REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO CALIFICA DE INOPERANTES, INSUFICIENTES O INEFICACES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN RELATIVOS Y LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN CALIFICA LOS AGRAVIOS DE LA MISMA MANERA.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2692/2010. **********.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83, fracción V, 84, fracción II, de la Ley de Amparo; y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y conforme a lo previsto en el punto primero, fracción I, del Acuerdo 5/1999, así como en el punto cuarto del diverso 5/2001, emitido por el Tribunal Pleno de este Alto Tribunal el veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de los mismos mes y año, en atención a que se interpuso contra la sentencia pronunciada en un juicio de amparo directo por un Tribunal Colegiado de Circuito, en un asunto que corresponde a la materia administrativa del conocimiento exclusivo de esta Segunda Sala que insiste en la inconstitucionalidad de los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
SEGUNDO. El recurso se interpuso oportunamente, ya que la sentencia impugnada se notificó a la quejosa el martes veintiséis de octubre de dos mil diez; dicha notificación surtió sus efectos al día siguiente -veintisiete-, por lo que el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió del jueves veintiocho de octubre al viernes doce de noviembre de dos mil diez, ya descontados los días treinta y treinta y uno de octubre y seis y siete de noviembre, que fueron inhábiles por corresponder a sábados y domingos, respectivamente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los días uno y dos de noviembre en que se suspendieron las labores en este Alto Tribunal por acuerdo del Tribunal Pleno.
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el doce de noviembre de dos mil diez, se concluye que la interposición se efectuó dentro del referido plazo legal de diez días hábiles.
Asimismo, la revisión adhesiva fue presentada en tiempo, en virtud de que el auto de admisión del recurso de revisión principal se notificó a la tercero perjudicada el día veinticuatro de noviembre de dos mil diez, como consta en la foja 40 del toca, notificación que surtió sus efectos al día siguiente veinticinco, por lo que el plazo de cinco días que señala el artículo 83, último párrafo, de la Ley de Amparo, transcurrió del veintiséis de noviembre al dos de diciembre de dos mil diez, con exclusión de los días veintisiete y veintiocho de noviembre, que fueron inhábiles por corresponder a sábado y domingo, respectivamente; de ahí que si la revisión adhesiva se presentó el primero de diciembre del citado año en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, es patente que se hizo oportunamente.
TERCERO. El promovente ********** está legitimado para interponer el recurso de revisión a nombre de la quejosa, pues el presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito lo tuvo por autorizado en términos amplios del artículo 27 de la Ley de Amparo, mediante acuerdo del nueve de junio de dos mil diez.
CUARTO. El presente recurso de revisión es improcedente y, por ende, debe desecharse.
En efecto, los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Federal y 83, fracción V, de la Ley de Amparo estatuyen:
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:
"...
"IX. Las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito no admiten recurso alguno, a menos de que decidan sobre la inconstitucionalidad de una ley o establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución cuya resolución, a juicio de la Suprema Corte de Justicia y conforme a acuerdos generales, entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia. Sólo en esta hipótesis procederá la revisión ante la Suprema Corte de Justicia, limitándose la materia del recurso exclusivamente a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales."
"Artículo 83. Procede el recurso de revisión:
"...
"V. Contra las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando decidan sobre la constitucionalidad de leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, o cuando establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución.
"La materia del recurso se limitará, exclusivamente, a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras."
De la interpretación de los artículos antes transcritos se desprende que las sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados en amparo directo no admiten recurso alguno, pues son determinaciones definitivas, emitidas por un órgano terminal; sin embargo, tal regla tiene las siguientes excepciones:
1. Cuando el Tribunal Colegiado resuelva sobre la constitucionalidad de leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados; o
2. En el supuesto de que el citado tribunal establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal; o
3. Cuando habiéndose planteado en la demanda de garantías los dos temas antes citados, dicho órgano jurisdiccional haya omitido su estudio.
La procedencia del recurso, de acuerdo con el precepto constitucional transcrito, está sujeta a que en esas hipótesis se advierta, a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y conforme a acuerdos generales, que la resolución que llegare a dictarse entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia.
