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VISITA DOMICILIARIA. EL PLAZO DE 12 MESES PARA CONCLUIRLA COMPRENDE EL ÚLTIMO DÍA DEL TÉRMINO COMPUTADO EN HORAS HÁBILES, POR LO QUE DURANTE EL TRANSCURSO DE ÉSTAS LA AUTORIDAD PUEDE SEGUIR EJERCIENDO ACTOS DE FISCALIZACIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 270/2017. · Registro digital (IUS): 27532
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2017-12-15
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, Pág. 777.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 270/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 25 DE OCTUBRE DE 2017. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y EDUARDO MEDINA MORA I. DISIDENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: MAURA ANGÉLICA SANABRIA MARTÍNEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis.(1)

SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos del artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo,(2) en razón de que fue formulada por el Magistrado presidente del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, el cual sustentó uno de los criterios denunciados como opositores.

TERCERO.-Criterios contendientes. A continuación, se destacan las consideraciones más relevantes de las ejecutorias denunciadas como contradictorias.

I. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el amparo directo 257/2015, consideró lo siguiente:

"SÉPTIMO.-Estudio de los conceptos de violación. Uno de los argumentos planteados por la quejosa es fundado y suficiente para otorgar la protección constitucional solicitada.

"Debe primeramente destacarse que el estudio de la demanda de amparo se realiza en consideración de lo establecido en el artículo 189 de la Ley de Amparo, en cuanto previene el principio de mayor beneficio como regla en el orden de estudio de los conceptos de violación.

"Pues si bien, la quejosa sostiene en el primer concepto de violación, por una parte, un vicio de incongruencia en el estudio de su primer agravio planteado en la demanda de nulidad, por otra parte; también formula un argumento para combatir el fondo de la respuesta dada por la responsable a dicho planteamiento; por ende, se procede en esta sentencia al estudio del vicio de fondo aludido, ya que éste redundaría en el mayor beneficio para la quejosa.

"En esencia, aduce en el indicado concepto de violación, que la Sala Fiscal responsable interpretó indebidamente lo estatuido en los artículos 12 y 46-A del Código Fiscal de la Federación, ya que del texto normativo mencionado debe colegirse que el plazo general para que las autoridades hacendarias concluyan una visita domiciliaria es el de doce meses y que, al señalarse en el numeral 12 aludido, que los plazos de meses concluyen el mismo día del mes calendario posterior, significa que ese día ya corresponde a un día vencido en el que las autoridades no pueden actuar.

"Tales argumentos son fundados, pues de lo dispuesto en los artículos 12 y 46-A del Código Fiscal de la Federación, analizados conforme a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en consideración, además, de que tales numerales forman parte de un sistema jurídico; se debe colegir que, al señalarse en el cuarto párrafo del artículo 12 mencionado, que los plazos fijados por mes o por año, vencen el mismo día del siguiente mes o año a aquel en que inició, implica que ese día la autoridad ya no puede realizar acto alguno dentro del procedimiento de fiscalización. De lo contrario llevaría a colegir que la afectación a la inviolabilidad del domicilio del particular puede durar doce meses y un día, pese a lo expresamente establecido en el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación.

"Antes de continuar, conviene puntualizar, que si bien en el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación, se establece que las disposiciones fiscales que establecen cargas a los particulares y las que señalen excepciones a las mismas, son de aplicación estricta, ello no impide que se acuda a los diversos métodos de interpretación reconocidos por la ciencia jurídica, pues lo que está vedado es la aplicación por analogía. De ahí que un examen de los numerales en cuestión, de manera sistemática y conforme a la Constitución, deba considerarse apegado a derecho.

"Resulta de apoyo, en cuanto a que una interpretación sistemática de las normas fiscales es jurídicamente admisible, la jurisprudencia 3a./J. 18/91, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece:

"‘LEYES FISCALES. LA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE SUS NORMAS NO CONTRAVIENE LOS PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN ESTRICTA Y DE LEGALIDAD QUE RIGEN EN DICHA MATERIA.’ [se transcribe]

"Una vez destacado lo anterior, conviene tomar en cuenta que, conforme a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las normas relativas a los derechos humanos deben ser interpretadas de forma que se entiendan acordes a la propia Constitución, con la finalidad de favorecer en todo tiempo y con la mayor amplitud la protección de los derechos fundamentales.

"De manera que, cuando se trate de normas que limitan derechos humanos, o bien establecen restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria, entonces, estas disposiciones jurídicas deben ser interpretadas restrictivamente.

