REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. SIEMPRE QUE SE DESECHE EL RECURSO DEBE EXISTIR PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA SANCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 90, CUARTO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, PERO LA MULTA NO SE IMPONDRÁ CUANDO EN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA SE TRATEN TEMAS CONSTITUCIONALES Y NO SE ADVIERTA QUE EL PROMOVENTE HUBIERE ACTUADO DE MALA FE.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 91/2010. **********.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resulta competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83, fracción V y 84, fracción II, de la Ley de Amparo; 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y con apoyo en el punto cuarto en relación con la fracción III,(1) a contrario sensu, del diverso punto tercero del Acuerdo Plenario 5/2001, toda vez que se trata de un recurso de revisión interpuesto contra una sentencia pronunciada en amparo directo por un Tribunal Colegiado de Circuito, en la cual se produjeron consideraciones de constitucionalidad respecto del artículo 107, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
SEGUNDO. En el caso es innecesario estudiar tanto las consideraciones de la sentencia recurrida como los agravios, porque la instancia que motivó la formación del presente toca debe desecharse.
En efecto, la persona que interpuso la revisión (supuestamente autorizado de la quejosa en términos amplios del artículo 27 de la Ley de Amparo) no tiene en este juicio el carácter que se autoproclamó.
Menos aún si se considera la preexistencia de una resolución judicial -firme y preclusa- emitida durante la secuela del procedimiento de amparo de la que se desprende que específicamente quien promovió la demanda, tiene imposibilidad para actuar con carácter de autorizado de la quejosa en términos amplios del artículo 27 de la Ley de Amparo.
Y todo lo anterior, sin que obste que el presidente del Alto Tribunal, al promovente del recurso, le hubiera reconocido implícitamente -y en cierta forma- una personalidad bastante para interponer recurso de revisión al momento que fue admitida a trámite esta revisión; pues ante los órganos colegiados, los autos de su presidencia no causan estado.
Lo anterior a continuación será demostrado, para lo cual se requiere destacar los siguientes hechos:
1. Mediante escrito presentado el nueve de julio de dos mil ocho en la Oficialía de Partes Común a las Salas Regionales Hidalgo-México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ********** promovió juicio contencioso administrativo en el que reclamó la nulidad del oficio 500-05-2008-15,499, de fecha treinta de abril de dos mil ocho, por virtud del cual le fue fincado un crédito fiscal por concepto de contribuciones omitidas en el ejercicio fiscal de dos mil tres (páginas 1 a 32 del cuaderno natural).
2. La correspondiente demanda no fue suscrita por la actora por su propio derecho, sino que fue presentada por conducto de su apoderado **********, a quien la actora confirió poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y actos de dominio, lo que se demostró con la escritura pública 42,240, de siete de julio de dos mil ocho, elaborada por el notario 24 del Estado de México, misma que se acompañó como anexo a dicha demanda de nulidad (páginas 33 y 34 del cuaderno natural).
3. La demanda fue admitida por el Magistrado instructor de la Segunda Sala Regional Hidalgo-México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a la que por turno correspondió conocer, integrándose así el expediente **********, y todo ello mediante auto de diez de julio de dos mil ocho, en el que además se reconoció el carácter de apoderado de ********** al promovente, y se tuvieron como meros autorizados para los efectos del artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo(2) a los licenciados en derecho que se mencionaron en dicho escrito inicial (páginas 65 y 65 vuelta del cuaderno natural).
4. Seguido el juicio por todas sus etapas, el tres de marzo de dos mil nueve se dictó sentencia definitiva en la cual se reconoció la validez de la resolución administrativa impugnada (páginas 91 a 100 del cuaderno natural).
