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Modo: Corpus Pro

NORMAS DE DERECHO ADMINISTRATIVO. PARA QUE LES RESULTEN APLICABLES LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN AL DERECHO PENAL, ES NECESARIO QUE TENGAN LA CUALIDAD DE PERTENECER AL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4679/2015. · Registro digital (IUS): 28214
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2018-11-30
Promovente: —
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo II, Pág. 869.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4679/2015. 17 DE FEBRERO DE 2016. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN; VOTÓ CONTRA CONSIDERACIONES MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: MAURA ANGÉLICA SANABRIA MARTÍNEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión.(1)

SEGUNDO.—Oportunidad. El presente recurso de revisión se interpuso oportunamente.(2)

TERCERO.—Legitimación. El recurso de revisión se interpuso por persona legitimada para ello.(3)

CUARTO.—Agravios. La parte recurrente formuló los agravios que estimó oportunos, los cuales se encuentran sintetizados en el considerando sexto de esta resolución.

QUINTO.—Procedencia. Por razón de método, en principio, es menester verificar la procedencia del presente recurso de revisión, dado que constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, para lo cual, es necesario tener en cuenta que de la interpretación de los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal, 81, fracción II, y 96 de la Ley de Amparo, 10, fracción III, y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se pone de manifiesto que las sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo no admiten recurso alguno, pues son determinaciones definitivas emitidas por un órgano terminal; sin embargo, tal regla tiene las excepciones siguientes:

1. Cuando el Tribunal Colegiado resuelva, entre otros aspectos, sobre la constitucionalidad de una norma general;

2. En el supuesto de que el citado tribunal establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte;

3. Cuando habiéndose planteado en la demanda de amparo los dos temas citados, dicho órgano jurisdiccional haya omitido su estudio; y,

4. Si el problema de constitucionalidad entraña la fijación de un criterio de importancia y trascendencia.

Por tanto, la procedencia del recurso está sujeta a si existió en la sentencia un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto de la Constitución, o bien, si en dicha sentencia se omitió el estudio de las cuestiones mencionadas, cuando se hubieren planteado en la demanda de amparo, y que el problema de constitucionalidad referido entraña la fijación de un criterio de importancia y trascendencia; empero, también deben satisfacerse determinados requisitos, tales como la firma en el escrito u oficio de expresión de agravios; la oportunidad del recurso; la legitimación procesal del promovente; y, si conforme al Acuerdo General Número 9/2015, se colma el requisito de importancia y trascendencia,(4) aplicable en términos del artículo sexto transitorio del decreto por el cual se emitió la nueva Ley de Amparo.

En el presente asunto se advierte que el recurso de que se trata se interpuso oportunamente por persona legitimada y que el ocurso se encuentra firmado, lo cual quedó demostrado en el segundo y tercer considerandos de la presente resolución.

Por otra parte, también se satisface el requisito de importancia y trascendencia, en virtud de que subsiste en el recurso el problema de inconstitucionalidad planteado en torno al artículo 49 del Código Fiscal de la Federación, y respecto de ese tópico no se ha emitido criterio por parte de este Tribunal.

SEXTO.—Estudio. Para una mejor comprensión del asunto, conviene relatar los siguientes antecedentes:

1. Por escrito presentado ante la Sala Regional del Pacífico Centro del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el ahora peticionario de amparo **********, por su propio derecho, promovió juicio contencioso administrativo contra una resolución, emitida por el administrador local jurídico de Uruapan del Servicio de Administración Tributaria.

2. Seguido el juicio por sus demás trámites, el Magistrado instructor de la Sala Regional del Pacífico Centro del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dictó sentencia el veintinueve de agosto de dos mil catorce (fojas ciento treinta y siete a ciento cuarenta y nueve), en la que reconoció la validez de la resolución impugnada.

3. Inconforme con esta determinación, la parte agraviada promovió el juicio de amparo directo del que deriva el recurso de revisión que ahora se resuelve.

De la lectura de los conceptos de violación se observa que en ellos se planteó, en lo que al caso interesa, la inconstitucionalidad del artículo 49 del Código Fiscal, por estimarlo violatorio del principio de presunción de inocencia.

4. Al dictar resolución, el Tribunal Colegiado que previno en el conocimiento del asunto, desestimó los argumentos de la parte quejosa, el tenor de las siguientes consideraciones:

"SÉPTIMO.— ...