"Sirve de apoyo, en cuanto al criterio de que las normas que restringen derechos deben interpretarse restrictivamente, la tesis 1a. XXVI/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece:

"‘PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL.’ [se transcribe]

"En ese contexto, dado que el presente asunto deriva del ejercicio de facultades de comprobación de la autoridad hacendaria, concretamente en torno a la llamada visita domiciliaria y al periodo de su duración, que por su naturaleza son actos que restringen el derecho subjetivo que el particular tiene sobre su domicilio y sus papeles, entonces, debe examinarse el contenido de los artículos 12 y 46-A del Código Fiscal de la Federación, como preceptos integrantes de un sistema jurídico y conforme a lo señalado en el artículo 1o. constitucional.

"Es decir, en cuanto los numerales citados previenen la posibilidad de que la autoridad administrativa limite o restrinja un derecho fundamental del gobernado, como lo es su domicilio; deben entonces tales preceptos ser examinados de manera restrictiva, a fin de dar la mayor protección, constitucionalmente posible, al derecho humano en cuestión.

"En efecto, acorde a lo establecido en el artículo 16 constitucional, el domicilio y los papeles de los gobernados constituyen un derecho humano cuya inviolabilidad se determina a manera de garantía constitucional, al autorizarse sólo dicha afectación o restricción mediante el cumplimiento de determinadas formalidades y requisitos.

"Así, cuando se trata de la práctica de visitas domiciliarias ordenadas por las autoridades fiscales para cerciorarse, entre otros, de que se han acatado las disposiciones relativas, como acto de molestia contra el domicilio y papeles del gobernado, debe constar en mandamiento escrito de autoridad competente, expresar en su contenido el nombre del sujeto pasivo visitado, el domicilio en el que debe llevarse a cabo la visita, los fundamentos y motivos de la orden respectiva, su objeto, que es a lo que debe limitarse la diligencia respectiva y, por último, debe levantarse, al concluirla, acta debidamente circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por el sujeto visitado, o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique dicha diligencia.

"Así, es de esta única manera cómo es posible la intromisión al domicilio sin previo permiso o autorización de la persona que pudiera darlo, por constituir la visita domiciliaria, a similitud de los cateos, una excepción al derecho subjetivo a la inviolabilidad del domicilio que el artículo 16 constitucional consagra, y que en el Pacto de San José, en su artículo (sic) 11.2. y 11.3., se le reconoce el carácter de derecho humano, al determinar el derecho contra las injerencias arbitrarias o abusivas en la vida privada de los particulares.

"En ese orden de ideas, acorde con el contenido de la citada norma constitucional (reconocida además en el referido artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), en cuanto previene la inviolabilidad del domicilio, debe colegirse que las visitas domiciliarias que efectúen las autoridades hacendarias, con el fin de verificar el debido cumplimiento de la normas fiscales, está sujeto, entre otras exigencias formales que brindan seguridad jurídica, al mínimo tiempo de afectación.

"En ese contexto, en cumplimiento a la prestación ordenada constitucionalmente, de facilitar el respeto al indicado derecho de inviolabilidad, el legislador ordinario ha previsto que, para que las visitas domiciliarias no sean excesivas, de modo tal que impliquen hacer nugatorio el derecho fundamental de referencia, es necesario que éstas no excedan del plazo de doce meses, lo que ha quedado establecido, en materia fiscal federal, en el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación.

"En resumen, para evitar la infracción a la garantía de seguridad jurídica, el legislador deberá preocuparse para que la ley secundaria regule o establezca los elementos mínimos necesarios, a fin de que, el gobernado, por un lado, pueda proteger su derecho; y, por otro, para que sobre este aspecto la autoridad no incurra en arbitrariedades o conductas injustificadas, para lo cual, entre otras condiciones, se han establecido límites temporales.

"Tales consideraciones, en torno a los derechos fundamentales y su garantía constitucional, que derivan de la inviolabilidad del domicilio y de la seguridad jurídica, se evidencian en el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. LXXV/2002, que establece:

"‘GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA, QUÉ SE ENTIENDE POR.’ [se transcribe]

"Antes de continuar, resulta oportuno atender a los antecedentes legislativos del artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, en que se contiene, entre otras regulaciones de las visitas domiciliarias, la relativa a su límite temporal de doce meses.

