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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA CONOCER DE LA REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO E INDIRECTO TRATÁNDOSE DE LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL. SE SURTE EN RELACIÓN CON REGLAMENTOS FEDERALES O LOCALES.-

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 873/2010. · Registro digital (IUS): 22363
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010, , Pág. 366.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 873/2010. **********.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para decidir sobre la procedencia del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto del diez de junio de mil novecientos noventa y nueve; 11, fracción V y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 83, fracción V y 84, fracción II, de la Ley de Amparo, conforme a lo previsto en el punto primero, fracción I, inciso a) y segundo, fracción IV del Acuerdo General Plenario 5/1999, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve, y punto cuarto del diverso Acuerdo General 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se interpone contra una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito en un juicio de amparo directo laboral cuya materia corresponde a la especialidad de esta Sala y existen precedentes que orientan sobre la resolución del problema.

SEGUNDO. El recurso de revisión fue interpuesto en tiempo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, al desprenderse de las constancias procesales existentes que la sentencia recurrida fue notificada por lista al quejoso el cinco de abril de dos mil diez, surtiendo sus efectos el seis de abril de dos mil diez, por lo que el plazo de diez días previsto para la interposición del recurso transcurrió del siete al veinte de abril de dos mil diez, descontándose de dicho plazo los días diez, once, diecisiete y dieciocho de abril de dos mil diez, por ser inhábiles en términos de los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, si el recurso fue presentado el veinte de abril del año en curso, debe concluirse que es oportuno.

TERCERO. El recurrente se encuentra legitimado para hacer valer el presente recurso de revisión, por haberle reconocido su personalidad la presidenta del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito en auto de dos de septiembre de dos mil nueve.

CUARTO. Los agravios hechos valer por el recurrente, en distinto orden al planteado y ubicándolos por temas, son los siguientes:

A. Señala que el Segundo Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia de Trabajo omitió decidir aspectos constitucionales que le fueron expuestos dentro del concepto de violación marcado con el vocablo sexto de la demanda de amparo directo, en donde se señaló que el reglamento impugnado era ilegal, porque no reconocía sus derechos adquiridos.

Asimismo, aduce que desde la demanda laboral, manifestó que el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios de primero de agosto de dos mil, era nulo de pleno derecho, pues ya contaba con derechos adquiridos contemplados en la fracción I del artículo 82 del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios vigente a partir del primero de agosto de mil novecientos noventa y tres, mismo que fue abrogado por el primero de los reglamentos citados.

Al respecto, manifestó que del material probatorio del juicio primigenio se tiene la existencia de los derechos adquiridos y derechos irrenunciables contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 123, apartado "A" fracción XXVII, incisos b) y h). Por eso, señaló que Pemex debió declarar la nulidad del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios vigente a partir del primero de agosto de dos mil, por contener renuncia a sus derechos laborales.

Reitera que contrario a lo aludido por el Segundo Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia de Trabajo en el considerando cuarto (sic) de la resolución recurrida, dado que la nulidad del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios vigente a partir del primero de agosto de dos mil, fue planteada desde el juicio primigenio y la autoridad jurisdiccional no se pronunció al respecto, entonces debió hacerlo el referido Tribunal Colegiado.

En relación con ese mismo tema (de los derechos adquiridos) estima, que no puede ser tratado en forma igual al tercero perjudicado; por la simple y sencilla razón de que en el momento en que se originaron los hechos que constituyeron la violación a las garantías individuales de **********, ambos (las autoridades responsables impartidoras de justicia, como el patrón) le desconocieron los derechos adquiridos con los que contaba en el momento en que la empresa demandada determinó jubilarlo en forma unilateral.