"Son infundadas las conclusiones a que ha llegado el quejoso para considerar inconstitucional la norma impugnada, lo que se explica de la siguiente forma:

"Tal como lo reconoce el propio quejoso, al citar en su demanda el criterio P./J. 43/2014 (10a.), el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha agotado el tema de la aplicación del principio de presunción de inocencia en materia administrativa, ello a través de lo resuelto en la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis **********, que originó la jurisprudencia del texto siguiente:

"‘PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES. ...’

"Criterio del que se desprende, esencialmente, que si bien el principio de presunción de inocencia en sus distintas vertientes, es aplicable en materia administrativa, tal derecho fundamental no tiene los mismos alcances que en materia penal, de modo que su traslado al ámbito administrativo debe realizarse de manera prudente y con los matices que cada caso requiera para hacer compatible dicho principio en el contexto que se aplica.

"En la ejecutoria citada se hacen las siguientes precisiones:(5)

"De forma tal que, el principio de presunción de inocencia constituye el derecho a recibir la consideración y el trato de ‘no autor o no partícipe’ en hechos de carácter delictivo o análogos a éstos y determina, por ende, el derecho a que no se apliquen las consecuencias o los efectos jurídicos relacionados a hechos de tal naturaleza en las relaciones jurídicas de todo tipo; y, por otro, requiere de actividad probatoria de autoridad competente que la destruya de forma clara y rotunda.

"No obstante ello, dicho tribunal de justicia fue puntual en señalar que el principio de presunción de inocencia ha de ser aplicable al ámbito administrativo sancionador con matices o modulaciones, según sea el caso.

"Ello, debido a que la presunción de inocencia aplica, modularmente, al procedimiento administrativo sancionador debido: (I) a la naturaleza de éste que es gravoso; (II) a la cualidad punitiva del Estado con la que participa en este tipo de procedimientos; (III) por la defensa e interpretación más amplia de la calidad de inocente derivado de los artículos 1o., 14 y 17 constitucionales, como en los diversos 8.2 de la invocada Convención Americana sobre Derechos Humanos; 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y, (IV) así porque este principio debe ser reconocido en todo procedimiento de cuyo resultado pudiera resultar una pena o sanción, derivado de la garantía de debido proceso.

"Destacando que el contenido del principio de presunción de inocencia debe modularse dependiendo del contexto en el que se aplique, de manera que no tiene el mismo alcance cuando se aplica a la actuación de la autoridad desplegada en forma de juicio, que cuando se trata de actos unilaterales, pues en este tipo de actos, como todo principio formulado en la forma de un mandato de maximización, requiere una concreción en cada caso concreto y, en su caso, de una posible minimización que en cuya situación atenderá a las características de cada asunto en concreto.

"El principio exige también que en el procedimiento administrativo sancionador exista acervo probatorio suficiente, recayendo sobre la autoridad la carga probatoria tanto de la comisión de la infracción o falta, como de la participación del probable responsable, sin que a éste pueda exigírsele una prueba de hechos negativos.

"Este principio produce una inmediata consecuencia procesal que consiste en desplazar la carga de la prueba en el órgano acusador; es a él al que en un procedimiento contradictorio, con participación y audiencia del interesado inculpado, debe suministrar, recoger y aportar los elementos probatorios a través de los medios comunes que sirvan de soporte al supuesto de hecho cuya clasificación como falta administrativa se pretende.

"El procedimiento administrativo sancionador tiene en cuenta el debido proceso, la naturaleza de la potestad sancionadora del Estado y que el principio constitucional es de aplicación general –dirigido como valor superior de la dignidad humana–; es de donde se puede concluir que la presunción de inocencia aplica al ámbito administrativo sancionador, bajo la óptica de cada caso en concreto, porque en este tipo de procedimiento no sólo se deben respetar los derechos y garantías propias del procedimiento administrativo común, sino que al mismo debe ser añadido la presunción de inocencia debido a la exigencia general del modelo de Estado constitucional de derecho para tratar a los particulares o servidores públicos de determinada manera en cualquier materia al someterlas a evaluación por determinada conducta sancionada por la ley.

"Además de las anteriores precisiones que el Máximo Tribunal del País estableció en el derecho jurisprudencial antes citado, es pertinente resaltar algunos aspectos previos al análisis de fondo de la constitucionalidad o no, de la ley impugnada por el quejoso:

"En el Estado radica el poder necesario para mantener en forma legítima la estabilidad social y el respeto de los derechos humanos. Por tanto, el Estado ejerce el ius puniendi, conforme al cual se le reconoce al Estado el derecho a castigar a quienes cometen infracciones de los ordenamientos que tienen como consecuencia una sanción.