Al respecto, este Alto Tribunal estableció en los incisos a) y b) de la fracción II del punto segundo del Acuerdo Plenario 5/1999, que no se reúne el indicado requisito de importancia y trascendencia, en aquellos casos en los que, en relación con el tema de constitucionalidad planteado:
a) Exista jurisprudencia de esta Suprema Corte;
b) Cuando no se hayan expresado agravios; o,
c) Cuando, habiéndose expresado, sean ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes.
Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 149/2007, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, agosto de dos mil siete, página seiscientos quince, que a la letra indica:
"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA. Del artículo 107, fracción IX, de la Constitución Federal, y del Acuerdo 5/1999, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 94, séptimo párrafo, constitucional, así como de los artículos 10, fracción III y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que al analizarse la procedencia del recurso de revisión en amparo directo debe verificarse, en principio: 1) la existencia de la firma en el escrito u oficio de expresión de agravios; 2) la oportunidad del recurso; 3) la legitimación procesal del promovente; 4) si existió en la sentencia un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto de la Constitución, o bien, si en dicha sentencia se omitió el estudio de las cuestiones mencionadas, cuando se hubieren planteado en la demanda de amparo; y, 5) si conforme al Acuerdo referido se reúne el requisito de importancia y trascendencia. Así, conforme a la técnica del amparo basta que no se reúna uno de ellos para que sea improcedente, en cuyo supuesto será innecesario estudiar si se cumplen los restantes."
En relación con el requisito de importancia y trascendencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la omisión del Tribunal Colegiado de estudiar la cuestión de constitucionalidad, en razón de haber declarado inoperante, insuficiente o ineficaz el concepto de violación relativo, trasciende directa o indirectamente en la materia de constitucionalidad, cuando previo al estudio del planteamiento de constitucionalidad se tenga que analizar una cuestión de legalidad como es lo fundado o infundado de la apreciación del órgano colegiado. Dicho criterio quedó contenido en la jurisprudencia siguiente:
"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. PROCEDE CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO OMITE REALIZAR EL ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD PLANTEADA EN LA DEMANDA POR CALIFICAR DE INOPERANTE, INSUFICIENTE O INATENDIBLE EL CONCEPTO DE VIOLACIÓN RELATIVO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX constitucional, 83, fracción V, 91, fracción I y 93 de la Ley de Amparo, y 10, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como órgano terminal en materia de constitucionalidad de leyes, está facultada para conocer del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando en la demanda de amparo se haya planteado la inconstitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto de la Constitución, que pudiera derivar en un criterio de importancia y trascendencia, y en la resolución se haya omitido su estudio. Esta última hipótesis incluye el supuesto en el que el motivo de la falta de estudio del concepto de violación, en el que se efectuó un planteamiento de constitucionalidad derivó de la calificativa de inoperancia, insuficiencia o ineficacia efectuada por el órgano colegiado, porque aun cuando previo al estudio del planteamiento de constitucionalidad se tuviera que analizar una cuestión de legalidad -como es lo fundado o infundado de la apreciación del órgano colegiado-, lo cierto es que ello conlleva a un estudio que puede trascender directa o indirectamente a la materia de constitucionalidad introducida en los conceptos de violación. Así, una cuestión técnica no podría limitar la potestad otorgada a este Alto Tribunal por el artículo 107, fracción IX, de la Carta Magna para analizar las cuestiones de constitucionalidad que pudieran derivar en un criterio de importancia y trascendencia."(1)
Sin embargo, debe aclararse que la jurisprudencia anterior no conlleva, necesariamente, a hacer procedente el recurso de revisión por la sola circunstancia de que se hubieran declarado inoperantes, insuficientes o ineficaces los conceptos de violación, pues previamente, como lo establece la propia tesis, debe determinarse si es legal o no la consideración respectiva del Tribunal Colegiado, lo cual debe hacerse a la luz de los agravios, en los casos en que rige el principio de estricto derecho, como el presente; o en suplencia de la queja en aquellos en que lo autoriza la ley. Luego, si se concluye que los agravios son a su vez inoperantes, insuficientes o ineficaces, en los casos de estricto derecho; o bien, que deben calificarse de esa manera y que no se advierte queja deficiente que deba suplirse de oficio, en aquellos que constituyen excepción a ese principio, entonces, en ambas hipótesis, el recurso de revisión será improcedente en términos de la fracción II del punto segundo del Acuerdo 5/1999 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues esta disposición es clara en cuanto a que no se reúne el requisito de importancia y trascendencia, cuando los agravios son calificados de esa manera.