Señala que esta Segunda Sala debe analizar la renuncia de derechos que existe en el aludido reglamento vigente a partir del primero de agosto de dos mil, para entonces, declarar la nulidad del mismo. Ya que, en el presente caso las autoridades a quo, sólo emitieron una determinación somera apoyándose en aspectos accidentales y secundarios de la estricta aplicación del derecho y de la justicia social, sin dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dice, que acude al recurso de revisión, porque existe una violación directa a la interpretación del artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en atención a que las autoridades responsables, en forma reiterada dejaron de considerar que el recurrente merecía ser tratado en forma desigual para salvaguardar sus derechos adquiridos, determinación que estaba justificada en las constancias que integran los autos del juicio natural.

B. Continúa manifestando que Petróleos Mexicanos y Pemex-Exploración y Producción en ningún momento justifican y, sobre todo, no acreditan que esa abrogación fuera hecha por persona o ente con capacidad jurídica para hacerlo y, en segundo lugar, tampoco acreditan que fuera legal esa abrogación. Así, estima que es constitucional y jurídicamente inexistente el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios del primero de agosto de dos mil, ya que el existente es el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios del primero de agosto de mil novecientos noventa y tres. Esto, porque Petróleos Mexicanos y Pemex-Exploración y Producción, se obligaron a que los derechos de la jubilación de ********** se debían fundar en el salario y nivel que percibió en su último puesto definitivo, ya que eso es un derecho adquirido e irrenunciable.

C. Precisa, que la jubilación constituye una prestación netamente de carácter laboral que no tiene fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni tampoco en la Ley Federal del Trabajo; sino que su apoyo se basa en el contrato colectivo del trabajo y en las normas de trabajo, que la consagran a favor de los trabajadores e incluso en las obligaciones que un patrón se impone.

Sigue manifestando, que si bien el derecho a la jubilación no tiene fundamento en el artículo 123 de la Constitución Federal, el derecho adquirido e irrenunciable por **********, en el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios de primero de agosto de mil novecientos noventa y tres, sí lo tiene.

D. También estima que el Tribunal Colegiado de Circuito debió resolver todo lo que se le plantea, como es lo referente a las prestaciones accesorias, como son el pago de prestaciones devengadas y no cubiertas que no tienen ninguna relación con la jubilación.

E. Asimismo, considera que las autoridades jurisdiccionales en forma reiterada y patente violan las garantías individuales contenidas en los artículos 13, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en forma especial, la garantía de igualdad que consagra el artículo 13, que aplican a favor de la parte patronal la suplencia de la deficiencia de la queja, con lo que se rompe el orden público y la observancia general, pues se renuncia a derechos o prerrogativas consignadas en normas de trabajo.

Dice, que se violó el principio de igualdad porque si bien es cierto, la parte recurrente es una persona objeto de derechos y obligaciones, como la empresa demandada ahora tercera perjudicada, también lo es desde el punto de vista de las relaciones obrero-patronales, ********** está subordinado, en desventaja y por debajo de Petróleos Mexicanos y Pemex-Refinación y Producción, pues no cuenta con los recursos (económicos, sociales, políticos, de acceso a la información, de comunicación, de educación entre otros) para contender como iguales en la relación obrero-patronal e inclusive fuera de ella.

F. Señala que de las constancias que integran los autos, se desprende sin lugar a dudas, que la parte recurrente ingresó a prestar sus servicios para el tercero perjudicado desde el diez de agosto de mil novecientos setenta y tres, teniendo a la fecha de la jubilación treinta y un años, tres meses y seis días de laborar para éste; también aduce, que los patrones consideraron a la parte recurrente como trabajadora de confianza cuando las labores que desempeñaba no son de las contenidas en el artículo 9o. de la Ley Federal del Trabajo y, que le aplicaron el contrato colectivo de trabajo por extensión, le aplicaron desde el primero de agosto de mil novecientos noventa y tres el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. Dice, que nunca se le hizo de su conocimiento que se "abrogó" o "derogó" el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios del uno de agosto de mil novecientos noventa y tres y surgió la existencia del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios supuestamente vigente a partir del primero de agosto de dos mil (cuando esta norma de trabajo, dice, renunciaba o disminuía derechos o prerrogativas a las normas de trabajo preexistentes, por lo que no estuvo en posibilidad de impugnar el mencionado reglamento).