"El poder público que ejerce el Estado en el ius puniendi, se ejerce en dos manifestaciones con características similares, a saber, el derecho penal y el derecho administrativo sancionador, entre los que se encuentra el derecho tributario.

" Dentro del derecho tributario se establecen diversos tipos de penas que son catalogados por diversos ordenamientos jurídicos, entre las que se encuentra la multa.

"Asimismo, cabe destacar que infracción administrativa es todo comportamiento que contraviene lo dispuesto en una norma jurídica, por la que se aplica una sanción que puede ser con la privación de un bien o un derecho, y que no aparece calificado por el ordenamiento jurídico como delito.

"Sin embargo, es de considerarse que aun cuando se ha otorgado al Estado un poder para sancionar a través de la administración, ello no implica que ese poder no tenga límites, ya que éstos se ejercen a través del control de legalidad, ya que no deriva de una potestad discrecional del Estado, pues dicha actividad responde a criterios que deben tenerse en cuenta para justificar su legalidad, a saber, los principios de legalidad, tipicidad, culpabilidad y proporcionalidad, los cuales guardan semejanzas con el derecho penal.

"Principios que tienen su fundamento en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, y que se explican de la siguiente manera:

"El principio de legalidad en las sanciones administrativas, es aquel conforme al cual ante cualquier condena o sanción se requiere de la existencia de normas que describan la conducta delictiva, falta o infracción.

"La tipicidad es un principio que exige que las sanciones administrativas, además de ser precisadas en ley, debe contener una descripción precisa de la conducta prohibida, cuya realización u omisión hace acreedor a una sanción.

"La culpabilidad es la responsabilidad personal del sujeto infractor, elemento que es condicionante para la aplicación de la sanción, cuyo principio es la existencia del dolo o la culpa.

"Este principio se ampara por el principio de presunción de inocencia, que implica la obligación de la administración de aportar pruebas necesarias para que se impute una sanción al sujeto acusado de cometer una infracción.

"Así, el Estado actúa con un rol de acusador, por lo que debe aportar pruebas suficientes que destruyan la presunción de inocencia del sujeto infractor, el cual implica tener en cuenta el grado de culpabilidad de éste, lo que servirá de base para la graduación de la sanción a imponerse, evitándose la aplicación discrecional de sanciones.

"Sin embargo, en el derecho administrativo, el principio de culpabilidad no tiene una aplicación absoluta, ya que existen hipótesis previstas en las leyes que lo atemperan, como ejemplo, son los casos en que se aduce una causa de fuerza mayor.

"La proporcionalidad o graduación de la imposición de la sanción, dicho principio constituye un límite para el Estado en la aplicación de la sanción, sirviendo de garantía al infractor, quien tendrá certeza de cuáles son los criterios utilizados por el Estado, para especificar, graduar y justificar la sanción.

"Otro límite que tiene el Estado en su carácter de sancionador, es que le está vedada la imposición de las penas privativas de libertad.

"Asimismo, el respeto de los derechos de defensa es una limitante al poder del Estado, cuya aplicación es matizada en el derecho administrativo sancionador.

"La subordinación de la administración a la autoridad judicial es sin duda un límite más del poder sancionador del Estado, ya que la autoridad judicial ejerce un control, a posteriori, de los actos administrativos mediante el oportuno recurso.

"Así como la prohibición de aplicar una doble sanción derivada de un solo hecho, es sin duda una limitante más del Estado, derecho que está reconocido en el artículo 23 de la Constitución Federal.

"Las anteriores connotaciones nos llevan a concluir, que el principio de presunción de inocencia es poliédrico y aplica en la materia fiscal, ya que implica que tanto el legislador como los juzgadores no den trato y hagan interpretaciones que vayan en contra de dicho principio constitucional, considerando que las actuaciones del individuo deban ser consideradas por la autoridad como actos de ‘buena fe’, a menos que la autoridad fiscal demuestre lo contrario; sin embargo, el poder sancionador del Estado, se encuentra válidamente limitado.

"Cabe destacar que el derecho tributario se distingue del derecho penal, en tres ámbitos importantes, como son:

"La intensidad de la intervención del Estado;

"La finalidad que se persigue con el poder sancionador; y,

"Los intereses que protegen.

