REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. PARA QUE PROCEDA NO BASTA EL PLANTEAMIENTO DE QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO OMITIÓ APLICAR ALGUNA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY, SINO QUE ES NECESARIO VERIFICAR SU APLICACIÓN AL CASO ESPECÍFICO. AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE REITERAN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ABUNDAN SOBRE ELLOS O LOS COMPLEMENTAN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 321/2009. **********
CONSIDERANDO:
PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto de diez de junio de mil novecientos noventa y nueve; 83, fracción V, último párrafo; 84, fracción II y 90 de la Ley de Amparo y 21, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y conforme a lo previsto en los puntos segundo y tercero, fracción II, en relación con el punto cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, publicado el veintinueve de junio de dos mil uno en el Diario Oficial de la Federación, en virtud de que se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito en un juicio de amparo directo en el que se hizo valer como concepto de violación, entre otras cuestiones, la inconstitucionalidad del artículo 4o., fracción III, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
SEGUNDO. Debe establecerse si los recursos fueron presentados en tiempo.
Por lo que hace a la revisión principal, la sentencia pronunciada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito fue notificada por lista el treinta de enero de dos mil nueve, surtiendo sus efectos al día hábil siguiente (tres de febrero, descontándose los días 31 de enero -sábado-, 1 y 2 de febrero -domingo e inhábil-), corriendo el término para su interposición de diez días, según el artículo 86 de la Ley de Amparo, del cuatro al diecisiete de febrero de dos mil nueve, siendo inhábiles los días siete, ocho, catorce y quince de febrero, por ser sábados y domingos, respectivamente.
Por tanto, si el recurso de mérito se interpuso el diecisiete de febrero de dos mil nueve, debe tenerse por presentado en tiempo.
En cuanto a la revisión adhesiva, la notificación del acuerdo de admisión del recurso principal al secretario de Hacienda y Crédito Público (tercero perjudicado), se realizó el cuatro de marzo de dos mil nueve, por lo que el plazo de cinco días previsto en el artículo 83 de la Ley de Amparo, sin contar el día que surtió efectos la notificación (cinco de marzo), corrió del seis al doce de marzo del año en mención, descontando los días siete y ocho de marzo, por ser sábado y domingo, respectivamente.
Por lo que si el recurso de revisión adhesiva se presentó el doce de marzo de dos mil nueve, es claro que también se hizo con la oportunidad debida.
TERCERO. La parte quejosa hizo valer los siguientes agravios que, en la parte que interesa, dicen:
"1. ... La quejosa reclamó en el segundo concepto de violación de su demanda de garantías (fojas 8 a 13), la inconstitucionalidad del artículo 4o., fracción III, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en 2003, por ser violatorio de la garantía de proporcionalidad tributaria consagrada en el artículo 31, fracción IV, constitucional, en la medida en que el factor de prorrateo del año anterior, conforme al cual los causantes que realizaran operaciones mixtas debían determinar el impuesto acreditable; inconstitucionalidad que por si fuera poco ha sido determinada por la Segunda Sala de esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia no. 2a./J. 114/2004; y que por consiguiente, la negativa de devolución y de acreditamiento impugnados en el juicio de origen, son ilegales por provenir de actos viciados de origen.
"...
"Lo anterior es así, en virtud de que el sistema de acreditamiento determinado en el referido artículo 4o., fracción III, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, conmina a la quejosa, por realizar operaciones mixtas, a la determinación de un factor que queda invariable durante todo el año para la determinación del impuesto acreditable correspondiente a cada uno de los meses de dicho periodo, lo cual no permite que se atienda a su verdadera capacidad económica y contributiva, en contravención a su garantía constitucional de proporcionalidad tributaria; por lo que si el artículo 4o., fracción III, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado establece un factor de prorrateo que se determina atendiendo a un periodo anual, y que no es el de la causación del gravamen, ello implica que el impuesto acreditable que se determine conforme a dicha fracción no atienda a la auténtica capacidad contributiva de la quejosa.