Sirve de apoyo a la consideración anterior la tesis 2a. XVII/2010(2) que dispone:
"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO CALIFICA DE INOPERANTE, INSUFICIENTE O INEFICAZ EL CONCEPTO DE VIOLACIÓN RELATIVO Y LOS AGRAVIOS SE CALIFICAN DE LA MISMA MANERA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2009, de rubro: ‘REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. PROCEDE CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO OMITE REALIZAR EL ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD PLANTEADA EN LA DEMANDA POR CALIFICAR DE INOPERANTE, INSUFICIENTE O INATENDIBLE EL CONCEPTO DE VIOLACIÓN RELATIVO.’, estableció que para efectos de la revisión en amparo directo, la omisión del Tribunal Colegiado de Circuito de estudiar los temas de constitucionalidad, incluye los casos en los que éste haya declarado inoperantes, insuficientes o inatendibles los conceptos de violación respectivos; sin embargo, dicha jurisprudencia no conduce, necesariamente, a hacer procedente el recurso de revisión por la sola circunstancia de que se hubieran calificado así los conceptos de violación, pues previamente, como lo establece la propia tesis, debe determinarse si es legal o no la consideración respectiva del órgano colegiado, lo cual debe hacerse a la luz de los agravios, en los casos en que rige el principio de estricto derecho, o en suplencia de la queja deficiente, en los de excepción. Por tanto, si la Suprema Corte concluye que los agravios son inoperantes, insuficientes o inatendibles, en los casos de estricto derecho, o bien, que no se advierte queja deficiente que deba suplirse de oficio, en ambos supuestos el recurso de revisión será improcedente en términos de la fracción II del punto primero del Acuerdo Número 5/1999, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es clara en cuanto a que no se reúne el requisito de importancia y trascendencia cuando los agravios se califican de esa manera."
Aclarado lo anterior se advierte que en el caso concreto no se colma el supuesto de procedencia atinente al requisito de importancia y trascendencia, al ser ineficaces e inoperantes los agravios, por las razones que más adelante se expresarán.
QUINTO. La parte quejosa, ahora recurrente, aduce en sus agravios, en síntesis, lo siguiente:
a) La sentencia recurrida viola lo dispuesto en los artículos 76-Bis, 79, 80, 159, fracción III, de la Ley de Amparo y 222, 349, 352, 354, 355, 356 y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, conforme a los cuales las sentencias deben contener la fijación precisa de los actos reclamados y examinar en su conjunto los conceptos de violación y agravios, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, ya que pasó por alto el principio de la cosa juzgada, al darle validez a una orden de visita domiciliaria en la que el visitador que la inició y entregó no se identificó debidamente, lo cual fue declarado ilegal por la Cuarta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el juicio de nulidad **********, en cumplimiento de la ejecutoria que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito dictó en el juicio de amparo directo ********** y constituye cosa juzgada.
En efecto, el Tribunal Colegiado del conocimiento se limitó a parafrasear las consideraciones de la Sala responsable, sin examinar los conceptos de violación en la forma propuesta, pues consideró que lo planteado era que en la visita domiciliaria debía identificarse una persona en lo particular -**********-, siendo que lo que se alegó fue que quien debió identificarse fue el visitador que inició la visita y entregó la orden para practicarla cualquiera que hubiera sido.
En ese tenor, al haberse dejado de examinar la cuestión efectivamente planteada y desconocer la autoridad de cosa juzgada de una ejecutoria de amparo anterior, el citado órgano colegiado vulneró las garantías constitucionales de audiencia, legalidad y administración de justicia, contenidas en los artículos 14 y 17 constitucionales.
b) El Tribunal Colegiado se negó a examinar la inconstitucionalidad de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que se hizo derivar del hecho de que ninguno de sus preceptos establece un medio de defensa para lograr la plena ejecución de las sentencias, ya que ante la violación de la cosa juzgada, el particular sólo puede acudir en queja una vez, de manera que si la Sala Fiscal mantiene o repite la violación ya no hay medio de defensa para el gobernado.
El citado Tribunal Colegiado indebidamente se negó a examinar el mencionado planteamiento de constitucionalidad, con base en que los preceptos legales combatidos no se aplicaron a la quejosa, pasando por alto que ese vicio se hizo derivar de la omisión del legislador de establecer un medio de defensa y no de lo previsto en esos dispositivos.
