VISITA DOMICILIARIA. ALCANCES DEL TÉRMINO "DE INMEDIATO" CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 53, INCISO A), DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 393/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO Y PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 21 DE NOVIEMBRE DE 2013. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIO: JOSÉ ÁLVARO VARGAS ORNELAS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo del citado año, toda vez que se suscita entre Tribunales Colegiados de diferente circuito y respecto de asuntos del orden administrativo, materia de la especialidad y competencia de esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo establecido en el artículo 227, fracción II, de la nueva Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito; órgano jurisdiccional que emitió uno de los criterios en disputa.
TERCERO. Precisado lo anterior, es pertinente tener en cuenta lo que los Tribunales Colegiados de Circuito involucrados expusieron en las ejecutorias de las que emanaron los criterios que los Magistrados denunciantes consideran contradictorios.
En ese sentido, cabe señalar que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el veintisiete de abril de dos mil doce, por mayoría de votos, la revisión fiscal **********, determinó, en lo que al caso importa, lo siguiente:
"OCTAVO. Estudio de los agravios. Los motivos de inconformidad que hace valer la autoridad recurrente resultan infundado el primero e inoperante el segundo, de acuerdo con las siguientes consideraciones. ... El agravio primero es infundado. En efecto, no se conviene con la autoridad recurrente en que el término ‘de inmediato’, contenido en el artículo 53, inciso a), del Código Fiscal de la Federación deba, necesariamente, entenderse por un día, específicamente, el día en que la autoridad fiscalizadora requiere al contribuyente visitado para que le exhiba los libros y registros que formen parte de su contabilidad, por las siguientes razones: El artículo 53, inciso a), del Código Fiscal de la Federación establece: ‘Artículo 53. ... a) ’ (se transcribió). La porción normativa de previa inserción establece que cuando con motivo de sus facultades de comprobación, en el curso de una visita domiciliaria, las autoridades fiscales soliciten a los contribuyentes los libros y registros que formen parte de su contabilidad, éstos deberán presentarse ‘de inmediato’. La expresión ‘de inmediato’, contenida en el artículo 53, inciso a), del Código Fiscal de la Federación, generó incertidumbre sobre su significado entre las partes, pues mientras la Sala del conocimiento estableció que no puede considerarse un plazo o término preciso para el cumplimiento de la obligación relativa, que es una expresión ambigua, imprecisa, que da lugar a que pueda interpretarse de distintas maneras, en tanto que no fija de manera precisa el plazo o término en que debe cumplirse la obligación respectiva (dos horas, dos días, veinte minutos o en determinada fecha) y que esa ambigüedad da lugar a que subjetivamente se interprete el plazo o término correspondiente; la autoridad recurrente considera que la expresión ‘de inmediato’ de referencia, sí constituye un plazo para que el contribuyente cumpla con la obligación de presentar los libros y registros que formen parte de su contabilidad, que dicho plazo es el de un día, el día en que la autoridad fiscalizadora hace el requerimiento al visitado. La incertidumbre entre las partes respecto al significado de la expresión ‘de inmediato’, aludida en el párrafo anterior, revela que el contenido del artículo 53, inciso a), del Código Fiscal de la Federación, en esa parte, es oscuro, lo que constriñe a este Tribunal Colegiado a desentrañar su significado mediante el método de interpretación que se considere más adecuado a fin de conocer el verdadero sentido de la norma. En efecto, el artículo 53, inciso a), del Código Fiscal de la Federación, se refiere a la inmediatez en la exhibición de los libros y registros que formen parte de la contabilidad del contribuyente, sin establecer un momento preciso en el que deba cumplirse esa obligación, lo que hace necesaria la interpretación de ese precepto. En relación con que corresponde a los tribunales desentrañar el significado de las leyes cuando su sentido no es absolutamente claro, es aplicable la tesis emitida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 73, Tomo CXXVI, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘INTERPRETACIÓN DE LA LEY.’ (se transcribió). Ahora bien, el artículo 14, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: ‘Artículo 14.’ (se transcribió). De acuerdo con el precepto constitucional aludido, en los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y sólo a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho. Dado que el artículo 53, inciso a), del Código Fiscal de la Federación constituye una disposición en materia fiscal, en su interpretación debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 5o. de ese ordenamiento legal, el cual dispone: ‘Artículo 5o.’ (se transcribió). De acuerdo con el numeral de previa inserción, las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta; y establecen cargas a los particulares aquellas normas que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. En el caso, el artículo 53, inciso a), del Código Fiscal de la Federación establece la obligación para el contribuyente de presentar, de inmediato, a la autoridad fiscalizadora que en el curso de una visita domiciliaria se los requiera, los libros y registros que formen parte de su contabilidad. Esto es, establece una carga para el particular porque se refiere al sujeto: contribuyente visitado; y al objeto: obligación de exhibir los libros y registros que formen parte de su contabilidad. De donde se infiere que dicha norma es de aplicación estricta. No obstante lo anterior, un principio de hermenéutica permite interpretar el aludido precepto legal en función a los demás que integran el ordenamiento al que pertenece, sin que interrelacionar las normas de manera sistemática resulte violatorio del principio de interpretación y aplicación estricta que rige la materia fiscal, ni el principio de legalidad que prevalece en dicha materia, de conformidad con la jurisprudencia 18/91, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 24, Tomo VII, abril de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘LEYES FISCALES. LA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE SUS NORMAS NO CONTRAVIENE LOS PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN ESTRICTA Y DE LEGALIDAD QUE RIGEN EN DICHA MATERIA.’ (se transcribió). Más aún, porque en la interpretación de las leyes fiscales se debe buscar un equilibrio entre los intereses de los particulares y los del Estado, atendiendo incluso a la naturaleza económica de los fenómenos contemplados por dichas normas, de acuerdo con la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 31, tomo 82, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice: ‘LEYES FISCALES QUE IMPONEN CARGAS A LOS PARTICULARES, INTERPRETACIÓN DE.’ (se transcribió). En ese sentido, una interpretación de la norma en cuestión, en función a las demás que integran el ordenamiento al que pertenece y en busca de un equilibrio entre los intereses de los particulares y los del Estado, revela que el criterio de la autoridad recurrente, sustentado en la jurisprudencia que invoca, de rubro: ‘CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ALCANCES DEL TÉRMINO «DE INMEDIATO» PREVISTO EN EL ARTÍCULO 53, INCISO A), DEL.’, emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, resulta letrista y restrictivo al entender la inmediatez señalada en el artículo 53, inciso a), del Código Fiscal de la Federación, como el momento inmediatamente posterior al en que se hace el requerimiento al contribuyente por la autoridad fiscalizadora, no mayor a un día. En efecto, de la temporalidad de un día aludida por la autoridad, ya establecida por el diverso órgano jurisdiccional mediante un criterio de interpretación, surgen diversas variantes que dan lugar a establecer si la inmediatez aludida es válida entenderla así o en mayor o menor medida. Al respecto, este órgano jurisdiccional considera que la interpretación de la expresión ‘de inmediato’, contenida en el artículo 53, inciso a), del Código Fiscal de la Federación, debe hacerse considerando los distintos factores que influyen en el cumplimiento de la obligación, a fin de evitar una apreciación subjetiva de la norma que deje al particular desprotegido frente a una autoridad que pueda ejercer sus facultades arbitrariamente. Es cierto que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén obligadas a llevar contabilidad, deben llevarla en su domicilio fiscal. Sin embargo, a fin de conocer el alcance de la inmediatez a que se refiere el artículo 53, inciso a), del Código Fiscal de la Federación, debe atenderse también, por un lado, al equilibrio procesal que debe existir entre el contribuyente y el fisco; y, por otro, a las situaciones de índole comercial y de atención a las necesidades propias del contribuyente. En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46-A, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, a la autoridad fiscalizadora se le otorga el plazo de doce meses para que concluya la visita que se desarrolle en el domicilio fiscal de los contribuyentes. Conforme al segundo párrafo del artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, tratándose de contribuyentes que integren el sistema financiero, así como de aquellos que consoliden para efectos fiscales, de conformidad con el título II, capítulo VI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el plazo para la conclusión de la visita domiciliaria es de dieciocho meses contado a partir de la fecha en que se notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación. Del mismo modo, acorde al tercer párrafo del numeral 46-A del Código Fiscal de la Federación, tratándose de contribuyentes respecto de los cuales la autoridad fiscal o aduanera solicite información a autoridades fiscales o aduaneras de otro país o esté ejerciendo sus facultades para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 86, fracción XII, 215 y 216 de la Ley del Impuesto sobre la Renta o cuando la autoridad aduanera esté llevando a cabo la verificación de origen a exportadores o productores de otros países, de conformidad con los tratados internacionales celebrados por México, el plazo para concluir la visita domiciliaria será de dos años a partir de la fecha en la que se le notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación. En términos de lo dispuesto por el artículo 48, fracciones VI y VII, del Código Fiscal de la Federación, tratándose de la revisión de la contabilidad de los contribuyentes que se efectúe en las oficinas de las autoridades fiscales, el contribuyente o responsable solidario cuenta con un plazo de veinte días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del oficio de observaciones, para presentar los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones asentados en el mismo, así como para optar por corregir su situación fiscal. Tratándose de más de un ejercicio revisado o cuando la revisión abarque además de uno o varios ejercicios revisados, fracciones de otro ejercicio, se ampliará el plazo por quince días más, siempre que el contribuyente presente aviso dentro del plazo inicial de veinte días. Adicionalmente, en términos de lo dispuesto en el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales que al practicar visitas a los contribuyentes o al ejercer las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 48 de este código, conozcan de hechos u omisiones que entrañen incumplimiento de las disposiciones fiscales, determinarán las contribuciones omitidas mediante resolución que se notificará personalmente al contribuyente, dentro de un plazo máximo de seis meses contado a partir de la fecha en que se levante el acta final de la visita, o tratándose de la revisión de la contabilidad de los contribuyentes que se efectúe en las oficinas de las autoridades fiscales, a partir de la fecha en que concluyan los plazos a que se refieren las fracciones VI y VII del artículo 48 de ese código, aludidos en el párrafo que antecede. De donde se infiere que la autoridad fiscal o aduanera, según corresponda, una vez ejercidas sus facultades de comprobación, cuenta con un plazo adicional de seis meses para emitir la resolución determinante del crédito fiscal, en su caso. La amplia extensión de los plazos otorgados a la autoridad para el ejercicio de sus facultades de comprobación, así como para emitir la resolución respectiva, es indicativa de que el procedimiento fiscalizador no exige una actividad tan urgente como para que, en esa medida, pudiera justificarse el criterio que invoca la autoridad recurrente, en el sentido de que el contribuyente se encuentra obligado a exhibir los libros y registros que formen parte de su contabilidad, en el mismo día en el que se le requiere por parte de la autoridad fiscalizadora. Desde otro aspecto, como se adelantó, en la interpretación de la expresión ‘de inmediato’, contenida en el artículo 53, inciso a), del Código Fiscal de la Federación, no pueden desatenderse las situaciones de índole comercial y de atención a las necesidades propias del contribuyente. Lo anterior, en atención a que en términos de lo dispuesto por el artículo 33 del Código Civil, de aplicación supletoria de conformidad con los diversos numerales 2o. del Código de Comercio y 2o., fracción IV, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, las personas morales tienen su domicilio en el lugar donde se halle establecida su administración y las sucursales que operen en lugares distintos de donde radica la casa matriz, tendrán su domicilio en esos lugares para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las mismas sucursales. En el caso, el inicio de la visita domiciliaria se entendió con un tercero, ante la ausencia del contribuyente visitado y los auditores hicieron constar en el acta parcial de inicio que dicho tercero no les proporcionó de inmediato la documentación