G. Finalmente estima que la forma de resolver del Segundo Tribunal Colegiado del Primer Circuito en materia del trabajo violenta el contenido del artículo 394 de la Ley Federal del Trabajo.

QUINTO. El artículo 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que regula el recurso de revisión en el juicio de amparo directo, a la letra establece:

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

"...

"IX. Las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito no admiten recurso alguno, a menos de que decidan sobre la inconstitucionalidad de una ley o establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución, cuya resolución, a juicio de la Suprema Corte de Justicia y conforme acuerdos generales, entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia. Sólo en esta hipótesis procederá la revisión ante la Suprema Corte de Justicia, limitándose la materia del recurso exclusivamente a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales."

Como se advierte de la anterior transcripción, los problemas jurídicos susceptibles de análisis a través del recurso de revisión instado en contra de una sentencia de amparo directo, competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en Pleno o en Salas, son los relativos a la constitucionalidad de leyes y reglamentos federales expedidos por el presidente de la República, o de reglamentos expedidos por el gobernador de un Estado o por el jefe del Gobierno del Distrito Federal; o en los casos en que se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución cuya resolución, a juicio de la Suprema Corte y conforme a los acuerdos generales citados, entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia.

Por su parte, el Acuerdo 5/1999 emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 94, segundo párrafo, constitucional, determinó lo que debe entenderse por importancia y trascendencia como requisitos de procedencia del recurso de revisión en materia de amparo directo, constituyéndose el primer requerimiento cuando de los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso (o del planteamiento jurídico, en los asuntos donde opere la suplencia de la queja deficiente en términos del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo), se vea que los argumentos son excepcionales o extraordinarios, es decir, que entrañen un especial interés; y será trascendente cuando se aprecie la probabilidad de que la resolución que se pronuncie establezca un criterio con efectos sobresalientes de naturaleza constitucional.

En el mismo orden de ideas, los artículos 83, fracción V, 84, fracción II, 90 y 93 de la Ley de Amparo disponen lo siguiente:

"Artículo 83. Procede el recurso de revisión:

"...

"V. Contra las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando decidan sobre la constitucionalidad de leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, o cuando establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución.

"La materia del recurso se limitará, exclusivamente, a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras."

"Artículo 84. Es competente la Suprema Corte de Justicia para conocer del recurso de revisión, en los casos siguientes:

"...

"II. Contra las resoluciones que, en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, siempre que se esté en el caso de la fracción V del artículo 83."

"Artículo 90. ... Siempre que el presidente de la Suprema Corte de Justicia o, en sus respectivos casos, el Pleno, o la Sala correspondiente, desechen el recurso de revisión interpuesto contra sentencias pronunciadas por Tribunales Colegiados de Circuito, por no contener dichas sentencias decisión sobre la constitucionalidad de una ley o no establecer la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal, impondrán, sin perjuicio de las sanciones penales que procedan, al recurrente o a su apoderado, o a su abogado, o a ambos, una multa de treinta a ciento ochenta días de salario."

"Artículo 93. Cuando se trate de revisión de sentencias pronunciadas en materia de amparo directo por Tribunales Colegiados de Circuito, la Suprema Corte de Justicia únicamente resolverá sobre la constitucionalidad de la ley, tratado internacional o reglamento impugnados, o sobre la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal, en los términos del artículo 83, fracción V, de esta ley."

Finalmente, los artículos 10, fracción III y 21, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en la parte que interesa, dicen:

"Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno:

"...

"III. Del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando habiéndose impugnado la inconstitucionalidad de una ley federal, local, del Distrito Federal o de un tratado internacional, o cuando en los conceptos de violación se haya planteado la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dichas sentencias decidan u omitan decidir sobre tales materias, debiendo limitarse en estos casos la materia del recurso a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales."