Por tales razones, la quejosa alegó que las leyes impugnadas son violatorias de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, que en relación al Poder Legislativo implica la obligación de consignar en sus leyes los procedimientos necesarios para que se oiga a los interesados y se les dé oportunidad de defensa en aquellos casos en que resulten afectados sus derechos; por lo que invocó el criterio plenario cuyo rubro es: "AUDIENCIA, GARANTÍA DE. OBLIGACIONES DEL PODER LEGISLATIVO FRENTE A LOS PARTICULARES."
Por otra parte, se aduce que las leyes combatidas son violatorias del artículo 73, fracción XXIX-H, constitucional, que faculta al legislador para instituir Tribunales de lo Contencioso Administrativo; sin embargo, al crear éstos omitió establecer los procedimientos y recursos contra las resoluciones, particularmente las que desconocen la cosa juzgada y pretenden resolver lo que ya está resuelto, por lo que también transgrede la garantía de tutela jurisdiccional prevista en el artículo 17 constitucional, para lo cual cita la jurisprudencia número 1a./J. 42/2007 de la Primera Sala de este Alto Tribunal, de rubro: "GARANTÍA DE TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES."
Además, el Tribunal Colegiado omitió interpretar el artículo 72, inciso F), de la Constitución Federal, no obstante la solicitud que en ese sentido formuló la quejosa en su demanda de amparo; de ahí que conforme a lo dispuesto por el artículo 91, párrafo primero, de la Ley de Amparo corresponde a esta Segunda Sala examinar dicho planteamiento.
c) El Tribunal Colegiado omitió analizar los planteamientos formulados en la demanda de amparo que alegaron violación directa a las garantías de audiencia y administración de justicia previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, la cual se hizo derivar de la omisión de la Sala responsable de examinar los planteamientos de su demanda, entre otros, la violación a una sentencia anterior que le había ordenado estudiar los agravios omitidos.
No obstante que se argumentó ante el Tribunal Colegiado que la Sala responsable había incurrido en violaciones directas a la Constitución Federal, por la omisión de estudiar todos los argumentos que le fueron planteados en su demanda, dicho órgano colegiado se limitó a sostener que en el juicio de amparo directo no puede examinarse si el cumplimiento a una ejecutoria de amparo se hizo con exceso o defecto, por ser materia de queja.
El Tribunal Colegiado omitió examinar los conceptos de violación que adujeron que la autoridad responsable indebidamente rechazó la deducción de un descuento con base en requisitos aplicables a una deducción distinta, relativa a gastos, así como la violación a los preceptos que establecen el plazo para cumplir los requisitos de deducciones, y el artículo específicamente aplicable a descuentos, que permite deducirlos aun cuando se efectúen en ejercicios posteriores.
SEXTO. Como ya se adelantó, los agravios planteados son inoperantes, en parte, e ineficaces en otra, por las siguientes razones:
Son inoperantes los agravios sintetizados en el inciso a), que argumentan que la sentencia recurrida se emitió en contravención a la cosa juzgada, ya que le da validez a una orden de visita domiciliaria que ya había sido declarada ilegal por la Cuarta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en acatamiento de una ejecutoria de amparo promovida por el mismo quejoso, ahora recurrente, y que dejó de estudiar el concepto de violación en el que se argumentó la falta de identificación del visitador que practicó la visita.
Se arriba a esa conclusión porque en el agravio que se examina no se plantea un problema de constitucionalidad sino de legalidad, ya que sólo tiene como propósito evidenciar la desobediencia a una ejecutoria de amparo anterior y supuestos vicios cometidos durante la práctica de una visita domiciliaria, aspectos que no pueden examinarse en esta instancia porque las resoluciones dictadas en un juicio de amparo directo sólo pueden ser impugnadas excepcionalmente cuando versen sobre un tema de constitucionalidad de normas generales o de interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal.