5. Inconforme con lo anterior, la parte actora promovió demanda de amparo directo mediante escrito presentado el nueve de junio de dos mil nueve, el cual nuevamente no fue suscrito por la actora interesada **********, sino por **********, en su carácter de autorizado procesal ante la Sala responsable en términos del artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (páginas 3 a 54 del cuaderno de amparo directo); es decir, la demanda de garantías se promovió por el procurador procesal de la actora en el juicio contencioso, quien actuó, a su vez, en ejercicio de sus facultades para recibir notificaciones, hacer promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos e interponer recursos y que, por extensión jurisprudencial, cuenta también con facultades para presentar demandas de amparo; esto último de conformidad con la interpretación del artículo 13 de la Ley de Amparo (que más adelante será comentado) y de la jurisprudencia que esta Sala comparte, cuyo rubro es: "AUTORIZADO EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO."(3)
6. En atención a lo arriba mencionado, debe ponerse de relieve que la autorización reconocida en juicio contencioso al suscriptor de la demanda de amparo (**********), le fue conferida, a su vez, por el apoderado para pleitos y cobranzas de la actora en la causa: ********** -es decir, por **********-, quien tuvo la posibilidad de nombrar autorizados en el juicio por efectos del multicitado artículo 5o. de la ley procesal contenciosa administrativa que permite a los representantes de los particulares -generalmente actores en juicios contenciosos- proponer y designar autorizados para que en el juicio tengan una representación legal limitada respecto de la parte que los nombra y en carácter de procuradores procesales; pero como esa modalidad facultativa de intervención procesal no importa una delegación de facultades, y menos una facultad especial para nombrar representantes, entonces -por lo que más adelante será claro- conviene anticipar que quienes de esta forma sean autorizados procesales, se encuentran imposibilitados, a su vez, para nombrar a otros representantes de la parte a quien representan.
7. De lo anterior se sigue que como el suscriptor de la demanda de garantías actuó en términos del artículo 13 de la Ley de Amparo, conforme al cual se admite en el juicio de garantías la personalidad que se tenga reconocida ante la responsable pero siempre que se compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas, entonces es claro que éste carecía, a su vez, de facultades para nombrar posteriormente a otros procuradores en el juicio de amparo; en otras palabras, quien tiene representación como procurador procesal en juicio contencioso, no puede nombrar en diverso juicio de amparo a otros representantes procesales como lo son los autorizados, en términos amplios del artículo 27 de la ley de la materia.
8. Una vez detallado lo anterior y continuando con el relato de antecedentes, cabe mencionar que los autos del juicio contencioso administrativo **********, fueron enviados por la Sala Fiscal a la Oficialía de Partes Común a los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa del Segundo Circuito por medio del oficio 11-2-3-3-34008/2009, donde fueron recibidos el siete de octubre de dos mil nueve.
9. Por razón de turno, la demanda de amparo y los autos del juicio fueron enviados al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en donde su presidenta dictó el auto de admisión correspondiente y ordenó la formación del expediente de amparo directo que fue registrado en el libro de gobierno de dicho órgano jurisdiccional bajo el número 675/2000.
10. Por ser relevante el contenido del auto al emisor y/o de la demanda de amparo directo, se procederá a su transcripción:
"Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de octubre de dos mil nueve. Téngase por recibido el oficio de cuenta, suscrito por el presidente de la Segunda Sala Regional Hidalgo México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por el que rinde su informe justificado y remita los autos originales del juicio de nulidad **********, en el que obran original y copia de la demanda de amparo promovida por **********, por conducto de su autorizado **********, así como tres constancias de emplazamiento. Acúsese recibo. Con fundamento en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número de amparo directo 675/2009. Por encontrarse reunidos los requisitos que establece el artículo 166 de la Ley de Amparo, con base, además, en los diversos 44, 46 y 179 de la propia ley, se admite la demanda de amparo promovida por **********, por conducto de su autorizado **********, personalidad que se le reconoce en términos del artículo 13 del ordenamiento referido, en contra de la sentencia de tres de marzo de dos mil nueve, dictada en el juicio de nulidad **********, por la Segunda Sala Regional Hidalgo-México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Como lo ordena el artículo 181 de la Ley de Amparo, dése vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano. La quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ... asimismo, no ha lugar a tener por autorizados a las personas que menciona, en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, en virtud de que el promovente está autorizado en términos del artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, precepto que no lo faculta para que teniendo el mismo carácter de autorizado, otorgue facultades a favor de terceros. No ha lugar a tener como terceros perjudicados al administrador general de Auditoría Fiscal Federal, así como al secretario de Hacienda y Crédito Público, tal y como lo señala la quejosa en su escrito de demanda, en virtud de que por auto de diez de julio de dos mil ocho, emitido en el juicio de nulidad de origen, el Magistrado instructor de la Segunda Sala Regional Hidalgo-México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, tuvo como autoridad demandada únicamente al administrador central de Fiscalización Estratégica del Servicio de Administración Tributaria, al que se le reconoce su personalidad, en términos de lo dispuesto por el artículo 5o., fracción III, de la Ley de Amparo. Advirtiéndose que en el juicio de nulidad recibido obran original y copia de la demanda de amparo, así como tres constancias de emplazamiento, desglósense para ser agregadas al presente expediente. Conforme a los criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información ... se hace del conocimiento de las partes vinculadas ... el derecho que les asiste a oponerse a la publicación de sus datos personales ... Notifíquese." (páginas 70 a 71 vuelta del cuaderno de amparo).