"La intensidad de la intervención del Estado, en el derecho tributario, implica la facultad que le es reconocida al Estado como ente regulador, la cual ha sido analizada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria del amparo directo en revisión **********, en donde establece que el derecho administrativo sancionador, es diferenciado, ya que el Estado vigila la desviación de la conducta prescrita jurídicamente no sólo en su calidad de Estado policía, sino en su papel de Estado regulador, es decir, en ejercicio de su facultad constitucional de planificación de actividades económicas, sociales y culturales, para la realización de ciertos fines, que no podrían cumplirse si se dejaran en manos del libre intercambio de las personas, a quienes, por tanto, no se les concibe como sujetos pasivos de una potestad coactiva, sino como sujetos participantes y activos de un cierto sector o mercado regulado.

"El objeto que persigue encuentra su fundamento en el artículo 25 constitucional, que otorga al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que ésta sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático.

"De donde se destaca la facultad del Estado para planear, conducir y orientar la actividad económica nacional, y llevar a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades reconocidas constitucionalmente.

"Asimismo, se destacó que, con la evolución de las necesidades de convivencia social y la adaptación del entendimiento de lo exigido por el interés público, el legislador, en ejercicio de sus facultades legislativas, despliega facultades regulatorias en distintos ámbitos de la realidad, a lo que se llama una categoría residual.

"La cual pretende superar los inconvenientes de dejar en manos del libre intercambio la consecución de ciertos fines, o bien, se pretende superar ciertas fallas de mercados, aunque se trate de sectores en donde los sujetos regulados no necesariamente participan como actores activos de un mercado, sino que son sujetos cuya conducta se estima relevante para la consecución de un cierto fin público valioso.

"Se trata de esquemas regulatorios que pretenden avanzar y preservar ciertos estados de cosas deseables, por lo que la aplicación de sanciones, en caso de desviación de lo establecido en la norma, se interpreta como un instrumento que abona a la consecución del fin regulado, mediante el desincentivo de ciertas conductas consideradas perjudiciales.

"Establecidos los principios y modulaciones que acompañan la función sancionadora del Estado en el derecho tributario, es pertinente destacar el contenido de la norma impugnada.

"‘Artículo 49. Para los efectos de lo dispuesto por la fracción V del artículo 42 de este código, las visitas domiciliarias se realizarán conforme a lo siguiente:

"‘...VI. Si con motivo de la visita domiciliaria a que se refiere este artículo, las autoridades conocieron incumplimientos a las disposiciones fiscales, se procederá a la formulación de la resolución correspondiente. Previamente se deberá conceder al contribuyente un plazo de tres días hábiles para desvirtuar la comisión de la infracción presentando las pruebas y formulando los alegatos correspondientes. Si se observa que el visitado no se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, la autoridad requerirá los datos necesarios para su inscripción, sin perjuicio de las sanciones y demás consecuencias legales derivadas de dicha omisión.

"‘La resolución a que se refiere el párrafo anterior deberá emitirse en un plazo que no excederá de seis meses contados a partir del vencimiento del plazo señalado en el párrafo que antecede.’

"De la lectura a la disposición citada, se advierte que el legislador estableció una intervención del Estado, con la cual le otorga una consideración excepcional a las actuaciones administrativas, ello en concordancia con la potestad regulatoria que ejerce de conformidad con el artículo 42, fracción V, del Código Fiscal, ya que las actas o diligencias practicadas por la autoridad fiscal no tienen un grado de presunción iuris et de iure de veracidad, sino que constituyen un medio de prueba sobre los hechos constatados, siendo su eficacia medible a través del principio de libre valoración de la prueba que se haga en los procedimientos contenciosos administrativos, la cual atenta a sus características excepcionales, es capaz de destruir la presunción de inocencia sin necesidad de reiterar la actividad probatoria que es a cargo del ente acusador.

"Así, las actas y diligencias realizadas por las autoridades fiscales previo el cumplimiento del principio de legalidad, tienen el carácter de prueba preconstituida, la cual guarda correspondencia con el derecho del infractor al debido proceso legal y defensa adecuada, entre el que se incluye, la audiencia, el desahogo de pruebas y alegatos, y por supuesto el dictado de una resolución que dirima la cuestión.

La prueba preconstituida es reconocida por la legislación, a fin de evitar la impunidad y la búsqueda de la verdad material, ante la utilización de pruebas de imposible reproducción que se han desarrollado en la etapa preliminar, sin que ello enerve el principio de presunción de inocencia, cuya justificación es la flagrancia y la ineludible irrepetibilidad de las actuaciones, por lo cual, la propia legislación dota a ciertas autoridades de fe pública.