Es aplicable al caso, la siguiente jurisprudencia:
"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LOS AGRAVIOS DE LEGALIDAD SON INOPERANTES. Conforme a los artículos 107, fracción IX, constitucional y 83, fracción V, de la Ley de Amparo, que regulan el recurso de revisión en amparo directo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta instancia deberá examinar las cuestiones propiamente constitucionales; por consiguiente, si en el recurso se plantean, al lado de agravios sobre constitucionalidad de normas generales o de interpretación directa de un precepto de la Constitución, argumentos de mera legalidad, éstos deben desestimarse por inoperantes."(3)
Además, resulta también inoperante el agravio que se analiza en cuanto aduce que la sentencia recurrida transgrede las garantías de audiencia, legalidad y administración de justicia, previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, ya que a través del recurso de revisión no pueden examinarse agravios que aducen violación a garantías individuales, porque de hacerse se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional, en términos de la jurisprudencia P./J. 2/97 que señala:
"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO. Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que, es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional."
Asimismo, resultan inoperantes los agravios a que se refiere el inciso c), que aducen que el Tribunal Colegiado no examinó los conceptos de violación que alegaron violación directa a las garantías de audiencia y administración de justicia previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, que se hizo derivar de la omisión de la Sala responsable de estudiar los planteamientos formulados por la quejosa en una demanda de amparo anterior, en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, sobre el indebido rechazo de una deducción y la violación a los preceptos que establecen el plazo para cumplir con los requisitos de deducciones y el artículo que permite la deducción de los descuentos.
Lo anterior es así, porque el planteamiento reseñado no entraña un problema de constitucionalidad, ya que no alega contravención de una disposición general con los citados preceptos constitucionales, sino la transgresión de la sentencia a esas disposiciones constitucionales, lo cual se reduce a una proposición de legalidad.
Por otra parte, es ineficaz el agravio a que se refiere el inciso b), que se hace consistir en que el Tribunal Colegiado indebidamente declaró la inoperancia del concepto de violación que alegó la inconstitucionalidad de los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ya que pasó por alto que combatió esos preceptos por lo no previsto en ellos y no por lo que prevén, en tanto que el vicio alegado se hizo derivar de la omisión del legislador de establecer en esos preceptos o bien en la mencionada ley federal, un medio de defensa contra los atentados a la cosa juzgada; de ahí que no pueda exigirse como condición para la procedencia de su impugnación la aplicación en perjuicio de la quejosa de las aludidas normas.
Para una mejor comprensión del asunto resulta conveniente hacer las siguientes precisiones:
a) Los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en la parte que interesa, disponen:
"Artículo 57. Las autoridades demandadas y cualesquiera otra autoridad relacionada, están obligadas a cumplir las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conforme a lo siguiente."
"Artículo 58. A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente:
"I. La Sala Regional, la sección o el Pleno que hubiere pronunciado la sentencia, podrá de oficio, por conducto de su presidente, en su caso, requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia. Se exceptúan de lo dispuesto en este párrafo las sentencias que hubieran señalado efectos, cuando la resolución impugnada derive de un procedimiento oficioso.
"Concluido el término anterior con informe o sin él, la Sala Regional, la sección o el Pleno de que se trate, decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia, en cuyo caso procederá como sigue:
"a) Impondrá a la autoridad demandada responsable una multa de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario que estuviere vigente en el Distrito Federal, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio en los términos de este inciso, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada.
"b) Si al concluir el plazo mencionado en el inciso anterior, persistiere la renuencia de la autoridad demandada a cumplir con lo sentenciado, la Sala Regional, la sección o el Pleno podrá requerir al superior jerárquico de aquella para que en el plazo de tres días la obligue a cumplir sin demora.
"De persistir el incumplimiento, se impondrá al superior jerárquico una multa de apremio de conformidad con lo establecido por el inciso a).
"c) Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Sala Regional, la sección o el Pleno podrá comisionar al funcionario jurisdiccional que, por la índole de sus funciones estime más adecuado, para que dé cumplimiento a la sentencia.
"Lo dispuesto en esta fracción también será aplicable cuando no se cumplimente en los términos ordenados la suspensión que se decrete, respecto del acto impugnado en el juicio o en relación con la garantía que deba ser admitida.
"d) Transcurridos los plazos señalados en los incisos anteriores, la Sala Regional, la sección o el Pleno que hubiere emitido el fallo, pondrá en conocimiento de la contraloría interna correspondiente los hechos, a fin de ésta (sic) determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento.
"II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes:
"a) Procederá en contra de los siguientes actos:
"1. La resolución que repita indebidament
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22985-c11a9660/revision-en-amparo-directo-es-improcedente-cuando-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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