"Artículo 21. Corresponde conocer a las Salas:

"...

"III. Del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito: a) Cuando habiéndose impugnado la constitucionalidad de un reglamento federal expedido por el presidente de la República, o de reglamentos expedidos por el gobernador de un Estado o por el jefe del Distrito Federal, o en los conceptos de violación se haya planteado la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en estas materias, se haya decidido o se omita decidir sobre la misma inconstitucionalidad o interpretación constitucional; ..."

De los preceptos transcritos con antelación, se observa que por regla general las resoluciones que dicten los Tribunales Colegiados de Circuito, no pueden ser impugnadas vía recurso de revisión; empero, se establece como caso de excepción, entre otros supuestos, aquel en que en la demanda de amparo se haya planteado la interpretación directa de un precepto constitucional, cuestión de constitucionalidad que subsiste en razón de que el órgano colegiado de mérito no se haya pronunciado al respecto y, además, el tema entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia.

Ahora bien, en el presente caso, del análisis del planteamiento realizado en la demanda de garantías como de las consideraciones del fallo recurrido, se advierte que en el recurso interpuesto por la parte quejosa no subsisten las cuestiones propiamente constitucionales que condicionan su procedencia, como a continuación se demostrará:

Así es, en primer lugar, no tiene razón la parte recurrente, al considerar que el tribunal del conocimiento omitió el estudio del sexto concepto de violación, en el que adujo derechos adquiridos del reglamento anterior al impugnado, pues contrario a ello, sí lo estudió, tal como se aprecia en la parte que interesa del quinto considerando de la sentencia recurrida:

