las hipótesis de inocencia efectivamente alegadas por la defensa en el juicio y, al mismo tiempo, descartar la existencia de contraindicios que den lugar a una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora.

"Desde el punto de vista técnico, pueden distinguirse dos aspectos implícitos en esta vertiente de la presunción de inocencia: (i) lo que es el estándar propiamente dicho, es decir, las condiciones que tiene que satisfacer la prueba de cargo para considerar que es suficiente para condenar; y, (ii) la regla de carga de la prueba, entendida no como la norma que determina quién debe aportar las pruebas (burden of producing evidence, en la terminología anglosajona), sino como la que establece a cuál de las partes debe perjudicar el hecho de que no se satisfaga el estándar (burden of proof).

"4. La presunción de inocencia como regla de tratamiento

"Cuando se entiende como regla de tratamiento del imputado, el contenido de este derecho fundamental consiste en establecer la forma en la que debe tratarse a una persona que está sometida a proceso penal. Aquí la finalidad de la presunción de inocencia es ‘impedir la aplicación de medidas judiciales que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable y, por tanto, cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena’. En esta lógica, la presunción de inocencia comporta el derecho a ser tratado como inocente, en tanto no haya sido declarada su culpabilidad en virtud de una sentencia judicial y se le haya seguido un proceso con todas las garantías.

"Esta faceta del derecho es a la que normalmente aluden los tratados internacionales de derechos humanos y los textos constitucionales cuando hacen referencia a la presunción de inocencia. La literalidad de la fracción I del apartado B del actual artículo 20 de la Constitución Mexicana cubre esta vertiente del derecho, al establecer que los inculpados tienen derecho a ‘que se presuma su inocencia, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Juez de la causa’.

"En torno a esta vertiente de la presunción de inocencia surge la cuestión de cuándo empieza y cuándo termina la protección de la regla de tratamiento. El debate doctrinal que existe en la dogmática penal sobre la compatibilidad de la medida cautelar de prisión preventiva con la presunción de inocencia puede entenderse, precisamente, como una discusión sobre el momento en el que empieza la obligación de tratar como inocente a una persona sujeta a proceso. Los partidarios de la postura incompatibilista sostienen que dicha medida cautelar impide tratar como inocente al imputado durante el proceso penal, toda vez que la prisión preventiva implica, de alguna manera, la ‘anticipación’ del castigo. Sobre este punto, esta Suprema Corte ha asumido una posición compatibilista, de acuerdo con la cual, la medida cautelar de prisión preventiva simplemente constituye un caso donde existen razones que justifican que no se otorgue un trato de inocente a una persona sujeta a proceso.

"Al resolver el amparo en revisión 1028/1996, el Pleno de este Alto Tribunal sostuvo que ‘la prisión preventiva viene a constituir una excepción justificable a las garantías de libertad y debido proceso legal o de audiencia, así como también al principio de presunción de inocencia, previsto en el mismo artículo 14 constitucional, porque tiende a

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25144-5974d68e/presuncion-de-inocencia-este-principio-es-aplicable-al · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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