"Lo anterior tiene justificación ante el objeto que persigue, que es el dejar constancia a efecto de dar fe de un hecho cuya utilización es futura, esto es, será el medio para conocer algo que aconteció en el pasado mediante su consignación por escrito para asentarlo de manera fidedigna.

"Así, atendiendo al principio de presunción de legalidad de que gozan las actuaciones de las autoridades fiscales, en términos del artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, conforme al cual, no es procedente concebir que los actos de autoridad fiscal sean ilegales sino que, como principio fundamental, éstos siempre deberán considerarse legales, es el fundamento para orientar la infundada apreciación del quejoso al tachar de inconstitucional la norma por romper con el principio de presunción de inocencia, ya que son, precisamente, los matices y modulaciones del derecho administrativo los que dan cuenta de que, atento a la flagrancia –que implica la constatación de hechos ante la visita domiciliaria en ejercicio de la función fiscalizadora que se reconoce a las autoridades hacendarias–, que se hace válida la anticipación de la prueba preconstituida, la que por gozar de presunción legal, a la postre arroja la carga de la prueba para desvirtuar lo asentado en ella a los contribuyentes pasivos de la orden de visita.

"Además de que se justifica, a través del principio de legalidad y tipicidad, la expresión hecha en el dispositivo impugnado en torno a la connotación de infracción, la cual no colisiona el derecho de presunción de inocencia en su vertiente de trato, ya que la expresión citada se señala al establecerse el derecho de los contribuyentes que al ser visitados por la autoridad fiscal, el resultado arroje el incumplimiento de disposiciones fiscales, de donde se destaca que el legislador estableció la tipificación de la conducta negativa y su consecuencia tanto procesal como sancionadora.

"Por tanto, en el derecho administrativo, concretamente en el fiscal, con base en el principio fundamental de presunción de inocencia, todo acto realizado por los gobernados debe considerarse apegado a derecho, el cual se encuentra limitado por la facultad reguladora de la autoridad, quien cuenta con amplias facultades para comprobar el incumplimiento de obligaciones fiscales, y en caso de que se demuestre ello, entonces, la autoridad está facultada para aplicar sanciones a los contribuyentes gobernados.

"Así, es obligación constitucional de todo gobernado contribuir a los gastos públicos en sus tres niveles de Gobierno –Federal, Estatal y Municipal–, dentro de un marco de proporcionalidad, equidad y legalidad; correlativo a ello, la propia Constitución otorga a las autoridades fiscales, la facultad de verificar el cumplimiento de esa obligación por parte de los gobernados.

"Por lo cual, el gobernado, a fin de cumplir con su obligación de pago, se somete a diversos autocontroles de fiscalización que establecen las leyes aplicables, como ejemplo, las declaraciones informativas, por lo que indudablemente se le imponen obligaciones.

"Un ejemplo más, lo representan los comprobantes fiscales, que expiden los contribuyentes previamente haber sido impresos por personas autorizadas para ello, y con base en el principio de inocencia, se supone que el gobernado emite correctamente sus facturas respecto de los ingresos que percibe; sin embargo, la autoridad tiene la facultad de cerciorarse de que así sea, a través de la realización de actos de fiscalización que deben ser llevados a cabo dentro de un marco de legalidad.

"Sin embargo, las actas y diligencias de comprobación e inspección en materia tributaria, constituyen documentos públicos, cuya fuerza probatoria del hecho que motiva el documento y su contenido mismo, sólo ceden si se justifica la falsedad o inexactitud.

"Así, el precepto 68 del Código Fiscal de la Federación, constituye el marco referencial justificado de la presunción de legitimidad de los actos fiscales, que encuentra múltiples manifestaciones en amplios sectores del ordenamiento, a saber: las actas de la inspección, determinación de sanciones, etcétera.

"Principio de exactitud que no colisiona con el de presunción de inocencia que establece el marco constitucional, para todo individuo, porque este último atañe a un juicio sobre la culpabilidad; mientras que la legalidad del acto administrativo se refiere a una constatación de hechos; de modo que el principio de presunción de inocencia en sus variantes de trato, regla probatoria y estándar de prueba, no puede interpretarse como una prohibición del deber de las autoridades fiscales de averiguar los hechos que les son sujetos a control y a que, sobre éstos, prevalezca uno sobre otro.