que le solicitaron, sin atender que sería prácticamente imposible que se les proporcionara por no encontrarse presente el representante legal en el inicio de la visita, ya que la documentación contable podía estar en archiveros bajo llave de los cuales no tuviera acceso dicho tercero, porque estuvieran en poder del contador de la negociación o por cualquier otra situación de orden fáctico que impidiera que, de manera inmediata, aun en el transcurso de ese día, se pudieran proporcionar al visitador. Sobre el particular, debe atenderse que la visita domiciliaria tiene el único propósito de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente, no el de impedir o alterar el desarrollo y continuidad de las actividades empresariales propias del contribuyente visitado, motivo por el cual el visitador debe ser, además de cortés, paciente y tolerante en la verificación de la documentación relativa a las actividades comerciales, empresariales, de servicios o la que sea preponderante para el desarrollo de su existencia, pero sin que la actuación de la autoridad distraiga, interrumpa o entorpezca las actividades que desarrolla el contribuyente, en tanto que la atención a éstas constituye la fuente de las contribuciones para el sostén del Estado. Por ende, la actuación de los visitadores debe desarrollarse en un plano de respeto y accesibilidad para el contribuyente visitado, en razón de que la actuación de la hacienda pública no es una actuación policíaca, sino que debe existir, en el desarrollo de la visita domiciliaria, una colaboración mutua para lograr que la verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes se realice en un ambiente de armonía y no de represión. El criterio aludido resulta acorde al establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que la interpretación jurídica de las leyes fiscales debe tenerse presente que el fisco está obligado a obrar siempre de buena fe y, por lo mismo, a no seguir una conducta maliciosa, con el objeto de sacar provecho de errores, inexactitudes u omisiones leves e intrascendentes de los causantes, como se advierte de la tesis publicada en la página 1508, Tomo LXXI, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘LEYES FISCALES, INTERPRETACIÓN JURÍDICA DE LAS.’ (se transcribió). En ese contexto, también resulta aplicable el criterio relativo a que las leyes fiscales no deben interpretarse arbitrariamente para justificar violaciones a las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, contenido en la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página 3674, Tomo XLV, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘LEYES FISCALES, INTERPRETACIÓN DE LAS.’ (se transcribió). De ahí que la inmediatez aludida en el artículo 53, inciso a), del Código Fiscal de la Federación, entendida como que el contribuyente debe cumplir con la obligación de presentar los libros y registros que formen parte de su contabilidad el mismo día en que se le requieren, resulta tan arbitrario como decir que debe ser en el momento mismo del requerimiento, a la hora o antes de transcurridas veinticuatro horas. Por consiguiente, a fin de evitar cualquier arbitrariedad de la autoridad, corresponde interpretar la expresión ‘de inmediato’, contenida en el artículo 53, inciso a), del Código Fiscal de la Federación, bajo las reglas de razonabilidad y concordia, ya establecidas para los trámites en general. Es decir, en la interpretación del aludido precepto legal, debe acudirse a la teoría general del proceso. Al respecto, el doctor Carlos Arellano García conceptualiza el proceso como el cúmulo de actos de personas jurídicas, físicas o morales, regulados normativamente, quienes intervienen ante un órgano del Estado con facultades materialmente jurisdiccionales, que consisten en poder aplicar la norma jurídica a la situación concreta controvertida, para que se apliquen las normas jurídicas a la solución de la controversia planteada. De manera que el fin último del proceso es la solución de la controversia o controversias planteadas (Teoría General del Proceso, Editorial Porrúa, 16a. edición, México, 2007, pp. 6 a 8). La acción, en el sentido más amplio, conforme al derecho romano, se puede definir como ‘la persecución de un derecho en justicia’ (Eugene Petit, Derecho Romano, Editorial Porrúa, 12a. edición, México, 1995, p. 611). El autor Carlos Arellano García define la acción como ‘el derecho subjetivo de que goza una persona física o moral para acudir ante un órgano del Estado o ante un órgano arbitral a exigir el desempeño de la función jurisdiccional para obtener la tutela de un presunto derecho material, presuntamente violado por la persona física o moral presuntamente obligada a respetar ese derecho material.’ (Op. cit. p. 240). La excepción, en un sentido general, ‘es un modo de defensa que no contradice directamente la pretensión del demandante.’ (Eugene Petit, Op. cit. p. 680). Por su parte, el invocado autor Arellano García señala que el objeto de la excepción ‘detener el proceso o bien, obtener sentencia favorable en forma parcial o total.’ (Op. cit. p. 303). En el caso, la visita domiciliaria es un procedimiento administrativo tributario de control y fiscalización que tiene por objeto verificar si los sujetos pasivos y terceros vinculados a la relación jurídico-fiscal han cumplido con las obligaciones que imponen las normas legales correspondientes, pero que persigue la creación de sensación de riesgo en el contribuyente incumplido, a fin de inducirlo a cumplir cabalmente con sus obligaciones para que no tenga que afrontar situaciones gravosas derivadas del incumplimiento. En ese sentido, si el proceso de cualquier naturaleza tiene como finalidad el que las partes participen con un claro objetivo de estar en aptitud de plantear sus acciones y excepciones, esto debe realizarse en un plano de facilidad y accesibilidad. Por tanto, contrario al criterio de la autoridad recurrente, la expresión ‘de inmediato’, contenida en el artículo 53, inciso a), del Código Fiscal de la Federación, debe entenderse que se refiere al término de tres días establecido en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria por disposición expresa del artículo 5o., segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, que establece que a falta de norma fiscal expresa, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del derecho federal común cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal. En cuanto a la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles en los procedimientos administrativos tributarios, resulta aplicable la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 87, Tercera Parte, tomo CXVII, «Sexta Época» del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. SUPLETORIEDAD DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.’ (se transcribió). De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, resulta infundado el agravio primero, por lo que debe subsistir la determinación de la Sala responsable en el sentido de que el artículo 53, inciso a), del Código Fiscal de la Federación, no contiene un plazo o término preciso para el cumplimiento de la obligación relativa; que la imprecisión del precepto conlleva una falta de fundamentación y motivación que, a su vez, origina que no se encuentre debidamente actualizada la conducta infractora sancionada por la autoridad, específicamente, la omisión en la presentación de documentos e informes necesarios para el desarrollo de las facultades de fiscalización, prevista en el artículo 85, primer párrafo, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, lo que actualizó la causa de anulación prevista en el artículo 51, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ..."
Con motivo de esa ejecutoria, el referido Tribunal Colegiado de Circuito aprobó las tesis que a continuación se señalan:
"Registro: 2001548
"Décima Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Tesis aislada
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Libro: XI, Tomo 2, agosto de 2012
"Materia: administrativa
"Tesis: IV.1o.A.14 A (10a.)
"Página: 1833
"VISITA DOMICILIARIA. LA SOLICITUD AL CONTRIBUYENTE PARA QUE ‘DE INMEDIATO’ EXHIBA LOS LIBROS Y REGISTROS QUE FORMEN PARTE DE SU CONTABILIDAD, IMPLICA CONCEDER UN TÉRMINO CUYA INTERPRETACIÓN, CONFORME A LA TEORÍA GENERAL DEL PROCESO, LLEVA A ESTABLECERLO POR TRES DÍAS. El artículo 53, inciso a), del Código Fiscal de la Federación, establece que cuando con motivo de sus facultades de comprobación, en el curso de una visita domiciliaria, las autoridades fiscales soliciten a los contribuyentes los libros y registros que formen parte de su contabilidad, éstos deberán presentarse ‘de inmediato’; sin embargo, dado que el contribuyente puede no tener consigo la contabilidad en ese momento, no puede ni está en aptitud de exhibirla de inmediato y es necesario que tenga un término para el cumplimiento, cuya determinación debe atender los distintos factores que influyen en el cumplimiento de la obligación tributaria, entre otros: 1. La amplia extensión de los plazos otorgados a la autoridad para el ejercicio de sus facultades de comprobación, pues el artículo 46-A, del Código Fiscal de la Federación, otorga a la autoridad, según el caso, doce, dieciocho meses y hasta dos años para concluir la visita en el domicilio del contribuyente. Adicionalmente, conforme al diverso numeral 50 del propio ordenamiento legal, tanto en las visitas domiciliarias como tratándose de la revisión