"Con fecha nueve de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, el Ejecutivo Federal presentó a la Cámara de Diputados una iniciativa de reformas a diversas disposiciones fiscales, que proponía la adición, entre otros preceptos, del artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación. Una vez recibida, en el dictamen de la Cámara de Diputados, de diecisiete de diciembre del citado año, se expresó:

"[se transcribe]

"Sometido el dictamen a discusión, el diputado José Narro Céspedes mencionó:

"...

"La diputada Mónica Gabriela Leñero Álvarez, por su parte, señaló:

"[se transcribe]

"El diputado Joaquín Humberto Vela González dijo:

"[se transcribe]

"La Cámara de Senadores no hizo mayores comentarios al respecto. Así, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, se adicionó al Código Fiscal de la Federación el artículo 46-A, que quedó en la siguiente forma:

"[se transcribe]

"El catorce de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, se presentó ante la Cámara de Diputados otra iniciativa de decreto por el que se expiden nuevas leyes fiscales y se modifican otras. En la exposición de motivos se dice:

"[se transcribe]

"Sometido el dictamen de la comisión respectiva a discusión de la Asamblea Legislativa, destaca sólo el comentario del diputado Gustavo Gabriel Llamas:

"[se transcribe]

"La Cámara de Senadores nada expresó sobre el particular. El quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, se publicó el decreto correspondiente en el Diario Oficial de la Federación. La norma quedó del modo siguiente:

"[se transcribe]

"Luego, específicamente, en cuanto al primer párrafo del artículo 46-A en cuestión, el diez de noviembre de mil novecientos noventa y siete, el Ejecutivo Federal presentó otra iniciativa de ley que modifica diversas disposiciones fiscales, en cuya exposición de motivos, entre otras cosas, se dice:

"[se transcribe]

"En el dictamen de la Cámara de Diputados, en su carácter de Cámara de Origen, se expresó:

"[se transcribe]

"En la discusión realizada en las Cámaras de Diputados y Senadores no se hizo ningún comentario relevante. El texto aprobado se publicó mediante decreto el veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y siete en el Diario Oficial de la Federación, para quedar como sigue:

"[se transcribe]

"Finalmente, el dieciocho de junio de dos mil seis, se reformó el primer párrafo del artículo 46-A que nos ocupa. En la discusión que se dio en la Cámara de Diputados (de Origen), el dieciocho de abril de dos mil seis, en lo que aquí interesa, se dijo:

"Como se desprende de los elementos legislativos expuestos, desde que se propuso la adición del artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, se plasmó la preocupación de establecer un plazo máximo para la conclusión de las visitas domiciliarias y de la revisión de la contabilidad de los contribuyentes, ello en atención al principio constitucional de seguridad jurídica, pues como se indicó en la exposición de motivos, la intención era obligar a las autoridades a concluir y cerrar las visitas en un término razonable.

"En efecto, se destacan a lo largo del proceso legislativo dos aspectos básicos que orientaron al legislador: a) dar mayor certeza o seguridad jurídica a los contribuyentes; y, b) establecer un plazo máximo para que las autoridades concluyan las visitas o revisiones. Es decir, por un lado, el planteamiento tiene que ver con los contribuyentes y su derecho subjetivo a la seguridad jurídica o certeza; y, por otro, con la actuación de las autoridades revisoras, a propósito de lo cual, se buscó siempre acotar los actos de molestia a un límite temporal, que se manejó como plazo máximo, ya que un plazo más largo, se expresó ‘crea una situación proclive a abusos e irregularidades que invalidan el objetivo de dar mayor certeza a los contribuyentes’.

"Así, queda claro cuáles fueron los ejes rectores de la adición, lo cual explica que en el entonces párrafo final del artículo 46-A, se estableciera (sin ninguna distinción, como se hace en el texto actual) que al no cerrarse el acta final de visita o de la revisión dentro de los plazos mencionados en el primer párrafo, la visita o revisión ‘se entenderá concluida en esa fecha quedando sin efectos los actos realizados’ durante el procedimiento fiscalizador.

"Al respecto, cabe mencionar que, si bien nada se expresó en su momento por las Cámaras de Diputados y de Senadores, en las posteriores reformas, incluida la de quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, en que se modificó el párrafo final del citado numeral, se reiteró el interés de otorgar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes suprimiendo, al efecto, ‘la posibilidad de que la autoridad fiscalizadora levante actas después de concluida su visita’.