"En suma de las consideraciones hechas, atento a las facultades fiscalizadoras que constitucionalmente se reconocen al Servicio de Administración Tributaria, a través de sus funcionarios públicos, la presunción de legalidad con que dota a sus actuaciones, no constituye per se vulneración al principio de presunción de inocencia en sus vertientes identificadas, porque el sujeto pasivo guarda en todo momento –desde que se entera de que es motivo de fiscalización– la facultad de realizar los actos que acrediten que cumple con sus obligaciones fiscales, ya que incluso las inspecciones siempre son a efecto de comprobar el cumplimiento de obligaciones en materia fiscal o tributaria.

"Esto es, en el diseño que realiza el Estado a través del procedimiento de fiscalización no se atribuye al contribuyente el incumplimiento de sus obligaciones, sino que el ejercicio de la facultad de comprobar si se está cumpliendo con ellas, o no, y, lo que a la postre justifica la presunción de legalidad de que gozan las actuaciones fiscales, y que razonablemente es así, virtud a que en el cumplimiento de tales facultades comprobatorias los hechos y supuestos que se desarrollan son muchos, en los cuales pueden darse incumplimientos flagrantes que deben ser asentados y constatados con un grado de valor en su veracidad mayor, virtud a la imposibilidad de que se mantengan en el tiempo.

"O sea, la norma jurídica no presupone al particular como infractor ni como incumplido, sino la verificación que hace la autoridad fiscal mediante el ejercicio de su facultad de comprobación es lo que determinará si tal particular efectivamente consintió una infracción o dejó de cumplir una obligación, y lo cual es resultado de aquella verificación y pruebas que recoja la autoridad de manera que antes de la verificación, y de las pruebas no se le asigna el carácter de infractor o de incumplido sino es a posteriori.

"De modo que lo anteriormente citado constituye una justificación razonable de que el texto del artículo impugnado no transgrede el principio de presunción de inocencia, en sus vertientes anotadas, dado que sólo establece que ante la posibilidad de que en las diligencias de verificación de visitas domiciliarias, las autoridades conocieran del incumplimiento a disposiciones fiscales, se procederá a la formulación de una resolución correspondiente, ello, otorgando al contribuyente previamente su garantía de audiencia, para que desvirtúe la comisión de la infracción razonada por las autoridades fiscales; de lo que se establece que atentas las diferencias expuestas anteriormente, la disposición citada no rompe con el principio de presunción de inocencia en su vertiente de trato, dado que no establece que todos los contribuyentes visitados sean infractores, sino que más bien establece la posibilidad de que si en el ejercicio de las facultades de comprobación se advirtiera la comisión de una infracción, se proceda a su sanción, lo anterior, previamente a dar oportunidad de que el contribuyente pueda desvirtuar dicha infracción, lo que es acorde a la garantía de debido proceso; así, cuando el dispositivo establece la palabra infracción, contrariamente a lo que destacó el quejoso, no se refiere a los contribuyentes, sino a los hechos materia de las visitas domiciliarias.

"Tampoco rompe con el principio de presunción de inocencia en su vertiente de estándar de prueba o regla de juicio, porque en el artículo 46, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación, se dispone que se debe conceder al contribuyente un plazo de tres días hábiles para desvirtuar la comisión de la infracción, con la presentación de pruebas y la correspondiente formulación de alegatos; de donde se advierte que no se establece ninguna condición que tenga que satisfacer la prueba de cargo para considerar que es suficiente para condenar, ni dispone a cuál de las partes perjudica el hecho de que no se satisfaga el estándar de prueba, conforme a la cual se ordena a absolver cuando no se satisfaga, sino, por el contrario, dispone, como ya se había puntualizado, una facultad de comprobación que, si en su ejercicio se advirtiera la comisión de una infracción, se le otorga la oportunidad al contribuyente de desvirtuar la infracción y, en caso contrario, se proceda a su sanción, y esto no le da la calidad de infractor ni deriva de esa calidad, pues en el caso de que así sucediera, quedaría subjúdice a que se actualizara, esto es, porque se realizó un hecho que le dio origen a esta sanción.

"De ahí que si la norma encuentra justificación atento al objeto, fin y facultad de que goza el Estado en el ejercicio de sus funciones como ente regulador en el derecho tributario; ate

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28214-559048d4/normas-de-derecho-administrativo-para-que-les-resulten · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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