"De tomar en cuenta el valor de todos los actos y actividades respecto de los cuales está obligada la quejosa a pagar, o bien, a aplicar la tasa del 0%, así como el valor total de los actos o actividades realizados por el contribuyente en el año calendario anterior al acreditamiento mensual como lo pretende la autoridad fiscal, ello implica que no se manifieste la verdadera capacidad contributiva de la quejosa, toda vez que en tal año calendario supusieron haber realizado un número indefinido de actos o actividades exentas, las cuales por su propia naturaleza no pueden constituir una referencia para el acreditamiento o bien, que en la mayor parte del año no se realizaron actos o actividades gravadas, siendo que en el último mes tuvieron lugar las mismas, lo que tampoco es reflejo de la capacidad contributiva de la quejosa.
"En esta tesitura, el factor determinado conforme a los actos o actividades correspondientes al ejercicio fiscal de 2002, nada tiene que ver con la auténtica capacidad económica y contributiva de la quejosa o al menos no con la real que debe tener lugar tratándose de la causación y pago del impuesto al valor agregado, toda vez que puede ser que en tal año la quejosa hubiera realizado un número indefinido de actos o actividades exentas, las cuales por su propia naturaleza no pueden constituir una referencia para el acreditamiento, o bien, que en la mayor parte del año no se hubieran realizado actos o actividades gravadas, siendo que en ese mes hubieran tenido lugar las mismas, afectando con ello el monto a enterar por concepto del impuesto, tal y como aconteció, razón por la cual es procedente la devolución solicitada por la quejosa e indebidamente negada por los ahora tercero perjudicados lo cual fue indebidamente convalidado por la Sala responsable.
"...
"2. ... el tribunal a quo fue omiso en analizar y pronunciarse sobre la violación procesal cometida por el Tribunal Federal de Justicia de la Nación y que es obligatoria de conformidad con lo dispuesto por el artículo 94, párrafo octavo, constitucional, limitándose a efectuar diversas transcripciones y a concluir que por ello y porque la quejosa no demostró haber promovido con anterioridad otra demanda de amparo, que en consecuencia era infundados sus argumentos, lo que se traduce en una denegación de justicia, toda vez que el tribunal a quo se limitó a decidir en qué caso aplicaría la jurisprudencia de esa H. Corte y en qué casos no, lo cual es inconstitucional, pues por imperativo constitucional (artículo 94, párrafo octavo, constitucional) la jurisprudencia de esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación es aplicable en todos los casos, sin que quede al arbitrio de los tribunales decidir cuándo es y cuándo no es aplicable dicha jurisprudencia.
"...
"Suponiendo sin conceder que la quejosa no hubiera promovido anteriormente una demanda de garantías en contra del artículo 4o., fracción III, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en 2003, ello no eximía al tribunal a quo de pronunciarse sobre la violación de H. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sobre la inaplicación de la jurisprudencia emitida por esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación y menos aún de otorgar a la quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión de conformidad con los artículos 14, 16, 17, 94, párrafo octavo y 133 constitucionales, a efecto de hacer prevalecer la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues mediante jurisprudencia no. 2a./J. 114/2004, esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el artículo 4o., fracción III, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en 2003 era inconstitucional por contravenir la garantía de proporcionalidad tributaria; y al haberse aplicado dicho precepto por parte de la autoridad fiscal a la quejosa a través de la resolución no. *********** era obligatorio tanto para el H. Cuarto Tribunal Colegiado aplicar dicha jurisprudencia a favor de la quejosa, sin importar si se trata del primer acto de aplicación o de un acto de aplicación ulterior, tal y como ha determinado el Pleno de esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia no. P./J. 5/2006, lo cual fue desatendido por el tribunal a quo en perjuicio de la quejosa, en contravención de los artículos 14, 16, 17, 31, fracción IV y 94, párrafo octavo, constitucionales, y en franca desatención de las siguientes jurisprudencias emitidas por esa H. Corte: ‘SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA SIN QUE OBSTE QUE SE TRATE DEL SEGUNDO O ULTERIORES ACTOS DE APLICACIÓN DE LA LEY.’ (se transcribe).
"‘VALOR AGREGADO. EL SISTEMA DE ACREDITAMIENTO PREVISTO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 4o. DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2003, VULNERA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.’ (se transcribe).