11. Como puede observarse en la resolución transcrita, la presidenta del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito resolvió, entre otras cosas, que como el promovente de la demanda de amparo de la quejosa carecía de facultades para nombrar, a su vez, autorizados en términos amplios del artículo 27 de la Ley de Amparo, entonces por esa virtud no se les reconoció dicho carácter procesal a ninguno de los profesionistas nombrados en la demanda.
12. Dicho auto de presidencia no fue impugnado durante la secuela del procedimiento a través del recurso procedente (en el caso, el de reclamación previsto en el artículo 103 de la Ley de Amparo), ni se ordenó corrección procesal alguna posterior por parte del tribunal (incluso por el tribunal auxiliar que finalmente fue el que dictó la correspondiente sentencia), siendo éstas las razones por las cuales dicho acuerdo presidencial precluyó en términos del artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio de amparo, donde se regula el principio de preclusión conforme al cual, una vez que concluyan los términos fijados a las partes, éstas tendrán por perdido el derecho que dentro de ellos debieron ejercitar sin que sea necesario el acuse de rebeldía correspondiente, pues por virtud de este silencio procesal, las resoluciones se presumen jurídicamente consentidas y producirán plenos efectos procesales en el juicio correspondiente; asimismo, cabe añadir que si bien es cierto que los autos de trámite de los presidentes de los Tribunales Colegiados no causan estado frente a las determinaciones del Pleno del órgano jurisdiccional al que pertenecen, no menos cierto es que la razón de ello, es que un proveído presidencial no representa, en sí mismo, una decisión jurisdiccional definitiva hasta en tanto no sea confirmado por la totalidad del órgano colegiado, cuyas decisiones se tomarán por unanimidad o mayoría de votos según la interpretación del artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, lo que ocurrirá -de manera especial- después de que se interponga el recurso procedente en la secuela del procedimiento y se confirme la determinación presidencial por el Pleno del órgano jurisdiccional correspondiente, y -de manera general- cuando se dicte la sentencia colegiada con la cual concluya la intervención jurisdiccional del órgano correspondiente, sin ordenarse la reposición del procedimiento o la corrección de la decisión presidencial, lo cual representa una aceptación implícita del tribunal respecto de todas las actuaciones y decisiones procesales de trámite que fueron tomadas por el presidente del tribunal durante la instrucción, a lo que debe agregarse que este mismo efecto procesal se produce: I) Con la sentencia del órgano al que pertenece el presidente instructor; o bien, II) En su caso, con motivo del dictado de una sentencia por un Tribunal Colegiado Auxiliar, destacando que dichos órganos fíctamente no son diversos del instructor, sino colaboradores en función de auxiliar, cuyo objetivo primordial es apoyar en el dictado de resoluciones a los órganos jurisdiccionales federales en donde existan problemas de cargas de trabajo que propicien congestionamiento en la resolución de los asuntos cuya duración es temporal y que su existencia deriva de las medidas adoptadas en acuerdos generales por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para una mejor, más eficiente y pronta impartición de justicia.(4)
13. Encontrándose en trámite el amparo directo, por actualizarse los supuestos del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 42/2009, se hizo la remisión del expediente al Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar con residencia en Naucalpan de Juárez, y en sesión de dicho órgano de veintisiete de noviembre de dos mil nueve, se dictó sentencia en la que se negó el amparo declarándose infundados los planteamientos de inconstitucionalidad de leyes en la parte considerativa; en su oportunidad, dicha resolución fue engrosada y devuelta con sus anexos al tribunal de origen donde se practicaron las notificaciones correspondientes.