"Es decir, las reformas efectuadas se hicieron siempre con la idea, por una parte, de proteger fundamentalmente la seguridad jurídica e inviolabilidad del domicilio y papeles del contribuyente; y, por otra, de limitar la intromisión de la autoridad revisora a un ‘plazo máximo’, que conforme se fueron sucediendo las reformas del artículo llevó una tendencia reductiva, pues finalmente quedó en doce meses, pero sin posibilidad de ampliación, tal como se manifestó en la exposición de motivos de la iniciativa presentada el diez de noviembre de mil novecientos noventa y siete, en el sentido de que se pretendía ‘reducir la duración de las auditorías’ y ‘revisiones’, así como ‘evitar que las molestias’ se ‘prolonguen innecesariamente’; lo que se pensaba, era factible debido a la modernización de la administración tributaria y a la profesionalización de los servidores públicos.

"Quedó así plasmada la intención del legislador ordinario de ‘disminuir al máximo posible’ el tiempo de duración de las visitas y revisiones, lo que significó una acotación al límite temporal de la actuación oficial, con la finalidad de evitar molestias innecesarias a los contribuyentes causadas por la prolongación excesiva de la fiscalización.

"Esta tendencia legislativa, de disminuir al mínimo posible la duración de las visitas o revisiones de las autoridades fiscales, no se perdió con la reforma efectuada en junio de dos mil seis, en la que se señaló el plazo máximo de duración de doce meses en lugar de seis que se disponía con antelación; sin embargo, esa reforma obedeció a una mera circunstancia de carácter formal, derivada de los vicios que se daban en la fundamentación y motivación de las ampliaciones de los plazos, que generaban la nulidad de las actuaciones de la autoridad fiscalizadora.

"Además, si se toma en cuenta que con la última reforma apuntada se suprimió la posibilidad de ampliar la visita domiciliaria (por otro periodo igual hasta de seis meses), se observa que el legislador no modificó la tendencia que venía sosteniendo, en torno a evitar que las molestias se prolonguen innecesariamente.

"Medida legislativa que, precisamente, por imponer un límite temporal estricto, cumple por tanto con el derecho humano de inviolabilidad del domicilio, en cuanto se evita que las autoridades administrativas lleven a cabo injerencias arbitrarias o abusivas al exigírseles que actúen únicamente dentro de un término temporal y, además, con el derecho a la seguridad jurídica, en cuanto permite al gobernado tener certeza del tiempo máximo que verá afectado o restringido su derecho a la inviolabilidad del domicilio.

"De este modo, todo procedimiento de auditoría o revisión tendente a valorar las circunstancias en que acontece la conducta del contribuyente sujeto a revisión, que nace con la orden correspondiente, está determinado por los mencionados principios constitucionales y convencionales.

"Por esta razón, una de las exigencias legales que derivan del aludido principio de seguridad jurídica, consiste en la facultad reglada que previene el primer párrafo del artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, en el sentido de que las autoridades deberán concluir la visita que se desarrolle en el domicilio fiscal de los contribuyentes o la revisión de la contabilidad de los mismos ... dentro de un plazo máximo de doce meses contado a partir de que se notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación.

"En efecto, de la forma en que está redactado el dispositivo, e incluso derivada su interpretación de su relación con los demás artículos del propio ordenamiento que regulan las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, se desprende que contiene una facultad reglada, puesto que señala enfáticamente la conducta específica que debe asumir la autoridad, esto es, concluir la visita o la revisión en el plazo máximo indicado, salvo los casos de excepción que establece.

"Ello es así, porque el precepto expresamente señala que las autoridades deberán concluir la visita o revisión dentro de un plazo de doce meses. Luego, las autoridades están obligadas, por respeto a los derechos fundamentales de inviolabilidad del domicilio y de seguridad jurídica que tienen los particulares, a cumplir con el imperativo legal, siempre que no se den los supuestos de excepción indicados por la propia norma.

"Así, no se trata de una facultad discrecional sino reglada, ya que la autoridad no está en aptitud de decidir si concluye o no la visita o revisión en el plazo de ley. La consecuencia de no acatar la disposición será que la visita o revisión se entenderá concluida en esa fecha, quedando sin efectos la orden respectiva y todo lo actuado en el procedimiento fiscalizador, como lo señala expresamente el último párrafo del artículo en mención.