"QUINTO. ... Por otro lado, en relación a que el actor ya tenía derechos adquiridos durante la vigencia del anterior reglamento y que por tanto no se podían afectar o modificar, y que al no haberlo considerado así la Junta responsable violó garantías en perjuicio del quejoso; debe de decirse en primer lugar, que es inexacto que el accionante contara con algún derecho adquirido, pues para que esto pudiera surtirse lo que primero debió acontecer fue que cumpliera a cabalidad los requisitos para el otorgamiento de la pensión por edad y antigüedad y si resulta que ni siquiera contaba con la edad de cincuenta y cinco años, cómo es que válidamente puede argüir tener un derecho adquirido, dado que sólo pudo hacerse acreedor al beneficio de la pensión jubilatoria por un acto de bonhomía de su patrón al otorgarle ese beneficio como un ‘acto especial’; de ahí que poco importan los términos en que se hallaba el reglamento vigente a partir de mil novecientos noventa y tres si ni para el momento en que fue jubilado reunía a cabalidad los requisitos previstos en el reglamento vigente a partir del año dos mil. Al caso es aplicable, en su esencia, la tesis jurisprudencial número 125/2008, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y cinco del Tomo XXX, del mes de septiembre de dos mil nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: ‘ISSSTE. LAS MODIFICACIONES AL ANTERIOR SISTEMA DE PENSIONES NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY (ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007).’ (se transcribe). En segundo lugar, la modificación realizada en cuanto al salario a tomar en cuenta para el pago de la pensión, tampoco tiene trascendencia los términos en que se hallaba previsto aquel reglamento, dado que la actual Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, ha considerado que en la revisión de los contratos colectivos de trabajo, incluidas las condiciones laborales de los trabajadores sindicalizados, es válido reducir las prestaciones ahí pactadas, siempre y cuando se respeten los derechos mínimos constitucionales y legales del trabajador. Lo anterior, encuentra apoyo en la tesis jurisprudencial número 40/96, invocada, incluso, por la Junta responsable, publicada en la página ciento setenta y siete del Tomo IV, correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: ‘CONTRATO COLECTIVO. EN SU REVISIÓN SE PUEDEN REDUCIR LAS PRESTACIONES PACTADAS POR LAS PARTES, SIEMPRE Y CUANDO SE RESPETEN LOS DERECHOS MÍNIMOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES DEL TRABAJADOR.’ (se transcribe). Por tanto, si en la especie se modificó el artículo 82, fracción I, del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, vigente a partir del uno de agosto de dos mil, en el sentido de que la pensión jubilatoria ahí prevista se pague con el salario ordinario y no con el integrado como lo contemplaba el anterior reglamento, ello aun cuando represente una reducción en la base salarial para el pago de dicha pensión, es válido de conformidad con la tesis jurisprudencial antes transcrita, siempre y cuando no se afecten derechos laborales mínimos consagrados en la Constitución Federal. Lo anterior es aún más patente respecto de los trabajadores de confianza, que su jubilación deriva de una reglamentación emitida por el director general de Petróleos Mexicanos, sin intervención de los trabajadores de confianza, por lo que por mayoría de razón puede modificarse, sin afectar los derechos mínimos legales de los trabajadores. Conforme a lo antes expuesto, la modificación al citado artículo 82, fracción I, no infringe lo dispuesto por el artículo 123, apartado ‘A’, fracción XXVII, incisos b) y h), de la Constitución Federal, ni por el artículo 5, fracción XIII, de la Ley Federal del Trabajo, como incorrectamente lo hizo valer el actor; porque aun cuando dicha modificación representa una reducción en el salario base para el pago de la pensión, ello en manera alguna se traduce en una renuncia de derechos, sino que sólo implica una modificación a lo que extralegalmente se tenía pactado en relación al salario que debía tomarse en cuenta para la cuantificación de dicha prestación, lo cual no afectó los derechos laborales mínimos consagrados en la Constitución General y en la Ley Federal del Trabajo, ya que la jubilación, incluyendo la determinación de la base salarial que debe servir de base para su cuantificación, es de carácter extralegal, y al haberlo considerado y resuelto así la responsable procedió conforme a derecho, pues tal determinación no implicó, como afirma el quejoso, que hubiera introducido elementos ajenos a la litis, pues la empresa demandada en su contestación se excepcionó en el sentido de que no procedía la nulidad demandada porque la hoy quejosa aceptó dicha normativa durante todo el tiempo que duró la relación de trabajo. ... "

Ahora bien, al margen de que el Tribunal Colegiado del conocimiento sí analizó lo referente a los derechos adquiridos, debe decirse que, a pesar de haberse controvertido en el juicio de amparo el aludido reglamento, las manifestaciones que en vía de agravios aduce el quejoso resultan inoperantes (agravios A, B, C y E), en razón de que en la especie no se surte la procedencia del recurso de revisión, puesto que el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios no fue expedido por el presidente de la República en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 89, fracción I, constitucional, o por el gobernador de alguna entidad federativa, por lo que no se actualizan las hipótesis de procedencia del recurso de revisión en amparo directo.

En efecto, el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, expedido por el director general de Petróleos Mexicanos, en su aspecto formal no participa de las características de una norma general abstracta e impersonal derivada del ejercicio primordial de la facultad reglamentaria sino que, al ser un acto administrativo, constituye una declaración o manifestación de voluntad con efectos jurídicos subjetivos directos, concretos e inmediatos dirigidos solamente a los trabajadores de confianza de Petróleos Mexicanos.

El aserto que antecede se demuestra al considerar que dicho reglamento tiene su sustento en el artículo 13, fracción III, de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, que establece:

"Artículo 13. Quedan además reservadas al director general de Petróleos Mexicanos las siguientes facultades:

"...

"III. En los términos del apartado ‘A’ del artículo 123 constitucional y de la Ley Federal del Trabajo, convenir con el sindicato el contrato colectivo de trabajo y expedir el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza, que regirán las relaciones laborales de Petróleos Mexicanos y de los organismos; ..."