"3. ... El tribunal a quo omitió tomar en cuenta las formalidades esenciales del procedimiento en flagrante violación de la garantía de legalidad de la quejosa, toda vez que omitió analizar la litis planteada por la quejosa en su demanda de garantías y pronunciarse sobre ésta en todos sus aspectos, concluyendo gratuitamente que la quejosa supuestamente no hizo referencia a todos y cada uno de los argumentos en los que la responsable sustentó su determinación y que por consiguiente eran infundados los conceptos de violación; argumentos que constituyen una indebida interpretación y aplicación directa de los preceptos constitucionales referidos al inicio del presente agravio, pues ni existe ordenamiento alguno que permita resolver un asunto sin atender a la litis planteada en éste, y sí por el contrario, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es muy clara en establecer que los tribunales deben impartir justicia con base en las formalidades esenciales del procedimiento establecidas para ello, y es el caso que dichas formalidades en materia de amparo se encuentran establecidas en los artículos 77 y 78 de la ley de la materia, los cuales expresamente obligan a que se atiendan todos y cada uno de los puntos controvertidos por las partes.
"...
"En efecto, las consideraciones del tribunal a quo resultan carentes de la debida fundamentación y motivación legal en perjuicio de la quejosa, toda vez que contravienen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo, lo cual, contrario a lo pretendido por el tribunal a quo, no constituye una impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional, lo que, en óbice de repeticiones, demuestra que el tribunal a quo aplicó indebida y directamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en perjuicio de la quejosa al no resguardar sus garantías individuales y lo que es peor, al no impartirle la justicia a la que tiene derecho.
"...
"En esta tesitura, resulta evidente que las consideraciones del tribunal a quo con base en las cuales determinó que supuestamente eran infundados los conceptos de violación hechos valer por la quejosa ya que no hizo referencia a todos y cada uno de los argumentos en que apoyó la responsable su determinación, constituyen una indebida interpretación directa del artículo 17 constitucional, con relación a los artículos 14 y 16 constitucionales, pues con base en las formalidades esenciales establecidas en los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, las sentencias deben emitirse sin omitir nada, siendo evidente la improcedencia de la sentencia recurrida, procediendo por tanto se revoque la misma y se otorgue a la quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión."
CUARTO. El presente recurso resulta improcedente y, por tanto, debe desecharse, ya que no cabe el pronunciamiento de fondo sobre cuestiones de constitucionalidad y, por tanto, no entrañan la fijación de un criterio de importancia y trascendencia, en virtud de que resultan inoperantes los agravios invocados por la quejosa.
En efecto, el artículo 107, fracción IX, de la Constitución General de la República, en la actualidad, establece:
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ...
"IX. Las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito no admiten recurso alguno, a menos de que decidan sobre la inconstitucionalidad de una ley o establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución cuya resolución, a juicio de la Suprema Corte de Justicia y conforme a acuerdos generales, entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia. Sólo en esta hipótesis procederá la revisión ante la Suprema Corte de Justicia, limitándose la materia del recurso exclusivamente a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales."
La exposición de motivos de la reforma constitucional al artículo 107, fracción IX, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de mil novecientos noventa y nueve, señala que las facultades discrecionales que se otorgan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver sobre su competencia o sobre la procedencia de las instancias planteadas ante ella dentro del juicio de amparo, entre otras, respecto del recurso de revisión interpuesto contra sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, tiene por objeto que este Alto Tribunal deje de conocer de aquellos asuntos en los que no deba entrar al fondo para fijar un criterio de importancia y trascendencia, con lo cual la reforma pretende fortalecer el carácter de Máximo Órgano Jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en congruencia del carácter uniinstancial del amparo directo, a fin de que por excepción se abra y resuelva la segunda instancia, sólo en aquellos casos que resulte imprescindible la intervención de este Alto Tribunal.
Con base en lo anterior, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el Acuerdo 5/1999, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve, cuyo punto primero establece que para la procedencia del recurso de revisión en amparo directo se requiere que se reúnan los siguientes supuestos:
a) Que en la sentencia recurrida se haya hecho pronunciamiento sobre la constitucionalidad de una ley, tratado internacional o reglamento, o se establezca la interpretación directa de un precepto constitucional, o que, habiéndose planteado alguna de esas cuestiones en la demanda de amparo, se haya omitido su estudio, y
b) Que el problema de constitucionalidad entrañe la fijación de un criterio jurídico de importancia y trascendencia, a juicio de la Sala respectiva.