14. Es importante destacar -por razones que serán evidentes más adelante- que mediante escrito presentado el ocho de diciembre de dos mil nueve ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, compareció a juicio el señor licenciado **********, a solicitar copias certificadas de la sentencia, destacando que en su promoción dijo contar con personalidad en los autos del juicio contencioso administrativo en términos del artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo federal; a su petición recayó el auto de nueve de diciembre de dos mil nueve dictado por la presidenta del Tribunal Colegiado en el que reservó el dictado correspondiente porque no era posible la expedición de los testimonios solicitados (página 199 del cuaderno de amparo), toda vez que con independencia de que en el amparo el solicitante carecía de personalidad, lo cierto era que no resultaba posible expedir las copias solicitadas porque los autos en ese momento aún se encontraban en el Tribunal Colegiado Auxiliar, y en diverso auto de once de diciembre de dos mil nueve se acordó favorablemente la petición y se expidieron las copias solicitadas, pero no por tener personalidad reconocida en el presente amparo directo, sino por contar con participación procesal en el diverso juicio administrativo de origen (páginas 207 a 209), actuaciones que se destacan por reiterar en la inexistencia de autorizados de la quejosa en términos amplios del artículo 27 de la Ley de Amparo y, en particular, porque expresamente desconocen esa representación al profesionista de referencia.
15. No obstante todo lo anterior, es el caso que mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa en el Segundo Circuito, el cinco de enero de dos mil diez a las 2:37 pm. (es decir, a las catorce horas con treinta y siete minutos), y entregada al día siguiente en la Oficialía de Partes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, compareció nuevamente el señor licenciado **********, ostentándose otra vez como autorizado de la quejosa en términos amplios del artículo 27 de la Ley de Amparo, con el objeto de interponer recurso de revisión, lo que hizo a pesar de no tener ese carácter y sin que hubiera promoción alguna que fuera suscrita por persona legitimada y con facultades procesales para reconocerle la representación en amparo que ostentó en la interposición, ni tampoco existe resolución o sentencia posterior que válidamente revocara la determinación del auto inicial del amparo en donde, también, expresamente se negó la existencia de la representación que ahora dijo tener.
Con base en los hechos anteriores, es incontrovertible que tanto el escrito de revisión que originó este toca, como la instancia pretendida, deben desecharse porque de las constancias de autos se demuestra que se trata de un recurso interpuesto por persona sin legitimación suficiente para impulsar el procedimiento que corresponde a la revisión, de conformidad con el artículo 1o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en cuanto establece que en los juicios únicamente podrán intervenir los directamente interesados, así como sus representantes o apoderados en términos de ley.
No puede pasar sin mención que el promotor del recurso, si bien es verdad que en este juicio de amparo no cuenta con la autorización en términos amplios del artículo 27 de la Ley de Amparo, también es cierto que en su oportunidad fue autorizado en términos del artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo para intervenir e interponer recursos en el juicio contencioso; sin embargo, con independencia de ello, finalmente la legitimación procesal para actuar en el juicio de nulidad no puede trascender a juicio diverso como lo es este amparo directo, y menos aún puede estimarse que la representación procesal que se le reconoció ante la Sala Fiscal responsable, ahora resulte suficiente para interponer un recurso de revisión en amparo directo de la competencia del Alto Tribunal, y menos aún cuando en autos expresamente se le negó participación a través de una resolución que actualmente se encuentra firme.
Debe precisarse también que, en la especie, no se estaría en el caso de ordenar la reposición del procedimiento de esta revisión(5) para prevenir al promovente a efecto de acreditar su personalidad, pues de autos se desprende de manera objetiva que la legitimidad para actuar del ahora promovente es inexistente de origen por virtud del auto presidencial -firme y precluso- que expresamente le negó el carácter de autorizado de la quejosa en términos amplios del artículo 27 de la Ley de Amparo.