"Resulta aplicable, en cuanto a que el límite temporal de la duración de las visitas domiciliarias tiende al respeto de los derechos fundamentales de inviolabilidad del domicilio y de seguridad jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 65/2001, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece:

"‘VISITAS DOMICILIARIAS. EL ARTÍCULO 46-A, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL ESTABLECER QUE, RESPECTO DE ALGUNAS CATEGORÍAS DE CONTRIBUYENTES, NO EXISTE PLAZO PARA SU CONCLUSIÓN, TRANSGREDE EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 1995).’ [se transcribe]

"Luego, como se ha venido señalando, la lógica y jurídica consecuencia de no haber observado el imperativo legal contenido en el primer párrafo del artículo 46-A del código tributario federal, es que se actualicen los supuestos que el propio legislador ordinario previó para la conclusión extemporánea de la visita o revisión de gabinete en el párrafo final, a saber: 1) se entenderá concluida la visita o revisión en esa fecha; 2) quedará sin efectos la orden; y, 3) quedarán insubsistentes las actuaciones practicadas durante la visita o revisión derivadas de la orden respectiva.

"Tales son los efectos que ocasiona la infracción de la norma y que pueden verse desde dos ángulos: uno, respecto de la actuación y de las facultades de la autoridad revisora; y, otro, en relación con los derechos subjetivos del contribuyente visitado o revisado.

"En cuanto a la autoridad, las consecuencias de que contravenga la disposición que le impone el deber de que la visita o revisión no debe exceder el plazo máximo legal de doce meses son, primero, que en esa fecha terminará o concluirá el procedimiento fiscalizador, lo que traerá como segundo resultado, que la autoridad quedará imposibilitada para seguir adelante la visita o revisión y levantar otras actas. Es decir, no podrá ya ejercer sus facultades de comprobación respecto del periodo o periodos que estuviera revisando, habida cuenta que su actuación excesiva imbuyó de arbitrariedad a su facultad fiscalizadora, de tal modo que la consecuencia de su ilegal actuación es que pierda la oportunidad de volver a fiscalizar al contribuyente auditado o revisado, ya que concluir lo contrario, sería como darle posibilidades ilimitadas de entrometerse en el domicilio particular o en la contabilidad del sujeto pasivo, no obstante la infracción al imperativo plasmado por el legislador en el párrafo primero del artículo 46-A del código tributario federal.

"En otras palabras, sería permitirle que indefinidamente pudiera molestar al gobernado, sin importar la violación a su facultad reglada, con detrimento de los derechos subjetivos de seguridad jurídica e inviolabilidad del domicilio particular, cuando ha sido el legislador el que tajantemente dispuso que la visita o revisión se entenderá concluida; es decir, acabada o terminada, de lo cual se sigue que ‘lo acabado o concluido’ no puede nacer o iniciarse nuevamente. Salvo el caso de excepción previsto en el último párrafo del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, antes mencionado, en cuanto dispone que las autoridades fiscalizadoras podrán efectuar una nueva revisión respecto a las mismas contribuciones, ‘cuando se comprueben hechos diferentes a los ya revisados’.

"Lo dicho queda más de manifiesto si se considera que también el propio legislador estableció que todo lo actuado, incluyendo la orden respectiva, quedará sin efectos, es decir, sin valor legal alguno, lo cual significa que por virtud de la misma norma quedará insubsistente el procedimiento revisor desde su origen, inicio y hasta la última actuación; esto es, como si no se hubiere realizado, en el momento en que se infrinja la disposición del primer párrafo del artículo 46-A antes mencionado, lo que se deriva del adverbio de tiempo ‘cuando’ con que inicia el párrafo final del artículo 46-A, lo que permite interpretar la disposición en el sentido de que cuando dentro del plazo máximo de doce meses la autoridad no levante el acta final, no notifique el oficio de observaciones o el de conclusión, la visita o revisión no solamente se ‘acabará o concluirá’, sino también los hechos realizados por la autoridad carecerán de todo efecto o consecuencia jurídica, de tal modo que cualquier actuación posterior de la autoridad revisora que pretenda fiscalizar lo que estaba fiscalizando o fiscalizó, pero que imbuyó de ilegalidad por infringir su deber jurídico, resultaría del todo injustificada por significar un intento de intromisión arbitraria y permanente en el domicilio y en los papeles del particular.

"Lo expuesto es concluyente porque, en un Estado constitucional de derecho no es permisible la arbitrariedad, ya que hacerlo implicaría concederle a la autoridad administrativa facultades omnímodas a fin de corregir actuaciones contrarias a derecho, cuando que su conducta, en principio, ajustada a la legalidad, pero, posteriormente, carente de justificación constitucional, no puede repararse mediante otra orden de visita o revisión de gabinete y consecuente procedimiento fiscalizador respecto del mismo ejercicio o ejercicios cuya fiscalización quedó concluida y sin efecto legal ninguno.