en las oficinas de las autoridades fiscales, la autoridad fiscal o aduanera, según corresponda, cuenta con un plazo adicional de seis meses para emitir la resolución determinante del crédito fiscal; 2. Las situaciones de índole comercial y de atención a las necesidades propias del contribuyente; 3. La visita domiciliaria tiene el propósito de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y no el de impedir o alterar el desarrollo y continuidad de las actividades propias del contribuyente visitado; y 4. La visita domiciliaria debe desarrollarse en un ambiente de colaboración mutua para lograr que la verificación se realice en un ambiente de armonía y no de represión. Por tanto, considerar la expresión ‘de inmediato’ de modo literal y como el del momento del requerimiento o incluso el día en el que lo formula la autoridad fiscalizadora, resulta notoriamente arbitrario y dispar al ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad, pues desatiende la amplia extensión de los plazos ya precisados; las situaciones propias de operatividad, de índole comercial, empresarial y profesionales del contribuyente, que pudieran no permitir atender lo solicitado en el momento ni en el día en que se haga el requerimiento. En esos términos, conforme a las reglas de hermenéutica, si se atienden los distintos factores que influyen en el cumplimiento de la obligación tributaria. Y se atiende, además, que dentro de la teoría general del proceso, las partes participan con un claro objetivo de estar en aptitud de plantear sus acciones y excepciones, la expresión ‘de inmediato’ contenida en el artículo 53, inciso a), del Código Fiscal de la Federación, debe interpretarse en función de lograr un equilibrio entre los intereses de los particulares y los del Estado; y, por tanto, debe aplicarse el término específico de tres días establecido en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, por disposición del artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación.
"Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.
"Revisión fiscal **********. Administrador local jurídico de Monterrey. 27 de abril de 2012. Mayoría de votos. Disidente: Eduardo López Pérez. Relator de la mayoría: Sergio Eduardo Alvarado Puente. Secretaria: Elsa Patricia Espinoza Salas."
"Registro: 2001378
"Décima Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Tesis aislada
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Libro: XI, Tomo 2, agosto de 2012
"Materia: administrativa
"Tesis: IV.1o.A.13 A (10a.)
"Página: 1832
"MULTA. ES ILEGAL LA QUE SE IMPONE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 53, INCISO A), DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SI NO CONCEDE UN TÉRMINO PRUDENTE PARA LA EXHIBICIÓN DE LOS LIBROS Y REGISTROS QUE FORMEN PARTE DE LA CONTABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE. El citado numeral establece que cuando con motivo de sus facultades de comprobación, en el curso de una visita domiciliaria, las autoridades fiscales soliciten a los contribuyentes los libros y registros que formen parte de su contabilidad, éstos deberán presentarse ‘de inmediato’. Por tanto, si al contribuyente se le impuso una multa porque no lo hizo ‘de inmediato’, es válido que la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa declare la nulidad de ese acto al establecer que no se encontraba debidamente motivada, pues aunque el referido vocablo, en el contexto normativo del que forma parte, significa que la obligación debe cumplirse sin dilación alguna, también es cierto que resulta ambiguo e impreciso, pues la expresión ‘de inmediato’ entendida en el momento del requerimiento, hace arbitraria la actuación de la autoridad, pues es lógico que el contribuyente no puede tener consigo la contabilidad y requiera de un término específico y prudente para recabarla. Por consiguiente, si la autoridad no otorgó al contribuyente un plazo prudente para el cumplimiento de la obligación relativa, es claro que la multa impuesta, por la arbitrariedad del requerimiento, resulta inmotivada y actualiza la causa de anulación prevista en el artículo 51, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
"Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.
"Revisión fiscal **********. Administrador local jurídico de Monterrey. 27 de abril de 2012. Mayoría de votos. Disidente: Eduardo López Pérez. Relator de la mayoría: Sergio Eduardo Alvarado Puente. Secretaria: Elsa Patricia Espinoza Salas."
Por su parte, el Primer Tribunal
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24860-3a4fc819/visita-domiciliaria-alcances-del-termino-de-inmediato-contenido · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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