En relación con el segundo de los requisitos antes mencionados, el propio punto primero del acuerdo en cita señala que, por regla general, se entenderá que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando exista jurisprudencia sobre el problema de constitucionalidad hecho valer en la demanda de garantías, así como cuando no se hayan expresado agravios o, en su caso, éstos resulten ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes y no haya que suplir la deficiencia de la queja, o en casos análogos.
En el caso a estudio, sin pasar por alto que el tema de fondo se circunscribe a la aplicación de una jurisprudencia que declara inconstitucional el artículo 4o., fracción III, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la circunstancia de que los agravios de la revisión principal resulten inoperantes constituye, como ya se dijo, un supuesto que en los términos del Acuerdo General Plenario 5/1999, provoca la falta de importancia y transcendencia del pronunciamiento que pudiera emitirse.
En efecto, en la demanda de amparo, la parte quejosa sustancialmente adujo la inconstitucionalidad del artículo 4o., fracción III, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, derivado de la existencia de la siguiente jurisprudencia (criterio que, en su concepto, no fue aplicada por la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa responsable):
"No. Registro: 180,426
"Jurisprudencia
"Materia(s): Constitucional, Administrativa
"Novena Época
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XX, septiembre de 2004
"Tesis: 2a./J. 114/2004
"Página: 339
"VALOR AGREGADO. EL SISTEMA DE ACREDITAMIENTO PREVISTO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 4o. DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2003, VULNERA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. El sistema de acreditamiento determinado en la fracción III del citado precepto establece un factor de prorrateo del año anterior, conforme al cual los causantes que realicen operaciones mixtas deben determinar el impuesto acreditable, lo que impide que se atienda a su efectiva capacidad económica vulnerándose el principio de proporcionalidad tributaria contenido en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que en tal año calendario pudieron haberse realizado actos exentos que no dan lugar al acreditamiento, o bien, que en la mayor parte del año no se hayan realizado actos gravados, mientras que en el último mes sí tuvieron lugar; asimismo, puede suceder que el contribuyente haya realizado tanto actividades gravadas como exentas, lo que tampoco constituye un marco jurídicamente seguro de referencia para verificar su capacidad real, de lo que se desprende que el factor determinado conforme a los actos o actividades correspondientes al año anterior, nada tiene que ver con la auténtica capacidad económica del contribuyente o, al menos no con la real que debe tener lugar tratándose de la causación y el pago del impuesto al valor agregado."
El Tribunal Colegiado del conocimiento negó el amparo solicitado, ya que calificó de inoperantes sus conceptos de violación, pues consideró que la Sala responsable resolvió sobre la inaplicación de esa jurisprudencia, sin que se atacaran todos los argumentos en que apoyó su determinación; además, para la aplicación de la tesis transcrita debe atenderse a la diversa que dice:
"No. Registro: 179,320
"Jurisprudencia
"Materia(s): Administrativa
"Novena Época
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXI, febrero de 2005
"Tesis: 2a./J. 6/2005
"Página: 314
"DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS. PROCEDE CUANDO LA SOLICITUD RESPECTIVA SE REALIZA CON MOTIVO DE LA RESPUESTA A UNA CONSULTA FISCAL EMITIDA EN CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE DETERMINÓ QUE UNA NORMA NO ES APLICABLE POR EXISTIR JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN QUE DECLARA SU INCONSTITUCIONALIDAD, PERO SÓLO RESPECTO DE LOS PAGOS EFECTUADOS CON POSTERIORIDAD A LA PRESENTACIÓN DE TAL CONSULTA. Cuando el particular solicita la devolución de impuestos fundada en la respuesta emitida por la autoridad fiscal a una consulta en la que se determinó la no aplicación de la norma que prevé el impuesto relativo, por haber sido declarada inconstitucional por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respuesta que se emitió en cumplimiento de una sentencia dictada en el juicio de nulidad por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en ese sentido, la mencionada devolución sólo procederá respecto de los pagos efectuados con posterioridad a la presentación de la consulta, en virtud de que es cuando se obtiene el beneficio de la aplicación de la jurisprudencia a favor del contribuyente y, por ende, que los enteros relativos deben considerarse como pago de lo indebido, lo que no sucede con los pagos efectuados con anterioridad, pues éstos fueron realizados en cumplimiento a una disposición de observancia obligatoria, al estar vigente y gozar de plena eficacia jurídica en el momento de realizarse el pago, en tanto no fue controvertida mediante amparo indirecto, y porque en términos del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación no se actualiza el error de hecho o de derecho que condicione su devolución."