"No obsta a lo antes dicho, que las facultades de comprobación de las autoridades fiscalizadoras -en sí mismas consideradas- que les otorga el artículo 16 constitucional y el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, sean de naturaleza discrecional, pues ello tiene que ver sólo con la decisión de molestar o no a los contribuyentes, lo que se concreta en emitir o no la orden de visita o de revisión de gabinete, lo cual, empero, no significa que las citadas disposiciones permitan la arbitrariedad, sobre todo si se tiene en cuenta que cuando la autoridad ya determinó entrometerse al domicilio particular o en los papeles del contribuyente, tendrá que someterse a los imperativos legales que le van marcando cómo desahogar el procedimiento fiscalizador.

"Es decir, la autoridad no es libre de hacer o decidir en cuanto a las formalidades de la visita o revisión, por lo contrario, está obligada a obedecer la norma pues, de contravenirla, se hará merecedora a las consecuencias legales antes apuntadas.

"En ese orden de ideas, es claro que la sanción dispuesta en la parte final del artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, por lo que respecta a las autoridades fiscales, trae aparejada la imposibilidad legal de que pueda volver a revisar los mismos hechos del ejercicio o ejercicios que estaba fiscalizando, por más que los primeros actos de molestia hayan tenido su origen en facultades discrecionales, pues considerar lo contrario, sería, por una parte, confundir discrecionalidad con arbitrariedad y, por otra, admitir que las autoridades tienen facultades omnímodas y que injustificada y permanentemente pueden entrometerse en el domicilio de los contribuyentes cuando que, habiendo tenido plena oportunidad para ello, violentaron su deber jurídico de concluir la visita o revisión dentro del plazo máximo de doce meses sin que se estuviera en algún caso de excepción.

"Por lo que respecta a los contribuyentes visitados o revisados, las consecuencias o efectos que el legislador estableció en el último párrafo del artículo 46-A del código en mención, son en el sentido de que no podrá volvérsele a revisar lo revisado. Es decir, recupera en toda su plenitud sus garantías de seguridad jurídica e inviolabilidad del domicilio y papeles personales sin mediar ya la limitación excepcional que prevé el mismo artículo 16 constitucional.

"Esto es así, en virtud de que una subsecuente actuación de la autoridad para fiscalizar el periodo o periodos ya auditados o revisados en ejercicio de sus facultades de comprobación, no se justifica, ya que implicaría dar motivo a una permanente y arbitraria intromisión en el domicilio y papeles del contribuyente, lo que no permite la Ley Fundamental en su artículo 16, disposición que si bien por excepción autoriza que la autoridad revisora se introduzca al domicilio particular y que pueda revisar los papeles del gobernado, también lo es que le marca límites a los actos de molestia al establecer, a través del principio de seguridad jurídica, que la actuación oficial debe ser acorde a la legalidad y nunca incurrir en arbitrariedad y capricho.

"Entonces, aun cuando es cierto que, en principio, las facultades de fiscalización de las autoridades van dirigidas a valorar las circunstancias en que acontece la conducta del contribuyente sujeto a visita o revisión de gabinete, también lo es que, en términos del párrafo mencionado, vinculado con el primero del numeral citado, una segunda actuación de las autoridades, encaminada a fiscalizar un ejercicio o ejercicios de los que ya conoció y respecto de los cuales estuvo en posibilidad de valorar los hechos que en su momento pudieron constituir alguna conducta antijurídica del contribuyente, no tendría ninguna justificación pues, en su momento, los primeros actos de molestia no se ajustaron a la legalidad, lo cual impide, a futuro, la emisión de una nueva orden de visita o revisión y la práctica consecuente del procedimiento fiscalizador en torno de hechos y ejercicios ya revisados, pero quedaron concluidos y sin efectos, por haberse infringido el primer párrafo del numeral en comento.

"Es en ese contexto que se debe considerar que, en virtud del principio constitucional de seguridad jurídica o certeza, consagrado en el artículo 16 constitucional, los actos de molestia de las autoridades fiscalizadoras deben estar siempre sujetos a un plazo máximo de tiempo, cuya tendencia legislativa ha sido que sea el ‘mínimo posible’, con la intención de evitar que el contribuyente sea molestado de manera innecesaria y de que la visita o revisión se prolongue sin justificación.

"Lo anterior se explica, porque al durar más tiempo el procedimiento fiscalizador, trae como consecuencia el abuso de la autoridad y la irregularidad de su actuación, con pe

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27532-30dba98f/visita-domiciliaria-el-plazo-de-12-meses-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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