En la formulación de las consideraciones anteriores no pasa inadvertido tampoco que mediante auto dictado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el dieciocho de enero de dos mil diez, cuando se admitió a trámite este recurso de revisión ADR. 91/2010, implícitamente se le reconoció (de alguna forma) legitimación procesal al señor licenciado **********, como autorizado de la quejosa en términos amplios del artículo 27 de la Ley de Amparo.
Sin embargo, como el tipo de análisis de constancias autorizado legalmente al presidente del Alto Tribunal, en términos del artículo 14, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, lo es sólo para efectos de resolver sobre cuestiones de trámite y turno de los expedientes hasta colocarlos en estado de resolución, y considerando que dentro de estas atribuciones no se comprende el examen de problemáticas de complejidad que ameriten una resolución por parte de la Suprema Corte de Justicia, sea funcionado en Pleno o en Salas, debe estimarse entonces que dicho auto presidencial resulta insuficiente para revocar o modificar el diverso auto de presidencia del Tribunal Colegiado donde se declaró jurídicamente que al citado profesionista, no se le podía considerar en este juicio como autorizado de la quejosa en términos amplios del artículo 27 de la ley de la materia y sus consecuencias procesales, máxime que los autos del presidente de la Corte no causan estado.
A propósito de lo anterior, resulta aplicable el siguiente criterio de la otrora Tercera Sala:
"Sexta Época
"Núm. registro: 270360
"Instancia: Tercera Sala
"Tesis aislada
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Volumen: LXXVI, Cuarta Parte
"Materia(s): Civil
"Tesis:
"Página: 37
"PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. SUS ACUERDOS DE ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO NO CAUSAN ESTADO.-Aunque el presidente de la Suprema Corte de Justicia en el auto relativo admita una demanda de amparo, considerándola presentada en tiempo, es bien sabido que estos acuerdos no causan estado, y las Salas integrantes de este Alto Tribunal están facultadas para verificar directamente si la presentación de la demanda fue o no, hecha en tiempo.
"Amparo directo 5512/56. Atanasio Núñez Parra. 23 de octubre de 1963. Cinco votos. Ponente: Mario G. Rebolledo F."
Asimismo, tampoco es obstáculo para el desechamiento, la admisión del recurso por auto del presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a lo cual resulta aplicable la siguiente jurisprudencia:
"Núm. registro: 196731
"Jurisprudencia
"Materia(s): Común
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"VII, marzo de 1998
"Tesis: P./J. 19/98
"Página: 19
"REVISIÓN EN AMPARO. NO ES OBSTÁCULO PARA EL DESECHAMIENTO DE ESE RECURSO, SU ADMISIÓN POR EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.-La admisión del recurso de revisión por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituye una resolución que no es definitiva, ya que el Tribunal Pleno está facultado, en la esfera de su competencia, para realizar el estudio a fin de determinar la procedencia del recurso y, en su caso, resolver su desechamiento."
Tampoco pasa sin mención que fue en un auto presidencial dictado en el Tribunal Colegiado, cuando al aquí recurrente se le negó el carácter representativo para efectos de amparo que ahora ostenta; y que si los proveídos presidenciales no causan estado, entonces podría estimarse que esta Suprema Corte -de alguna forma- podría revocar dicha determinación presidencial; sin embargo, lo anterior no es posible dado que, por las razones antes expresadas, lo cierto es que dicho auto presidencial sí quedó firme, por virtud de que no se interpuso en su momento el recurso de reclamación, ni tampoco aparece que exista corrección procesal alguna en la sentencia que dictó el Tribunal Colegiado al resolver el amparo.
En el orden expuesto, debe desecharse el recurso.
TERCERO.-Finalmente, no se está en el caso de imponer al recurrente la multa que corresponde por el desechamiento de esta instancia, a pesar de que el cuarto párrafo del artículo 90 de la Ley de Amparo establezca que tal sanción siempre se aplicará cuando se deseche el recurso de revisión interpuesto contra sentencias de amparo directo.
Lo anterior, porque el propio apartado condiciona tal imposición a que la sentencia recurrida no contenga decisión sobre la constitucionalidad de una ley o no establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal, a lo que se debe agregar que, conforme al segundo párrafo del artículo 3 Bis de la Ley de Amparo, sólo se aplicarán las multas establecidas en la regulación de la materia cuando los infractores hubieren actuado de mala fe.