Lo anterior, ya que los pagos realizados respecto de los cuales la quejosa solicita su devolución corresponden al periodo comprendido de enero a diciembre de dos mil tres, y la tesis de jurisprudencia fue aprobada en sesión privada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de dieciocho de agosto de dos mil cuatro.
Además, no demostró "haber promovido juicio de amparo en contra del artículo 4o., fracción III, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente en dos mil tres, época en que según menciona se generó el saldo a su favor por ese concepto, por lo que nunca tuvo una declaratoria de inconstitucionalidad, y en ese sentido, en el momento en que efectuó el pago del impuesto (acto de aplicación) el precepto le resultaba vinculatorio con todas sus consecuencias, situación que consintió debido a que no promovió ni interpuso algún medio de defensa en su contra, es decir, no existió título alguno que introdujera o propusiera su inconstitucionalidad, sino fue hasta el año de dos mil cinco, en que presentó las solicitudes de devolución ante la autoridad fiscal por pago de lo indebido cuando pretendió obtener el beneficio derivado de la multicitada jurisprudencia."
En contra de esas conclusiones, como agravios, la quejosa refiere las razones por las cuales el artículo mencionado es inconstitucional, como lo determinó la Segunda Sala en la jurisprudencia 114/2004; que hay denegación de justicia, pues el tribunal a quo se limita a decidir en qué casos aplica la jurisprudencia y en cuáles no; y que debía pronunciarse sobre la violación de la Sala responsable sobre la inaplicación de la jurisprudencia, máxime que no importa si se trata del primer acto de aplicación o uno posterior.
Como se ve, en primer lugar, con independencia de que en algunas partes sólo se reiteran los conceptos de violación, no se combaten las consideraciones torales adoptadas por el Tribunal Colegiado; de ahí la inoperancia de los agravios, conforme a los siguientes criterios:
"No. Registro: 207,328
"Jurisprudencia
"Materia(s): Común
"Octava Época
"Instancia: Tercera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: IV, Primera Parte, julio a diciembre de 1989
"Tesis: 3a./J. 30 13/89
"Página: 277
"Genealogía: Informe 1988, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 9, página 77.
"Informe 1989, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 1, página 67.
"Gaceta número 19-21, julio-septiembre de 1989, página 83.
"Apéndice 1917-1995, Tomo VI, Primera Parte, tesis 36, página 23.
"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA Y NO SE DA NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS MISMOS.-Si en la sentencia recurrida el Juez de Distrito expone diversas consideraciones para sobreseer en el juicio y negar el amparo solicitado respecto de los actos reclamados de las distintas autoridades señaladas como responsables en la demanda de garantías, y en el recurso interpuesto lejos de combatir la totalidad de esas consideraciones el recurrente se concreta a esgrimir una serie de razonamientos, sin impugnar directamente los argumentos expuestos por el juzgador para apoyar su fallo, sus agravios resultan inoperantes; siempre y cuando no se dé ninguno de los supuestos de suplencia de la deficiencia de los mismos, que prevé el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, pues de lo contrario, habría que suplir esa deficiencia, pasando por alto la inoperancia referida."
"No. Registro: 167,986
"Tesis aislada
"Materia(s): Común
"Novena Época
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXIX, febrero de 2009
"Tesis: 2a. IX/2009
"Página: 467
"AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE REITERAN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ABUNDAN SOBRE ELLOS O LOS COMPLEMENTAN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA.-Conforme al artículo 88 de la Ley de Amparo, el recurrente debe expresar los agravios que le causa la sentencia impugnada, lo que se traduce en que tenga la carga, en los casos en que no deba suplirse la queja deficiente en términos del artículo 76 Bis de la ley de la materia, de controvertir los razonamientos jurídicos sustentados por el órgano jurisdiccional que conoció del amparo en primera instancia. Consecuentemente, son inoperantes los agravios que en el recurso de revisión reiteran los conceptos de violación formulados en la demanda, pues no cumplen con el requisito de combatir las consideraciones de la sentencia recurrida.