La lectura de este numeral demuestra que el citado reglamento fue expedido por el director general de Petróleos Mexicanos con el acuerdo del sindicato respectivo, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 13, fracción III, de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios; de ahí que, si bien materialmente contiene reglas generales, impersonales y abstractas, no menos cierto es que, como antes se dijo, formalmente no es la expresión de la facultad reglamentaria; por lo que es válido afirmar que aun cuando se denomine Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, esencialmente es un acto administrativo interno que, por lo tanto, no se rige bajo los términos previstos en el artículo 89, fracción I, de la Constitución Federal, ni está ubicado dentro de los ordenamientos cuyo análisis de constitucionalidad compete realizar a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, puesto que tanto la Constitución Federal como la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación son claros al especificar que debe tratarse de reglamentos expedidos por el presidente de la República, en uso de la facultad reglamentaria que le otorga el artículo constitucional citado, o bien, de reglamentos expedidos por los gobernadores de los Estados o por el jefe del Distrito Federal, en uso también de tal facultad reglamentaria, hipótesis que no se cumplen en el caso.

Bajo este tenor, es inconcuso que el tema relativo a la constitucionalidad del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, de uno de agosto de dos mil, expedido por el director general de Petróleos Mexicanos, no puede ser materia de estudio en esta vía porque, al no constituir la expresión diáfana del ejercicio de la facultad reglamentaria, no se ubica dentro de las hipótesis de procedencia del medio de impugnación excepcional que constituye la revisión en amparo directo.

Finalmente, conviene señalar que el multicitado "reglamento" no es emitido para desarrollar el artículo que le da sustento jurídico, sino solamente es la expresión de la facultad administrativa conferida al director general de Petróleos Mexicanos. Por tanto, si el ordenamiento que fue impugnado es un reglamento que no fue emitido por el presidente de la República, con fundamento en la fracción I del artículo 89 constitucional; o por el gobernador de alguna entidad federativa, el recurso de revisión en amparo directo es improcedente.

Sirven de apoyo a lo establecido, los criterios cuyos rubros, textos y datos de identificación son los siguientes:

"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN LA QUE EXAMINA LA CONSTITUCIONALIDAD DE UN REGLAMENTO FEDERAL O LOCAL, SIEMPRE QUE EL ASUNTO ENTRAÑE LA FIJACIÓN DE UN CRITERIO DE IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA, A JUICIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y EN TÉRMINOS DE LOS ACUERDOS GENERALES CORRESPONDIENTES. Conforme a los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 83, fracción V, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión contra sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito procede, excepcionalmente, cuando subsista el problema de constitucionalidad de un reglamento federal expedido por el presidente de la República, o local expedido por el gobernador de algún Estado, siempre y cuando a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en términos de los acuerdos generales correspondientes, el asunto entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional, limitándose la materia del recurso a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales. En ese tenor, el examen de la satisfacción de los mencionados requisitos se debe efectuar por las Salas o el Pleno del Alto Tribunal en cada asunto concreto." (No. Registro: 166,806. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, julio de dos mil nueve, tesis P./J. 71/2009, página 63).

"COMPETENCIA DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA PARA CONOCER DE LA REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO E INDIRECTO, TRATÁNDOSE DE LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL. PARA QUE SE SURTA LA MISMA SE REQUIERE QUE SE EFECTÚE EN RELACIÓN CON REGLAMENTOS FEDERALES O LOCALES. La competencia de las Salas de la Suprema Corte de Justicia para conocer de la revisión interpuesta en contra de las sentencias dictadas en los juicios constitucionales, se surte de manera específica cuando en ellas se realice la interpretación directa de un artículo de la Constitución, en las materias relativas a reglamentos expedidos por el presidente de la República o por los gobernadores de los Estados o por el jefe de Gobierno del D

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22363-8ec76d95/competencia-de-las-salas-de-la-suprema-corte · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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