Todo lo cual no se presentó en el caso, toda vez que en la sentencia recurrida sí existe pronunciamiento de constitucionalidad respecto del artículo 107, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta (páginas 8 a 20 de dicha sentencia) y, además, no se advierte que el promotor de la revisión hubiere actuado con malsana intención.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.-Se desecha el recurso de revisión a que este toca se refiere.
SEGUNDO.-Queda firme la sentencia recurrida.
Notifíquese; devuélvanse los autos al Tribunal Colegiado de Circuito que los envió junto con testimonio autorizado de esta sentencia, cúmplase y, en su oportunidad, archívese.
Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Juan N. Silva Meza, Olga Sánchez Cordero de García Villegas (ponente) y presidente José de Jesús Gudiño Pelayo.
En términos de lo previsto en el artículo 3, fracciones II y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en ese supuesto normativo.
____________________
1. El Acuerdo General del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 5/2001, fue modificado en su punto tercero mediante diverso Acuerdo General 3/2008, aprobado el diez de marzo de dos mil ocho, del cual además se hizo una aclaración que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintidós de abril de dos mil nueve, en la cual se hace del conocimiento general la redacción definitiva de dicho punto tercero con los cambios que se presentaron en las hipótesis y fracciones.
2. Dicho artículo establece lo siguiente:
"Artículo 5o. Ante el tribunal no procederá la gestión de negocios. Quien promueva a nombre de otra deberá acreditar que la representación le fue otorgada a más tardar en la fecha de la presentación de la demanda o de la contestación, en su caso.
"La representación de los particulares se otorgará en escritura pública o carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y testigos ante notario o ante los secretarios del tribunal, sin perjuicio de lo que disponga la legislación de profesiones. La representación de los menores de edad será ejercida por quien tenga la patria potestad. Tratándose de otros incapaces, de la sucesión y del ausente, la representación se acreditará con la resolución judicial respectiva.
"La representación de las autoridades corresponderá a las unidades administrativas encargadas de su defensa jurídica, según lo disponga el Ejecutivo Federal en su reglamento o decreto respectivo y en su caso, conforme lo disponga la Ley Federal de Entidades Paraestatales. Tratándose de autoridades de las entidades federativas coordinadas, conforme lo establezcan las disposiciones locales.
"Los particulares o sus representantes podrán autorizar por escrito a licenciado en derecho que a su nombre reciba notificaciones. La persona así autorizada podrá hacer promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos e interponer recursos. Las autoridades podrán nombrar delegados para los mismos fines. ..."
3. Los datos de la jurisprudencia de referencia son los siguientes: Novena Época. Núm. registro: 179661. Instancia: Segunda Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, enero de 2005. Materia(s): Administrativa, tesis 2a./J. 199/2004, página 506. "AUTORIZADO EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO.-Si en el procedimiento contencioso administrativo se prevén facultades amplias del autorizado de la parte agraviada para presentar promociones, ofrecer y rendir pruebas, así como para alegar e interponer recursos, debe considerarse que con ello el legislador establece tales facultades de manera enunciativa y no limitativa y que, por tanto, aquél cuenta con atribuciones para realizar cualquier acto procesal necesario para la defensa de su autorizante, constituyéndose en su auténtico representante judicial, por lo que conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo, también está facultado para promover juicio de garantías en su representación, bastando con que acredite que su carácter de autorizado le fue reconocido en dicho procedimiento por la autoridad responsable para que tal personalidad le sea admitida en aquel juicio, en términos del artículo 13 de la mencionada ley.-Contradicción de tesis 118/2004-SS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito. 1o. de diciembre de 2004. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac-Gregor Poisot."
4. Esta hipótesis resulta de particular importancia en el caso por el funcionamiento de este sistema en este asunto, por efectos del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobado en sesión de dos de septiembre de dos mil nueve, denominado: Acuerdo 42/2009, relativo a la denominación, competen
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23121-be9448d2/revision-en-amparo-directo-siempre-que-se-deseche · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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