"Amparo directo en revisión 1978/2008. Aceros Nacionales de México, S.A. de C.V. 28 de enero de 2009. Cinco votos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Ileana Moreno Ramírez."
A mayor abundamiento, debe decirse que el Tribunal Colegiado determinó, con base en otra jurisprudencia, atendiendo a las particularidades del asunto, que aquí no era el caso de aplicar el criterio que declaró inconstitucional el precepto señalado, ya que los pagos realizados respecto de los cuales la quejosa solicita devolución, corresponden a un periodo anterior, procediendo el reintegro únicamente de pagos efectuados con posterioridad a las solicitudes de devolución, de ahí que es intrascendente pronunciarse en relación a si se trata del primer acto de aplicación o uno posterior.
Así, debe desecharse la revisión principal hecha valer, conclusión que se ve reforzada al no desvirtuarse las razones por las cuales se determinó que no es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 114/2004, dado el contenido de la tesis que enseguida se transcribe:
"No. Registro: 188,507
"Tesis aislada
"Materia(s): Común
"Novena Época
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIV, octubre de 2001
"Tesis: 2a. CCIII/2001
"Página: 439
"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. NO BASTA PARA QUE PROCEDA, EL PLANTEAMIENTO DE QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO OMITIÓ APLICAR ALGUNA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY, SINO QUE ES NECESARIO VERIFICAR SU APLICACIÓN AL CASO ESPECÍFICO.-La Segunda Sala del Máximo Tribunal jurisdiccional del país, en la jurisprudencia número 2a./J. 37/99, titulada: ‘REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. PROCEDE CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO OMITE APLICAR LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY.’, estableció el criterio de que como el artículo 76 Bis, fracción I, de la Ley de Amparo, obliga al órgano de control constitucional a suplir la deficiencia de los conceptos de violación o de los agravios, cuando la jurisprudencia declara la inconstitucionalidad de una norma general, pues produce sus efectos para todos los casos concretos que se adecuen al supuesto precisado en ésta, el Tribunal Colegiado debe conceder el amparo por fundarse el acto reclamado en un precepto declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que si no hace tal pronunciamiento, a pesar del deber que tenía de suplir la deficiencia de la queja, resulta procedente el recurso de revisión. Ahora bien, en dicho criterio se parte de la base de que los casos específicos se adecuen a los supuestos precisados en la jurisprudencia respectiva, pues de ello depende la obligación de aplicar la jurisprudencia relativa, lo que implica que no basta el planteamiento de que en el caso concreto debió aplicarse algún criterio jurisprudencial que declaró la inconstitucionalidad de una norma general, para que resulte procedente la revisión en amparo directo, sino que es necesario verificar, previamente, si el criterio invocado tiene aplicación en el caso específico, toda vez que esa circunstancia es la que legitima al recurrente a promover dicho recurso de carácter excepcional."
Por último, debe decirse que el desechamiento se extiende a la revisión adhesiva, al seguir ésta la suerte del recurso principal.
Sobre el particular, es aplicable la siguiente jurisprudencia:
"No. Registro: 174,178
"Jurisprudencia
"Materia(s): Común
"Novena Época
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXIV, septiembre de 2006
"Tesis: 2a./J. 126/2006
"Página: 301
"REVISIÓN ADHESIVA EN AMPARO DIRECTO. PARA QUE SEA PROCEDENTE TAMBIÉN DEBE SERLO LA PRINCIPAL."(1)
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
ÚNICO.-Se desechan los recursos de revisión principal y adhesiva, a que este toca se refiere.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución vuelvan los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el toca como concluido.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: Mariano Azuela Güitrón, Genaro David Góngora Pimentel, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Margarita Beatriz Luna Ramos y presidente José Fernando Franco González Salas.
En términos de lo previsto en los artículos 8, 18, fracción II y 20 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
_____________
1. "De conformidad con los artículos 94, párrafo séptimo y 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la interpretación a contrario
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21607-7341d4ed/revision-en-amparo-directo-para-que-proceda-no · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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